Fernando Moreno González
Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Moreno González
- Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por el quejoso Fernando Moreno González, por medio del cual, cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veintiuno y veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana: La convocatoria y sesión celebrada por el Consejo General, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como los convenios tomados y el acuerdo de celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. La acreditación de afiliados ante el Colegio Electoral, verificando tanto la lista de afiliados así como el quórum la comisión autónoma de vigilancia e instalar la asamblea general ordinaria en su caso en esa fecha; la propuesta de solicitar a la Asamblea General Ordinaria, delegar las reformas y adiciones al estatuto sindical, a un Congreso General de Representantes Extraordinario, para su inmediata aplicación; la elección del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, conforme a las bases establecidas en el reglamento de elecciones y en la convocatoria; la toma de protesta del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, la política general que debe seguir el sindicato y las demás disposiciones que pretendan tomarse en dicha asamblea. La falta de legitimación de los integrantes de dicho comité, para presidir y ostentarse como representantes del gremio sindical al que pertenece el quejoso, con lo que se vulnera lo dispuesto por el artículo 26 fracciones V y VII del Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Del Comité Ejecutivo General y del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La inobservancia de lo que establecen los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Convenio Número 87 relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, de la Organización Internacional del Trabajo, así como de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la referida Organización. La discriminación de la que es objeto ante la diferencia de trato desfavorable porque se le relaciona con grupos antagónicos al comité, lo que motivó que se le impidiera el acceso y participar en la reunión de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La intromisión en la vida sindical de su agrupación al seguir reconociendo al comité ejecutivo general depuesto, facilitar las instalaciones y personal de vigilancia perteneciente a la Universidad Michoacana en las puertas de acceso a dicho recinto para impedir el acceso a la reunión de Consejo General. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado así como al Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán: El depósito del padrón de socios debidamente actualizado, validado y supervisado por el Colegio Electoral, dejando de lado la participación para su designación de dos integrantes del Consejo General, así como de la participación democrática de dos integrantes más de la Comisión Autónoma de Vigilancia, a quienes se les impidió el acceso a la asamblea de veintinueve agosto de dos mil veintidós. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La procedencia de la acción constitucional depende, inexcusablemente, de que el acto reclamado sea dictado por una entidad que pueda ser considerada como autoridad o bien, tratándose de una actuación atribuible a un particular, éste tendrá la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Exigencia, que en la especie no se actualiza, como se analizará a continuación. En el caso no se está en la hipótesis en que un particular propiamente dicho, pero en ejercicio de funciones realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que éstas se encuentren determinadas por una norma general. El artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que por autoridad responsable se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esa norma legal se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones señaladas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, en el caso que se analiza, el quejoso acude al juicio de amparo como trabajador académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y como miembro del Sindicato de Profesores de esa Universidad, así como presidente de la Comisión Autónoma de vigilancia del Sindicato de Profesores (SPUM), se advierte que, en esencia, señala como actos reclamados del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, la convocatoria y sesión celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como los convenios tomados y el acuerdo de celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, los cuales refiere carecen de legitimación, y al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la intromisión en la vida sindical al seguir reconociendo al comité ejecutivo depuesto, facilitar las instalaciones y vigilancia para impedir que el quejoso ingrese a la asamblea al estar referenciado con un grupo antagónico. De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del reclamo. Así, en el caso, las exigencias citadas en párrafos precedentes, para considerar que se está frente a un acto de autoridad, no se cumplen, ya que contrario a lo afirmado por el quejoso, la actuación atribuida al Rector de la casa de estudios, y al comité del Sindicato que refiere no es legítimo representante del mismo, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que el Rector señalado como autoridad responsable se erige como patrón equiparado frente a sus empleados y ante el Sindicato y, por ello, esa supuesta participación en la asamblea no reviste el carácter de acto de autoridad. Es así, porque las atribuciones y obligaciones que tiene el Rector de esa casa de estudios están contempladas en la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyos numerales 8 y 22, que interesan son de contenido siguiente: "ARTICULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: I. El Consejo Universitario; II. El Rector; III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; IV. El Consejo de Investigación Científica; y V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades profesionales. (ADICIONADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) VI. La Comisión de Rectoría. (.)" "ARTICULO 22. El Rector tendrá las siguientes atribuciones: (.) II. Contratar al personal, de acuerdo con lo que disponga esta Ley, el Estatuto, el Reglamento respectivo y los contratos colectivos de trabajo; III. Vigilar el cumplimiento de las normas que rijan a la Institución y ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario; (.) XVI. Celebrar con los sindicatos de los trabajadores, los convenios derivados de las relaciones laborales, informando de ello al Consejo Universitario; y XVII. Las demás que esta Ley, el Estatuto Universitario y el Reglamento le confieran." Mientras que, por su parte, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato de la Universidad Michoacana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en sus claúsulas 127 y 129, en lo que interesan, señalan: "CLAÚSULA 127.- La Universidad se obliga a proporcionar locales para oficinas y mobiliario, para las diferentes secciones sindicales, asimismo, para las Comisiones Mixtas Generales de acuerdo con las posibilidades institucionales." "CLAÚSULA 129.- La Universidad se obliga a: (.) b) No intervenir por ninguna circunstancia en la organización y vida interna sindical." De la interpretación conjunta de tales dispositivos se tiene que el Rector es parte de los órganos de gobierno de la Universidad en cuestión, siendo la autoridad ejecutiva máxima, su representante legal y Presidente del Consejo Universitario; dentro de sus atribuciones y deberes están: que se cumpla esa ley orgánica y los reglamentos que de ella emanen, celebrar y suscribir los contratos colectivos de trabajo bajo su más estricta responsabilidad, además de todas aquellas de carácter académico o administrativo no atribuidas por esa ley a otro órgano de gobierno. Siguiendo esa guisa, del contrato colectivo de mérito se establece que es su obligación (por ser quien actúa en representación de la Universidad): respetar el derecho de la asociación y afiliación sindical de los trabajadores, respetar los contratos o acuerdos que se hagan por escrito y estén firmados y autorizados por sus representantes autorizados, permitir a los trabajadores académicos gozar de las concesiones específicas pactadas entre el Sindicato y ella (Universidad), respetar la autonomía del Sindicato. Por otra parte, son derechos del Sindicato: defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Ahora bien, bajo ese contexto, lo reclamado al Comité Ejecutivo del Sindicato y al Rector de la Universidad señalados como responsables, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su actuar no está, en este caso, apoyado en el mandato de una norma general, sino que justamente se trata de las atribuciones derivadas de las obligaciones que tienen que cumplir, de conformidad a la Ley Orgánica y al contrato colectivo de trabajo en cita, esto es, la naturaleza del acto es de carácter laboral; de ahí el plano de igualdad en que se ubica el quejoso y dichas autoridades, esto es, en un plano de coordinación. Por lo que, el quejoso en cuanto miembro del sindicato y en cuanto presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia del Sindicato debe acudir ante el órgano jurisdiccional competente, tal como está previsto en el multireferido contrato colectivo de trabajo, para dirimir esa controversia. Por tanto, la intromisión por parte del Rector de la Universidad y la participación por parte del comité que califica como ilegítimo, no reviste el carácter para determinar que es un acto de autoridad y, por ende, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. No se soslaya el hecho que el quejoso señala como autoridades responsables al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado así como al Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, sin embargo no se advierte que previo al juicio de amparo haya acudido ante esas autoridades a ejercitar alguna acción con motivo del padrón que refiere tienen registrado, aunado, el acto que a estas les reclama lo hace depender de que no se le permitió el acceso a la asamblea de veintinueve agosto de dos mil veintidós, por parte del Comité Ejecutivo del Sindicato y por el Rector de la Universidad, actos que como ya se precisó en párrafos anteriores, no revisten el carácter de un acto de autoridad para efectos del amparo, por lo que no pueden ser materia de estudio en esta instancia constitucional. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación." 4. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA FERNANDO MORENO GONZÁLEZ LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por el quejoso Fernando Moreno González, por medio del cual, cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veintiuno y veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana: La convocatoria y sesión celebrada por el Consejo General, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como los convenios tomados y el acuerdo de celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. La acreditación de afiliados ante el Colegio Electoral, verificando tanto la lista de afiliados así como el quórum la comisión autónoma de vigilancia e instalar la asamblea general ordinaria en su caso en esa fecha; la propuesta de solicitar a la Asamblea General Ordinaria, delegar las reformas y adiciones al estatuto sindical, a un Congreso General de Representantes Extraordinario, para su inmediata aplicación; la elección del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, conforme a las bases establecidas en el reglamento de elecciones y en la convocatoria; la toma de protesta del comité ejecutivo general y de las comisiones autónomas, la política general que debe seguir el sindicato y las demás disposiciones que pretendan tomarse en dicha asamblea. La falta de legitimación de los integrantes de dicho comité, para presidir y ostentarse como representantes del gremio sindical al que pertenece el quejoso, con lo que se vulnera lo dispuesto por el artículo 26 fracciones V y VII del Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Del Comité Ejecutivo General y del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La inobservancia de lo que establecen los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Convenio Número 87 relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, de la Organización Internacional del Trabajo, así como de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la referida Organización. La discriminación de la que es objeto ante la diferencia de trato desfavorable porque se le relaciona con grupos antagónicos al comité, lo que motivó que se le impidiera el acceso y participar en la reunión de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La intromisión en la vida sindical de su agrupación al seguir reconociendo al comité ejecutivo general depuesto, facilitar las instalaciones y personal de vigilancia perteneciente a la Universidad Michoacana en las puertas de acceso a dicho recinto para impedir el acceso a la reunión de Consejo General. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado así como al Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán: El depósito del padrón de socios debidamente actualizado, validado y supervisado por el Colegio Electoral, dejando de lado la participación para su designación de dos integrantes del Consejo General, así como de la participación democrática de dos integrantes más de la Comisión Autónoma de Vigilancia, a quienes se les impidió el acceso a la asamblea de veintinueve agosto de dos mil veintidós. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La procedencia de la acción constitucional depende, inexcusablemente, de que el acto reclamado sea dictado por una entidad que pueda ser considerada como autoridad o bien, tratándose de una actuación atribuible a un particular, éste tendrá la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Exigencia, que en la especie no se actualiza, como se analizará a continuación. En el caso no se está en la hipótesis en que un particular propiamente dicho, pero en ejercicio de funciones realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que éstas se encuentren determinadas por una norma general. El artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que por autoridad responsable se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esa norma legal se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones señaladas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, en el caso que se analiza, el quejoso acude al juicio de amparo como trabajador académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y como miembro del Sindicato de Profesores de esa Universidad, así como presidente de la Comisión Autónoma de vigilancia del Sindicato de Profesores (SPUM), se advierte que, en esencia, señala como actos reclamados del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, la convocatoria y sesión celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, así como los convenios tomados y el acuerdo de celebrar la XLVI asamblea general ordinaria, programada para celebrarse el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, los cuales refiere carecen de legitimación, y al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la intromisión en la vida sindical al seguir reconociendo al comité ejecutivo depuesto, facilitar las instalaciones y vigilancia para impedir que el quejoso ingrese a la asamblea al estar referenciado con un grupo antagónico. De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del reclamo. Así, en el caso, las exigencias citadas en párrafos precedentes, para considerar que se está frente a un acto de autoridad, no se cumplen, ya que contrario a lo afirmado por el quejoso, la actuación atribuida al Rector de la casa de estudios, y al comité del Sindicato que refiere no es legítimo representante del mismo, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que el Rector señalado como autoridad responsable se erige como patrón equiparado frente a sus empleados y ante el Sindicato y, por ello, esa supuesta participación en la asamblea no reviste el carácter de acto de autoridad. Es así, porque las atribuciones y obligaciones que tiene el Rector de esa casa de estudios están contempladas en la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyos numerales 8 y 22, que interesan son de contenido siguiente: "ARTICULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: I. El Consejo Universitario; II. El Rector; III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; IV. El Consejo de Investigación Científica; y V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades profesionales. (ADICIONADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) VI. La Comisión de Rectoría. (.)" "ARTICULO 22. El Rector tendrá las siguientes atribuciones: (.) II. Contratar al personal, de acuerdo con lo que disponga esta Ley, el Estatuto, el Reglamento respectivo y los contratos colectivos de trabajo; III. Vigilar el cumplimiento de las normas que rijan a la Institución y ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario; (.) XVI. Celebrar con los sindicatos de los trabajadores, los convenios derivados de las relaciones laborales, informando de ello al Consejo Universitario; y XVII. Las demás que esta Ley, el Estatuto Universitario y el Reglamento le confieran." Mientras que, por su parte, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato de la Universidad Michoacana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en sus claúsulas 127 y 129, en lo que interesan, señalan: "CLAÚSULA 127.- La Universidad se obliga a proporcionar locales para oficinas y mobiliario, para las diferentes secciones sindicales, asimismo, para las Comisiones Mixtas Generales de acuerdo con las posibilidades institucionales." "CLAÚSULA 129.- La Universidad se obliga a: (.) b) No intervenir por ninguna circunstancia en la organización y vida interna sindical." De la interpretación conjunta de tales dispositivos se tiene que el Rector es parte de los órganos de gobierno de la Universidad en cuestión, siendo la autoridad ejecutiva máxima, su representante legal y Presidente del Consejo Universitario; dentro de sus atribuciones y deberes están: que se cumpla esa ley orgánica y los reglamentos que de ella emanen, celebrar y suscribir los contratos colectivos de trabajo bajo su más estricta responsabilidad, además de todas aquellas de carácter académico o administrativo no atribuidas por esa ley a otro órgano de gobierno. Siguiendo esa guisa, del contrato colectivo de mérito se establece que es su obligación (por ser quien actúa en representación de la Universidad): respetar el derecho de la asociación y afiliación sindical de los trabajadores, respetar los contratos o acuerdos que se hagan por escrito y estén firmados y autorizados por sus representantes autorizados, permitir a los trabajadores académicos gozar de las concesiones específicas pactadas entre el Sindicato y ella (Universidad), respetar la autonomía del Sindicato. Por otra parte, son derechos del Sindicato: defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Ahora bien, bajo ese contexto, lo reclamado al Comité Ejecutivo del Sindicato y al Rector de la Universidad señalados como responsables, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que su actuar no está, en este caso, apoyado en el mandato de una norma general, sino que justamente se trata de las atribuciones derivadas de las obligaciones que tienen que cumplir, de conformidad a la Ley Orgánica y al contrato colectivo de trabajo en cita, esto es, la naturaleza del acto es de carácter laboral; de ahí el plano de igualdad en que se ubica el quejoso y dichas autoridades, esto es, en un plano de coordinación. Por lo que, el quejoso en cuanto miembro del sindicato y en cuanto presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia del Sindicato debe acudir ante el órgano jurisdiccional competente, tal como está previsto en el multireferido contrato colectivo de trabajo, para dirimir esa controversia. Por tanto, la intromisión por parte del Rector de la Universidad y la participación por parte del comité que califica como ilegítimo, no reviste el carácter para determinar que es un acto de autoridad y, por ende, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. No se soslaya el hecho que el quejoso señala como autoridades responsables al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado así como al Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, sin embargo no se advierte que previo al juicio de amparo haya acudido ante esas autoridades a ejercitar alguna acción con motivo del padrón que refiere tienen registrado, aunado, el acto que a estas les reclama lo hace depender de que no se le permitió el acceso a la asamblea de veintinueve agosto de dos mil veintidós, por parte del Comité Ejecutivo del Sindicato y por el Rector de la Universidad, actos que como ya se precisó en párrafos anteriores, no revisten el carácter de un acto de autoridad para efectos del amparo, por lo que no pueden ser materia de estudio en esta instancia constitucional. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación." 4. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Pretende cumplir prevención. Agréguese el escrito signado por Fernando Moreno González, por medio del cual, pretende cumplir con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Así, debe resaltarse que si bien, el quejoso cumple con los tres puntos de prevención, fue omiso en exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes, no obstante el apercibimiento que se le hizo en proveído de veintiuno pasado. En tales condiciones, no resulta procedente tenerlo cumpliendo con la prevención formulada, hasta en tanto exhiba cuatro copias más de su escrito de cumplimiento de prevención, pues únicamente exhibió cinco copias simples de éste -como se advierte del sello de registro estampado por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado-, cuando se requieren cuatro para las autoridades que señaló en su ocurso de cuenta como responsables, dos para emplazar a los terceros interesados, una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita1 , y dos para formar el incidente de suspensión, el cual se tramita por duplicado y cuerda separada, siendo necesarias cuatro más. 1 Época: Novena Época Registro: 163651 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 66/2010 Página: 43 DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo se advierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador. 05/02/23 10:12:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dd.ca JANETTE PÉREZ GARCÍA Máxime que en el presente caso, no opera la excepción que establece el precepto 110 de la ley de la materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 2. Se suspende el plazo concedido para cumplir con la prevención. Ahora bien, se suspende el plazo con el que cuenta la parte quejosa para cumplir con la prevención, en razón de que presentó su escrito el veintitrés de septiembre pasado, esto es, cuando aún no empezaba a correr el término concedido. En ese tenor, una vez que se realice la notificación del presente proveído y surta efectos dicha notificación, reanuda el término de cinco días con el que cuenta para cumplir adecuadamente con la prevención. Ello en términos de las jurisprudencias por contradicción 1a. /J. 39/2012 (10a.)2 y 2a. /J. 106/20033 , de rubros: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." y "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.". 2 Época: Décima Época Registro: 2000702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a. /J. 39/2012 (10a.) Página: 400 3 Época: Novena Época Registro: 182896 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 106/2003 En el entendido que de no acatarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Pretende cumplir prevención. Agréguese el escrito signado por Fernando Moreno González, por medio del cual, pretende cumplir con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Así, debe resaltarse que si bien, el quejoso cumple con los tres puntos de prevención, fue omiso en exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes, no obstante el apercibimiento que se le hizo en proveído de veintiuno pasado. En tales condiciones, no resulta procedente tenerlo cumpliendo con la prevención formulada, hasta en tanto exhiba cuatro copias más de su escrito de cumplimiento de prevención, pues únicamente exhibió cinco copias simples de éste -como se advierte del sello de registro estampado por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado-, cuando se requieren cuatro para las autoridades que señaló en su ocurso de cuenta como responsables, dos para emplazar a los terceros interesados, una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita1 , y dos para formar el incidente de suspensión, el cual se tramita por duplicado y cuerda separada, siendo necesarias cuatro más. 1 Época: Novena Época Registro: 163651 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 66/2010 Página: 43 DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo se advierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador. 05/02/23 10:12:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dd.ca JANETTE PÉREZ GARCÍA Máxime que en el presente caso, no opera la excepción que establece el precepto 110 de la ley de la materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 2. Se suspende el plazo concedido para cumplir con la prevención. Ahora bien, se suspende el plazo con el que cuenta la parte quejosa para cumplir con la prevención, en razón de que presentó su escrito el veintitrés de septiembre pasado, esto es, cuando aún no empezaba a correr el término concedido. En ese tenor, una vez que se realice la notificación del presente proveído y surta efectos dicha notificación, reanuda el término de cinco días con el que cuenta para cumplir adecuadamente con la prevención. Ello en términos de las jurisprudencias por contradicción 1a. /J. 39/2012 (10a.)2 y 2a. /J. 106/20033 , de rubros: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." y "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.". 2 Época: Décima Época Registro: 2000702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a. /J. 39/2012 (10a.) Página: 400 3 Época: Novena Época Registro: 182896 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 106/2003 En el entendido que de no acatarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
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