Francisco Javier Morales Ramírez
Expediente 355/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Morales Ramírez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el nueve de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano, la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Morales Ramírez, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, fracción II, inciso a),Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta, por el quejoso ****, con el desahoga el requerimiento que se le formuló mediante proveído de tres de junio del año en curso En ese sentido, en el auto de referencia éste juzgado federal le previno, a efecto de que a) Especifique la data y omisión de la responsable en específico, para considerar que existe una abierta dilación o paralización total en el procedimiento; en la inteligencia de que sí la dilación a que alude solo es atribuible a la actuaria adscrita a ésta, deberá señalarlo así, además de que deberá indicar si dichas omisiones por parte de la actuaria adscrita se han hecho del conocimiento formal del titular del juzgado responsable. b) Aclare si solicita la suspensión del acto reclamado, puesto que en su escrito inicial no hizo manifestación expresa al respecto y en el ocurso de cuenta alude solicitarla. Y, en caso, afirmativo deberá especifique para qué efectos la solicita Y al efecto el quejoso desahogó la prevención bajo protesta de decir verdad, en los siguientes términos y para mejor compresión se digitaliza PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con el propósito de fijar la Litis en la materia del presente juicio de amparo, debe señalarse que de un estudio efectuado a la demanda de amparo, así como los escritos de dos y siete junio de dos mil veintidós (folios 5433 y 5625), con los cuales pretendió desahogar la prevención formulada en autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación procesal en lo relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia número 16/1999. Al respeto, cabe destacar que bajo protesta de decir verdad refirió en su escrito aclaratorio de siete de junio de dos mil veintidós (folio 5625), que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, tuvo por recibido el oficio número 0177/2022, signado por la Primera Sala Familiar del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por el que le devolvió el expediente incidental (16/1999). En ese sentido, el quejoso indica que dicha actuación le fue notificada el veinticuatro de marzo de do mil veintidós. Posteriormente, el veintisiete de abril del año en curso, presentó ante la autoridad responsable un escrito formulando alegatos y solicitó la celebración de la audiencia de ley. Luego, bajo protesta de decir verdad indica que el nueve de mayo del año que transcurre, se constituyó en las instalaciones del juzgado responsable, donde fue informado que el expediente se encontraba en la actuaría, sin que refiera si la misma ya fue acordada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Manifestaciones, a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, pues constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, dado que tiene la eficacia suficiente para demostrar que como parte demandada en el juicio natural reclama la diligencia de emplazamiento de la cual se duele en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo expuesto, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294, Primera Parte, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." Así como la tesis de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, visible a página 857, con número de registro 214035, cuyo rubro y texto versan: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción del artículo 113 citado, se aprecia que impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 citado, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Asimismo, tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado como ha quedado precisado, se hace consistir en la dilación en el procedimiento relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia número 16/1999, por parte del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, esto es, la omisión de acordar su escrito fechado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en donde formula alegatos y pide la celebración de la audiencia, mismo que se encuentra en el área de actuaria de dicho juzgado. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con los artículos transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el medio de impugnación procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por numeral 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; lo que en el presente caso no acontece, porque el quejoso no se ubica en ninguna de las hipótesis antes descritas. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad; de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se actualice una de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado. En efecto, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza, porque el acto reclamado lo constituye la dilación en el procedimiento relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia número 16/1999, por parte del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, esto es, la omisión de acordar su escrito fechado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en donde formula alegatos y pide la celebración de la audiencia, mismo que se encuentra en el área de actuaria de dicho juzgado. En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, mayo de 2016, tomo II, registro 2011580, señaló lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. La jurisprudencia citada con anterioridad establece que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pese a que alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición. Sin embargo, establece como excepción a la regla que, cuando el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, será procedente el juicio de amparo, ya que, en esos supuestos (abierta la dilación o paralización total), se está en presencia de actos de imposible reparación. Empero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad contra los actos de imposible reparación; como lo ilustra la jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, Registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, se tiene que contra el aludido acto reclamado, procede recurso de queja, en términos de los siguientes numerales del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca (ordenamiento legal que rige la tramitación del juicio natural): "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia". "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones". "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda". Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. De ahí se advierte que a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado le corresponde instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta, expedita y completa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto intentado contra el acto reclamado, es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que el peticionario del amparo puede interponer recurso de queja contra la conducta atribuida a la autoridad responsable ante la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pues resulta idóneo para obligar al juez del proceso para que tome las medidas que en derecho procedan. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 350, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No impide resolver de esta manera, el hecho de que la parte quejosa se duela de diversas omisiones conforme a lo precisado con antelación, por no proveerse respecto de las providencias que pidió, ni sancionar a su contraria en términos establecidos en la ley; pues ni siquiera la naturaleza de dicha irregularidad exenta al principio de definitividad, pues al efecto debe agotarse el medio de defensa conducente, siendo en el caso el recurso de queja. Finalmente, también por su contenido, al caso se cita la tesis 1a. XVII/2007, de la Primera Sala del citado Tribunal Superior, que es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." En tales condiciones, resulta que el quejoso estaba obligado a agotar el citado medio ordinario de defensa contra el acto que combate, previo a la promoción del juicio de amparo, al no ubicarse en ninguno de los supuestos de excepción previamente establecidos, máxime que con la interposición del recurso de queja, la agraviada puede lograr sea reparada la conducta que alega, dado que así lo prevén los arábigos previamente transcritos. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen (16/1999), en la que tiene el carácter de parte, de ahí que tiene a su alcance los medios de impugnación que contempla la ley de la materia que rige al acto reclamado para inconformarse contra el acto reclamado. Sirve de base a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 2000619, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el numeral 113 de la ley de la materia, en relación con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Morales Ramírez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ******, por el que alude dar cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, para lo cual se digitaliza: En atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerlo cumpliendo en su totalidad con la aludida prevención, ya que si bien señala, que el acto que reclama a las autoridades responsables es la dilación en el procedimiento relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia; de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, no se advierte una abierta dilación o paralización total en dicho procedimiento para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme a lo establece la jurisprudencia de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Puesto, que no es específica si desde el mes de abril que promovió ante la responsable ésta no ha acordado su promoción o bien si la dilación únicamente es atribuible a la actuaria adscrita al juzgado responsable, ante la falta de notificación de los acuerdos recaídos a sus peticiones. En tal virtud, requiérase al quejoso para que: a) Especifique la data y omisión de la responsable en específico, para considerar que existe una abierta dilación o paralización total en el procedimiento; en la inteligencia de que sí la dilación a que alude solo es atribuible a la actuaria adscrita a ésta, deberá señalarlo así, además de que deberá indicar si dichas omisiones por parte de la actuaria adscrita se han hecho del conocimiento formal del titular del juzgado responsable. b) Aclare si solicita la suspensión del acto reclamado, puesto que en su escrito inicial no hizo manifestación expresa al respecto y en el ocurso de cuenta alude solicitarla. Y, en caso, afirmativo deberá especifique para qué efectos la solicita. Se hace del conocimiento de la parte quejosa y a su autorizado que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." APERCIBIMIENTO Por consiguiente, subsiste el requerimiento señalado en el multicitado proveído de veintiséis de mayo de este año, esto es, que de no dar cumplimiento en los términos requeridos, dentro del plazo concedido en el citado proveído, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en cuenta que la promoción por la cual la parte quejosa pretende dar cumplimiento a la prevención de mérito se presentó dentro del plazo legal de cinco días que se le otorgó en el referido acuerdo de veintiséis de mayo de este año, por haberse notificado personalmente el uno de ese mes y año; por tal razón, se destaca que no se interrumpió el plazo ahí concedido, en la inteligencia, que éste comenzará a correr una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 1ª./J. 39/2012 (10ª), visible en la página 400 del tomo 1, Mayo de 2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: *************
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Morales Ramírez, por derecho propio, contra actos del 1. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, y 2. Ejecutor o Actuario del citado Juzgado. REGISTRO. Fórmese expediente y anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 355/2022 IV B. PREVENCIÓN. Del análisis a la demanda de amparo se advierte que existen diversas irregularidades en su contenido, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con los diversos 114 fracciones I, II, IV y V, así como 110, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días. Desahogue los siguientes requerimientos: PRIMERO. Del capítulo denominado de los actos reclamados se advierte que el aquí quejoso señala como actos reclamados literalmente lo siguiente "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA RECLAMO: El incumplimiento la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; con relación a la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditéz contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la carta magna; respecto de concederme la medida provisional urgente solicitada en el escrito inicial del trámite del incidente de cancelación de pensión promovida desde el 17 de junio año de 2019. DE LA EJECUTORA RECLAMO: La omisión de dar cumplimiento en forma pronta a los proveídos y acuerdos dictados por la autoridad ordenadora." (sic) Sin embargo, del capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte, en específico de los puntos 6 y 7 que dicha autoridad ordenadora el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, proveyó sobre la petición del quejoso en el sentido de negar la medida provisional urgente (suspensión del pago de pensión alimenticia), que ahora señala como acto reclamado contra la que incluso promovió recurso de apelación, el cual se resolvió el treinta de noviembre siguiente. Asimismo, en el punto 8, refiere que el veinticuatro de marzo de este año, se le notificó la devolución de los autos, y ello le causa agravio por las dilaciones y que no han notificado a su contraparte. De igual forma se advierte de sus conceptos de violación, que lo mismos no son tendientes a combatir los aludidos actos reclamados, sino se encuentran encaminados a denotar una demora en la administración de justicia por parte de la responsable, en el sentido de que no ha resuelto el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por dicho quejoso, sin hacer alusión alguna al acto aquí reclamado, y el cual ya fue combatido como el propio quejoso lo narra bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, es evidente lo ambiguo del acto o actos que el quejoso atribuye a la autoridad responsable ordenadora, pues al no ser específico no se tiene certeza de si reclama esa primigenia resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve que ya fue sustituida por la resolución de alzada, o el proveído que le fue notificado el veinticuatro de marzo de este año, por el cual le hicieron del conocimiento la devolución de autos; o bien la dilación en el procedimiento relativo al incidente de cancelación a que alude. Mismo tratamiento, debe ocurrir con la autoridad ejecutora, puesto que de manera ambigua y genérica le reclama una serie de omisiones que no se concretan en un acto o actos en específico. Por lo tanto, a fin de tener certeza jurídica de lo que se duele el quejoso, debe señalarse con claridad, precisión y sin calificativos, el acto o actos que tilda de inconstitucionales de manera certera, y a qué autoridad responsable se los reclama. En la inteligencia de que si señala como acto reclamado la dilación del procedimiento relativo al incidente de cancelación deberá señalar a partir de qué acto en concreto está comenzó a materializarse de forma excesiva. SEGUNDO. Hecho que sea lo anterior, precise bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y sucinta los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del que señalará como acto o actos reclamado, a fin de que este juzgador se encuentre en aptitud de emitir el pronunciamiento legal correspondiente; TERCERO. Asimismo, deberá señalar cuándo tuvo conocimiento del acto o actos reclamados. Los citados requerimientos, se formulan en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda, el quejoso expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, asimismo, que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, en relación con el acto que se reclame y que manifieste bajo protesta de decir verdad cuales son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de lo conceptos de violación. Al respecto resulta aplicable la tesis número XX. 57 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Marzo de 1996), visible a fojas 871, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 202853 que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1079, del Libro 3, febrero de 2014, tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2005636, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.- De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". CUARTO. Finalmente, deberá exhibir DOS copias más de la demanda y sus anexos que acompaña, ya que en el caso son necesarias seis y únicamente exhibió cuatro, las que se distribuirán de la siguiente manera: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, tres para los terceros interesados, dos para las autoridades responsables. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 723, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2005-PS, publicada en la página 803 del tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Sexta Sección, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1002789 de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." PRECISIONES RELEVANTES Se precisa que el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.". En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la Litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, pagina 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Asimismo, que el escrito aclaratorio al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes para el traslado a las partes en este juicio, esto es, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para cada uno de los terceros interesados, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 79, Novena Época, con número de registro 189977, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada en los términos y plazo indicados, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. Se hace del conocimiento de la parte quejosa y a su autorizada que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." DOMILICO Y AUTORIZADOS Téngase de la parte quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica en su demanda de amparo. Téngase como autorizado para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Vásquez Cabrera y Daniel González Alonso, quienes tienen registradas su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; y únicamente para los efectos que establece la última parte del segundo párrafo de ese numeral a María Magdalena Ramírez Sánchez, al no acreditar tal inscripción en el aludido registro. CORREO ELECTRÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la promovente para su práctica en las direcciones electrónicas que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. No obstante, respecto del citado correo electrónico que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tiene como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Similar consideración rige para los números telefónicos proporcionados, ya que, se insiste, si bien la ley de la materia establece la práctica de la notificación vía electrónica, ésta no es para efectuarla tal cual a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA." Por otra parte, dado que el asunto fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Francisco Javier Aguilar Jacinto504/2015
- Francisco Javier Carrasco Guerra361/2017
- Francisco Javier González Cuellar500/2021
- Francisco Javier Gutiérrez Caballero216/2016
- Francisco Javier Montes Alvarado142/2019
- Francisco Javier Morales Gutiérrez439/2023
- Francisco Javier o Javier Castillo Viveros555/2018
- Francisco Javier o Javier Francisco Toledo García288/2017
- Francisco Javier Ojeda Herrera368/2023
- Francisco Javier Ruiz Reyes101/2020
- Francisco Javier Santiago González289/2020
- Francisco José MuñozCano Skidmore212/2018