Francisco Javier Espino Rivera
Expediente 1014/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 20 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Javier Espino Rivera
Actuaciones
- Principal
En veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 15944 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, zacatecas, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la capital del Estado de Zacatecas; fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1014/2016-1, que por su orden le corresponde. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando la juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del escrito de demanda, se advierten como actos reclamados los siguientes: . . ."la ilegal determinación que establece no es posible tenerme por nombrado al LIC. RAUL BRISEÑO CHAVEZ, para mi defensa, en virtud de haberle tenido por abandonada la misma, aun y cuando el profesionista compareció ante la responsable el día diecinueve (19) de agosto del año en curso, justificando su ausencia a la audiencia preliminar, dentro de la causal penal número 567/2014, a lo que el juzgado de forma ilegal tuvo con injustificada, haciendo efectivo el abandono de la defensa." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el quejoso FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Ministerial del Estado. 2. En esa misma fecha el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, calificó de legal la detención en flagrancia del citado quejoso. 3. Luego, el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, a las doce horas, día y hora que se habían señalado para la audiencia preliminar, no se llevó a cabo, en razón de que no fue posible al abogado particular del promovente del amparo acudiera a la misma, lo que pretendió justificar con el escrito presentado ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la capital del Estado de Zacatecas, el diecinueve de agosto de la presente anualidad; sin embargo, y en esa propia fecha la citada responsable determinó no tenerle por justificada su incomparecencia. 4. Posteriormente, se requirió al quejoso para que nombrara un nuevo defensor, lo que realizó en favor del licenciado Jesús Arellano Ramírez, quien no aceptó el cargo, por lo que, según refiere también en sus conceptos de violación en escrito de trece de septiembre actual, nombró nuevamente al licenciado Raúl Briseño Chávez, a lo que el juez responsable determinó no tener por nombrado a dicho profesionista, en razón de haberle tenido por abandonada la defensa; determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia federal. En efecto, como se indicó en párrafos atrás, en torno a la determinación que recayó al escrito del quejoso de trece de septiembre actual, donde el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, determinó no tener por nombrado como defensor particular del quejoso al licenciado Raúl Briseño Chávez, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107 fracción V y 173, fracción XIII, todos de la Ley de Amparo, el segundo interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: "El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En tanto que el dispositivo 173, fracción XIII, consigna lo siguiente: "Art. 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando le impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;." Previamente se estima pertinente establecer que los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, en sus diversas manifestaciones, la propiedad, ya que tal afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos procesales de ejecución reparable, o bien, de efectos intraprocesales, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia; asimismo, es preciso destacar que dichos actos inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por otro lado, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, en el supuesto, de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la determinación impugnada, es inconcuso que tal acto no es de ejecución irreparable, en la medida de que con la misma sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, la resolución emitida en relación con el escrito del aquí quejoso de trece de septiembre en curso, que determinó no tener por nombrado como su defensor al licenciado Raúl Briseño Chávez, por haberle tenido por abandonada la defensa, no afecta los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, la intimidad de las personas, la garantía de audiencia, el principio pro persona, etcétera; ante ello, es de indicarse que tal actuación solo tienen efectos intraprocesales, pues resulta evidente que tal violación procesal, podría quedar reparada al obtener resolución favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, además en caso de no ser favorable la sentencia, puede hacer valer sus pretensiones, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos reclamados de que se trata no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por FRANCISCO JAVIER ESPINO RIVERA. Se tiene como autorizado del quejoso con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Briseño Chávez, quien cuenta con cédula profesional 3055379, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle Julián Aguirre número 112, Colonia Lomas de la Soledad de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la ley en consulta, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm.
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