Enriqueta Soto Mireles

Expediente 790/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
790/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Enriqueta Soto Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enriqueta Soto Mireles, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en materia de pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Zacatecas, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, acorde a los razonamientos y fundamentos que quedaron plasmados en el correlativo sexto de la misma. SEGUNDO. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que el quejoso le dio el carácter de autoridad responsable a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacaecas; y, que al efecto los artículos 1°, fracción I, 5°, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; ." Además, el quejoso señala como autoridades responsables a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Norte Centro IV y Auxiliar en materia de Pensiones Civiles y Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacatecas. Y, los actos reclamados los hace consistir en: ". La Resolución dictada en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve del recurso de queja presentado por la parte Actora material, en fecha 1 de julio de 2019 y notificado al suscrito, por Boletín Jurisdiccional en fecha 11 de septiembre de 2019, todo esto dentro del expediente marcado con el número 290/18-23-01-7. El oficio NO. D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/2059/2019 mediante el cual dizque da cumplimiento a la sentencia dictada en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho por parte de la SALA REGIONAL NORTE CENTRO IV Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES. El pago retroactivo de las diferencias generadas por el incremento a dicha cuota pensionaria, respecto de los 5 años anteriores al reclamo de los incrementos de mérito, esto es a partir del 20 de abril de 218 (fecha en que se presentó su solicitud de incrementos a la cuota pensionaria ante la autoridad demandada, esto es, el momento en que se hicieron exigibles dichas diferencias), hasta la fecha en que se dé cumplimento la sentencia." De lo que se advierte que los actos que por esta vía se reclaman lo constituyen la resolución dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, relativa al recurso de queja presentado dentro del expediente marcado con el número 290/18-23-01-7, el oficio número D.E.Z./S.P./D.P.S.H./CS/2059/2019 y el pago retroactivo de las diferencias generadas por el incremento a la cuota pensionaria, respecto de los cinco años anteriores al reclamo de los incrementos de mérito, esto es a partir del veinte de abril de dos mil dieciocho y hasta la fecha en que se dé cumplimento la sentencia. Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Zacatecas, se advierte que el acto reclamado deriva del expediente 290/18-23-01-7, promovido por Enrique Soto Mireles, contra la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a través de la Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones. De igual forma, cabe precisar que dentro de las relaciones jurídicas reguladas por el derecho se encuentran las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras de ellas -coordinación- son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, en las que para dirimir las controversias que entre ellos se suscitan es necesario acudir ante los tribunales ordinarios. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órgano del Estado. Por último las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, mismas que se dan en un plano de igualdad entre ellos, en un ámbito superior al de los particulares. En esta tesitura, las relaciones susceptibles de ser sometidas a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo son las llamadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por tanto, los actos de autoridad para los efectos de la procedencia de amparo se distinguen por: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b). Que esa relación tiene su nacimiento en una ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c). Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera del particular. d). Que para emitir esos actos, no se requiere acudir a los órganos judiciales ni se precisa el consenso de la voluntad del afectado. Tiene apoyo a la anterior conclusión, la tesis 2a. CCIV/2001, Novena Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Adecuando lo expuesto al caso que nos ocupa, es indudable que en el mismo no se da esa relación de supra a subordinación para que pueda considerarse a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacatecas, como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, toda vez que como antes se indicó, ésta tiene el carácter de parte demandada dentro del expediente 290/18-23-01-7, relativo a la nulidad de la resolución negativa ficta, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, respecto de la solicitud de Enrique Soto Mireles al Delegado Estatal de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del incremento de su pensión y el pago de diferencias en la misma, relativa a la gratificación anual, así como el concepto de ajuste de calendario; ante la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Zacatecas; por ende, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de esta última, con el único fin de regularizar el procedimiento, es pertinente establecer que no se tiene como autoridad responsable a la antes señalada. Sin embargo, conforme al artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, es pertinente establecer que le asiste el carácter de tercera interesada a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacatecas; por tanto, a fin de emplazar a juicio a la citada tercera interesada con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, gírese oficio con los insertos necesarios. Para dar oportunidad a lo anteriormente ordenado, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con la documental exhibida por la responsable como soporte de su informe justificado; la presuncional en su doble aspecto en todo lo que beneficie a la suscrita autoridad y la instrumental de Actuaciones en todo lo que favorezca a la suscrita autoridad; hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados de su parte a los Licenciados Isaías Trinidad Zacarías, Ángel de Jesús Simental García, Rocío Elena Benítez Bermúdez, Moisés Carrillo Dorado y Alejandro García Carrizosa, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, asimismo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que refiere dicho informe.

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