Elisa Tenorio López
Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elisa Tenorio López
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el nueve de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 4. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que haya exhibido y que obren en el expediente, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, aclarando los puntos solicitados. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la primera regla antes enunciada. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, y del escrito con el cual cumple con la prevención, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia en esta instancia constitucional: la omisión del pago del seguro institucional desde el uno de enero del dos mil doce y que dicha omisión deriva del presupuesto de egreso del Estado de Michoacán del año dos mil doce. Para evidenciar la extemporaneidad con la que es presentada la demanda de amparo es preciso señalar que del escrito inicial se obtiene lo siguiente: ".De la autoridad indicada en el inciso a), del capítulo de autoridades responsables, reclamo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago (SEGUROS INSTITUCIONAL) del periodo 2012, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lolo cual violenta sus derechos sociales como beneficiaria de una Póliza de Siniestro que hasta la fecha no se nos ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso b) del capítulo de autoridades responsables, reclamamos la inacción de mi perjuicio de la mandatado en el artículo anteriormente citado del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, ya era su obligación establecer con las dependencias responsables directas de los pagos de seguros de que se traten, la promoción de acciones necesarias para su pago total, así mismo la propia Secretaría de Finanzas y Administración debió informar al Congreso del Estado si era necesaria la modificación de disposiciones jurídicas que permitieran resolver esta problemática, lo cual no sucedió, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de SEGURO INTITUCIONAL que hasta la fecha no se me ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso c) del capítulo de autoridades responsables, reclamo el no pago, la retención, paralización o expedición de la Póliza de SEGURO INSTITUCIONAL que como beneficiaria tengo derecho, así mismo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán, de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos, ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago de pólizas de distintos seguros contratados durante los periodos de 2011 a 2014, en el caso de la quejosa POLIZA POR SEGURO INSTITUCINAL en el sector educativo, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de SEGURO INSTITUCIONAL que hasta la fecha no se nos ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso d) del capítulo de autoridades responsables, reclamamos el no pago, la retención, paralización o expedición de la Póliza por SEGURO INSTITUCIONAL que como beneficiaria tengo derecho, así mismo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos, ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago de pólizas de distintos seguros contratados durante los periodos de 2011 a 2014, en el caso de la quejosa PAGO DE SEGURO INSTITUCIONAL en el sector educativo, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de Jubilación que hasta la fecha no se nos ha pagado.". Atento a lo anterior, de lo narrado por la aquí quejosa, se advierte que tuvo conocimiento de la omisión de pago del seguro que reclama desde el año dos mil doce. Sin que el acto reclamado se ubique en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que la quejosa fue sabedora de las omisiones reclamadas, esto es, desde el año dos mil doce. Por ello, resulta patente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido transcurrió del dos mil doce; siendo que la demanda que en esta fecha se acuerda fue presentada hasta el veintisiete de febrero del dos mil veintitrés; por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, enero de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De tal forma que si de la demanda y de su aclaración se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento de la omisión de pago de seguro institucional desde la emisión del presupuesto de egresos de dos mil doce como lo expresó en su demanda, dicha data constituye el punto de partida para efectos del computo de la demanda de amparo, de ahí que, su presentación resulta extemporánea. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, aclarando los puntos solicitados. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la primera regla antes enunciada. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, y del escrito con el cual cumple con la prevención, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia en esta instancia constitucional: la omisión del pago del seguro institucional desde el uno de enero del dos mil doce y que dicha omisión deriva del presupuesto de egreso del Estado de Michoacán del año dos mil doce. Para evidenciar la extemporaneidad con la que es presentada la demanda de amparo es preciso señalar que del escrito inicial se obtiene lo siguiente: ".De la autoridad indicada en el inciso a), del capítulo de autoridades responsables, reclamo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago (SEGUROS INSTITUCIONAL) del periodo 2012, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lolo cual violenta sus derechos sociales como beneficiaria de una Póliza de Siniestro que hasta la fecha no se nos ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso b) del capítulo de autoridades responsables, reclamamos la inacción de mi perjuicio de la mandatado en el artículo anteriormente citado del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, ya era su obligación establecer con las dependencias responsables directas de los pagos de seguros de que se traten, la promoción de acciones necesarias para su pago total, así mismo la propia Secretaría de Finanzas y Administración debió informar al Congreso del Estado si era necesaria la modificación de disposiciones jurídicas que permitieran resolver esta problemática, lo cual no sucedió, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de SEGURO INTITUCIONAL que hasta la fecha no se me ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso c) del capítulo de autoridades responsables, reclamo el no pago, la retención, paralización o expedición de la Póliza de SEGURO INSTITUCIONAL que como beneficiaria tengo derecho, así mismo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán, de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos, ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago de pólizas de distintos seguros contratados durante los periodos de 2011 a 2014, en el caso de la quejosa POLIZA POR SEGURO INSTITUCINAL en el sector educativo, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de SEGURO INSTITUCIONAL que hasta la fecha no se nos ha pagado. De la autoridad indicada en el inciso d) del capítulo de autoridades responsables, reclamamos el no pago, la retención, paralización o expedición de la Póliza por SEGURO INSTITUCIONAL que como beneficiaria tengo derecho, así mismo la OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que no llevó a cabo, ni realizó acciones, ni acuerdos, ni actos jurídicos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago de pólizas de distintos seguros contratados durante los periodos de 2011 a 2014, en el caso de la quejosa PAGO DE SEGURO INSTITUCIONAL en el sector educativo, lo anterior derivado de omisiones de administraciones pasadas, lo cual violenta nuestros derechos sociales como beneficiarios de una póliza de Jubilación que hasta la fecha no se nos ha pagado.". Atento a lo anterior, de lo narrado por la aquí quejosa, se advierte que tuvo conocimiento de la omisión de pago del seguro que reclama desde el año dos mil doce. Sin que el acto reclamado se ubique en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que la quejosa fue sabedora de las omisiones reclamadas, esto es, desde el año dos mil doce. Por ello, resulta patente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido transcurrió del dos mil doce; siendo que la demanda que en esta fecha se acuerda fue presentada hasta el veintisiete de febrero del dos mil veintitrés; por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, enero de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De tal forma que si de la demanda y de su aclaración se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento de la omisión de pago de seguro institucional desde la emisión del presupuesto de egresos de dos mil doce como lo expresó en su demanda, dicha data constituye el punto de partida para efectos del computo de la demanda de amparo, de ahí que, su presentación resulta extemporánea. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Estado de Autos. Visto del estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que el diez de febrero pasado, la parte tercera interesada recurrió el diverso de uno de febrero del año en curso, determinación, en la que se ordenó dar vista a las partes, en lo conducente, para los efectos precisados en el artículo 101 de la Ley de Amparo, y una vez se recabaran las constancias de notificación a las partes de dicho proveído, se remitiría el escrito de agravios y copia de éste a la superioridad, lo que en el caso ya aconteció. 1.1 Remisión del recurso de queja. Remítase copia certificada de las constancias que se estimen pertinentes, así como el escrito original de agravios y copias del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos por la parte tercero interesada, a quien desde este momento se le hace saber que se pone a su disposición el expediente electrónico. Ahora bien, los terceros interesados Uriel Chávez Mendoza y Cynthia Viridiana Galván Puente por conducto de su autorizado Edgar Flores Silva, promovieron recurso de queja en contra del auto de uno de febrero del año actual, por medio del cual se desechó el incidente de daños y perjuicios. En tales condiciones dado el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la diversa tercera interesada Gemma Jeannette López Martínez del Campo, promovió un diverso incidente de daños y perjuicios el cual sí fue admitido por este órgano jurisdiccional el tres de febrero de dos mi veintitrés. Lo cual permite sostener que la resolución del recurso de queja podría impactar jurídicamente en el incidente que sí fue admitido, por ende lo conducente es con fundamento en el artículo 102 de la Ley de la Materia, suspender la continuación del incidente de daños y perjuicios promovido por Gemma Jeannette López Martínez del Campo. 2. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de la quejosa Gema María Auxilio Martínez del Campo Zavala; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 156 de la Ley de Amparo, 358, 360 y 361 del Código de Procedimientos Civiles, téngasele ofreciendo las documentales que anexa al escrito de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 2.1 Se reserva señalar fecha para audiencia. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, en auto de tres de febrero de la presente anualidad, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin embargo, con apoyo, en los párrafos que preceden se reserva señalar fecha y hora para la audiencia a que refiere el artículo 67 de la referida ley, hasta en tanto se resuelva el medio de impugnación hecho valer por los terceros interesados Uriel Chávez Mendoza y Cynthia Viridiana Galván Puente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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