Enrique Tobias Salazar

Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
876/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Enrique Tobias Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta, se acuerda: Por recibido el oficio de cuenta, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en Zacatecas, capital, remitió testimonio de la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja civil 35/2018, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por el licenciado *******, contra el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- El recurso de queja es infundado". Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; y, hecha la notificación del presente auto archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De igual forma, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    PUBLICO AUTO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON EFECTOS DE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio y anexo de cuenta, se acuerda: Por recibido el oficio de cuenta, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en Zacatecas, capital, remitió testimonio de la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja civil 35/2018, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por el licenciado *******, contra el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- El recurso de queja es infundado". Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; y, hecha la notificación del presente auto archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De igual forma, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por *****, por su propio derecho, contra actos del Banco Mercantil del Norte S.A., plaza 9589, Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, se acuerda: Con relación a la demanda, se precisa que el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, 5°, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. Por tanto, es necesario determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual el trascrito artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de este último aspecto, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (garantías individuales). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales y los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional, por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Así las cosas, si el quejoso reclama del Banco Mercantil del Norte S.A., plaza 9589, Zacatecas, así como de su gerente, sub gerente y empleado o empleada de dicha institución bancaria, el tomar, agarrar, quitar, mover, despojar, la cantidad de cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N., lo que narra detalladamente en los antecedentes de su escrito de demanda, debe decirse que se trata de una relación contractual entre particulares, de tal suerte que resulta improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. En consecuencia, este Juzgado Federal, considera que el señalamiento que hace el quejoso de autoridades responsables Banco Mercantil del Norte S.A., plaza 9589, Zacatecas, así como de su gerente, sub gerente y empleado o empleada de dicha institución bancaria, no se ubican en el supuesto de aplicación del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Basta diferenciar que existen actos de los particulares que provienen no sólo de personas físicas o morales de carácter privado, sino también de entidades sociales o públicas cuando éstas últimas no desempeñan el derecho de imperio (ius imperio), sino el derecho de gestión (ius gestionis) ya que en éstos últimos, carecen de los elementos característicos de los actos de autoridad, aun cuando en virtud de los mismos, pudieran causar lesiones de cualquier índole a un particular con el que han contratado, que le puede ser reclamada por una vía distinta a la constitucional que intenta la quejosa con su demanda de garantías. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo, que rinde la autoridad responsable Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado; con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la responsable, se tienen como delegados de su parte, en términos de la parte final del artículo 9, de la Ley de Amparo, a quienes refiere en su oficio y como autorizados para oír y recibir notificaciones a los que menciona. Se tiene por ofrecida y exhibida la prueba documental que adjunta la autoridad responsable a su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; con ellas, hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto tenga verificativo, en términos de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que se encuentran señaladas las doce horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio; y, el informe que se recibe no es puesto a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para la fecha a que se ha hecho referencia y, en su lugar se fijan las once horas con dieciséis minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, para su verificativo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano