Eliseo Martínez Acevedo
Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliseo Martínez Acevedo
- Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Eliseo Martínez Acevedo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de julio del año en curso. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como actos reclamados: El auto emitido el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente POSI 76/2019, dentro del expediente de ejecución de sanciones, en el que la autoridad responsable se pronunció en torno a la ejecución de la sentencia definitiva tendiente a restituirle de manera real, material y definitiva el inmueble materia del despojo. En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Ahora bien, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que contra las determinaciones de trámite realizadas por la autoridad respecto al cumplimiento de la sentencia, serán impugnadas a través del recurso de revocación; de ahí válidamente se puede concluir que el quejoso previo a acudir a la instancia constitucional debió agotar el medio de defensa aludido. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Medio de defensa que no fue interpuesto por el quejoso. Bajo ese contexto, si la determinación reclamada puede ser impugnada ante el mismo Juez de Ejecución de Sanciones Penales, a través del recurso de revocación, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFIA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DOS DE AGOSTO DELDOS MIL VEINTITRES QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Eliseo Martínez Acevedo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de julio del año en curso. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como actos reclamados: El auto emitido el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente POSI 76/2019, dentro del expediente de ejecución de sanciones, en el que la autoridad responsable se pronunció en torno a la ejecución de la sentencia definitiva tendiente a restituirle de manera real, material y definitiva el inmueble materia del despojo. En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Ahora bien, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que contra las determinaciones de trámite realizadas por la autoridad respecto al cumplimiento de la sentencia, serán impugnadas a través del recurso de revocación; de ahí válidamente se puede concluir que el quejoso previo a acudir a la instancia constitucional debió agotar el medio de defensa aludido. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Medio de defensa que no fue interpuesto por el quejoso. Bajo ese contexto, si la determinación reclamada puede ser impugnada ante el mismo Juez de Ejecución de Sanciones Penales, a través del recurso de revocación, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eliseo Martínez Acevedo, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 981/2023. 2. Prevención. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción IV, y 114, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computado, por escrito, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. De forma clara y sucinta narre los antecedentes cronológicos que dieron origen al acto reclamado; así como el contenido preciso del auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, que señala como el acto violatorio de derechos constitucionales; toda vez que a fin de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, resulta necesario fijar la Litis constitucional. Se hace la prevención que antecede pues no se tiene la certeza de si el acto reclamado constituye un omisión o negativa por parte de la autoridad responsable, de tal forma que es necesario tener la certeza sobre los hechos que dieron origen al mismo así como su contenido, sobre todo para efecto de estar en condiciones de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre la suspensión del acto reclamado. 3. Apercibimiento. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado y de no acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene razón de ser en que si la promovente incurre en falsedad, se hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la parte quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así por lo que ve a ******************** y ********************, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ello. 5. Copias simples. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias simples a que alude; previo recibo que se deje en autos para constancia, haciendo entrega de las mismas por conducto de las personas que refiere. 6. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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