Francisco Javier o Javier Francisco Toledo García
Expediente 288/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier o Javier Francisco Toledo García
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual remite testimonio autorizado de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el que declara que el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es legalmente competente para continuar conociendo del juicio de amparo 323/2017 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier García Toledo o Javier Francisco Toledo García, acúsese el recibo correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 22446/2017, signado por el Secretario encargado por vacaciones del titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el que remite por incompetencia legal el juicio de amparo 323/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier García Toledo o Javier Francisco Toledo García, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y de otras autoridades, y un disco versátil digital (DVD); en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese expediente de amparo con el número que le corresponda. Pues bien, analizadas las razones que sustenta la autoridad oficiante, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. De la lectura de la demanda de amparo de que se trata, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Ahora cabe destacar lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que en la parte legalmente aplicable dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" De conformidad con las reglas de competencia establecidas por el aludido artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión recae en el Juez de Distrito declinante. En efecto, si bien es cierto, la autoridad responsable ejecutora Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, ello no significa que carezca de competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en que el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión y su ejecución, pues atendiendo a las manifestaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo, que bajo protesta de decir verdad señaló, se aprecia que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado expresamente refiere: "...No he cometido delito y Agentes Estatales de Investigación se presentaron el día de hoy a mi domicilio con el objeto de privarme de la libertad personal, quienes expresaron a mis familiares que iban en cumplimiento a una orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia, dictada por un Juez de Control con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca o con residencia en la Ciudad de Juchitán, Oaxaca; sin especificar cual de ellas la libró y ante la zozobra de que se ejecute la orden de captura genérica y me priven de mi libertad, ocurro a Usted y manifiesto:." Asimismo, el quejoso indicó que su domicilio particular lo tiene en la calle Centenario número veinte (20) en la población de Santa María del Tule, Oaxaca. De ahí que se surta la competencia legal a favor del autoridad federal declinante, toda vez que de los hechos narrados en la demanda de amparo se desprende que los Agentes Estatales de Investigaciones, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, y es precisamente ahí en el domicilio ubicado en un lugar en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito declinante, donde ha sido buscado el quejoso a efecto de ejecutar dicha orden, por lo que será la autoridad ejecutora competente, la que comparezca hasta el lugar de residencia del aquí quejoso para cumplimentar dicha orden de captura, ya que no existe un solo indicio que haga suponer que la orden de aprehensión reclamada pueda tener ejecución en el lugar de residencia de las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del servicio, con residencia en esa ciudad, o en lugar distinto al del lugar de residencia del impetrante de amparo. Lo anterior es así, dado que el lugar en que tendrá ejecución el acto reclamado pertenece a su ámbito de competencia territorial, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. De ahí, es inconcuso que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que alude a la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto. Sirve a de sustento, la jurisprudencia 53/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004166, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Es de destacarse que para arribar a la anterior determinación, se atiende a la manifestación bajo protesta de decir verdad realizada por el quejoso de que Agentes Estatales de Investigación, se presentaron a su domicilio (ubicado en calle Centenario número veinte (20) en la población de Santa María del Tule, Oaxaca), con el objeto de privarlo de su libertad personal. Por lo que, de una recta intelección del citado artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprende que la competencia por razón de territorio cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se ejecute o d) se haya ejecutado el acto reclamado, sin que se condicione para la fijación de la competencia el domicilio donde tengan su residencia la autoridad ejecutora que convino en la existencia del acto de ejecución que se le atribuye, pues pensarlo así, equivaldría llegar a los extremos de que la competencia de los Juzgados de Distrito se fijara en atención al domicilio donde residieran las autoridades ejecutoras, sin que se tomara en consideración el espacio territorial donde tendría ejecución material el acto reclamado, lo que iría en contra del espíritu del legislador que motivó la creación del artículo 37 de la Ley de Amparo. Cabe hacer hincapié, que este Juzgador en ningún momento señala como sustento para no aceptar la competencia, que la designación del domicilio es la que determina la competencia de un Juzgado de Distrito, pues se comparte la opinión de que no es el domicilio señalado por la parte quejosa, el que determina la competencia de los Juzgados de distrito, sino que debe tomarse en consideración la naturaleza y móviles en que se pretende llevar a cabo la ejecución del acto reclamado en contra del quejoso, para establecer fundadamente que la misma se ejecutará en una plaza territorial en la que este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción (población de Santa María El Tule, Oaxaca). Aunado a ello, es menester precisar, que para la fijación de la competencia se hace necesario hacer un análisis integral del acto reclamado desde el punto de vista objetivo, ello en atención a sus alcances y consecuencias jurídicas, y no, en forma aislada y rigorista. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis I.1o.A.44 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, visible en la foja 1299, relativa a la Novena Época, con número de registro 189167, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. En efecto, el panorama fáctico de la ejecución del acto reclamado, nos enseña que el quejoso señaló como autoridades responsables en su carácter de ejecutora al Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del servicio, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Así las cosas, como se precisó con antelación, el quejoso bajo protesta de decir verdad al narrar los antecedentes del acto reclamado, manifestó que Agentes Estatales de Investigación se presentaron el siete de marzo de dos mil diecisiete a su domicilio (calle Centenario número veinte (20) en la población de Santa María del Tule, Oaxaca), con el objeto de privarlo de la libertad personal, quienes expresaron a sus familiares que iban en cumplimiento a una orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia, dictada por un Juez de Control con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca o con residencia en la Ciudad de Juchitán, Oaxaca. Así pues, de lo anterior se infiere que el lugar donde tendrá ejecución material la orden de aprehensión lo es precisamente en ese espacio territorial donde los Agentes Estatales de Investigación, se han presentado para dar cumplimiento al mandamiento de captura, pues ahí se está tratando de ejecutar. En ese tesitura, no por el simple hecho de que la autoridad señalada como ejecutora (Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del servicio, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca), tenga su residencia en la plaza territorial donde este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca ejerce jurisdicción, ello implique que en ese lugar se vaya ejecutar el acto reclamado, pues con independencia de ello, llegado el caso de que dicha autoridad ejecutara materialmente la orden de aprehensión, dicha circunstancia no significa que el quejoso sea aprehendido en la circunscripción territorial donde tiene asentada sus oficinas o ejerce su jurisdicción, pues para hacerlo se tendría que trasladar hasta el domicilio del quejoso, circunstancia que ha quedado evidenciada cuando el quejoso refirió que se habían presentado a su domicilio Agentes Estatales de Investigación, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra, por lo tanto, en uno y otro caso, es decir, en el supuesto de que el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del servicio, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ejecutara el acto reclamado, lo haría en el domicilio donde dijo el quejoso se han presentado para tal efecto, que es precisamente en la calle Centenario número veinte (20) en la población de Santa María del Tule, Oaxaca, pues es ahí donde se corre el riego para el quejoso, de que se ejecute la orden de aprehensión reclamada y no en otro lugar diverso. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la diversa autoridad responsable ejecutora Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, haya negado la ejecución de la orden de captura reclamada, pues al tratarse de una autoridad de ejecución forzada, carece de facultades para decidir si ejecutará o no la orden de aprehensión dictada en la causa penal 446/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de ahí que, la ejecución reclamada a la autoridad en cuestión reviste el carácter de un acto inminente. Al respecto, cobra aplicación por identidad jurídica substancial la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, visible a fojas 445, relativa a la Octava Época, con número de registro 800278, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, CERTEZA DE SU EJECUCIÓN. Aun cuando la autoridad policiaca niegue el acto de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, si la autoridad ordenadora admite la existencia de dicha orden, debe estimarse presuncionalmente cierta la ejecución con el carácter de inminente, porque aquella autoridad es la designada por la ley para ejecutar la orden de aprehensión conforme al artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado." En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase al Juez declinante el juicio de amparo 323/2017, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por Francisco Javier García Toledo o Javier Francisco Toledo García, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y de otras autoridades, así como el disco versátil digital (DVD) que acompañó con el oficio de cuenta, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tienen por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, esto es, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona el quejoso en su escrito de demanda, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal; aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Notifíquese por lista únicamente a la parte quejosa, toda vez que no tiene señalado domicilio en esta ciudad para tal efecto. I-B
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