Fernando Zarate Delgado

Expediente 1532/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1532/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Zarate Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Fernando Zárate Delgado y Rosa Elena Mora Ledesma, por su propio derecho, y en representación de su hija menor de edad de iniciales D.F.Z.M., contra actos de la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica número cuarenta y ocho, con sede en Ario de Rosales, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1532/2023. 2. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ******************** gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, no así ********************. 8. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1532/2023, promovido por Fernando Zárate Delgado y Rosa Elena Mora Ledesma, por su propio derecho, y en representación de su hija menor de edad de iniciales ********************, contra actos de la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica número cuarenta y ocho, con sede en Ario de Rosales, Michoacán. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La expulsión de la menor de edad de iniciales ********************, de la Escuela Secundaria Técnica número cuarenta y ocho, con sede en Ario de Rosales, Michoacán, bajo el argumento de haber violado el reglamento interior de dicha institución educativa, al haber incurrido en una conducta calificada como grave. 4.1. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, sin que hayan señalado algún efecto en específico. 5. Interés suspensional. En el presente caso, se tiene por acreditado el interés suspensional, en virtud de que los aquí quejosos adjuntaron a su demanda el acta de nacimiento, con la que acreditan el entroncamiento con la menor de edad de iniciales ********************, así como la boleta de calificaciones de la menor, de la que se advierte que está inscrita a la institución educativa que aluden 6. Requisitos de la suspensión. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cierto, la parte promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. 7. Se concede suspensión. Atendiendo a la apariencia del buen derecho, y con el objeto de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo en el derecho que tienen los menores para recibir educación. Por tanto, a criterio de quien resuelve es suficiente para afirmar la apariencia de la violación alegada, pues al tratarse de una menor en edad escolar -trece años- debe privilegiarse su interés superior, lo que significa que en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. En el caso, se combate una decisión particular adoptada por el director responsable que afecta el derecho a la educación, lo que obliga a evaluarla en función del interés superior del niño y su derecho fundamental a la educación básica que el Estado Mexicano está obligado a garantizar de manera inmediata. Los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran un cúmulo de derechos y obligaciones respecto al tema de la educación, a saber: a) todas las personas tienen derecho a recibir educación de calidad; b) los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción, entre otras, de sus necesidades de educación; c) es deber de los ascendientes o tutores preservar ese derecho; d) el Estado debe proveer lo necesario para lograr el ejercicio pleno de los derechos de los menores; y, e) es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos cursen la educación básica y la media superior. Esto es, en estos preceptos se establecieron las directrices para salvaguardar el derecho humano a la educación de calidad y del que es titular toda persona, es decir, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o cualquier persona que se ubique en el territorio nacional y tenga las condicionantes de aquella titularidad. Por su parte, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser material y jurídicamente posible, restablecerá de manera provisional al quejoso en el goce del derecho violado; lo anterior es con el ánimo de respeto al Estado constitucional de derecho, ya que ha cambiado de forma tal la estructura estatal que, actualmente, la salvaguarda de los derechos de los particulares llega, incluso, hasta el extremo de que sea factible restituirlos provisionalmente en el goce de ellos, a través de una medida cautelar. En el caso, acontece de acuerdo a lo narrado por los promoventes bajo protesta de decir verdad, que desde el ciclo escolar anterior, la menor no asiste de forma presencial a la escuela, sino que sólo presenta sus tareas; empero, que no fue sino hasta principios del mes de noviembre del año que transcurre, qué fueron informados que la menor ya no tendría derecho a recibir educación en esa escuela derivado de la expulsión de la que fue objeto. En ese tenor, se tiene que es evidente que al no permitírsele a la menor tomar clases y asistir a la escuela de forma presencial, se encuentra en riesgo recibir educación de forma continua y eficaz, además a su desarrollo integral al impedirle implícitamente convivir con niños de su edad, ya que tomar clases de forma regular, entre otras cosas fomenta la integración a un sector del cual por su edad es parte. Es decir, este tipo de medidas tomadas a la menor quejosa, la excluye y segrega de sus demás compañeros de clase, lo cual por sí mismo, constituye un acto en contra del cual es dable el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que el director responsable -de forma inmediata- permita el ingreso a clases a la directa quejosa de iniciales ********************, en la Escuela Secundaria Técnica número cuarenta y ocho, con sede en Ario de Rosales, Michoacán, incluyendo la posibilidad de participar en ellas, elaborar y entregar trabajos y presentar exámenes para que, en caso de que se cumpla con los requisitos académicos aplicables, ésta pueda acceder a grados o cursos ulteriores, ello atendiendo a lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho humano a recibir educación, siempre y cuando no se comprometa la integridad y seguridad de la comunidad educativa de la institución escolar de que se trata, o que la medida adoptada haya sido con motivo de una circunstancia diversa a la narrada por los promoventes del juicio de amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 2a./J. 16/2010 (9a.), de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LOS EFECTOS DE LA QUE SE CONCEDE CONTRA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ORDEN DE NO VALIDAR LA INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COMPRENDEN LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR EXÁMENES Y, EN SU CASO, ACCEDER A GRADOS ULTERIORES. La orden de no validar la inscripción de un alumno en una institución educativa emitida por la autoridad competente, tiene como efecto impedirle a aquél que siga asistiendo a clases con todas las consecuencias que esa inasistencia provoca. Luego, los efectos de la suspensión que se conceda en contra de las consecuencias derivadas de dicha orden deben salvaguardar los derechos de los que gozaba el quejoso en su calidad de alumno antes de dicho acto y no únicamente algunos de ellos, sin que ello implique otorgar a la suspensión el carácter de constitutivo de derechos, pues es la materia de fondo del juicio de amparo el determinar si la inscripción es o no válida. Así, tales efectos no deben ser únicamente para que el quejoso tenga la posibilidad de asistir a clases sino que deben comprender, además, la posibilidad de participar en ellas, elaborar y entregar trabajos y presentar exámenes para que, en caso de que se cumpla con los requisitos académicos aplicables, él pueda acceder a grados o cursos ulteriores. Sostener lo contrario haría nugatoria la concesión del amparo que, en su caso, se llegara a conceder, pues si durante la tramitación del juicio de garantías concluyera el ciclo escolar el quejoso no podría aprobarlo y, en consecuencia, tendría que cursarlo nuevamente sin que la protección constitucional pudiera remediar esa situación. Cabe precisar que lo antes apuntado de ninguna manera implica que indefectiblemente deba concederse la suspensión cuando se reclamen los efectos de la orden relativa, toda vez que ello dependerá de que el juzgador, en cada caso, analice si están o no satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la tesis XI.1o.A.T.23 K (10a.), de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN BÁSICA. CONTRA LA DENEGACIÓN DE ACCESO A ÉSTE, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran un cúmulo de derechos y obligaciones respecto al tema de la educación, a saber: a) todas las personas tienen derecho a recibir educación de calidad; b) los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción, entre otras, de sus necesidades de educación; c) es deber de los ascendientes o tutores preservar ese derecho; d) el Estado debe proveer lo necesario para lograr el ejercicio pleno de los derechos de los menores; y, e) es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos cursen la educación básica y la media superior. Esto es, en estos preceptos se establecieron las directrices para salvaguardar el derecho humano a la educación de calidad y del que es titular toda persona, es decir, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o cualquier persona que se ubique en el territorio nacional y tenga las condicionantes de aquella titularidad. Por su parte, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser material y jurídicamente posible, restablecerá de manera provisional al quejoso en el goce del derecho violado; lo anterior es con el ánimo de respeto al Estado constitucional de derecho, ya que ha cambiado de forma tal la estructura estatal que, actualmente, la salvaguarda de los derechos de los particulares llega, incluso, hasta el extremo de que sea factible restituirlos provisionalmente en el goce de ellos, a través de una medida cautelar. Por tanto, procede conceder la suspensión provisional al menor de edad que fue inscrito oportunamente en una escuela primaria dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, pero que no recibe la educación básica por cuestiones ajenas a él y a sus ascendientes o tutores, para que las autoridades responsables -de forma inmediata- provean lo conducente para que continúe cursando el grado a que fue inscrito y, de ese modo, salvaguardar su derecho humano a la educación básica." Medida que estará vigente hasta en tanto, la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. Garantía. La suspensión concedida, surte efectos desde luego, sin necesidad de que la parte quejosa otorgue garantía, pues no se advierte que con la concesión de la misma se pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros, pues los efectos de la resolución reclamada sólo repercuten en los derechos de los menores de recibir educación, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo. 8. Copias certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias certificadas del presente auto. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 9. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental y tenerlas por recibidas en ese acto. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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