Francisco Javier o Javier Castillo Viveros
Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier o Javier Castillo Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 122 a 125), en el que se decretó el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. mesa III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el escrito de la autorizada del quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, por medio del cual adjunta testimonio notarial número 5,829 de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en que el quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, ratificó el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el que se desistie del presente juicio de amparo. Ahora, advirtiéndose que el quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, ratificó su escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el que se desiste del presente juicio de amparo, ante el Notario Público licenciado Enríquez López Salinas, el cual tiene fe pública. Por lo anterior, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en el juicio por desistimiento expreso del quejoso, en virtud de que ante el Notario Público licenciado Enríquez López Salinas, quien tiene fe pública, el aquí quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, desistió en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen a este este juicio, sin que se necesario que dicho desistimiento sea ratificado ante este Juzgado de Distrito, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un fedatario público como lo es el notario público. Apoya lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, visible a fojas 414, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, con número de Registro: 2015721, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario." Así como la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2007, del Libro 19, correspondiente al mes de junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro IUS: 2009383, cuyo tenor literal es: "DESISTIMIENTO DEL AMPARO. SI SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE SE OTORGÓ ANTE FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE AQUÉL. Cuando en autos se demuestre fehacientemente que ante funcionario con fe pública de la autoridad responsable el quejoso manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo que promovió, y que fue plenamente identificado, es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un funcionario con fe pública." Ello es así, toda vez que los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, prevé: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En esa tesitura, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; y si en el caso, el aquí quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, desistió en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen a este este juicio, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad del gobernado; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvasele los documentos que adjuntó en sus escritos de demanda, previa certificación que se deje en substitución, teniéndose como autorizados para recibirlos a la persona que menciona en su escrito. Notifíquese, personalmente al quejoso. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el escrito de la autorizada del quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, por medio del cual adjunta testimonio notarial número 5,829 de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en que el quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, ratificó el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el que se desistie del presente juicio de amparo. Ahora, advirtiéndose que el quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, ratificó su escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el que se desiste del presente juicio de amparo, ante el Notario Público licenciado Enríquez López Salinas, el cual tiene fe pública. Por lo anterior, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en el juicio por desistimiento expreso del quejoso, en virtud de que ante el Notario Público licenciado Enríquez López Salinas, quien tiene fe pública, el aquí quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, desistió en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen a este este juicio, sin que se necesario que dicho desistimiento sea ratificado ante este Juzgado de Distrito, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un fedatario público como lo es el notario público. Apoya lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, visible a fojas 414, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, con número de Registro: 2015721, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario." Así como la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2007, del Libro 19, correspondiente al mes de junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro IUS: 2009383, cuyo tenor literal es: "DESISTIMIENTO DEL AMPARO. SI SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE SE OTORGÓ ANTE FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE AQUÉL. Cuando en autos se demuestre fehacientemente que ante funcionario con fe pública de la autoridad responsable el quejoso manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo que promovió, y que fue plenamente identificado, es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un funcionario con fe pública." Ello es así, toda vez que los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, prevé: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En esa tesitura, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; y si en el caso, el aquí quejoso Francisco Javier Castillo Viveros o Javier Castillo Viveros, desistió en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen a este este juicio, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad del gobernado; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvasele los documentos que adjuntó en sus escritos de demanda, previa certificación que se deje en substitución, teniéndose como autorizados para recibirlos a la persona que menciona en su escrito. Notifíquese, personalmente al quejoso. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los informes justificados y anexos, rendidos por el Ejecutor y Síndico Municipal Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca, con las documentales que se exhiben, dése vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva; lo anterior, toda vez que por acuerdo de dieciséis del actual, ya se le dio vista con dichos informes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables designando como delegados a las personas que precisan. Notifíquese. III-B
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