Enrique Tobías Salazar
Expediente 746/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Tobías Salazar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de agosto de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible. Finalmente, como quedó establecido en el citado auto de veintitrés de agosto de la presente anualidad, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Enrique Tobías Salazar, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia fotostática certificada de la demanda y demás constancias conducentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el Secretario encargado del despacho acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Efectivamente, el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: ". El acuerdo de fecha treinta y uno de julio del presente año dos mil diecisiete donde me desecha el recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Y de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que: 1. ************, promovió juicio mercantil contra ***********, del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número 181/2016. 2. En el auto de admisión el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado **********. 3. El tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 4. En veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, declaró la caducidad del juicio mercantil 181/2016, por inactividad procesal. 5. Inconforme con dicha determinación el actor ***********, promovió recurso de apelación. 6. El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, determinó desechar el recurso de apelación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que ahora constituye el acto reclamado. Por su parte, el artículo 1334 del Código de Comercio dispone: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ..." Ahora bien, en el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que contra el proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero Mercantil del distrito judicial de la Capital, que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora **********, dentro del juicio mercantil 181/2016, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece un medio de defensa ordinario, específicamente, el de revocación; por lo que, al no haberlo hecho valer la parte quejosa antes de comparecer al juicio de amparo, resulta palmario que se viola el principio de definitividad que prevé el citado precepto transcrito en el párrafo que antecede, lo que hace improcedente el juicio de garantías. Sin que dentro del presente juicio de amparo, proceda alguna de las excepciones a que se refiere el citado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de noviembre de dos mil al resolver la contradicción de tesis 43/2001-PS, visible en la página 138, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, del tenor y contenido siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Asimismo, la Tesis II.1o.9 C (10a.), visible en la página 2366, on registro 2007469, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." De igual forma, la tesis I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, ante la manifiesta causal de improcedencia antes analizada, procede, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, por notoriamente improcedente. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso Enrique Tobias Salazar hace consistir en: ". La sentencia de fecha veintisiete de junio del presente año dos mil diecisiete, donde se declara la caducidad de la instancia, dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016, que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, como en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, en la que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio mercantil 181/2016. Se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto al acto analizado en primer término, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Enrique Tobias Salazar, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Como lo solicita, ténganse por autorizados de su parte a los licenciados Bernardo Espino López y Rocío Salazar, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover, toda vez que no proporciona a este Juzgados los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Asteroides número 409, colonia Las Palmas en esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTO DE NOTIFICACIÓN PERONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el Secretario encargado del despacho acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Efectivamente, el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: ". El acuerdo de fecha treinta y uno de julio del presente año dos mil diecisiete donde me desecha el recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Y de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que: 1. ************, promovió juicio mercantil contra ***********, del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número 181/2016. 2. En el auto de admisión el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado **********. 3. El tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 4. En veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, declaró la caducidad del juicio mercantil 181/2016, por inactividad procesal. 5. Inconforme con dicha determinación el actor ***********, promovió recurso de apelación. 6. El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, determinó desechar el recurso de apelación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que ahora constituye el acto reclamado. Por su parte, el artículo 1334 del Código de Comercio dispone: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ..." Ahora bien, en el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que contra el proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero Mercantil del distrito judicial de la Capital, que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora **********, dentro del juicio mercantil 181/2016, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece un medio de defensa ordinario, específicamente, el de revocación; por lo que, al no haberlo hecho valer la parte quejosa antes de comparecer al juicio de amparo, resulta palmario que se viola el principio de definitividad que prevé el citado precepto transcrito en el párrafo que antecede, lo que hace improcedente el juicio de garantías. Sin que dentro del presente juicio de amparo, proceda alguna de las excepciones a que se refiere el citado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de noviembre de dos mil al resolver la contradicción de tesis 43/2001-PS, visible en la página 138, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, del tenor y contenido siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Asimismo, la Tesis II.1o.9 C (10a.), visible en la página 2366, on registro 2007469, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." De igual forma, la tesis I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, ante la manifiesta causal de improcedencia antes analizada, procede, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, por notoriamente improcedente. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso Enrique Tobias Salazar hace consistir en: ". La sentencia de fecha veintisiete de junio del presente año dos mil diecisiete, donde se declara la caducidad de la instancia, dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016, que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, como en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, en la que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio mercantil 181/2016. Se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto al acto analizado en primer término, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Enrique Tobias Salazar, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Como lo solicita, ténganse por autorizados de su parte a los licenciados Bernardo Espino López y Rocío Salazar, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover, toda vez que no proporciona a este Juzgados los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Asteroides número 409, colonia Las Palmas en esta ciudad de Zacatecas.
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