Francisco Javier Dávila Salazar
Expediente 631/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Javier Dávila Salazar
Actuaciones
- Principal
El trece de marzo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de marzo del año en curso, con exclusión de los días diez y once del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que se desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy
- Principal
CUENTA. En uno de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con los escritos registrados con los folios 4188 y 4192, ambos con copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Ténganse por recibidos los escritos signados por el promovente Francisco Javier Dávila Salazar, por los que da cumplimiento a las prevenciones que le fueron realizadas en auto de dieciséis de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Gobernador Constitucional del Estado. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. Autoridades responsables ejecutoras: Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Director de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Director General de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ciudad de México. Superintendente en Funciones de zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Director de Alumbrado Público de Guadalupe, Zacatecas. Actos reclamados: "La ley de ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el año 2018, que se publicó mediante Decreto No. 295, Capitulo II, Derechos por prestación de Servicios Públicos Sección Sexta artículo 74 en la que se establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado; a las autoridades responsables marcados con los números 1, 3, 4 y 5 le reclamamos su promulgación, refrendo y publicación, a la autoridad marcada con el número 2 y 6 le reclamamos la discusión, aprobación y expedición en cada uno de sus ámbitos de competencia. A las autoridades señaladas como ejecutoras se les imputan los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la ley antes señalada para el ejercicio fiscal 2018 en su capítulo II Derechos por prestación de Servicios Públicos Sección Sexta artículo 74 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado. Así mismo, se reclaman los actos tendientes a la notificación, cobro del Derecho de Servicio Público de Alumbrado ya sea mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución con todos sus efectos y consecuencias legales, principalmente la suspensión del servicio de alumbrado público, solicitando la devolución del pago del Derecho de Alumbrado Público. Igualmente se reclama a la Tesorería del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, a través de la Dirección de Ingresos del Municipio antes indicado y por conducto de la Comisión Federal de Electricidad la futura facturación correspondiente a los periodos que seremos sujetos al pago del tributo que se objeta de inconstitucional, en vista de que, en representación de la ficción que represento se convino a través de actos jurídicos el suministro de energía eléctrica. En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el que se computará a partir del día de en que entre en vigor la norma que se impugne, es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir de las cero horas del inicio de su vigencia. Para ilustrar lo anterior, se invoca el criterio siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Al respecto, se destaca la circunstancia de que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa del amparo, señaló como actos reclamados la promulgación, aprobación, refrendo, expedición y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, particularmente las disposiciones contenidas en el artículo 74 de ese ordenamiento legal, en la que se establece el cobro por derecho de alumbrado público, la cual entró en vigor a partir del uno de enero del dos mil dieciocho. Conforme lo anterior, es evidente que la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, entro en vigor a partir del uno de enero del año en curso, según lo dispuesto por el primero transitorio de la legislación reclamada, sin embargo, al ser este un día inhábil de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia, se obtiene que el plazo para impugnar dicho ordenamiento empezó a las cero horas del dos de enero siguiente. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de dos de enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de treinta días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el trece de febrero del año en cita, mediando entre estas el seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, así como tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero pasado por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sólo resta decir que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que consignan: [.] II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113, de esa propia legislación, se desecha de plano la demanda que se plantea por Francisco Javier Dávila Salazar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy
- Principal
El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 3138. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, al que adjunta un escrito firmado por Luis Octavio Zavala Pérez, por corresponder a la estadística de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el comunicado de referencia, firmado por el tercero interesado Luis Octavio Zavala Pérez; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase al aludido promovente apersonándose al sumario en que se actúa con el carácter que alude, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de mérito. Así también, téngase al ocursante por haciendo las manifestaciones a que se refiere en su libelo, mismas que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, serán tomadas en consideración en el momento oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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