Francisco Javier Espinoza Castillo

Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
99/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Espinoza Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 99/2023-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "1.- El oficio número 245 enviado al C. juez primero de lo civil de esta ciudad, por la Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COIAS CERTIFICADAS URGENTES, en la carpeta de investigación 71185, la cual se instruye en contra del quejoso y otros, por la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, en agravio de JUAN JESÚS VIDRIO GALVAN. 2.- La negativa por parte de la Agente del Ministerio Público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan Michoacán, de proporcionar copias al quejoso, respecto de la carpeta de investigación número 71185 por los delitos de violación de depósito y fraude específico. 3.- El auto de fecha 7 de febrero del año 2023, dictado por el C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE URUAPAN, dentro del juicio civil ordinario número 1246/2012 promovido por ALMA ROSA AGUIRRE VALENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO con el oficio 245 enviado por la C. Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS URGENTES en la carpeta de investigación número 71185" Improcedencia. Destacado lo anterior, es procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hagan improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento al contenido del artículo 62, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 87, Agosto de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así como la diversa II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 95, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, como premisa normativa, se tiene que el artículo 113 en mención, establece que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Bajo ese contexto, de manera indudable es evidente que en lo relativo a los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 3 del capítulo relativo, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en concordancia con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo; por ello, al actualizarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, con sustento en lo que dispone el artículo 113, de la Ley de la materia se desecha de plano la demanda en lo tocante a tales actos. Los preceptos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." Del artículo 61, fracción XVI transcrito se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se establecen deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que el juicio puede resultar improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. De la interpretación armónica de las disposiciones 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 77, en sentido contrario y 214, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no puedan concretarse los efectos de la concesión, lo que consecuentemente impedirá ordenar su archivo, pues ello no puede ocurrir, hasta en tanto se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. Por su parte, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. b) Actos consumados de modo irreparable. Son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). De la propia narrativa de la demanda de amparo se advierte el quejoso Francisco Javier Espinoza Castillo, bajo protesta de decir verdad, señala medularmente como actos reclamados: La emisión del oficio 245, por medio del cual la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, solicita al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, copia certificada urgente. Ello, realizado dentro de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de violación de depósito, fraude específico y los que resulten. Proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en dentro de los autos del juicio ordinario civil 1246/2012, por el cual, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, ordena las copias certificadas urgentes a la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad. Con base en los puntos que anteceden, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues se agotó el objeto de la solicitud de copias realizada. Es así, porque el siete de febrero de dos mil veintitrés, en autos del juicio ordinario civil 1246/2012, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, ordenó otorgar las copias fotostáticas -solicitadas- en favor de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, por lo que no queda lugar a dudas que desde aquél momento (siete de febrero de dos mil veintitrés), quedaron irreparablemente consumados los actos reclamados que hoy se estudia en el presente apartado, pues a la fecha en que se emite el presente proveído (dieciséis de febrero de dos mil veintitrés), han acontecido en su totalidad. Es decir, quedaron totalmente agotados. En efecto, resulta palmario que la mencionada solicitud de copias y entrega de las mismas, jurídicamente produjeron todos sus efectos y consecuencias, pues ya se materializaron a la fecha en que se emite la presente determinación. Esto es, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida en sus derechos que consideró violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que, tal cuestión no puede ser analizada, en razón de que fue consumada antes de que se emitiera el presente proveído. Al respecto, el artículo 77 de la Ley de la materia, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo denominado "principio de restitución", según el cual, la finalidad de las sentencias en las que se otorgue el amparo y la protección de la Justicia Federal, es la de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, trasladando las cosas al estado que guardaban antes de la violación (en el caso de actos positivos); o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (actos negativos). De ahí que, el objetivo del amparo no se limita a la mera anulación o nulidad del acto que se tilda como conculcatorio de derechos fundamentales, sino el de lograr la efectiva restauración del orden constitucional infringido, en su caso, por el acto autoritario, en perjuicio del gobernado, titular de esos derechos. Por tal motivo, previo al análisis del fondo del asunto, es oportuno el examen sobre la viabilidad de los efectos de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, toda vez que llegado el momento (llegada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional), carecería de razón y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si se tiene pleno conocimiento que la restitución en el goce del derecho fundamental violado resultaría inalcanzable. En efecto, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora, tiene el propósito de corroborar que esa decisión no se limite a la mera declaración de inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que tal determinación, efectivamente, surta efectos en la esfera jurídica del gobernado; esto es, que se traduzca en un verdadero beneficio para éste. Por lo que, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos fundamentales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción; o bien, que la autoridad actúe apegada a ciertos lineamientos a fin de respetar el derecho fundamental que se considere vulnerado. Si no se realiza aquél análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para la parte quejosa, colocándola en la misma situación en que se encontraba al iniciar el juicio. Apoya las consideraciones anteriores, por analogía la tesis aislada, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 237687, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Es igualmente aplicable, la tesis sin número de la propia Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 237751, que establece: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Motivos por los cuales carece de objeto y razón de ser la presente vía constitucional, porque, se insiste, tales actos se consumaron en forma irreparable y, por ende, no es posible retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación que se aduce; aunado a que no pueden concretarse los efectos de una posible la concesión. En mérito de lo expuesto, es evidente que en los actos reclamados, precisados en los puntos 1 y 3 del escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en concordancia con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda (en su parte relativa) promovida por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan. Análisis de improcedencia de diverso acto. Asimismo, toda vez que del libelo constitucional se advierte que la parte promovente también reclama, de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, la negativa de proporcionarle copias de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por los delitos de violación de depósito, fraude específico y los que resulten, la demanda de amparo que nos ocupa también se torna improcedente, por los motivos siguientes: De ahí que, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de la responsable de expedir copia al quejoso, de los registros de la carpeta de investigación mencionada, cuyo estado procedimental corresponde a la investigación inicial, según lo refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda. Se ilustra: "El oficio número 245 enviado al C. juez primero de lo civil de esta ciudad, por la Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COIAS CERTIFICADAS URGENTES, en la carpeta de investigación 71185, la cual se instruye en contra del quejoso y otros, por la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, en agravio de JUAN JESÚS VIDRIO GALVAN. En relación con el tema que constituye el acto combatido, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, emitió la jurisprudencia PC.I.P. J/53 P (10a.), que puede consultarse bajo el registro 2019292, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materias Constitucional, Penal, Décima Época, página 1155, que establece: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada, toda vez que para el goce efectivo de ese derecho fundamental debe permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relativos a la igualdad y al equilibrio procesal de las partes. Además, el artículo 219 del código mencionado establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación formulada, salvaguardando también la reserva contenida en el artículo 109, fracción XXVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la identidad y los datos personales de la víctima u ofendido, en los supuestos previstos por dicho numeral." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, en la especie, respecto del acto materia de litis constitucional que se analiza en el presente apartado, consiste en la negativa de la Fiscal responsable, de otorgar copia de la carpeta de investigación número 71185, que se instruye contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico -donde el quejoso tiene la calidad de imputado-, se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se advierte de autos el acto reclamado fue dictado por una autoridad administrativa, a saber, la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad. Por su parte, los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 16.[.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.] ". Por su parte, los artículos 216 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De lo transcrito, se observa la intención del legislador federal de dotar al imputado, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público en caso que se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Lo anterior implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las determinaciones u omisiones en que incurra el fiscal, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. A su vez, los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de Control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.]". "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]". Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, del citado cardinal 258, se desprende que éste establece la existencia de un medio de impugnación, el cual tiene una naturaleza vertical, es decir, que un órgano superior (Juez de Control) y distinto al que se le atribuye la abstención procesal, revisa la legalidad de éste y tiene una tramitación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el imputado, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como la que en el caso nos ocupa, consistente en que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Máxime que el citado numeral 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expresamente establece que en caso de que el agente del Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias al imputado o su defensor, podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente; derecho que es exigible en cualquier momento del procedimiento en su etapa inicial. Por ello, se concluye que si el precepto último en cita establece que en caso de que el Ministerio Público niegue al imputado el acceso a los registros de la investigación o a obtención de las copias al imputado o su defensor el justiciable "podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente"; en consecuencia, es indudable que esta disposición constituye un medio de defensa que el quejoso no hizo valer previo a instar la acción constitucional, de tal modo que si no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Ello, en razón a que, conforme a lo previsto en los referidos artículos 16, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los cardinales 216, 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los accionantes del juicio de amparo deben acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar la determinación reclamada, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público que le permita el acceso a los registros o a la obtención de las copias, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que el imputado, la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que, de ser procedente, conmine al Agente del Ministerio Público para que le sean facilitados todos los datos y copias que solicite para su defensa y que consten en el proceso, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; por tanto, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la negativa de expedir las copias de la carpeta de investigación que solicitó y no le fueron otorgadas. No se inadvierte que la disposición en que funda su proceder este juzgado, establece que el justiciable "podrá" acudir ante el Juez de Control, sin embargo, ese vocablo fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, visible con el registro 170455, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, página 355, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." En tal entendido, si el quejoso estaba obligado a hacer valer el medio de defensa mencionado, y no lo hizo, previo a instar la acción constitucional, es inconcuso que no agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, respecto del acto precisado en el punto 2 del capítulo relativo al acto reclamado. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el imputado se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Orienta lo expuesto, la tesis I.6o.P.123 P (10a.), visible bajo el registro 2018154, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materias Común, Penal, Décima Época, página 2375, de rubro y texto siguientes: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Argumentación que es acorde con los razonamientos plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se destacó que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, dicha Sala dijo, que el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. Criterio jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable con el número de registro 2017641, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, que dispone. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Además, la omisión impugnada, consistente en expedir al quejoso copia de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de violación de depósito, fraude específico y los que resulten, versa sobre aspectos directamente relacionados a la función investigadora de los delitos, de ahí que no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña a juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la citada fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, sino que se traduce en un acto de molestia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda promovida por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, precisado en el punto 2 del capítulo relativo al acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Justo Mendoza número 43, colonia Morelos, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizados de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de la materias a Armando y Mauricio, ambos de apellidos Bucio Espinoza, por así haberlo solicitado la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA DIECISETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 99/2023-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "1.- El oficio número 245 enviado al C. juez primero de lo civil de esta ciudad, por la Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COIAS CERTIFICADAS URGENTES, en la carpeta de investigación 71185, la cual se instruye en contra del quejoso y otros, por la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, en agravio de JUAN JESÚS VIDRIO GALVAN. 2.- La negativa por parte de la Agente del Ministerio Público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan Michoacán, de proporcionar copias al quejoso, respecto de la carpeta de investigación número 71185 por los delitos de violación de depósito y fraude específico. 3.- El auto de fecha 7 de febrero del año 2023, dictado por el C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE URUAPAN, dentro del juicio civil ordinario número 1246/2012 promovido por ALMA ROSA AGUIRRE VALENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO con el oficio 245 enviado por la C. Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS URGENTES en la carpeta de investigación número 71185" Improcedencia. Destacado lo anterior, es procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hagan improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento al contenido del artículo 62, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 87, Agosto de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así como la diversa II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 95, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, como premisa normativa, se tiene que el artículo 113 en mención, establece que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Bajo ese contexto, de manera indudable es evidente que en lo relativo a los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 3 del capítulo relativo, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en concordancia con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo; por ello, al actualizarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, con sustento en lo que dispone el artículo 113, de la Ley de la materia se desecha de plano la demanda en lo tocante a tales actos. Los preceptos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." Del artículo 61, fracción XVI transcrito se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se establecen deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que el juicio puede resultar improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. De la interpretación armónica de las disposiciones 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 77, en sentido contrario y 214, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no puedan concretarse los efectos de la concesión, lo que consecuentemente impedirá ordenar su archivo, pues ello no puede ocurrir, hasta en tanto se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. Por su parte, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. b) Actos consumados de modo irreparable. Son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). De la propia narrativa de la demanda de amparo se advierte el quejoso Francisco Javier Espinoza Castillo, bajo protesta de decir verdad, señala medularmente como actos reclamados: La emisión del oficio 245, por medio del cual la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, solicita al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, copia certificada urgente. Ello, realizado dentro de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de violación de depósito, fraude específico y los que resulten. Proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en dentro de los autos del juicio ordinario civil 1246/2012, por el cual, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, ordena las copias certificadas urgentes a la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad. Con base en los puntos que anteceden, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues se agotó el objeto de la solicitud de copias realizada. Es así, porque el siete de febrero de dos mil veintitrés, en autos del juicio ordinario civil 1246/2012, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, ordenó otorgar las copias fotostáticas -solicitadas- en favor de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, por lo que no queda lugar a dudas que desde aquél momento (siete de febrero de dos mil veintitrés), quedaron irreparablemente consumados los actos reclamados que hoy se estudia en el presente apartado, pues a la fecha en que se emite el presente proveído (dieciséis de febrero de dos mil veintitrés), han acontecido en su totalidad. Es decir, quedaron totalmente agotados. En efecto, resulta palmario que la mencionada solicitud de copias y entrega de las mismas, jurídicamente produjeron todos sus efectos y consecuencias, pues ya se materializaron a la fecha en que se emite la presente determinación. Esto es, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida en sus derechos que consideró violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que, tal cuestión no puede ser analizada, en razón de que fue consumada antes de que se emitiera el presente proveído. Al respecto, el artículo 77 de la Ley de la materia, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo denominado "principio de restitución", según el cual, la finalidad de las sentencias en las que se otorgue el amparo y la protección de la Justicia Federal, es la de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, trasladando las cosas al estado que guardaban antes de la violación (en el caso de actos positivos); o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (actos negativos). De ahí que, el objetivo del amparo no se limita a la mera anulación o nulidad del acto que se tilda como conculcatorio de derechos fundamentales, sino el de lograr la efectiva restauración del orden constitucional infringido, en su caso, por el acto autoritario, en perjuicio del gobernado, titular de esos derechos. Por tal motivo, previo al análisis del fondo del asunto, es oportuno el examen sobre la viabilidad de los efectos de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, toda vez que llegado el momento (llegada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional), carecería de razón y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si se tiene pleno conocimiento que la restitución en el goce del derecho fundamental violado resultaría inalcanzable. En efecto, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora, tiene el propósito de corroborar que esa decisión no se limite a la mera declaración de inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que tal determinación, efectivamente, surta efectos en la esfera jurídica del gobernado; esto es, que se traduzca en un verdadero beneficio para éste. Por lo que, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos fundamentales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción; o bien, que la autoridad actúe apegada a ciertos lineamientos a fin de respetar el derecho fundamental que se considere vulnerado. Si no se realiza aquél análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para la parte quejosa, colocándola en la misma situación en que se encontraba al iniciar el juicio. Apoya las consideraciones anteriores, por analogía la tesis aislada, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 237687, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Es igualmente aplicable, la tesis sin número de la propia Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 237751, que establece: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Motivos por los cuales carece de objeto y razón de ser la presente vía constitucional, porque, se insiste, tales actos se consumaron en forma irreparable y, por ende, no es posible retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación que se aduce; aunado a que no pueden concretarse los efectos de una posible la concesión. En mérito de lo expuesto, es evidente que en los actos reclamados, precisados en los puntos 1 y 3 del escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en concordancia con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda (en su parte relativa) promovida por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan. Análisis de improcedencia de diverso acto. Asimismo, toda vez que del libelo constitucional se advierte que la parte promovente también reclama, de la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, la negativa de proporcionarle copias de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por los delitos de violación de depósito, fraude específico y los que resulten, la demanda de amparo que nos ocupa también se torna improcedente, por los motivos siguientes: De ahí que, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de la responsable de expedir copia al quejoso, de los registros de la carpeta de investigación mencionada, cuyo estado procedimental corresponde a la investigación inicial, según lo refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda. Se ilustra: "El oficio número 245 enviado al C. juez primero de lo civil de esta ciudad, por la Agente del Ministerio público investigador de la Agencia Quinta de la unidad de carpetas de investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, SOLICITANDO COIAS CERTIFICADAS URGENTES, en la carpeta de investigación 71185, la cual se instruye en contra del quejoso y otros, por la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, en agravio de JUAN JESÚS VIDRIO GALVAN. En relación con el tema que constituye el acto combatido, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, emitió la jurisprudencia PC.I.P. J/53 P (10a.), que puede consultarse bajo el registro 2019292, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materias Constitucional, Penal, Décima Época, página 1155, que establece: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada, toda vez que para el goce efectivo de ese derecho fundamental debe permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relativos a la igualdad y al equilibrio procesal de las partes. Además, el artículo 219 del código mencionado establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación formulada, salvaguardando también la reserva contenida en el artículo 109, fracción XXVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la identidad y los datos personales de la víctima u ofendido, en los supuestos previstos por dicho numeral." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, en la especie, respecto del acto materia de litis constitucional que se analiza en el presente apartado, consiste en la negativa de la Fiscal responsable, de otorgar copia de la carpeta de investigación número 71185, que se instruye contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación de depósito y fraude específico -donde el quejoso tiene la calidad de imputado-, se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se advierte de autos el acto reclamado fue dictado por una autoridad administrativa, a saber, la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad. Por su parte, los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 16.[.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.] ". Por su parte, los artículos 216 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De lo transcrito, se observa la intención del legislador federal de dotar al imputado, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público en caso que se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Lo anterior implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las determinaciones u omisiones en que incurra el fiscal, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. A su vez, los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de Control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.]". "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]". Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, del citado cardinal 258, se desprende que éste establece la existencia de un medio de impugnación, el cual tiene una naturaleza vertical, es decir, que un órgano superior (Juez de Control) y distinto al que se le atribuye la abstención procesal, revisa la legalidad de éste y tiene una tramitación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el imputado, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como la que en el caso nos ocupa, consistente en que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Máxime que el citado numeral 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expresamente establece que en caso de que el agente del Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias al imputado o su defensor, podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente; derecho que es exigible en cualquier momento del procedimiento en su etapa inicial. Por ello, se concluye que si el precepto último en cita establece que en caso de que el Ministerio Público niegue al imputado el acceso a los registros de la investigación o a obtención de las copias al imputado o su defensor el justiciable "podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente"; en consecuencia, es indudable que esta disposición constituye un medio de defensa que el quejoso no hizo valer previo a instar la acción constitucional, de tal modo que si no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Ello, en razón a que, conforme a lo previsto en los referidos artículos 16, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los cardinales 216, 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los accionantes del juicio de amparo deben acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar la determinación reclamada, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público que le permita el acceso a los registros o a la obtención de las copias, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que el imputado, la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que, de ser procedente, conmine al Agente del Ministerio Público para que le sean facilitados todos los datos y copias que solicite para su defensa y que consten en el proceso, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; por tanto, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la negativa de expedir las copias de la carpeta de investigación que solicitó y no le fueron otorgadas. No se inadvierte que la disposición en que funda su proceder este juzgado, establece que el justiciable "podrá" acudir ante el Juez de Control, sin embargo, ese vocablo fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, visible con el registro 170455, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, página 355, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." En tal entendido, si el quejoso estaba obligado a hacer valer el medio de defensa mencionado, y no lo hizo, previo a instar la acción constitucional, es inconcuso que no agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, respecto del acto precisado en el punto 2 del capítulo relativo al acto reclamado. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el imputado se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Orienta lo expuesto, la tesis I.6o.P.123 P (10a.), visible bajo el registro 2018154, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materias Común, Penal, Décima Época, página 2375, de rubro y texto siguientes: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Argumentación que es acorde con los razonamientos plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se destacó que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, dicha Sala dijo, que el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. Criterio jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable con el número de registro 2017641, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, que dispone. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Además, la omisión impugnada, consistente en expedir al quejoso copia de la carpeta de investigación 71185, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de violación de depósito, fraude específico y los que resulten, versa sobre aspectos directamente relacionados a la función investigadora de los delitos, de ahí que no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña a juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la citada fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, sino que se traduce en un acto de molestia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la presente demanda promovida por Francisco Javier Espinoza Castillo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Agencia Quinta de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, precisado en el punto 2 del capítulo relativo al acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Justo Mendoza número 43, colonia Morelos, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizados de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de la materias a Armando y Mauricio, ambos de apellidos Bucio Espinoza, por así haberlo solicitado la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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