Francisco García Tinajero

Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
386/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Francisco García Tinajero
  • Titular del Ejecutivo Federal
  • Director del Hospital Regional Morelia ISSSTE

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, toda vez que la parte quejosa no se inconformó contra el acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin embargo, en dicho acuerdo se omitió dar destino a los cuadernos incidentales derivados del presente controvertido. Por tanto, respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cinco agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguense los oficios firmados por el Director del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por los cuales informa que efectivamente se encuentran programadas las quince horas del nueve de agosto del año en curso, para la cirugía de artroplastia total de rodilla izquierda del quejoso Francisco García Tinajero y al efecto En tal virtud, se tiene por cumplido dicho requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto; asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas en razón de su especial naturaleza las pruebas documentales que allegó la referida autoridad, las cuales se ordena relacionar en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que Francisco García Tinajero, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Lic. Andrés Manuel López Obrador, Titular del Ejecutivo Federal. 2.- Lic. Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del ISSSTE. 3.- Lic. Diego Romeo Chávez Hernández, Delegado del ISSSTE en Michoacán. 4.- Dr. Carlos Vinicio Herrera Álvarez, subdelegado Médico del ISSSTE Estatal. 5.- Dr. Ricardo Ponce Reyes, Director del Hospital Regional Morelia ISSSTE. TODOS CON LOS DOMICILIOS EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS OFICIALES. IV. ACTOS RECLAMADOS. Les reclamo a todas las Autoridades citadas en párrafo anterior, el retardar a garantizar mi derecho a la Protección de mi vida y salud, ya que me citaron al servicio de Traumatología hasta el día 26 de septiembre del 2019, esto para valorar apenas los estudios de preoperatorios y de gabinete para que posteriormente me fijen espacio quirúrgico para colocación de Prótesis total de rodilla derecha. Cabe señalar que la dilatación de la intervención quirúrgica se da a pesar de que ya el especialista en traumatología diagnostico que la patología que padezco es de criterio quirúrgico. (.).". Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como ya se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado consiste esencialmente en el haber señalado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para que el quejoso se presentara al servicio de traumatología y valorar los estudios preoperatorios y de gabinete a efecto de estar en condiciones de fijarle fecha para la intervención quirúrgica consistente en artroplastia total de rodilla izquierda a causa de la gonartrosis que padece. Al respecto, el Encargado de la Dirección del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 29 a 40) comunicó que buscando alternativas de brindar un servicio oportuno al aquí quejoso se reprogramó su cita en el servicio de traumatología y ortopedia para las diecisiete horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, con el Doctor Alain Garcidueñas y se le agendó lo siguiente: 1. Cita para estudio de RX de Torax AP, a las nueve horas del veintidós de mayo del año en cuso, en el servicio de Rayos X de dicho nosocomio; 2. Cita para estudio de electrocardiograma a las catorce horas con diez minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el consultorio 23; 3. Cita para estudio de laboratorio a las siete horas del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; 4. Cita con el Doctor Cuauhtémoc Ramírez, a las quince horas con veinte minutos del veintitrés de mayo del año en curso, en el consultorio 33 para valoración preoperatoria a fin de que en la cita con Alain Garcidueñas, médico traumatólogo, de considerar que el paciente está en condiciones físicas de ser intervenido, se programara el procedimiento de gonartrosis; y 5. Cita con Alain Garcidueñas, médico especialista en traumatología y ortopedia, a las diecisiete horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo del presente año. Luego, mediante oficio recibido el tres de junio del año en curso, la autoridad en comentó informó que el quejoso Francisco García Tinajero, sí acudió a realizarse cada uno de los estudios enumerados con antelación, por lo que al ser valorados por el médico internista determinó que estaba en condiciones de ser sometido a procedimiento quirúrgico y, por consiguiente, el médico traumatólogo programó la cirugía de artroplastia de rodilla para las quince horas del nueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 73 a 86), lo cual se corrobora con la información remitida en el oficio de cuenta. Documentales las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Por tanto, resulta claro que con el señalamiento de una fecha más cercana -veintisiete de mayo del año en curso- para que el quejoso se presentara al servicio de traumatología y valorar los estudios preoperatorios y de gabinete a efecto de estar en condiciones de fijarle fecha para la intervención quirúrgica consistente en artroplastia total de rodilla izquierda a causa de la gonartrosis que padece, la cual se agendó para las quince horas del nueve de agosto de dos mil diecinueve, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables precisadas con antelación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las once horas con veinte minutos del seis de agosto de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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