Francisco Javier Dávila Salazar

Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
628/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Francisco Javier Dávila Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    El catorce de marzo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de marzo del año en curso, con exclusión de los días diez y once del mes y año en curso por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que se desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    CUENTA. En uno de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 4189 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el promovente Francisco Javier Dávila Salazar, por el que da cumplimiento a las prevenciones que le fueron realizadas en auto de dieciséis de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Gobernador Constitucional del Estado. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ayuntamiento de Zacatecas. Autoridades responsables ejecutoras: Tesorero Municipal de Zacatecas, Zacatecas. Director de Ingresos del Municipio de Zacatecas. Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México. Superintendente en Funciones de zona Zacatecas de la División de Distribución Bajío del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad. Director de Alumbrado Público del municipio de Zacatecas Actos reclamados: "La ley de ingresos del municipio de Zacateas, Zacatecas para el año 2018, que se publicó mediante Decreto No. 351, artículo 81 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado; a las autoridades responsables marcados con los números 1, 3, 4 y 5 le reclamamos su promulgación, refrendo y publicación, a la autoridad marcada con el número 2 y 6 le reclamamos la discusión, aprobación y expedición en cada uno de sus ámbitos de competencia. A las autoridades señaladas como ejecutoras se les imputan los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la ley antes señalada para el ejercicio fiscal 2018 en su capítulo II Derechos por prestación de Servicios Públicos Sección Sexta artículo 81 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado. Así mismo (sic), se reclaman los actos tendientes a la notificación, cobro del Derecho de Servicio Público de Alumbrado ya sea mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución con todos sus efectos y consecuencias legales, principalmente la suspensión del servicio de alumbrado público, solicitando la devolución del pago del Derecho de Alumbrado Público. Igualmente se reclama a la Tesorería del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, a través de la Dirección de Ingresos del Municipio antes indicado y por conducto de la Comisión Federal de Electricidad la futura facturación correspondiente a los periodos que seremos sujetos al pago del tributo que se objeta de inconstitucional, en vista de que, en representación de la ficción que represento se convino a través de actos jurídicos el suministro de energía eléctrica. En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el que se computará a partir del día de en que entre en vigor la norma que se impugne, es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir de las cero horas del inicio de su vigencia. Para ilustrar lo anterior, se invoca el criterio siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Al respecto, se destaca la circunstancia de que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa del amparo, señaló como actos reclamados la promulgación, aprobación, refrendo, expedición y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, particularmente las disposiciones contenidas en el artículo 81 de ese ordenamiento legal, en la que se establece el cobro por derecho de alumbrado público, la cual entró en vigor a partir del uno de enero del dos mil dieciocho. Conforme lo anterior, es evidente que la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, entro en vigor a partir del uno de enero del año en curso, según lo dispuesto el transitorio primero de la legislación reclamada, sin embargo, al ser este un día inhábil de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia, se obtiene que el plazo para impugnar dicho ordenamiento empezó a las cero horas del dos de enero siguiente. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de dos de enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de treinta días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el trece de febrero del año en cita, mediando entre estas el seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, así como tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero pasado por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sólo resta decir que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que consignan: [.] II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113, de esa propia legislación, se desecha de plano la demanda que se plantea por Francisco Javier Dávila Salazar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1011/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que obran en autos. Enseguida se da cuenta con los proveídos de catorce y quince de diciembre de dos mil diecisiete (f. 48 y 52) por los que se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables titular del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia, así como jueces tercero y cuarto del Ramo Penal, todos en el estado de Aguascalientes. A lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que ya obran en autos. Ahora bien, respecto a la primera de las citadas autoridades al haberse recibido mediante telegrama con registro 16788 (f. 60), su informe justificado bajo la denominación correcta de inspector del Grupo de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias de la Policía Ministerial del estado de Aguascalientes, se deja insubsistente el proveído por el que se le tuvo por inexistente. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los que corresponden a la agente del Ministerio Público de la adscripción, contenidos en sus pedimentos con registros 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 (f. 71-84). Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1011/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, José Luis Martínez Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 97). Juez Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 45). Juez Tercero de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 56). Juez Cuarto de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 26). Juez Quinto de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 29). Juez Sexto de Distrito en el estado de Aguascalientes (f. 91). Juez Primero del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes (f. 34-35). Juez Segundo del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes (f. 35-36). Juez Tercero del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes. (Se tuvo por inexistente). Juez Cuarto del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes. (Se tuvo por inexistente). Juez Quinto del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes (f. 37-38). Juez Sexto del Ramo Penal en el estado de Aguascalientes (f. 38-39). Juez de Control del Primer Partido Judicial del municipio (f. 31). Comisario General de la Policía Ministerial (24-25). Director General de Litigación Oral de la Fiscalía General de Justicia (f. 58-59). Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial (f. 40). Inspector del Grupo de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias de la Policía Ministerial del estado de Aguascalientes denominación correcta (f. 60-61). Todos del estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre. Actos reclamados: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su cumplimiento. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante oficio registrado con el folio 15654 de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, recibido el veinticuatro siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió los autos del juicio de amparo 1529/2017, conteniendo el original de la demanda promovida por José Luis Martínez Rodríguez, con sus copias, así como la resolución por la que dicho órgano jurisdiccional determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de garantías a que se alude, y ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. Por tanto, la demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el cual por auto de veintisiete de noviembre del año próximo anterior, ordenó su admisión y registro bajo el expediente número 1011/2017-1; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Las autoridades señaladas como responsables jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito, jueces Primero, Segundo, Quinto y Sexto del Ramo Penal, juez de control del Primer Partido Judicial del municipio, comisario General de la Policía Ministerial, director General de Litigación Oral de la Fiscalía General de Justicia, Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial e inspector del Grupo de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias de la Policía Ministerial, todos del estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, al rendir sus informes con justificación negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar sus negativas. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Martínez Rodríguez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos asentados en la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

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