Enrique Sandoval Briones

Expediente 560/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
560/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Enrique Sandoval Briones

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de julio de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos exhibidos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; el escrito de demanda de amparo que promueve Enrique Sandoval Briones, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 560/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, Enrique Sandoval Briones reclama de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar laudo dentro del juicio ordinario laboral 608/2015; respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por ende, necesario es dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en tratándose de dilaciones procesales, como lo puede ser la omisión de una autoridad de acordar promociones o dictar resoluciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a. 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", en el sentido que tales actos no pueden ser considerados de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, porque se presenta justamente dentro de éste, de ahí que cuando se promueva juicio de amparo contra este tipo de actos, por regla general será notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Con relación a este criterio jurisprudencial, la propia Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), en la que estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que estableció que en tratándose de dilaciones procesales cuando se reclama una omisión a una autoridad laboral, como es el caso, deberán haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el plazo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. La jurisprudencia mencionada es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, resulta un hecho notorio para este juzgador, que Enrique Sandoval de la Torre, promovió juicio de amparo contra el mismo acto y autoridad que el que ahora se promueve, el cual correspondió conocer a este juzgado y se radicó bajo el número 292/2019; en dicho juicio el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el mismo, en razón a que no existía una omisión de la autoridad responsable para dictar laudo dentro del expediente laboral 608/2015, pues en lo que aquí interesa, se dijo que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción en dicho juicio, mientras que la demanda de amparo se había presentado el veintiocho de marzo de la presente anualidad (páginas cuatro y cinco de la sentencia dictada en el juicio de amparo 292/2019). No obsta que la sentencia mencionada no se agregue en copia certificada al presente juicio como sustento de lo dicho, porque la misma se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) al cual se tiene acceso, de ahí que su contenido constituya un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, como se dijo, la autoridad responsable Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral 608/2015 el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece que una vez cerrada la instrucción, la junta cuenta con un término de diez días (hábiles) para fallar; entonces, ese término comenzó el veintidós de mayo siguiente y concluyó el cuatro de junio de dos mil diecinueve; entonces, a partir de esta última fecha comenzó la dilación procesal de la autoridad responsable al no dictar el laudo y a la fecha que se dicta este auto, no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como término máximo para considerar que ha habido una paralización total del procedimiento, de ahí que en estricto apego al contenido del criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de observancia obligatoria para este resolutor en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión de dictar laudo que en vía constitucional se pretende combatir, no es un acto de ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos del quejoso, sino adjetivos o intraprocesales, pues se insiste, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días naturales entre el cuatro de junio de dos mil diecinueve, último día en que la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje tuvo para fallar en el juicio laboral 608/2015 y el dos de julio de dos mil diecinueve, en que se presentó demanda de amparo, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Sandoval de la Torre, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle San José, número ciento cuatro (104), Fraccionamiento San Fernando, en Zacatecas, Zacatecas; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Fabián Calderón Soto, Carlos González Ramírez e Indira Rodríguez García.

  3. Principal

    publico auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el escrito de demanda de amparo que promueve Enrique Sandoval Briones, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 560/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, Enrique Sandoval Briones reclama de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar laudo dentro del juicio ordinario laboral 608/2015; respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por ende, necesario es dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en tratándose de dilaciones procesales, como lo puede ser la omisión de una autoridad de acordar promociones o dictar resoluciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a. 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", en el sentido que tales actos no pueden ser considerados de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, porque se presenta justamente dentro de éste, de ahí que cuando se promueva juicio de amparo contra este tipo de actos, por regla general será notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Con relación a este criterio jurisprudencial, la propia Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), en la que estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que estableció que en tratándose de dilaciones procesales cuando se reclama una omisión a una autoridad laboral, como es el caso, deberán haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el plazo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. La jurisprudencia mencionada es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, resulta un hecho notorio para este juzgador, que Enrique Sandoval de la Torre, promovió juicio de amparo contra el mismo acto y autoridad que el que ahora se promueve, el cual correspondió conocer a este juzgado y se radicó bajo el número 292/2019; en dicho juicio el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el mismo, en razón a que no existía una omisión de la autoridad responsable para dictar laudo dentro del expediente laboral 608/2015, pues en lo que aquí interesa, se dijo que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción en dicho juicio, mientras que la demanda de amparo se había presentado el veintiocho de marzo de la presente anualidad (páginas cuatro y cinco de la sentencia dictada en el juicio de amparo 292/2019). No obsta que la sentencia mencionada no se agregue en copia certificada al presente juicio como sustento de lo dicho, porque la misma se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) al cual se tiene acceso, de ahí que su contenido constituya un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, como se dijo, la autoridad responsable Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral 608/2015 el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece que una vez cerrada la instrucción, la junta cuenta con un término de diez días (hábiles) para fallar; entonces, ese término comenzó el veintidós de mayo siguiente y concluyó el cuatro de junio de dos mil diecinueve; entonces, a partir de esta última fecha comenzó la dilación procesal de la autoridad responsable al no dictar el laudo y a la fecha que se dicta este auto, no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como término máximo para considerar que ha habido una paralización total del procedimiento, de ahí que en estricto apego al contenido del criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de observancia obligatoria para este resolutor en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión de dictar laudo que en vía constitucional se pretende combatir, no es un acto de ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos del quejoso, sino adjetivos o intraprocesales, pues se insiste, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días naturales entre el cuatro de junio de dos mil diecinueve, último día en que la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje tuvo para fallar en el juicio laboral 608/2015 y el dos de julio de dos mil diecinueve, en que se presentó demanda de amparo, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Sandoval de la Torre, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle San José, número ciento cuatro (104), Fraccionamiento San Fernando, en Zacatecas, Zacatecas; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Fabián Calderón Soto, Carlos González Ramírez e Indira Rodríguez García.

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