Francisco Javier Castillo Méndez

Expediente 299/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
299/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castillo Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del siete al veinte de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el veinte de mayo del presente año, dentro del juicio de amparo 299/2016.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el veinte de mayo del presente año, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, dos tomos de prueba que remitió como complemento a su informe justificado. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores.- DOY FE. Ángeles

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a tres de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por Juan Ricardo Castañeda Navarro, en su carácter de autorizado de la tercero interesada Wendy Guadalupe Valdez Orgánica, en atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al promovente copia certificada de las constancias a que alude, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para su recibo a las personas que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo°

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio registrado con el número 10291 y anexos que se adjuntan.-CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 299/2016, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 170/2016-II; en el que se encuentra anexado el disco el cual contiene la sentencia dictada por el referido Juez, el veinte de mayo de dos mil dieciséis. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe." SENTENCIA DE 20 DE MAYO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 299/2016, promovido por Francisco Javier Castillo Méndez contra un acto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil quince ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, Francisco Javier Castillo Méndez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en la vía directa contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En atención a lo anterior, la autoridad responsable remitió la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas, cuyo Magistrado Presidente en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis determinó que ese órgano de control constitucional carecía de competencia legal para conocer del citado asunto, en virtud de que la resolución reclamada constituía un acto dictado después de concluido el juicio, por lo que no se actualizaba la procedencia del juicio de amparo directo; por tanto, ordenó remitirlo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. En consecuencia, el Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis asumió el conocimiento del asunto, el cual radicó bajo el expediente 299/2016 de su índice; admitió la demanda de amparo; dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, dado que aquél ya obraba en autos; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como terceros interesados al Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, al Presidente, al Secretario de Gobierno y al Director de Seguridad Pública, los tres últimos del citado municipio; ordenó su emplazamiento y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a esa comunicación remitió el juicio de amparo 299/2016 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 170/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas se reclama: ? La resolución de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada en el recurso de revocación interpuesto en el juicio de nulidad 164/2014 de su índice. TERCERO. Certeza del acto impugnado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, porque así lo manifestó el Magistrado de ese órgano de administración de justicia en el informe justificado que rindió en su representación, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia del acto que se adjudica a tal autoridad. La determinación anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 278, localizable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, página doscientos treinta y uno, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado se acredita con los autos originales del juicio de nulidad 164/2014 -el cual se compone de dos cuadernos de pruebas que obran en legajos por separado- que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, a los que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. En efecto, de las constancias que integran ese contradictorio se advierte que se encuentra glosada -en el cuaderno formado con motivo del recurso de revocación- la resolución de diecinueve de octubre de dos mil quince (fojas 10 a 14), lo que conduce a tener por demostrada la certeza del acto combatido. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Enseguida se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser un aspecto de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, página doscientos sesenta y dos, que indica: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie se advierte que se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación, en virtud de que el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones legales invocadas, las cuales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, el numeral inserto en último orden prescribe, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo emitidos después de concluido el juicio y cuando se trata de actos de ejecución de sentencia ese medio extraordinario de defensa sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, aquella que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento ejecutivo, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante la fase ejecutiva que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución. Cabe señalar que la razón que el legislador tuvo al establecer esa regla de procedencia fue evitar que el juicio de amparo fuera utilizado como un instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es un aspecto de orden público, porque se considera que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad y que se tenga la certidumbre de que la violación que entraña una afectación meramente adjetiva a las defensas de un gobernado sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina la etapa ejecutiva es adversa a sus intereses. El supuesto de procedencia establecido por el arábigo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo opera aun cuando el juicio constitucional sea promovido por el vencedor en el contradictorio de origen, es decir, por el ejecutante, ya que en esta hipótesis también debe promoverse el amparo indirecto contra la resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en los términos antes señalados. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Materia Común, página setenta y cinco, de contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Ahora, como se estableció anteriormente, el acto impugnado en este sumario lo constituye la resolución de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada en el recurso de revocación interpuesto en el juicio de nulidad 164/2014 del índice del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. Del contenido de ese fallo se advierte que dicho Tribunal estimó fundado el agravio que hizo valer el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas -en su calidad de autoridad demandada en la controversia de origen- contra el acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, en el que expuso que estaba obligado a retener el impuesto sobre la renta cuando realizó la liquidación de las prestaciones que se le condenó a pagar en la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV, de la Carta Magna y 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por esa razón señaló que retuvo al quejoso veinte mil trescientos treinta y seis pesos con setenta y tres centavos por concepto de ese tributo. Para justificar la calificación dada a tal argumento, la responsable indicó que el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas tenía la obligación de hacer la retención del impuesto sobre la renta de acuerdo con lo establecido en la sentencia definitiva, en la que se determinó: "De lo anterior corre a cargo de las autoridades demandadas el cuantificar los conceptos que debe recibir el actor, lo cual deben informar en cumplimiento de la sentencia". Asimismo, el mencionado Tribunal administrativo estableció que el hecho de que la autoridad demandada sólo señalara un importe no la eximía de hacer el cálculo de esa contribución, conforme a lo dispuesto por los numerales 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esa tesitura, la responsable indicó que el mencionado Ayuntamiento debía justificar que realizó el procedimiento regulado en esos dispositivos al retener el aludido tributo, a fin de que estuviera en aptitud de determinar si dio cumplimiento a la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictada en el juicio de origen. Por esas razones, el órgano jurisdiccional responsable determinó revocar el proveído impugnado para el efecto de que se tomara como procedente la deducción del impuesto sobre la renta, pero precisó que previamente la autoridad demandada tenía que acreditar el cálculo y el desglose de dicho tributo, de acuerdo con lo estatuido por los preceptos 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ante esa situación reservó emitir su pronunciamiento respecto a que si en ese contradictorio se había cumplido con la sentencia definitiva, o bien, que no fue acatada en los términos en que fue decretada. Lo expuesto pone de relieve que el fallo reclamado fue emitido en la fase de ejecución de la sentencia definitiva relativa al juicio de nulidad 164/2014 de la estadística del Tribunal responsable; sin embargo, ese acto no constituye la última resolución en el aludido procedimiento de ejecución. Se sostiene lo anterior porque en la resolución impugnada la responsable no aprobó ni reconoció el cumplimiento total de la sentencia definitiva, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica para que se diera cumplimiento a aquélla, ni ordenó el archivo definitivo del expediente del juicio natural, sino que se pronunció respecto de una obligación fiscal que los artículos 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta imponían al Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, en la medida en que tenía el carácter de auxiliar de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo del quejoso y con esa calidad debía hacer la deducción de ese tributo respecto de los ingresos relativos a las prestaciones que el inconforme tenía que percibir como consecuencia de la terminación de la relación administrativa que lo unía con la institución policial a la que pertenecía, ya que tales ingresos eran objeto de dicha contribución. En ese contexto, el referido Tribunal administrativo determinó la forma en que desde su perspectiva la autoridad demandada en el juicio de origen debía justificar la observancia de esa obligación tributaria con relación a las prestaciones que se le condenó a pagar a favor del peticionario de amparo, lo que evidencia que la resolución reclamada está encaminada de manera directa a lograr la ejecución del fallo respectivo; incluso, esa situación adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta que la responsable postergó resolver lo conducente respecto del cumplimiento o no de la sentencia definitiva, hasta en tanto se acreditara el aspecto indicado. Por tanto, si el acto combatido no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de nulidad 164/2014 del índice del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, sino que constituye una determinación encaminada a ejecutar el fallo definitivo es inconcuso que este juicio constitucional es improcedente, en términos de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis 2a. VIII/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página doscientos treinta, que señala: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." No pasa inadvertido que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, como se precisa en la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Común, página seis, que reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, en la especie no se actualiza la excepción indicada, porque la resolución reclamada no ocasionó una afectación material, directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, como la vida, la integridad personal, la libertad, el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera. En ese contexto, el quejoso deberá esperar a que la autoridad responsable dicte la última resolución en el procedimiento ejecutivo del juicio de origen para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional en la vía indirecta, momento en el que se podrá reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante la fase ejecutiva que lo hayan dejado sin defensa y que trascendieron al resultado de la resolución. Las consideraciones expuestas evidencian que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación, lo que conduce a sobreseer en este juicio de protección de derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También se invoca en respaldo de las consideraciones expuestas, la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página ochenta y ocho, que informa: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Castillo Méndez respecto del acto reclamado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 170/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de mayo de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. SMDT/fhl En esta misma fecha, mediante el oficio 565/2016 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste.

  4. Principal

    En treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio registrado con el número 10291 y anexos que se adjuntan.-CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 299/2016, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 170/2016-II; en el que se encuentra anexado el disco el cual contiene la sentencia dictada por el referido Juez, el veinte de mayo de dos mil dieciséis. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. lALO

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