Francisco Javier González Cuellar

Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier González Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubiese inconformidad contra el acuerdo dictado el tres de septiembre del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino: Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. No se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que no fue aperturado. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier González Cuellar, por derecho propio, contra actos del Encargado de Asuntos del Departamento de Personal, de la Refinería Salina Cruz, de Pemex, con sede en esta ciudad, con su carácter de representante del patrón Pemex. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 500/2021. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, el quejoso Francisco Javier González Cuellar, reclama de la autoridad responsable los actos que esencialmente hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable a la protección de su salud y vida ante la actual pandemia o contingencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por el fenómeno conocido virus SARS-CoV-2 (COVID 19), ello a pesar de ser una persona vulnerable por padecer hipertensión arterial, y al encontrarse a la fecha en semáforo epidemiológico en color Rojo". Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1ºy 5º de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del numeral 61, transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5º, fracción II, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguirla dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, de la interpretación en sentido contrario del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Explicó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó además, que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN TRAMITACIÓN ACTOS DERIVADOS DE LA SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Con base en lo anteriormente expuesto, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País emitió el siguiente criterio en la tesis de jurisprudencia 2, XXXVI, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes de subordinación, entabladas entre goberantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como limito a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Esto es así, pues no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales del quejoso para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio a que se alude, se encuentra inmerso en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, con número de registro digital: 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por si o ante si, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, la teoría general del derecho también realiza una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Establece que la primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir controversias se crean en la legislación sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado -que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa en su demanda- así como del contrato de trabajo que exhibió, se advierte que ésta mantiene una relación laboral con la autoridad aquí responsable, al ser trabajador de puesto sindicalizado de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, en la categoría OPERADOR ESPTA. PLANTAS PROCESO (SCDA), adscrita al 332-Refinería Salina Cruz, Oaxaca, de esta Ciudad. Sobre ese contexto, es dable sostener que el acto que reclama consistente en la omisión de la autoridad responsable a la protección de su salud y vida ante la actual pandemia o contingencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por el fenómeno conocido virus SARS-CoV-2 (COVID 19), ello a pesar de ser una persona vulnerable por padecer "hipertensión arterial", y al encontrarse a la fecha en semáforo epidemiológico en color Rojo, y que de ello manifieste la imposibilidad a asistir a laborar en su centro de trabajo, durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que lo solicitado por la parte quejosa repercute en el ámbito laboral al tener como consecuencia la modificación de las condiciones de los trabajadores. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dicho ente, se insiste, es evidente que con las omisiones reclamadas, no actúa en un plano superior al del peticionario de amparo, ni lo consideró como gobernado, sino que ese acto lo omite realizar en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajador; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es decir, la omisión reclamada, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a dicha dependencia con la parte quejosa como particulares, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de no asistir a laborar en su centro de trabajo durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria y una modificación de las condiciones de los trabajadores, lo que, consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional Ello, debido a que el derecho del quejoso, que aduce violado por la aquí designadas como autoridades responsables, para quien presta sus servicios y, por ende, las transgresiones que le atribuye, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. A su vez, los numerales 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con su jurisdicción. Las disposiciones mencionadas llevan que cuando un trabajador exprese a su concluir inconformidad para desempeñar sus funciones dentro de la institución, existen disposiciones que regulan los conflictos internos relacionados con las condiciones generales de trabajo, para lograr una conciliación y, que de no ser posible, entonces el trabajador tiene a su alcance acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dirimir el conflicto suscitado que, a su decir, le causa agravio por no cumplir con las disposiciones necesarias para proteger su salud. De esta manera se colige que, incluso las instituciones públicas, por el sólo hecho de su naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particular a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. De ahí que, se concluye, que la relación los trabajadores dedicados a la prestación de servicios en alguno de los organismos públicos descentralizado o autónomos, se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, para conocer de los conflictos que se susciten entre alguna entidad y el propio operador, resulta competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en razón de que por la naturaleza de aquel organismo y de las funciones que realiza, los mismos no pueden ser analizados de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sean sometidas en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1.60.T. J/28 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, en la página 1956, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, por consiguiente, solo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Por lo que se concluye que la paraestatal a la que se le atribuyó el carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo, se localiza en un plano de igualdad con los derechos del quejoso, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleado (parte quejosa); y, por tanto, los actos que reclama el quejoso Francisco Javier González Cuellar, no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, actos de autoridad, sino actos entre particulares, pues las omisiones y negativa reclamadas, obedecen a las facultades que las señaladas como autoridades responsables ejercen como patrón, por lo que no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos que les son imputados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), registro 2022822, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, la cual es de observancia obligatoria en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo Indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resquardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de os un la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa do improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5º, fracción estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Am de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." De igual forma, robustece lo anterior, por analogía, lo definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.", en la que sostuvo en esencia lo siguiente: "En ese orden de ideas, si bien se advierte que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implemento varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras; de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo. (14) en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originadas con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. De esa forma, si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio do esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su ocurso de cuenta. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente.

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