Francisco Javier Mendoza Cerpas

Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
196/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Mendoza Cerpas

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese a los autos la constancia de ratificación de cuenta, de la que se desprende que en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de abril del año en curso, el quejoso Francisco Javier Mendoza Cerpas, manifestó que sí es su deseo promover el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, glósese el escrito signado por el citado quejoso, por el cual en atención a la citada prevención, exhibe el escrito de demanda de forma completa. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, del contenido del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y como actos reclamados los siguientes: El proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1150/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por Francisco Javier Mendoza Cerpas -aquí quejoso-, en contra de Seguros BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer (Seguros e Hipotecas). Proveído en el cual, el juez responsable no acordó favorable la petición del quejoso formulada en su escrito presentado el seis de marzo del año en curso, en el cual solicitó se ordenara el emplazamiento de la codemandada Seguros BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer (Seguros e Hipotecas). Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: - La parte promovente del amparo es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, al tener el carácter de actora. - No existe incertidumbre en cuanto a que el juicio natural, se encuentra en trámite. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO 1. Por lo que respecta a la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, resulta notoriamente improcedente la demanda, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, porque aun cuando en términos de los artículos 55 y 56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, entre las facultades de los Secretarios, es autorizar las resoluciones dentro de un procedimiento, lo cierto es que dicha función no implica que resuelvan conjuntamente con el Juez, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si aquéllos solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo intentada, por lo que hace a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable en el apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 692, registro 394962, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Consultable en el Apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 693, número de registro 394963., titulada: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO". DESECHAMIENTO 2. Por otra parte, en relación con el acto reclamado atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1150/2022, mediante el cual el juez responsable no acordó favorable la petición del quejoso formulada en su escrito presentado el seis de marzo del año en curso, en el cual solicitó se ordenara el emplazamiento de la codemandada Seguros BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer (Seguros e Hipotecas), la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracción XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario: En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Sentadas las premisas anteriores, se detalla que el acto aquí controvertido -descrito en párrafos precedentes- consiste en el auto mediante el cual, el juez responsable no acordó favorable la petición del quejoso, formulada en su escrito presentado el seis de marzo del año en curso, en el cual solicitó se ordenara el emplazamiento de la parte codemandada por la cual amplió su demanda. Por lo anterior, es inconcuso que ello no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos del inconforme consagrado en la Constitución, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales, toda vez que tienen como consecuencia la continuación con el trámite del juicio natural. Por cierto, tales aspectos pudieran quedar extinguidos con la emisión de una resolución favorable a los intereses del quejoso, por lo que en todo caso, las violaciones procesales que -aduce- fueron cometidas en la actuación reclamada el agraviado está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al juicio. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 741 que a la letra establece: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Consecuentemente, al haberse actualizado las causales de improcedencia anteriormente invocadas, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Mendoza Cerpas. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, el hecho de que el juzgador responsable ordenara emplazar por edictos a la parte demandada, en dos entidades federativas distintas, constituye una violación procesal. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. COMPARECENCIA RATIFICACIÓN ESCRITO..

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de abril de dos mil veintitrés.****************************************RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, por el cual remite la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Mendoza Cerpas, al haberse presentado en dicho Juzgado; demanda instaurada contra actos del citado Juzgado Segundo Civil y otra autoridad.****************************************Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 196/2023-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.****************************************De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales********************administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este.****************************************En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado.****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio.****************************************PREVENCIÓN. En principio debe destacarse que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por voluntad del agraviado, y la firma o huella digital, es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto y es lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda.****************************************En relación a la huella digital, ésta por sí misma impide tener certeza sobre la voluntad de incoar el juicio de amparo en que se actúa, ya que la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer.****************************************Así, en los casos en que una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que firme en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento.****************************************Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente:****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial."****************************************En el caso, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que Francisco Javier Mendoza Cerpas, únicamente estampó su huella digital, sin que persona alguna hubiera firmado a su ruego.****************************************En consecuencia, no se tiene certeza sobre la voluntad de la parte quejosa de instar la acción constitucional; de ahí que se requiere a Francisco Javier Mendoza Cerpas, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca en el local del juzgado a fin de manifestar expresamente ante esta autoridad jurisdiccional si es su deseo promover el juicio de amparo en que se actúa.****************************************PREVENCIÓN DOS. Por otra parte, con fundamento en los artículos 110, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del mismo término concedido de cinco días, exhiba su escrito de demanda completo, en virtud de que la foja cuatro se encuentra incompleta, al no tener ilación en su redacción en la final con la continuación de la quinta foja, por lo que no es posible comprender en su totalidad cuál es la pretensión de la parte quejosa al acudir al juicio constitucional.****************************************Lo anterior a fin de fijar de manera correcta la litis y estar en aptitud de solicitar sus informes a las autoridades responsables, de ser procedente su demanda.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325 del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.".************************************************************APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma.**************************************** Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.**************************************** También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.**************************************** La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".******************** ********************Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.****************************************SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público.****************************************PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes:****************************************"COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."****************************************DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; esto es, el ubicado en ********************, ********************, Los ********************, código postal ********************, de esta ciudad.****************************************PRECISIÓN. Sin que haya lugar a proveer en relación a las listas y el boletín judicial que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, toda vez que como se advierte señaló domicilio procesal para tal efecto.****************************************AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos de la última parte, del párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************,********************, ********************,********************, ********************,********************, por así haberlo solicitado la parte quejosa.****************************************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.**************************************** En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo.****************************************CAPTURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de la autoridad responsable, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita.**************************************** Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal.****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).****************************************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia********************y Acceso a la Información Pública.****************************************FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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