Fernando Laguna Peralta
Expediente 935/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Laguna Peralta
- Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó y concedió la provisional, así como la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Ratifica desistimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente con la ratificación del escrito efectuada por la actuaria adscrita, el seis de septiembre del año en curso, en la que hace constar que el quejoso ratificó su escrito presentado el cuatro de septiembre de la presente anualidad, a través del cual se desistió de la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no tiene interés en que se continúe con la tramitación del juicio en que se actúa, por así convenir a sus intereses; en consecuencia, ante la voluntad de destruir los efectos jurídicos generados con la presentación de su demanda, es evidente que las cosas vuelven al estado que tenían antes de su presentación, por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta fuera de audiencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo al anterior criterio es de invocar la tesis de jurisprudencia 33/2000, visible en la página 147, tomo XI, abril del 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I de la ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que se dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Sin efectos audiencia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA la determinación de diez de septiembre de dos mil diecinueve que dice: Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Ratifica desistimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente con la ratificación del escrito efectuada por la actuaria adscrita, el seis de septiembre del año en curso, en la que hace constar que el quejoso ratificó su escrito presentado el cuatro de septiembre de la presente anualidad, a través del cual se desistió de la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no tiene interés en que se continúe con la tramitación del juicio en que se actúa, por así convenir a sus intereses; en consecuencia, ante la voluntad de destruir los efectos jurídicos generados con la presentación de su demanda, es evidente que las cosas vuelven al estado que tenían antes de su presentación, por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta fuera de audiencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo al anterior criterio es de invocar la tesis de jurisprudencia 33/2000, visible en la página 147, tomo XI, abril del 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I de la ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que se dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Sin efectos audiencia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Acto seguido, el secretario da cuenta al Juez con el estado de autos y con tres oficios registrados con los folios 15264, 15276 y 15275, atento a su contenido: Informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes previos de las autoridades responsables. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en la que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda y escrito de cumplimiento (1 a 7); 2. Auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en que se negó y concedió la suspensión provisional (8 a 14). EL JUEZ ACUERDA: téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO en que el secretario da cuenta con las ofertadas por la parte quejosa. EL JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofertando medios de convicción. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a las partes por omisas en formular alegatos. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 935/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Fernando Laguna Peralta, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME Del informn FOJA. 1 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. NEGÓ 22 2 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ROBO AL TRANSPORTE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. NEGÓ 23 3 LICENCIADO HUGO RAFAEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ROBO AL TRANSPORTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. CIERTO 24 ACTO RECLAMADO: La negativa a devolver el vehículo del vehículo marca Ford, Línea F450, Tipo 4x2 REG. CHAS, Ca, con redilas, color blanco, modelo 2001, número motor A11823, número de serie 3FDXF46SX1MA11823, placas de circulación KW 58521. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa en esencia solicita la suspensión para el efecto de que le sea devuelto su vehículo. INTERÉS SUSPENSIONAL. Quedó acreditado con la copia cotejada de la factura del aludido vehículo, en el cual en el reverso de la misma, aparece una inscripción de cesión derechos de propiedad hecha por Lorenzo Vega García, en favor de Fernando Laguna Peralta (aquí quejoso). SEGUNDO. Mediante auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó abrir este incidente de suspensión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental la que, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. La autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto y Titular de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ambas con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar la negativa; máxime que es a ella a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera; por tanto, se impone negar la suspensión definitiva solicitada, al no existir materia sobre la cuál decretarla. SEGUNDO. Actos ciertos. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. Se niega suspensión por lo que hace a la devolución de un vehículo. Ahora bien, de una lectura íntegra en la demanda de derechos fundamentales, se desprende que el vehículo que pretende defender el quejoso en la instancia constitucional, es materia de una carpeta de investigación por parte de la autoridad ministerial por la posible comisión de un ilícito, por lo que para resolver respecto de la suspensión solicitada, se atenderá a dicha circunstancia y a los efectos que pretende el quejoso se le conceda. Resulta improcedente conceder la suspensión provisional para el efecto que se solicita, ya que con tal determinación se seguiría en perjuicio del interés social y contravendría disposiciones de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. En principio conviene traer a cuenta, por ilustrador, el siguiente criterio en que se explica qué ha de entenderse por orden público e interés social: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." El numeral 129, fracción III, de la Ley de Amparo establece que se vulnera el orden público cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. De modo que si el vehículo que es materia de investigación desapareciera o se alterara el estado de las cosas que guarda ya sean internas o externas, se dificultaría la comprobación del delito, que es la base de todo proceso penal; la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que de ellos resulten responsables. Además, el numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Por tanto, subyace un alto grado de orden público e interese social en el acto reclamado. De ahí que no es factible conceder la medida cautelar para el efecto de devolver el vehículo al quejoso; dado que existe la posibilidad de alterar, destruir o desaparecer los elementos relacionados con la investigación de los delitos. Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida suspensiva tendría que existir una apariencia del buen derecho suficiente fuerte como para estimar que es posible, mediante la paralización de los efectos del acto reclamado, una anticipación de la protección constitucional concedida. La comprobación de la apariencia del derecho puede traducirse en el examen valorado que se realice del acto reclamado para una vez determinada su probable inconstitucionalidad, ponderar con mayor objetividad la confrontación entre el interés individual del quejoso y el social que respalda el acto de autoridad reclamado, de tal modo que, si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto gubernativo rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión. Máxime que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la provisión cautelar debe concebirse ya, en caso de proceder, como un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto impugnado es o no constitucional. Para este examen del interés particular, el juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, así como las pruebas que se hayan adjuntado a la misma, analizando así la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. Análisis que, claro está, por tratarse de la medida cautelar caracterizada por lo sumario de su tramitación y resolución, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido. Sin embargo, se estima que tales planteamientos no evidencian, de suyo, que exista una notoria inconstitucionalidad del acto reclamado como para suspender su aplicación, máxime que, como se acotó, tiene un objetivo de preponderante interés social y orden público. No se observa, en consecuencia, una apariencia del buen derecho que, confrontada con el grado de orden público del acto reclamado, pudiese generar que este último cediera en beneficio del quejoso. Es decir, hasta este momento, no se observa que el acto reclamado sea inconstitucional, por lo que ante la falta de una apariencia del buen derecho, se impone que prevalezca el interés general. Así, al no verse satisfecho, el requisito para la suspensión derivado del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, se impone negar la suspensión. CUARTO. Se concede suspensión por cuanto hace a la entrega del vehículo a terceras personas. Se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cierto, la parte promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público únicamente por cuanto hace al acto que en este apartado se analiza porque el acto reclamado solo afecta derechos patrimoniales del quejoso. Finalmente, conviene asentar que de no concederse la suspensión solicitada, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues sus derechos de posesión y propiedad se verían afectados. En el entendido de que el interés presunto quedó acreditado, como se expuso, de la factura del aludido vehículo, en el cual en el reverso de la misma, aparece una inscripción de cesión derechos en propiedad hecha por Lorenzo Vega García, en favor de Fernando Laguna Peralta (aquí quejoso). En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 y 139, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la autoridad responsable no entregue el vehículo descrito en líneas anteriores a favor de terceras personas. GARANTÍA. Sin que en el presente asunto proceda condicionar los efectos de la medida cautelar a la exhibición de una garantía en virtud de que no advierte que se lesionen derechos de terceras personas, máxime que el vehículo se encuentra asegurado, de ahí que únicamente se lesionen derechos del peticionario. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Fernando Laguna Peralta, la suspensión definitiva, por las razones y autoridades precisadas en los considerandos primero, segundo y tercero. SEGUNDO. Se concede a Fernando Laguna Peralta, la suspensión definitiva, por las razones y autoridad precisadas en los considerandos segundo y cuarto. Notifíquese. Así lo acordó y firma UBALDO GARCIA ARMAS, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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