Fernando Moreno González
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Moreno González
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal, el auto dictado el diez de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 4. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que en caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Rectora de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: "a). A la Rectora Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le recamo la designación en los términos que lo hizo, del director provisional de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ******************** y/o ********************, ante la renuncia del Director provisional de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr. ********************, de fecha 22 de marzo del año en curso, a quien le correspondía llevar a cabo dicho proceso, en su calidad de presidente del Consejo Técnico. b). Al Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con dicho carácter y en cuanto Secretario del H. Consejo Universitario de la propia Universidad en comento, le reclamo la emisión de la convocatoria de fecha 21 de marzo del 2023, para el proceso de auscultación del director de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se sientan las bases para elegir al próximo director de dicha escuela preparatoria. c). Asimismo, le reclamo el oficio Número ********************, suscrito por dicho funcionario, con data 23 de marzo del año en curso, al cual adjunta el adendum de la convocatoria antes descrita, donde para continuar el trámite del proceso de auscultación aquí descrito, pretende subsanar la renuncia del Director provisional de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr. ********************, de fecha 22 de marzo del año en curso, a quien le correspondía llevar a cabo dicho proceso, en su calidad de presidente del Consejo Técnico, donde menciona que ante su renuncia, la rectora designa como director provisional de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al Ing: ********************, sin adjuntar a dicho adendum ni a tal oficio antes indicado, el documento de designación o nombramiento de tal director provisional. d). Al M. en C. ********************y/o ********************, Director provisional de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y presidente del consejo técnico de dicha escuela preparatoria, le reclamo la participación del Dr. ******************** en el proceso de auscultación de director de dicha escuela preparatoria, periodo 2023-2027, quien previamente fungía como Director de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hasta el día 22 de marzo del presente año, fecha en que supuestamente renunció, desconociendo ante que instancia haya presentado la misma, a quien le correspondía desarrollar el proceso de auscultación en su calidad de presidente del H. Consejo Técnico, así como la falta de respuesta al escrito de inconformidad presentado con data 29 del mes de marzodel año en curso. e). A todas ellas, les reclamo las actuaciones, resoluciones u omisiones que deriven de la convocatoria de fecha 21 de marzo del año 2023, del oficio número ******************** de fecha 23 de marzo del año en curso y en si los demás actos de autoridad, resoluciones omisiones que deriven de estos, pues lesionan mis derechos humanos y garantías procesales". 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad, para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. a. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que, por ello, entraña la participación de un órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridades responsables, realmente lo son o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En el caso, el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en: La designación realizada por la Rectora de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, de director provisional de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de ******************** y/o ********************. La emisión de la convocatoria y oficio número ******************** de fechas veintiuno y veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, para el proceso de Auscultación del Director de la Escuela Preparatoria antes citada, emitido por el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al Director provisional de la institución educativa mencionada, le reclama la participación del Dr. ******************** en el proceso de Auscultación de director. Las actuaciones, resoluciones u omisiones que deriven de la convocatoria y del oficio ******************** de veintiuno y veintitrés de marzo del año en curso, así como los demás actos de autoridad, resoluciones omisiones que deriven de estos". Sin embargo, los actos que tilda de ilegales, no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Como se puso de manifiesto los actos reclamados tienen relación con una preparatoria dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de modo que, su regulación se encuentra sujeta a la su Legislación Orgánica. Pues bien, el artículo 2, fracción I, II, y III, de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, prevé: "Artículo 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para: I. Elegir y remover libremente sus autoridades; II. Aprobar el Estatuto y los Reglamentos Universitarios; III. Determinar planes y programas académicos, de investigación científica, de difusión de la cultura y de extensión universitaria;..." Del precepto y fracciones aludidas se obtiene la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la Universidad aludida, esta capacidad de autogobernarse constituye la aptitud de tomar decisiones libres y definitivas a su interior. En este orden de ideas, la posición del aspirante al cargo de director, no es la de gobernado para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de la que esta investida la Universidad y que posiciona al quejoso en un plano de coordinación con la autoridad emisora del acto reclamado y no de supra subordinación que de margen a la procedencia del amparo indirecto -como se destacará más adelante-. En ese tenor, si la parte quejosa reclama en esencia todo el proceso de designación del director provisional de la Escuela Preparatoria "José María Morelos y Pavón", periodo 2023- 2027, sin duda constituyen actos de autogobierno. Dicho de otra forma, la elección de Director y las limitantes que se establezcan para ello, constituye un acto libre de su autonomía y facultad de autogobierno, y que permite concluir que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica ni si quiera del aspirante. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 918, tomo XXXI, marzo de 2010 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164876, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos". Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 111, tomo XXXI, febrero de 2010 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 165333, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA COMISIÓN DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. Si se tiene en cuenta que de la normativa que regula la organización de esa Universidad, se advierte que el mecanismo conforme al cual su Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento del rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la mencionada Universidad, es indudable que tal Comisión, a través de dicho acto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados y, por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, máxime que la posición del aspirante al cargo de rector no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investida la señalada Universidad". Igualmente es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, tomo XXX, octubre de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 166045, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano". Ahora bien, una vez precisada la autonomía de la goza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, debe destacarse que de acuerdo a las constancias exhibidas por el quejos en la cual se obtiene que es empleado de la autoridad responsable y que dicha posición lo ubica como una persona con posibilidades de participar en la convocatoria. Además, de las constancias que exhibió al juicio de amparo aparece a fojas veintiséis la solicitud para participar en el proceso de auscultación de la convocatoria que tilda de inconstitucional, de la que se obtiene que es profesor Investigador Asociado "C" con número de empleado ********************, con lo que queda demostrado que su relación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es de patrón-empleado. Se señala lo anterior, pues es clara la intención del quejoso de ocupar un cargo de mayor posición dentro de su fuente de trabajo al que ostenta ahora como profesor Investigador Asociado "C", lo cual pone en evidencia la relación coordinación con la autoridad responsable y no de supra a subordinación. En efecto, la relación de trabajo se obtiene precisamente de la aspiración legítima de ostentar un cargo mayor al actual, de manera que el juicio constitucional en esta vía no es la idónea para atacar la convocatoria destacada en el apartado de actos reclamados. En esa medida, quien acude a solicitar la protección constitucional debe ejercitar la acción que estime conveniente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo anterior encuentra fundamento en el artículo 353-J de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 353-J.- Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones". En concordancia con lo anterior el diverso numeral 28 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dice: "Artículo 28. Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos correspondientes y demás disposiciones legales aplicables". Igualmente apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, Tomo XVI, octubre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 185621, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente". En esa medida es que como no existe un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que tal circunstancia es patente, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio por ser notoria y manifiesta. Finalmente, no pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación4, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello, pues, si bien, determina que el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia. Finalmente, no se inadvierte para este Juzgador Federal que la parte quejosa a fojas ocho de la demanda de amparo refiere que por virtud de las irregularidades de la autoridad universitaria en el proceso de auscultación para la elección de Director de la Escuela Preparatoria "José María Morelos y Pavón", periodo 2023-2027 presentó un escrito de inconformidad ante el órgano técnico de la Universidad, sin que haya recibido respuesta del mismo, y para corroborarlo exhibió el acuse de recibo de treinta de marzo del año actual del citado medio de impugnación. Al respecto este Juez Federal estima que tal circunstancia no da lugar a admitir la demanda de amparo. El artículo 21 del Reglamento para el Proceso de Auscultación, elección y permanencia de Directores de Dependencias Académicas de la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dice: "Artículo 21. Los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por el H. Consejo Universitario." Por su parte el artículo 16 de los Lineamientos para la Integración de los Consejos Técnicos y la elección de sus miembros de la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, prevé: ".Artículo 16. Los casos de inconformidad derivados del proceso de elección, se harán valer en un plazo no mayor de dos días hábiles ante el Director del Plantel, quien convocará de inmediato a los responsables del proceso y a los consejeros no impugnados para que analicen y resuelvan sobre los mismos. En el supuesto anterior, el Consejero impugnado no ejercerá el cargo hasta que se resuelva el caso. Mientras tanto, el consejo técnico actuará válidamente si existe mayoría de Consejeros no impugnados. Los Directores de cada dependencia, citarán al Consejo Técnico en un plazo no mayor de cinco días hábiles para su instalación formal, y en su oportunidad elaborarán su reglamento de funcionamiento interno el cual será sancionado por el Consejo Universitario". De los preceptos anteriores se advierte que la autoridad universitaria cuenta con cinco días hábiles para dar contestación al escrito de inconformidad planteado. Ahora bien, en el caso, del acuse de recibo del recurso de inconformidad promovido por el quejoso ante la autoridad universitaria, aparece que es de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, de modo que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -tres de abril del año actual- no había trascurrido el plazo para que la autoridad universitaria diera contestación al citado medio de defensa. En esa medida, es que es válido concluir que la autoridad universitaria no ha excedido el plazo para resolver el medio de impugnación multireferido, y que ello de lugar a la admisión de la demanda, por tanto es que debe permanecer el sentido del presente acuerdo en los términos arriba expuestos. 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5º, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a ********************, en el entendido de que no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a las diversas personas señaladas en su ocurso para los efectos precisados. 7. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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