Elizabet Marin Múñoz
Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabet Marin Múñoz
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. 1. Juzgado se avoca al conocimiento. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional acepta el returno para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, la cual dio origen al expediente en que se actúa, misma que registró bajo el número de amparo ********************/2022, de su índice. 1. Causa estado. Visto el estado de autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que no fue impugnado el auto que por un lado realizó separación de juicios y por otro desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, incisos b), i) y d), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.CLFS/AEAA/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós Cumple prevención. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Elizabet Marín Muñoz, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós y manifiesta que el veinte de noviembre del año en curso se enteró de que sus hermanos tramitaron juicio de sucesión intestamentaria a bienes de su extinta madre, mismo que fue registrado con el número 74/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán procedimiento que se encuentra concluido y en el cual -asevera- fue ignorada Asimismo la quejosa refiere que es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y como acto reclamado la sentencia dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario antes anotado 2 Separación de juicios. En este tenor este juzgado estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio debe separarse Ello, tomando en consideración que la separación de juicios puede válidamente iniciarse de oficio en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional Sin que obste a lo anterior, el hecho de que si bien la Ley de Amparo no prevé expresamente la separación de juicios de amparo indirecto, pues la norma supletoria regula la acumulación y dicho procedimiento puede ser aplicado a contrario sensu para decretar dicha separación En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. En ese sentido, si bien es cierto no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, también lo es que se puede advertir de la interpretación a contrario sensu de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla. Además, cabe precisar que al decretar la separación de juicios, en gran medida se logra un mejor análisis de los actos que en esta vía se combaten, a la vez que se evita el pronunciamiento de sentencias tal vez confusas en su comprensión, no sólo para los efectos propios de esas resoluciones que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su debido cumplimiento, sino también en lo que atañe en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. En consecuencia, para emitir una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se resuelve de plano la separación de que se trata y se ordena dividir el presente juicio, separación que resulta necesaria, a fin de estudiar el asunto, por cada uno de los juicios de los que derivan los actos reclamados. De ahí que, al observarse que la pretensión de la quejosa es promover la demanda de amparo contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, dentro de la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, y del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 74/2019, en el presente solamente se analizará la procedencia de la demanda respecto de los actos reclamados a la primera autoridad, por lo que ve a la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018. En consecuencia, en un juicio de amparo diverso, se estudiarán los actos reclamados en el juicio sucesorio intestamentario 74/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Bajo ese panorama, tomando en consideración que dicho órgano corresponde a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece: "XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". (Lo resaltado es de este juzgado). Por tanto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo que ve a los actos atribuidos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, consistentes en la sentencia dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario 74/2019; motivo por el cual, deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Así, con copia certificada del presente expediente, envíese por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, como NUEVO ASUNTO para que dicha unidad administrativa lo turne al Juzgado de Distrito que le corresponda. 3. Desechamiento. Ahora bien, por lo que ve a los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, dentro de la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, presentada la demanda el juez está obligado a estudiarla para determinar si procede a formular alguna prevención, admitirla a trámite o desecharla de plano. Ciertamente, las normas en comento prevén la posibilidad de desechar la demanda cuando de su análisis aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiendo por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción del hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, toda vez que los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, también contribuyen a la seguridad jurídica de los gobernados. Por ello, el desechamiento de la demanda de amparo no implica denegar justicia, pues cuando el juzgador se funda en motivos de improcedencia previstos en la norma, está impartiendo justicia, con independencia del sentido de la resolución, dado que se está pronunciando sobre la acción, diciendo el derecho, lo cual permite que impere el orden jurídico. Empero, de existir indecisión en torno al motivo de improcedencia, o de ser necesario invocar argumentos que impliquen análisis de fondo o interpretación de normas; o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada, pues de hacerlo, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, lo cual sería contrario al principio de legalidad. En ese sentido, al proveer sobre la demanda, el juez de amparo está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no, así como el tipo de afectación para determinar si cuenta con interés legítimo o interés simple. En el caso, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: Elizabet Marín Muñoz, por propio derecho, acude a esta instancia a reclamar actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, consistentes en: "Lo actuado en la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, que promovió Piedad Muñoz Padilla, frente a M. Lourdes Martínez Piedra, Marco Antonio Marín Martínez, Guillermo Marín Martínez y José Daniel Marín Martínez, así como al Comisariado Ejidal de San Ángel Zurumucapio, Municipio de ZIracuaretiro, Michoacán." Como antecedentes de dicho acto narra, bajo protesta de decir verdad, los siguientes: "Que con fecha 1º PRIMERO DE NOVIEMBRE de 2022 dos mil veintidós la suscrita regrese a mi país de origen, pues por motivos de trabajo me encontraba en el país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Encontrándome con la terrible noticia que además de haber perdido a mis padres, habíamos perdido también los bienes que en vida generaron, virtud de las resoluciones emitidas por la misma autoridad, esto es, el magistrado Agustín Hernández Gonzales del distrito diecisiete del tribunal unitario agrario. Resulta inverosímil, que siendo el mismo magistrado quien conoció sobre el juicio 316/1994 en donde le reconoció derechos agrarios a mi extinto padre y se le reconoció también el carácter de comunero y que además fue también de su conocimiento el juicio número 973/2017 donde mi extinta madre denunció la sucesión a bienes de mi extinto padre prosperando dicha acción, y que en un momento ulterior al intentar mi madre ocupar las tierras materia de dichos juicios estas se encontraban ocupadas por los hoy terceros interesados, teniendo que instar el juicio 681/2018 donde mi madre promovió sobre restitución de tierras, que también fue del conocimiento del magistrado pero en donde se le negó dicha acción perdiendo la vida mi madre, pues de los autos que integran dicho juicio, es decir 681/2018 los hoy terceros interesados valiéndose de artimañas y corrupción hicieron desaparecer de esta secuencia lógico-juridica a nuestro extinto padre, aseverando que las tierras ocupadas las obtuvieron por otros medios, incluso adjuntaron las actas de asamblea que a la simple vista se puede denotar están alteradas, incluso algunas firmas aparecen volteadas o de cabeza y al preguntar a los comuneros que aparecen en dichas listas estos me han comentado que nunca se les menciono que dichas listas fueran para tal fin sino que solo se les dijo que era un pase de lista. Es el caso pues que he sido despojada de los derechos agrarios y bienes hereditarios que pudieran corresponderme y que jamás se me dio la oportunidad de ser oída o vencida en juicio por lo que ahora pido su absoluta nulidad." (sic) En el capítulo relativo a los conceptos de violación, aduce, en esencia, que en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, 5º y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues argumenta que en razón de su género, las personas a quienes señala como terceros interesados han hecho manifestaciones tocantes a que las mujeres no deben comparecer en juicios ni ser titulares de derechos agrarios; asimismo, en lo referente a la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, pues haciendo uso de dicha igualdad -refiere- debió haber sido igualmente notificada, escuchada y vencida en juicio. Continúa exponiendo que al haber sido despojada de la porción de tierra que por derecho le corresponde, la cual se encuentra destinada a la agricultura, no puede trabajarla, siendo despojada, incluso, de todos los usufructos de ésta, los cuales pretende demandar a quienes señala como terceros interesados "en efecto retroactivo". Pues bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)". Sentado lo anterior, se tiene que en el juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la legislación aplicable toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por su parte el artículo 5° del mismo ordenamiento, dispone que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, al tener tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pero además sólo podrá seguirse por el agraviado o por su apoderado legal. En otras palabras, para la procedencia del amparo, debe existir un agravio personal y directo, es decir, se requiere que el acto o actos de autoridad reclamados afecten los intereses jurídicos del quejoso, esto es, que produzcan un agravio directo. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el primero de los mencionados debe ser actual para justificar la acción de amparo y el perjuicio se debe traducir en la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Fundamenta lo expuesto, la Jurisprudencia 138, emitida por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, sirve de apoyo la sustentada por el propio Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Sentado lo anterior, en el caso concreto, se advierte que la quejosa carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo. Se explica. La quejosa se ostenta tercera extraña dentro del juicio agrario sobre restitución de tierras 681/2018, en el que compareció Piedad Muñoz Padilla a demandar la restitución de las tierras que en vida correspondieron a su extinto cónyuge Anatolio Marín Soto y/o Anatolino Marín Soto y/o Anatolio Marín Olvera, en cuanto beneficiaria de los derechos agrarios de sucesión que a éste le asistían, carácter que se le reconoció en términos de la sentencia de quince de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de sucesión intestamentaria 973/2017, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de las constancias que la impetrante de amparo anexó a su escrito inicial de demanda, se obtiene que el cinco de abril de dos mil diecinueve se tuvo a Teresa Marín Muñoz, por conducto de sus apoderados jurídicos, apersonándose a la controversia agraria sobre restitución de tierras 681/2018 -que constituye el procedimiento de donde derivan los actos reclamados-, en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Piedad Muñoz Padilla, quien continuó el trámite del citado expediente hasta su conclusión. En ese sentido, el veintisiete de octubre de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en la aludida controversia agraria, la cual declaró improcedente la acción de restitución que de M. Lourdes Martínez Piedra, Marco Antonio Marín Martínez, Guillermo Marín Martínez y José Daniel Marín Martínez, así como del Comisariado Ejidal de San Ángel Zurumucapio, Municipio de ZIracuaretiro, Michoacán, reclamó Piedad Muñoz Padilla. El anterior contexto deja evidencia de que la quejosa es hija de Anatolio Marín y Piedad Muñoz, según se advierte del acta de nacimiento que exhibió adjunta a su escrito inicial de demanda. Sin embargo, como ya quedó establecido, ésta carece de facultades para intentar cualquier acción que pertenezca a la sucesión de Piedad Muñoz Padilla, pues las acciones que hubiesen pertenecido a la autora de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia; por lo que, es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea." No se inadvierte la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)"; tampoco los argumentos de la quejosa en el sentido de tener derechos respecto de los bienes que en vida pertenecieron a Anatolio Marín, y con posterioridad, a Piedad Muñoz, de los cuales refiere haber sido despojada como consecuencia de la tramitación de la acción sobre restitución de tierras que promovió inicialmente la segunda de los mencionados, al cual no fue llamada -la que, se insiste, fue declarada improcedente-, así como de todos los usufructos de las tierras comprendidas, y que con ello resulte procedente el juicio de amparo, pues de las constancias de autos también es posible advertir que la sucesión sí cuenta con albacea, a quien le corresponde la defensa legítima de los bienes. Dicho de otra manera, no se aprecia alguna circunstancia especial que permita considerar procedente el juicio de amparo promovido por la quejosa en defensa de los bienes de la herencia, pues -se reitera- el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garantías, es atribución propia de dicho albacea. En ese sentido, la acreditación del albacea en el asunto a estudio, se tiene de las actuaciones realizadas en el juicio agrario 681/2018, del cual conoció el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que el cinco de abril de dos mil diecinueve se tuvo a Teresa Marín Muñoz, por conducto de sus apoderados jurídicos, apersonándose a la controversia agraria en mención, en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Piedad Muñoz Padilla. En ese contexto, se sustenta la improcedencia del juicio de amparo, pues la quejosa carece de legitimación para su promoción, ya que no se acredita la calidad con que comparece a esta instancia en defensa de los intereses de la sucesión a bienes de Piedad Muñoz Padilla, dado que dicha aptitud correspondería en todo caso, a Teresa Marín Muñoz. Se insiste, tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Por ende, la instancia constitucional, por lo general, debe instarse por conducto de su albacea. Bajo ese panorama, lo procedente es desechar la demanda por lo que respecta a los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Como sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia que establece: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Así como el diverso criterio de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER ETAPA PROCESAL POR SER UN PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.", determinó que: "La falta de legitimación de alguna de las partes contendientes constituye un elemento o condición de la acción que, como tal, debe ser examinada aun de oficio por el juzgador.". En tal virtud, la legitimación, al ser un presupuesto de la acción, que es de orden público, debe estudiarse oficiosamente por el juzgador de primera instancia, el tribunal de apelación e, inclusive, en una vía extraordinaria como lo es el juicio de amparo sin que, para tal efecto, sea necesario que se haya opuesto excepción, en función de que existe esa obligación para el órgano jurisdiccional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ELIZABET MARIN MUÑOZ, LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós Cumple prevención. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Elizabet Marín Muñoz, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós y manifiesta que el veinte de noviembre del año en curso se enteró de que sus hermanos tramitaron juicio de sucesión intestamentaria a bienes de su extinta madre, mismo que fue registrado con el número 74/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán procedimiento que se encuentra concluido y en el cual -asevera- fue ignorada Asimismo la quejosa refiere que es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y como acto reclamado la sentencia dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario antes anotado 2 Separación de juicios. En este tenor este juzgado estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio debe separarse Ello, tomando en consideración que la separación de juicios puede válidamente iniciarse de oficio en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional Sin que obste a lo anterior, el hecho de que si bien la Ley de Amparo no prevé expresamente la separación de juicios de amparo indirecto, pues la norma supletoria regula la acumulación y dicho procedimiento puede ser aplicado a contrario sensu para decretar dicha separación En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. En ese sentido, si bien es cierto no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, también lo es que se puede advertir de la interpretación a contrario sensu de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla. Además, cabe precisar que al decretar la separación de juicios, en gran medida se logra un mejor análisis de los actos que en esta vía se combaten, a la vez que se evita el pronunciamiento de sentencias tal vez confusas en su comprensión, no sólo para los efectos propios de esas resoluciones que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su debido cumplimiento, sino también en lo que atañe en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. En consecuencia, para emitir una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se resuelve de plano la separación de que se trata y se ordena dividir el presente juicio, separación que resulta necesaria, a fin de estudiar el asunto, por cada uno de los juicios de los que derivan los actos reclamados. De ahí que, al observarse que la pretensión de la quejosa es promover la demanda de amparo contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, dentro de la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, y del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 74/2019, en el presente solamente se analizará la procedencia de la demanda respecto de los actos reclamados a la primera autoridad, por lo que ve a la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018. En consecuencia, en un juicio de amparo diverso, se estudiarán los actos reclamados en el juicio sucesorio intestamentario 74/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Bajo ese panorama, tomando en consideración que dicho órgano corresponde a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece: .; motivo por el cual, deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Así, con copia certificada del presente expediente, envíese por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, como NUEVO ASUNTO para que dicha unidad administrativa lo turne al Juzgado de Distrito que le corresponda. 3. Desechamiento. Ahora bien, por lo que ve a los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, dentro de la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, presentada la demanda el juez está obligado a estudiarla para determinar si procede a formular alguna prevención, admitirla a trámite o desecharla de plano. Ciertamente, las normas en comento prevén la posibilidad de desechar la demanda cuando de su análisis aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiendo por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción del hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, toda vez que los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, también contribuyen a la seguridad jurídica de los gobernados. Por ello, el desechamiento de la demanda de amparo no implica denegar justicia, pues cuando el juzgador se funda en motivos de improcedencia previstos en la norma, está impartiendo justicia, con independencia del sentido de la resolución, dado que se está pronunciando sobre la acción, diciendo el derecho, lo cual permite que impere el orden jurídico. Empero, de existir indecisión en torno al motivo de improcedencia, o de ser necesario invocar argumentos que impliquen análisis de fondo o interpretación de normas; o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada, pues de hacerlo, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, lo cual sería contrario al principio de legalidad. En ese sentido, al proveer sobre la demanda, el juez de amparo está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no, así como el tipo de afectación para determinar si cuenta con interés legítimo o interés simple. En el caso, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: Elizabet Marín Muñoz, por propio derecho, acude a esta instancia a reclamar actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, consistentes en: Lo actuado en la controversia agraria sobre restitución de tierras número 681/2018, que promovió Piedad Muñoz Padilla, frente a M. Lourdes Martínez Piedra, Marco Antonio Marín Martínez, Guillermo Marín Martínez y José Daniel Marín Martínez, así como al Comisariado Ejidal de San Ángel Zurumucapio, Municipio de ZIracuaretiro, Michoacán. Como antecedentes de dicho acto narra, bajo protesta de decir verdad, los siguientes: Que con fecha 1º PRIMERO DE NOVIEMBRE de 2022 dos mil veintidós la suscrita regrese a mi país de origen, pues por motivos de trabajo me encontraba en el país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Encontrándome con la terrible noticia que además de haber perdido a mis padres, habíamos perdido también los bienes que en vida generaron, virtud de las resoluciones emitidas por la misma autoridad, esto es, el magistrado Agustín Hernández Gonzales del distrito diecisiete del tribunal unitario agrario. Resulta inverosímil, que siendo el mismo magistrado quien conoció sobre el juicio 316/1994 en donde le reconoció derechos agrarios a mi extinto padre y se le reconoció también el carácter de comunero y que además fue también de su conocimiento el juicio número 973/2017 donde mi extinta madre denunció la sucesión a bienes de mi extinto padre prosperando dicha acción, y que en un momento ulterior al intentar mi madre ocupar las tierras materia de dichos juicios estas se encontraban ocupadas por los hoy terceros interesados, teniendo que instar el juicio 681/2018 donde mi madre promovió sobre restitución de tierras, que también fue del conocimiento del magistrado pero en donde se le negó dicha acción perdiendo la vida mi madre, pues de los autos que integran dicho juicio, es decir 681/2018 los hoy terceros interesados valiéndose de artimañas y corrupción hicieron desaparecer de esta secuencia lógico-juridica a nuestro extinto padre, aseverando que las tierras ocupadas las obtuvieron por otros medios, incluso adjuntaron las actas de asamblea que a la simple vista se puede denotar están alteradas, incluso algunas firmas aparecen volteadas o de cabeza y al preguntar a los comuneros que aparecen en dichas listas estos me han comentado que nunca se les menciono que dichas listas fueran para tal fin sino que solo se les dijo que era un pase de lista. Es el caso pues que he sido despojada de los derechos agrarios y bienes hereditarios que pudieran corresponderme y que jamás se me dio la oportunidad de ser oída o vencida en juicio por lo que ahora pido su absoluta nulidad. (sic) En el capítulo relativo a los conceptos de violación, aduce, en esencia, que en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados se vulneró en su perjuicio ... En tal virtud, la legitimación, al ser un presupuesto de la acción, que es de orden público, debe estudiarse oficiosamente por el juzgador de primera instancia, el tribunal de apelación e, inclusive, en una vía extraordinaria como lo es el juicio de amparo sin que, para tal efecto, sea necesario que se haya opuesto excepción, en función de que existe esa obligación para el órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 1. Pretende cumplir prevención. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Elizabet Marín Muñoz, por medio del cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós; a cuyo efecto, manifiesta lo siguiente: PRIMERO: Como lo solicita su señoría, el carácter con que promueve la suscrita es de posible heredera de mi extinta madre Piedad Muñoz Padilla Señalo que la sentencia del Magistrado Licenciado Agustín Hernández González del expediente 973/2027 de la sucesión agraria a bienes de mi extinto padre consta en el expediente que se exhibió y se encuentra en la foja número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SEGUNDO: el juicio sucesorio agrario, a bienes de mi extinto padre fue radicado en el tribunal unitario agrario del distrito 17 con número de expediente 973/2017 y se encuentra concluido, de hecho, la sentencia se encuentra dentro del juicio 681/2018 que se exhibió a su señoría, por otro lado el juicio de sucesión agraria a bienes de mi extinta madre Piedad Muñoz Padilla nunca fue tramitado toda vez que los bienes o derechos a agrarios se encuentran hoy ocupados por los terceros interesados, quienes de mala fe hicieron desaparecer la secuencia lógica jurídica, y dejaron en la nada a mi extinto padre para apropiarse de sus bienes que en vida le pertenecieran. En tales condiciones, no resulta procedente tenerla cumpliendo con la prevención formulada. Por tanto, se requiere de nueva cuenta a la parte quejosa, a efecto de que dé cumplimiento cabal al punto SEGUNDO que fuera materia de prevención en el proveído en cuestión. Lo anterior, pues, si bien, en su escrito de cuenta refiere que el juicio de sucesión agraria a bienes de su extinta madre Piedad Muñoz Padilla nunca fue tramitado; no obstante, de las constancias anexas a su escrito inicial de demanda se obtiene que ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, se tramitó el juicio sucesorio intestamentario 74/2019, a bienes de la citada Muñoz Padilla, denunciado por Teresa Marín Muñoz y otros. Motivo por el cual, es dicho procedimiento respecto del cual deberá indicar el estado procesal, manifestando si esa sucesión tramitada en la vía civil se encuentra vigente o ya concluyó con la eventual adjudicación de los bienes, derechos y obligaciones que pertenecieron a la de cujus, toda vez que de las constancias que obran en autos, así como de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, no se obtiene información alguna que permita conocer dichos aspectos. 2. Se suspende el plazo concedido para cumplir con la prevención. En consecuencia, se suspende el plazo con el que cuenta la parte quejosa para cumplir con la prevención, en razón de que presentó su escrito el veinticuatro de noviembre pasado, esto es, cuando apenas había transcurrido un día del mismo. Por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de cuatro días hábiles a efecto de dar cumplimiento al requerimiento formulado. En ese tenor, una vez que se realice la notificación del presente proveído y surta efectos la misma, se reanudará el plazo con el que cuenta para cumplir adecuadamente con la prevención de que se trata. .
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