Francisco Javier Espino Rivera

Expediente 1302/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1302/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
01/06/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Espino Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En uno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario del Juzgado Primero de Distrito, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio y anexos, registrado con el folio 10506.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por el citado Tribunal, de fecha veintiséis de mayo del año en curso, en el amparo en revisión penal número 24/2016-4, los autos del juicio de amparo número 1302/2015, así como copias del legajo de investigación 50/UECS/MVS/2014 que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas remitió en su informe justificado; acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes, debiendo hacerse del conocimiento de las partes, que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia dictada por este Juzgado en fecha ocho de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de garantías. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Devuélvase a la responsable las constancias que remitió en su informe. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, dicho cuaderno guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión (y violación a la suspensión, en su caso), tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. //Andrés/Cecy.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de ocho de diciembre de dos mil quince, el cual se registró bajo el amparo en revisión penal número 24/2016-4. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    En veintiocho de diciembre de dos mil quince, el Secretario licenciado , da cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio registrado con el número 25427; y copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, aveintiocho de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado RAÚL BRISEÑO CHÁVEZ en su carácter de defensor particular de FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA; en atención a su contenido y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y 89, de la Ley de Amparo, téngasele por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el ocho de diciembre de dos mil quince donde se sobreseyó el presente juicio de garantías; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. En esta fecha se envió el oficio 38616 y 38617 JeNn! ?

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1302/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta y uno de julo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el licenciado Raúl Briseño Chávez, en su carácter de defensor particular de Francisco Javier Espino Rivera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, en el Estado de Zacatecas; Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Actos Reclamados: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME.- Los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, artículo 19 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un debido proceso, por ende la ilegal determinación que califica de legal la detención en flagrancia de FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA, emitida por el LICENCIADO MARTÍN SANTOYO VICUÑA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE SECUESTRO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, en fecha 18 de diciembre del 2014, misma que fue declarada firme en el mismo sentido por el Juzgado de Garantía y Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital, decretándose como medida precautoria oficios, la prisión preventiva, misma que hasta la fecha prevalece." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el tres de agosto de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el expediente 1302/2015; admitir a trámite la demanda de garantías, y se ordenó pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a la parte tercero interesada; dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y la diversa jurisprudencia que a la letra se lee: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución del veinte de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, por la que se determina que la detención realizada en flagrancia es legal, dentro de la causa penal 567/2014, instruida en contra de Francisco Javier Espino Rivera, por el delito de Secuestro, cometido en perjuicio de Gonzalo Dávila Campos. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Inexistencia La autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados respecto a la mencionada responsable; lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. Son ciertos los actos que se reclaman del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, toda vez que así se desprende del informe justificado que rindió. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las copias certificadas de las constancias que contienen los actos reclamados, consistentes en la resolución de control de detención de veinte de diciembre de dos mil catorce, resolución de vinculación a proceso de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, dictadas dentro de la causa penal 567/2014; así como, con el legajo de investigación 507UECS/MSV/2014, y los respectivos DVD, constantes de ocho, que el Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal, y de las cuales se desprende la existencia de la resolución reclamada. Resultan aplicables al caso, las tesis del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, mismo que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." De la anterior transcripción se desprende, que la improcedencia del juicio de garantías se actualiza con motivo del cambio de situación jurídica, entendida ésta, como aquélla que se produce cuando: a). El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De las constancias enviadas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, concretamente de las resoluciones emitidas con posterioridad al dictado de la resolución reclamada, que ya fueron valoradas en párrafos precedentes, resulta inconcuso que se actualizó una nueva situación jurídica en la causa penal instruida en contra del peticionario de garantías. Ahora bien, como ya quedó precisado, la parte quejosa el licenciado Raúl Briseño Chávez, en su carácter de defensor particular de Francisco Javier Espino Rivera, reclama el auto por el cual se determina calificar de legal la detención en flagrancia de Francisco Javier Espino Rivera, dictada dentro del proceso penal 567/2014, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, actos que fueron admitidos por el titular de dicho juzgado. Por otra parte, el mencionado Juez de Control, mediante resolución de veinte de diciembre de dos mil catorce, en términos del artículo 207 del Código Procesal Penal, una vez tomando en cuenta los hechos que el Ministerio Público le expuso, advirtió que logro actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 204 del Código Procesal Penal, determinando la legalidad de la detención, y quedando a su disposición el inculpado, hasta en tanto se resolviera sobre su situación jurídica. Asimismo, por resolución de veinticuatro de diciembre del año próximo pasado, a las trece horas con treinta y dos minutos el Juez de Control, vinculó a proceso a Francisco Javier Espino Rivera, por el hecho que la ley señala como delito de Secuestro, cometido en perjuicio de Gonzalo Dávila Campos. Además, en la fecha citada en líneas precedentes el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, a lo que el Juez Oral en términos del artículo 19 de la Constitución Federal y del numeral 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, estableció que en los casos del delito de Secuestro, solamente puede imponerse la medida de prisión preventiva, e impuso la medida solicitada por el Fiscal, por el tiempo que fuera necesario, mientras tanto dure el procedimiento o bien si las circunstancias eventualmente se modifican, en términos de lo establecido en el artículo 221, fracción I, del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas. Por lo que de las copias certificadas de las versiones escritas de las resoluciones de veinte de diciembre de dos mil catorce, auto por el que se calificó de legal la detención; de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, por la que se vinculó a proceso (en sus puntos resolutivos), y auto de misma fecha por el que se resolvió sobre las medidas cautelares, dictados dentro de la causa penal 567/2014, son del tenor siguiente: "RESOLUCIÓN DE CONTROL DE LA DETENCIÓN. En la comunidad de Cieneguillas, municipio de Zacatecas, Zacatecas, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil catorce. En términos del artículo 207 del Código Procesal Penal, una vez tomado en cuenta los hechos que el Ministerio Público ha expuesto, se advierte que logra actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 204 del Código Procesal Penal, por las siguientes razones: Se ha establecido que existió una privación de la libertad el día 9 de diciembre del año 2014, que se mantuvieron negociaciones a través del teléfono y que, para el día 18 de diciembre de este año, se estaba llevando a cabo una de esas negociaciones mediante un teléfono público; y es entonces cuando es detenida la persona que está realizando la negociación. Justo en la esquina que forman las calle Flores Magón y calle de la Cruz de la ciudad de Zacatecas. En función de eso queda en evidencia que la persona que estaba en ese momento negociando, estaba ejecutando parte del tipo penal, dado que éste consiste en probar de la libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate y lo que se hacía era llevar a cabo actos para lograr la obtención de ese rescate. Luego entonces, se entiende justificada la hipótesis porque el imputado fue detenido el día 18 de diciembre del año 2014- según ha manifestado el Ministerio Público- a las 14:23 horas; en tales circunstancias, esto implica que la detención es legal. Por otro lado, el Ministerio Público no ha excedido las cuarenta y ocho horas que tiene para poner a disposición del Juzgado al imputado, esto en función de que se le puso a disposición al Ministerio Público a las 17:45 del mismo día de la detención y éste a su vez lo puso a las 19:40 horas del día de ayer 19 de diciembre del año 2014. Por lo tanto, el señor Francisco Javier Espino Rivera queda a disposición de este Juzgado, una vez ratificada la detención, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo resolvió Rodolfo Moreno Murillo, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital." "RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN A PROCESO. . RESOLUTIVOS: ÚNICO.- Siendo las 13:32 horas del día 24 de diciembre del año 2014, SE VINCULA A PROCESO A FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA por el hecho de que la ley señala como delito de SECUESTRO cometido en perjuicio de GONZÁLO DÁVILA CAMPOS, en función de lo antero puede sustentarse que existe un hecho que la ley señala como delito y que con probabilidad el imputado lo cometió. Así lo resolvió Rodolfo Moreno Murillo, Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital." "RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR En la comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Dentro de la causa penal 567/2014 instruida en contra de FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA por el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO cometido en perjuicio de GONZÁLO DÁVILA CAMPOS, se emitió la siguiente resolución: En términos de lo que establece el artículo 214 del Código Procesal Penal del Estado, se procede a resolver sobre la medida cautelar: Los datos personales del señor Francisco Javier Rivera Espino, son los siguientes: nacionalidad mexicana; edad 36 años fecha de nacimiento 1 de enero de 1968; originario de Zacatecas, Zacatecas; conocido con el alias de "el Quico"; su estado civil casado; actualmente desempleado; con domicilio particular en Valle del Mezquital número 40, fraccionamiento Valle Dorado, en Guadalupe, Zacatecas. El Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva y, además, señala que es una medida cautelar oficiosa, es decir que la ley establece que no está sujeta a discusión. En efecto, el artículo 19 de la Constitución Federal, establece que, en estos casos, de delito de Secuestro, solamente puede imponerse la medida de prisión preventiva y el artículo 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro también establece que únicamente será impuesta la medida cautelar que se comenta. Por lo tanto, al no dejar la ley ningún margen de discusión para este tema se impone la medida que el Ministerio Público está requiriendo. Se impone la medida cautelar por el tiempo que sea necesario, mientras dure el procedimiento o bien si las circunstancias eventualmente se modifican, en términos de lo que establece el artículo 221, fracción I, del Código Procesal Penal del Estado. Así lo resuelve Rodolfo Moreno Murillo, Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital." Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que al habérsele vinculado a proceso, y además al haberle impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, cesaron los efectos del auto que declaró la legal la detención; lo cual hace improcedente el amparo solicitado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61; con apoyo en el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Sirve de ilustración la tesis de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en combate al Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, hiciera valer una causal de improcedencia, sin embargo, no es el caso de realizar su análisis; toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento por lo que respecta a la autoridad en mención por inexistencia del acto reclamado, y en cuanto al Juez responsable por que se actualizó una diversa causal de improcedencia, ello no cambiaría el sentido de la presente resolución. Finalmente, tampoco pasa inadvertido que para tener por acreditado el carácter de defensor particular de quien compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del quejoso, por auto de tres de agosto de dos mil quince, se requirió a la autoridad responsable Juez de Garantía y Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital, a fin de que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que recibiera el oficio correspondiente enviara constancia o certificación con la que se acreditara que el licenciado Raúl Briseño Chávez, tenía el carácter de defensor particular del quejoso Francisco Javier Espino Rivera, sin que de los presentes autos se desprenda que hubiera dado cumplimiento, no obstante, atendiendo a que de la copia de audio y video (DVD) debidamente certificada de la audiencia de veintitrés de marzo de dos mil quince, se desprende que el licenciado Briseño Chávez tiene el carácter de defensor particular del quejoso, por lo que tal circunstancia quedo demostrada. Similares términos se ha pronunciado el presente Juzgado en diverso Juicio de Amparo 1856/2015, en el que se dictó sentencia definitiva el trece de noviembre de dos mil quince. Ahora bien, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por quien en esa fecha se encontraba como titular de este Juzgado, toda vez que el suscrito Secretario fue autorizado con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para que desempeñe las funciones de juez de Distrito del dos de diciembre de dos mil quince hasta en tanto el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; por tanto, se considera que está facultado para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que el citado artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrita. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1302/2015, promovido por el licenciado Raúl Briseño Chávez, en su carácter de defensor particular de Francisco Javier Espino Rivera, contra las autoridades señaladas como responsables, y por los motivos asentados en la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy ocho de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- doy fe. NJSM*

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