Francisco García Clemente

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Francisco García Clemente

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, adjunto al cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 6/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que se determinó que el Titular del aludido Juzgado es el competente para conocer de la demanda promovida por Francisco García Clemente. Acúsese recibo vía interconexión. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se declaró la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso j, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido vía electrónica, con firma criptográfica del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esa localidad y este órgano jurisdiccional. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que trascribe el acuerdo dictado el veintiséis de enero del año en curso, en el juicio de amparo 77/2022 del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por el Francisco García Clemente; del que se advierte que el Titular de ese juzgado no aceptó la competencia declinada por el suscrito, para conocer de dicha demanda, y sustancialmente indica que de la misma corresponde conocer a este juzgado por razón de territorio, en términos de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo vía interconexión. No obstante lo anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, sostiene el criterio emitido el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el sentido de que el competente para conocer y resolver este asunto es un Juzgado de Distrito en turno en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por los motivos y fundamentos legales ahí puntualizados. Lo anterior es así; en virtud de que de la demanda de amparo que se trata debe conocer el juez de Distrito requerido, ya que si bien en un inicio la misma se presentó ante este juzgado, AL NO EJERCER ÉSTE JURISDICCIÓN en el Estado de Oaxaca (lugar donde el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó ser empleado del IEEPO como maestro de educación primaria de Villa de Tamazulapan del Progreso, Distrito de Teposculula, Oaxaca, lugar donde se ejecutara el acto reclamado), lugar donde éste Juzgado Federal no ejerce jurisdicción; motivo por el que, de manera respetuosa, se considera que en el caso no cobra aplicación el numeral antes mencionado. Así, suscitado el conflicto competencial, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para su substanciación. Con fundamento en el mismo precepto, mediante oficio dese aviso de lo anterior al juez requerido, para que exponga lo conducente. Notifíquese vía electrónica al promovente; y cúmplase.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y Jefe de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, registrar en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo 22/2022-III-A, y capturar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte, el acto reclamado consistente en lo siguiente: ". Reclamo de las autoridades señaladas como ordenadora y ejecutora: 1) La orden ILEGAL de descuento por concepto de pensión alimenticia en contra del salario del suscrito CONSISTENTE EN EL DESCUENTO DEL 69% de mis percepciones salariales 2) La omisión de respetar y garantizar mi derecho de audiencia y defensa 3) La violación a mi derecho humano al salario mínimo." Así, en el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I(.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto transcrito se advierte tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, los cuales son: 1. Será competente para conocer el juicio el Juez de distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito y se ha empezado a ejecutar en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugar ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, se estima que cuando el acto reclamado tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos; así, si en el caso concreto se reclama el descuento por concepto de pensión alimenticia, dictada en el expediente 315/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca. En ese contexto, tomando en consideración que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, substancialmente, refirió que es empleado del IEEPO como maestro de educación primaria en Villa de Tamazulapan del Progreso, Distrito de Teposculula, Oaxaca, es inconcuso que la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como medida provisional, tiene ejecución en un distrito en el cual no ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito; lo que constituye el punto de partida para determinar la competencia que se analiza en este asunto, para lo cual cobra aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde, como ya se dijo, se establece específicamente que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Se invoca en apoyo, por su información, la jurisprudencia 1ª/J. 25/2012 (10a.) con número de registro 2001236, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 145, Materia Común, Civil, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO, REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución: (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa" Luego, al ser inminente que la ejecución del acto reclamado se realiza en el lugar donde el impetrante tiene su fuente de trabajo Villa de Tamazulapan del Progreso, Distrito de Teposculula, Oaxaca, lugar donde este órgano jurisdicción no ejerce jurisdicción, en tal virtud, el Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es el competente para conocer y resolver de la demanda de que se trata; esto, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37, así como en el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y seis copias de la misma al Juez de Distrito en turno en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, sin proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, al no estarse en alguno de los supuestos que establece el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones a***, ***, ***y *** Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos del 77 al 83; se autoriza la consulta vía electrónica al usuario "misionero1"; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se ordena al actuario llevador del presente expediente, para que realice la notificación vía electrónica del presente acuerdo, así como de los subsecuentes que se llegaren a dictar en este juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, como la parte actora proporciona para oír y recibir notificaciones el correo electrónico luismaldonadoquiroz@outlook.com.; el cual se encuentra autorizado para la práctica de notificaciones electrónicas, por estar vinculado al usuario "misionero1", como se advierte de la certificación secretarial que antecede; por tanto, de conformidad con el numeral 1052 del Código de Comercio, en relación con las fracciones I y II del artículo 102 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta a dichos usuarios y en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio, dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que indica, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. No obstante, respecto de la citada dirección electrónica y número telefónico que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tienen como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese en términos de Ley

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