Fidel Hugo León Villafaña
Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Presidenta y/o Directora del DIF, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Michoacán.
- Fidel Hugo León Villafaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 618/2019. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cuatro de enero de dos mil dieciocho, Fidel Hugo León Villafaña solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, en los cuales manifestó que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 3º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se previno al quejoso para que aclarara su personalidad en la que acudía a este juicio constitucional; Posteriormente el siete de junio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad, cuya omisión reclamada corresponde a la jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Por no presentada la ampliación de la demanda y celebración de la audiencia constitucional. Por auto de tres de julio de dos mil diecinueve (fojas 48 a 49), se ordenó dar vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, sin que al efecto lo realizara; por tanto, la Secretario certificó en la audiencia constitucional del día de hoy, que el término correspondiente transcurrió del doce de julio al uno de agosto de dos mil diecinueve, sin que el aludido accionante constitucional hubiere atendido el requerimiento de mérito, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se le tuvo por no ampliada la demanda de amparo. En ese sentido, una vez precisado lo anterior, se concluyó que el juicio de amparo en que se actúa, se encontraba integrado para dictar la sentencia correspondiente, por lo que se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar la omisión reclamada, la cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que se trata de la siguiente: De la Directora de las dependencias del "Desarrollo Integral de la Familiar Estatal Michoacán, las omisiones de dar respuesta a los cuatro escritos que presentó de dieciocho de abril de dos mil dieciséis y catorce de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir el informe justificado correspondiente admitió la omisión que se le reclama. Lo anterior, debido que a la fecha en que se le llamó al presente juicio de amparo en cuanto autoridad responsable, no habían dado respuesta a la petición formulada por el quejoso; sin embargo, también indicó que mediante oficio EJ/540/2019 y EJ/558/2019, emitió la respuesta correspondiente, la cual le fue notificada, como se obtiene del acuse de recibo respectivo. Sin embargo, no debe soslayarse que el acto reclamado es una omisión, cuya existencia se dio previo a la presentación de la demanda (tres de junio de dos mil diecinueve). De ahí que sea cierta la omisión que se le atribuye por lo siguiente. La mecánica en la que opera el derecho humano de petición, reconocido en el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser violado o desconocido de diferentes formas, ya que el contenido del artículo en mención es el siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De esta transcripción se advierte, que el derecho de petición es un derecho humano que otorga a las personas la facultad de exigir a cualquier autoridad, el cumplimiento de la obligación correlativa que lo protege, que se traduce en un hacer positivo. Derecho que comprende dos aspectos, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición. Y el segundo comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, en breve término, debiendo como corolario de ello, hacerlo saber al gobernado, también en breve término; siempre que el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Dado que el derecho de petición se encuentra protegido por diversas garantías que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que puede verse violado o desconocido, y por ello, las consecuencias jurídicas son diversas. Así por ejemplo, si la conducta de la autoridad señalada como responsable es contumaz, y ante una petición formulada por escrito de forma pacífica y respetuosa, simplemente no realiza ninguna actuación, la violación al derecho humano se produce por esa inactividad, y conforme al artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, el efecto de una eventual concesiva en el amparo, sería para constreñir a la responsable a que actúe en el sentido que le impone la norma. En cambio, si la autoridad responsable aduce haber dado respuesta a la petición, en el juicio de amparo que al efecto se promueva, a dicha autoridad corresponde demostrar tanto la existencia de la respuesta como su notificación o, bien, la imposibilidad que tuvo para realizar esto último, ya porque el quejoso no haya señalado domicilio para tal efecto, o en el señalado no se pudo practicar la diligencia. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, sostuvo en la tesis jurisprudencial que a continuación se trascribe, lo siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". En esta hipótesis, si la autoridad responsable logra acreditar que notificó al quejoso la respuesta a su petición, antes de la presentación de la demanda, deberá sobreseerse en el juicio de amparo, porque atendiendo a la fecha de su presentación, es factible que no se haya producido la contumacia que sirve de base para ejercer la acción de amparo; en cambio, si la respuesta y la notificación se dio durante la tramitación del juicio de amparo, la existencia de la omisión reclamada es evidente, puesto que existió la omisión en la fecha de la presentación de la demanda de amparo. El caso específico que nos ocupa, se ubica en la segunda de las hipótesis, pues del contenido del informe justificado se advierte que existe una petición y que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable; las cuales por su naturaleza tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna causa que conforma a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la referida Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el artículo 61 de la ley en cita. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Es así, pues en el caso la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a las peticiones presentadas ante la responsable el dieciocho de abril de dos mil dieciséis y catorce de mayo de dos mil diecinueve. Por su parte, la autoridad responsable, al rendir el informe con justificación, manifestó -en lo que interesa- que las peticiones que refiere al quejoso fueron contestadas mediante oficios EJ/540/2019 y EJ/558/2019; lo que se corrobora con las documentales que ya fueron valoradas. En ese sentido, es claro que se ha dado respuesta a las peticiones que hizo el quejoso; asimismo, su contenido fue informado de manera directa, en su carácter de apoderado jurídico de Irma Yolanda Rodríguez Jiménez, en domicilio que señaló para tal efecto (fojas 32-33 y 36-37). De ahí que en el caso se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, puesto que ello ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los mismos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77, de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Así, los requisitos exigidos por el artículo 8 constitucional, se actualizaron durante la substanciación del juicio, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable venció la contumacia en la que se había colocado y actúo en el sentido de la obligación correlativa que le impone el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, tomo XXIX, enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Sin que sea inadvertido para este juzgador el hecho de la contestación de la petición únicamente implicó hacer del conocimiento de la parte quejosa para que manifestara si era su deseo atacar dicha contestación; sin embargo, como se estableció en el acta de la audiencia constitucional, la parte quejosa fue omisa en atender la vista ordenada en proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de tal situación. De ahí que, si la parte quejosa no optó por ampliar la demanda de amparo, inconcuso es que se actualizó la causa de improcedencia antes mencionada -cesación de efectos-, porque la autoridad abandonó la reticencia para actuar en el sentido que le impone la norma. En relación a lo anterior cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, ante la secretaria Erika Ivonne Carballal López, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento constitucional. Visto los autos, de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda para los efectos señalados en auto de tres de julio del año en curso (foja 48 a 49). En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, y a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el numeral 115 de la ley de la materia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Ramírez Argüello, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1738/2019, de catorce de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, secretario técnico de dicha comisión, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Copias certificadas. Glósese a los autos el escrito de cuenta y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias certificadas de las constancias que solicita; previo recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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