Eliseo Ávila Guzmán
Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliseo Ávila Guzmán
- Eliseo Ávila Guzmán y Otros.
- Esteban Ávila Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3.1. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUIBLE. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita copias. Agréguese a los autos el escrito signado por Fortino ********************autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a su costa la expedición de las copias certificadas que refiere, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 805/2022, promovido por Eliseo y Esteban, ambos de apellidos Ávila Guzmán, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda y ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Procuradora Federal de Protección al Ambiente: La orden de clausurar las propiedades de los quejosos ubicadas en la manzana de Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Aporo, Michoacán, de la Jurisdicción de la ciudad de Maravatío, Michoacán, de fechas siete y catorce de junio de dos mil veintidós, en los procedimientos administrativos con los números de expedientes PFPA/4.2/2C.27.2/0146/2022, NCI:01378 de siete de junio de dos mil veintidós; y PFPA/4.2/2C.27.2/0147/2022, NCI:PFPA01269 y PFPA/01378 de catorce de junio de dos mil veintidós. De Claudia Liliana Saucedo Cervantes, Inspector Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: La falta de citación, para clausurar la propiedad de los quejosos Eliseo y Esteban Ávila Guzmán, descritos anteriormente, colocando en ellos las mantas de clausura con motivo de los procedimientos administrativos PFPA/4.2/2C.27.2/0146/2022, NCI:01378 de siete de junio de dos mil veintidós; y PFPA/4.2/2C.27.2/0147/2022, NCI:PFPA01269 y PFPA/01378 de catorce de junio de dos mil veintidós. Del Director General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: La orden de clausurar las propiedades de los quejosos Eliseo Ávila Guzmán y Esteban Ávila Guzmán, descritos anteriormente, en los procedimientos administrativos PFPA/4.2/2C.27.2/0146/2022, NCI:01378 de siete de junio de dos mil veintidós; y PFPA/4.2/2C.27.2/0147/2022, NCI:PFPA01269 y PFPA/01378 de catorce de junio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos cuya ejecución material tuvieron verificativo en el municipio de Aporo, Michoacán, lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Procuradora Federal de Protección al Ambiente y Director General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuye. En sus respectivos informes justificados cada una de ellas señaló que no han emitido orden alguna ni verbal ni escrita para clausurar la propiedad de los quejosos en el Estado de Michoacán. Por su parte, los quejosos fueron omisos en desvirtuar la negativa de dichas autoridades, pues si bien es verdad que con sus escritos de demanda y ampliación ofrecieron como pruebas las documentales consistentes en los títulos de propiedad y los respectivos certificados de propiedad a nombre de los quejosos respecto de los predios que pretenden defender, así como unas imágenes de unas mantas con la leyenda de "clausura", con valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; lo cierto es que éstas resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de ordenar clausurar las propiedades de los citados impetrantes de amparo. Lo anterior es así, ya que este órgano jurisdiccional en aras de recabar mayores elementos para resolver conforme a derecho, con sustento en el penúltimo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, requirió a la autoridad responsable Director General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que remitiera las constancias relativas al expediente administrativo de donde derivaron las ordenes de clausura que aparecen en las imágenes fotográficas aportadas por los quejosos en sus escritos de demanda y ampliación, mismas que fueron recibidas en este juzgado el cinco de enero de dos mil veintitrés, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de las cuales se advierte que el procedimiento administrativo de donde derivó la orden de clausura aquí reclamada no guarda relación alguna ni con los quejosos ni con las propiedades que éstos aducen poseer. Lo que se corrobora incluso con las propias manifestaciones que éstos hicieron valer en el escrito de fecha diecisiete de enero de la presente anualidad, en el que expusieron bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "En atención al proveído de fecha seis de enero del año en curso, mediante el cual se tiene a la responsable remitiendo constancias del expediente PEPA-4.2/2C.27.2/0147/2022 y que se ponen a la vista de las partes, para que se impongan de las mismas, al respecto manifiesto: (.) las mismas son ajenas a la litis constitucional planteada, pues el inmueble que en las mismas se describe, no tiene relación con los predios de los quejosos; tampoco se conoce a las personas que en dichas constancias se señala de nombre Cecilio Orta Estrada, es decir los quejosos no lo conocen, lo que se manifiesta bajo protesta de decir verdad." Así, ante la negativa externada por dichas autoridades responsables al rendir los informes en torno al acto que les fue atribuido, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones tales autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades de mérito negaron la certeza de los actos de que se trata y, la parte promovente no desvirtuó tal negativa ni acreditó su existencia con prueba alguna; resulta evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupa, por lo que se refiere a las autoridades aludidas. Ahora, en cuanto a la diversa autoridad responsable Claudia Liliana Saucedo Cervantes, Inspector Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cabe indicar que ésta fue omisa en rendir el informe justificado que se le solicitó no obstante de haber sido legalmente notificada desde el veintisiete de julio de dos mil veintidós; por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que en su caso correspondería es presumir cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, en la especie, dicha presunción de certeza se ve desvirtuada con las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable valoradas en párrafos precedentes, de las que se advierte que la autoridad señalada por los quejosos como responsable no tiene participación alguna en el procedimiento administrativo de donde derivó la orden de clausura reclamada por los impetrantes de amparo; por lo que el acto que a ésta le atribuyeron también resulta inexistente; sin que exista prueba que desvirtué a su vez dicha inexistencia. En congruencia con lo anterior, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eliseo y Esteban, ambos de apellidos Ávila Guzmán, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Objeta constancias. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Fortino Ramírez Martínez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio las constancias remitidas por la responsable Director General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en la Ciudad de México, y recibidas en auto de seis de enero de dos mil veintitrés, consistentes en copias certificadas de las constancias que integran el expediente administrativo PFPA/4.2/2C.27.2/0147/2022, del índice de la citada responsable, lo que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
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