Eliza Díaz Hernández
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliza Díaz Hernández
- Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo de constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual acusa recibo del oficio 6337/2021, mediante el cual se le remitió el tomo de prueba que se formó con las constancias que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con el toca I-26/2020, que remitió el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, como complemento de su informe justificado, en razón de que inicialmente la demanda fue presentada como amparo directo; por tanto, se ordena su devolución, solicitando el acuse de recibo de estilo. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Compensación de cargas. Téngase por recibido el oficio de cuenta OCC/C11/JDM/84/2021, enviado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que efectuó la compensación de cargas ordenada en auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, como se justifica con la papeleta que anexó para tal efecto. Reimpresión oficio. Ahora bien, vista la certificación que antecede, se advierte que el oficio 4382/2021, no ha sido notificado a su destinatario, pese a que fue entregado a la sección de actuaría de este órgano jurisdiccional, el cual, a su vez, fue turnado al actuario Martín Adolfo Madrigal Reynoso; por lo cual, esta Juzgadora Federal ordena su reimpresión y, por ende, se comisiona a los Actuarios de la adscripción, a efecto de que realicen la notificación del citado comunicado. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado el veintiséis de febrero pasado, hace llegar el tres copias del escrito inicial de demanda, el escrito original de cumplimiento de prevención presentado por la parte quejosa, así como el toca I-26/2020. Acúsese recibo. AVOCAMIENTO. Por actualizarse el supuesto de conocimiento previo, este juzgado acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Elisa Díaz Hernández, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. COMPENSACIÓN DE DEMANDA. Hágase del conocimiento del Titular de la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, con copia del oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, para que realice la compensación correspondiente. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Elisa Díaz Hernández, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca I-26/2020, que confirmó la interlocutoria de ocho de julio de dos mil veinte, dictada por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en la que declaró infundada la excepción de litispendencia planteada dentro del incidente respectivo relativo al juicio ordinario civil 939/2019, sobre acción plenaria de posesión, promovido por Martha Alicia Tafolla Herrera, Ulises Manuel Díaz Tafolla ó Ulises M. Díaz ó Úlises Manuel Díaz, Juan Martín Díaz Tafolla, Manuel Díaz Tafolla y Maritza Díaz o Maritza Díaz Tafolla. Para una mayor comprensión del presente asunto, resulta necesario realizar una breve narrativa de antecedentes que bajo protesta de decir verdad realiza la quejosa: El veintiuno de enero de dos mil veinte, fue notificada y emplazada la aquí quejosa al juicio ordinario civil 939/2019 sobre acción real restitutoria o plenaria de posesión, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en La Piedad, Michoacán, promovido por el apoderado legal de Martha Alicia Tafolla Herrera, Ulises Manuel Díaz Tafolla ó Ulises M. Díaz ó Úlises Manuel Díaz, Juan Martín Díaz Tafolla, Manuel Díaz Tafolla y Maritza Díaz o Maritza Díaz Tafolla. Que en el juicio de origen se le demanda la entrega real y material de la posesión de la finca urbana ubicada en la calle Lázaro Cárdenas número 157 de Penjamillo, Michoacán, derivado de la protocolización y adjudicación del juicio sucesorio intestamentario 153/2018 a bienes de María Consuelo Hernández Sánchez y/o Consuelo Hernández Sánchez, promovido por Manuel Díaz Hernández, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en La Piedad, Michoacán. Al dar contestación a la demanda, la aquí quejosa opuso la excepción de litispendencia, al considerar que el juicio ordinario civil 939/2019 y el juicio de amparo 339/2019 -del índice de este juzgado- que promovió de manera conjunta con Guadalupe Díaz Hernández, Juan Díaz Hernández, Teresa Díaz Hernández, Guillermina Díaz Hernández, Raquel Díaz Hernández Celia Díaz Hernández, contra la falta de emplazamiento al juicio intestamentario 153/2018; al considerar que tienen su fundamento en la misma sucesión y de concederse el amparo el efecto de la sentencia sería dejar insubsistente todo lo actuado en el aludido juicio sucesorio. Seguidos los trámites del incidente de litispendencia planteado, el ocho de julio de dos mil veinte, se dictó sentencia interlocutoria, declarando infundada la excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento; inconforme con la determinación promovió recurso de apelación del que conoció la Octava Sala Civil, quien lo registró bajo el toca I-26/2020, recurso que fue resuelto el cuatro de septiembre de dos mil veinte, declarando infundado el único agravio expresado y confirmando la resolución interlocutoria. Siendo esta última determinación el acto aquí reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe analizarse la demanda de amparo en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución General de la República, así como en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En relación con los "actos de imposible reparación", es oportuno traer a cuenta que en la anterior Ley de Amparo, es decir, la que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se definía el significado de esa connotación, como sí se hace en el nuevo ordenamiento legal que rige la promoción, tramitación y resolución de los juicios de amparo. Como consecuencia de esa falta de precisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, tuvo la necesidad de interpretar el contenido de la anterior Ley de Amparo con el fin de delimitar los alcances del concepto relativo a la imposibilidad de la reparación, lo cual hizo sobre la base de dos referentes específicos, a saber: En el primero de dichos supuestos, identificó a los actos de imposible reparación, como elemento indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, como aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos constitucionales del gobernado previstas en la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera; al grado de que esa afectación no fuera susceptible de repararse por el hecho de que el quejoso obtuviera una sentencia favorable en el juicio, virtud a haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental respectivo. Por su parte, la segunda hipótesis de procedencia de amparo indirecto, se implementó para aquellos casos en los que existiera una violación a derechos adjetivos o en el procedimiento de origen, causando a las partes una afectación exorbitante en grado predominante o superior, en cuyo caso, tendría que valorarse de manera objetiva la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el juicio, tomando en cuenta si concurrían circunstancias de gran trascendencia que implicaran una situación relevante o de ventaja para alguna de las partes dentro del procedimiento, de cuya decisión dependiera la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las derechos esenciales del quejoso, o bien porque llevara inmersa la posibilidad de evitar su desarrollo ocioso e innecesario. En ambos casos -sostuvo el Pleno de la Corte- podía acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dictara el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues las consecuencias de la violación cometida eran de tal magnitud que ni aun cuando el quejoso obtuviera sentencia favorable desaparecerían, según lo revelan las jurisprudencias de los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPAROINDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, en la actualidad el concepto de imposible reparación ya no puede ser entendido de la misma manera, fundamentalmente, en lo que respecta a la posibilidad de impugnar mediante el amparo indirecto violaciones de naturaleza adjetiva o procesal, porque en la nueva Ley de Amparo se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual quiere decir que conforme al nuevo esquema regulatorio, para que los actos reclamados en un juicio de amparo revistan esa connotación, es indispensable que afecten o impidan de manera actual o inmediata el ejercicio de un derecho sustantivo. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución que confirma la sentencia interlocutoria de ocho de julio de dos mil veinte, que declaró infundada la excepción de litispendencia. Por lo tanto ésta actuación, al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que esas violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían transgresiones procesales, pues sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, pues si bien, lo que pretende la quejosa a través de la excepción de litispendencia es evitar que se tramiten dos juicios sobre el mismo litigio, y que existieran sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema, obligándola a defenderse en dos procesos diversos, tal afectación, no trasgrede derechos sustantivos que hagan procedente el juicio de amparo indirecto, pues al haberse declarado infundada la excepción de litispendencia y ordenarse se continúe con el juicio de origen por sus instancia legal, únicamente origina que se desarrolle el juicio y en su momento procesal oportuno se dicte sentencia, la que incluso puede ser en favor de los intereses de la quejosa. Apoya lo anterior y en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV, página 2251, Quinta Época, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, EFECTOS DEL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia sólo tiene el carácter de dilatoria, y su único objeto es el de acumular los dos procedimientos a los que se atribuye el mismo contenido, para que se resuelvan en la misma sentencia, por lo que el rechazamiento de tal excepción, no produce una violación que pueda reclamarse en el juicio de garantías, porque si se concediera el amparo, la protección constitucional no podría tener otro objeto que el de que el procedimiento de las dos controversias se repusiera para resolverlas después en una misma sentencia, que podría tener el mismo sentido, y si se tiene en cuenta que las partes en cada negocio han tenido todas las garantías y defensas que las leyes les otorguen, es indudable que en el caso de existir una violación procesal, no produciría un estado de indefensión, que es el requisito indispensable para la procedencia del amparo, al proponerse la demanda contra la sentencia definitiva." Ahora bien, a diferencia de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, en su artículo 114, fracción IV, la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, sí establece qué actos son de imposible reparación; a saber, aquéllos que afectan derechos sustantivos. Bajo ese panorama, las violaciones procesales ya no son factibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que éstas no son de ejecución irreparable, entendiéndose como tal la vulneración de derechos sustantivos, con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que deben observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos. Lo anterior en virtud que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que sin duda, ya fue asignado por el legislador, sin permitir más connotación que la literal. Encuentra apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39, Décima Época, que a continuación se cita: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior, toda vez que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el artículo 107, fracción V, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. Por tal motivo, las violaciones procesales que sólo produzcan una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ya que tal instancia se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, de entre los que no se encuentra el acto que por esta vía se combate. En sustento a lo señalado se cita la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 1539, Décima Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." No pasa inadvertido lo establecido en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 33/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página 111, Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA. SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE DECLARA FUNDADA DICHA EXCEPCIÓN.", pues la misma no es aplicable al caso, dado que este supuesto se establece cuando de resultar procedente la excepción, traería como consecuencia la terminación del juicio, caso en el cual, tendría que ser analizado en amparo directo al dar por concluido el asunto; lo que en la especie no acontece, pues el único efecto de haber declarado improcedente la aludida excepción, y ordenar la continuación del juicio, sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De igual manera, no resulta óbice el criterio aislado III.2o.C.6 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro "LITISPENDENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO.", el cual tiene como fundamento el principio de economía procesal y evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema, aspectos que como ya se dijo, solo constituirían transgresiones procesales, pues sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. SE FORMA TOMO DE PRUEBA. Con las constancias que acompañó el Juzgado declinante, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Leticia Saldaña Navarro y Alicia Ramírez Hernández, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos no así de los diversos José Ramírez España y Rodolfo Guadalupe Alvarado Solorio, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario "Aliciaramlic"; consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva con el nombre de usuario proporcionado por el quejoso. Asimismo, como lo solicita, comisiónese al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que realice las notificaciones de manera electrónica. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese en línea a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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