Enrique Tobías Salazar
Expediente 839/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Tobías Salazar
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del amparo directo civil 1090/2017-5 del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se desprende que acusa recibo del oficio 33701/2017, del índice de este juzgado, de dieciséis del presente mes y año; y, que asumió la competencia planteada por este juzgado, en relación a la demanda de amparo promovida por Enrique Tobías Salazar, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o en copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, como quedó establecido en el citado auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa, promovido por *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, así como las cinco copias simples de la demanda de amparo que exhibió juntamente con su escrito inicial de demanda, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia fotostática certificada de la demanda y demás constancias conducentes. En la inteligencia que en once de septiembre de dos mil diecisiete, con el oficio 29957/2017, le fue remitido el diverso expediente 746/2017, del índice de este juzgado, en el cual el propio quejoso reclamaba el mismo acto, el que fue registrado como amparo directo civil 957/2017-2, de su índice.
- Incidental
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo promovida por Enrique Tobias Salazar, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el Juez acuerda: Por tanto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que el quejoso hace consistir los actos reclamados en: ". El acuerdo de fecha seis de julio del presente año dos mil diecisiete donde me desecha el recurso de revocación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." ". El acuerdo de fecha treinta y uno de julio del presente año dos mil diecisiete, donde me desecha el recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Enrique Tobias Salazar, promovió juicio mercantil contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número 181/2016. 2. En el auto de admisión el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado Daniel Eduardo Barraza Montelongo. 3. El tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 4. En veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, declaró la caducidad del juicio mercantil 181/2016, por inactividad procesal. 5. Inconforme con dicha determinación el actor Enrique Tobias Salazar, promovió recurso de revocación. 6. El seis de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, desechó el recurso de revocación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que ahora constituye uno de los actos reclamados. 7. De igual forma Enrique Tobias Salazar, promovió recurso de apelación contra la determinación de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que declaró la caducidad de la instancia del juicio mercantil 181/2016. 8. El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, desechó el recurso de apelación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que constituye el diverso acto reclamado. 9. Inconforme con la anterior determinación Enrique Tobias Salazar, promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándolo bajo el número 746/2017-II. 10. Analizada que fue la demanda que dio origen al juicio de amparo 746/2017-II, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se determinó desechar por una parte la misma y por otra, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda ,respecto al diverso acto reclamado (sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que declara la caducidad de la instancia, del expediente 181/2016), ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado. Ahora bien, es incuestionable que desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, el hoy quejoso Enrique Tobias Salazar, tuvo conocimiento de los autos pronunciados por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dentro del juicio mercantil 181/2016, promovido por el aquí quejoso contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, en que se le desecharon los recursos de revocación y de apelación, cuyas determinaciones constituyen los actos reclamados. No obsta a lo anterior, la manifestación que realiza el quejoso en el punto cuarto del capítulo de hechos de su escrito de demanda, en el sentido: "IV.- Día de notificación o cuando me entere de los actos combatidos, el día veintiuno de septiembre del presente año 2017, me entere de los actos ahora combatidos, y eso porque revise personalmente el expediente 181/2016, en el local que ocupa el Juzgado Tercero de lo Mercantil de la Capital, ya que dichos actos a la fecha no se me han notificado de manera personal.". Y se sostiene que el aquí quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, en atención a que así lo señala en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 746/2017-II, al expresar en el punto cuarto del capítulo de hechos del acto reclamado: "IV.- Día de notificación o cuando me entere de los actos combatidos, el día primero de agosto del presente año 2017, me entere de los actos ahora combatidos, y eso porque revise personalmente el expediente 181/2016, en el local que ocupa el Juzgado Tercero de lo Mercantil de la Capital.", (que ahora constituyen el acto reclamado). Así las cosas, considerando que desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, el aquí quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los acuerdos pronunciados por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dentro del juicio mercantil 181/2016, promovido por Enrique Tobias Salazar contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, en que se le desecharon los recursos de revocación y de apelación, según se advierte del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del juicio de amparo 746/2017-II, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas; tuvo conocimiento de los autos que ahora reclama; y que la demanda de amparo se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, treinta y seis días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, febrero mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la tesis, visible en la página doscientos treinta y cinco, XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el referido expediente 746/2017-II, se toma como elemento de prueba, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el referido quejoso Enrique Tobias Salazar, por propio derecho, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el juez puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance, máxime si se advierte de la existencia de pruebas que tienen una estrecha e íntima vinculación con los hechos materia de la investigación, éstos pueden y deben ser estimadas por el Juez del amparo. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que aplicada en lo conducente, dice: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida Enrique Tobias Salazar, con apoyo en el artículo 13 del propio ordenamiento legal. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso Enrique Tobias Salazar hace consistir en: ". La sentencia de fecha veintisiete de junio del presente año dos mil diecisiete, donde se declara la caducidad de la instancia, dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016, que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, como en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, en la que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio mercantil 181/2016. Se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto al acto analizado en primer término, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Enrique Tobias Salazar, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Como lo solicita, ténganse por autorizados de su parte a los licenciados Bernardo Espino López y Rocío Salazar, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover, toda vez que no proporciona a este Juzgados los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Asteroides número 409, colonia Las Palmas en esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Enrique Tobias Salazar, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el Juez acuerda: Por tanto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que el quejoso hace consistir los actos reclamados en: ". El acuerdo de fecha seis de julio del presente año dos mil diecisiete donde me desecha el recurso de revocación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." ". El acuerdo de fecha treinta y uno de julio del presente año dos mil diecisiete, donde me desecha el recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016 y que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Enrique Tobias Salazar, promovió juicio mercantil contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número 181/2016. 2. En el auto de admisión el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado Daniel Eduardo Barraza Montelongo. 3. El tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 4. En veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, declaró la caducidad del juicio mercantil 181/2016, por inactividad procesal. 5. Inconforme con dicha determinación el actor Enrique Tobias Salazar, promovió recurso de revocación. 6. El seis de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, desechó el recurso de revocación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que ahora constituye uno de los actos reclamados. 7. De igual forma Enrique Tobias Salazar, promovió recurso de apelación contra la determinación de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que declaró la caducidad de la instancia del juicio mercantil 181/2016. 8. El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, desechó el recurso de apelación, interpuesto por Enrique Tobias Salazar; lo que constituye el diverso acto reclamado. 9. Inconforme con la anterior determinación Enrique Tobias Salazar, promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándolo bajo el número 746/2017-II. 10. Analizada que fue la demanda que dio origen al juicio de amparo 746/2017-II, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se determinó desechar por una parte la misma y por otra, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda ,respecto al diverso acto reclamado (sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que declara la caducidad de la instancia, del expediente 181/2016), ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado. Ahora bien, es incuestionable que desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, el hoy quejoso Enrique Tobias Salazar, tuvo conocimiento de los autos pronunciados por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dentro del juicio mercantil 181/2016, promovido por el aquí quejoso contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, en que se le desecharon los recursos de revocación y de apelación, cuyas determinaciones constituyen los actos reclamados. No obsta a lo anterior, la manifestación que realiza el quejoso en el punto cuarto del capítulo de hechos de su escrito de demanda, en el sentido: "IV.- Día de notificación o cuando me entere de los actos combatidos, el día veintiuno de septiembre del presente año 2017, me entere de los actos ahora combatidos, y eso porque revise personalmente el expediente 181/2016, en el local que ocupa el Juzgado Tercero de lo Mercantil de la Capital, ya que dichos actos a la fecha no se me han notificado de manera personal.". Y se sostiene que el aquí quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, en atención a que así lo señala en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 746/2017-II, al expresar en el punto cuarto del capítulo de hechos del acto reclamado: "IV.- Día de notificación o cuando me entere de los actos combatidos, el día primero de agosto del presente año 2017, me entere de los actos ahora combatidos, y eso porque revise personalmente el expediente 181/2016, en el local que ocupa el Juzgado Tercero de lo Mercantil de la Capital.", (que ahora constituyen el acto reclamado). Así las cosas, considerando que desde el primero de agosto de dos mil diecisiete, el aquí quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los acuerdos pronunciados por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dentro del juicio mercantil 181/2016, promovido por Enrique Tobias Salazar contra Daniel Eduardo Barraza Montelongo, en que se le desecharon los recursos de revocación y de apelación, según se advierte del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del juicio de amparo 746/2017-II, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas; tuvo conocimiento de los autos que ahora reclama; y que la demanda de amparo se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, treinta y seis días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, febrero mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la tesis, visible en la página doscientos treinta y cinco, XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el referido expediente 746/2017-II, se toma como elemento de prueba, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el referido quejoso Enrique Tobias Salazar, por propio derecho, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el juez puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance, máxime si se advierte de la existencia de pruebas que tienen una estrecha e íntima vinculación con los hechos materia de la investigación, éstos pueden y deben ser estimadas por el Juez del amparo. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que aplicada en lo conducente, dice: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida Enrique Tobias Salazar, con apoyo en el artículo 13 del propio ordenamiento legal. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso Enrique Tobias Salazar hace consistir en: ". La sentencia de fecha veintisiete de junio del presente año dos mil diecisiete, donde se declara la caducidad de la instancia, dictada dentro del expediente mercantil marcado con el número 181/2016, que se está tramitando en el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital." Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, como en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, en la que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio mercantil 181/2016. Se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto al acto analizado en primer término, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Enrique Tobias Salazar, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Como lo solicita, ténganse por autorizados de su parte a los licenciados Bernardo Espino López y Rocío Salazar, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, mas no así para promover, toda vez que no proporciona a este Juzgados los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Asteroides número 409, colonia Las Palmas en esta ciudad de Zacatecas.
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