Edwin Mora Caballero

Expediente 1238/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1238/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Edwin Mora Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado electrónicamente por ********************autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita que se cancele su autorización del acceso al expediente electrónico; toda vez, que ya no le es necesario dicho acceso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 36, 37, 38, 55 y 56 del AG12/2020, se da de baja el acceso al expediente electrónico y la autorización de que las notificaciones se le realicen de forma electrónica, concedido en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente respecto al usuario ********************Notifíquese electrónicamente al diverso usuario de la autorizada de la parte quejosa, por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de Distrito y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, Fernando Martínez Espinoza, mediante el cual, acusa recibo del diverso 225-3 de veinte de junio de dos mil veintidós y anexos (cuaderno de prueba I y dos discos versátiles digitales); de lo que toma conocimiento esta autoridad federal. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental; sin embargo, en virtud de se concedió la suspensión de plano, ES DEPURABLE, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza) que exhibió Salvador Hernández Martínez en representación de su homólogo en cita, el anexo I, así como dos discos versátiles digitales; devuélvasele las mismas; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso por conducto de su autorizado procesal; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, la demanda de amparo presentada vía electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Raúl Andrade Osorio en representación de Edwin Mora Caballero; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez) -foja 69-; 2. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas) -foja 46-; 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza) -foja 85- 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores) -fojas 241 y 242-; y, 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez) -fojas 255 y 256- , así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos; y, la secretaria certifica que transcurrieron los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los referidos informes justificados. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes y, por transcurrido el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las (a) autoridades responsables: 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza) - foja 32, anexo I de pruebas- que exhibió Salvador Hernández Martínez en representación de su homólogo en cita; fojas 86 a 113; y, dos Discos versátiles DVD que exhibió el juez responsable referido; 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores), fojas 243 a 247; y, 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez), fojas 257 a 281, así como por el (b) quejoso consistente en el dictamen en criminalística emitido por el perito Guillermo Cortés Hernández que obra a fojas 161 a 188 de este sumario constitucional. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1238/2021-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Raúl Andrade Osorio en representación de Edwin Mora Caballero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ingresó a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el oficio 4394/2021 dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y signado por la secretaria adscrita al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remitió la demanda de amparo presentada por Raúl Andrade Osorio en representación de Edwin Mora Caballero, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; 2. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; 3. Policía procesal adscrita a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado; 4. Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, 5. Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Delegación en el Estado de Puebla. Actos reclamados: a). Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. b). Malos tratos al amenazar al quejoso directo con privarlo de su libertad personal sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia ninguna. c). Incomunicación del quejoso directo. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en el artículo 1 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Radicación y trámite de la demanda. En acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 8 a 11), se radicó la demanda de amparo con el número 1238/2021 y, en la misma fecha, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación, asimismo, se ordenó la ratificación de la demanda por parte del directo quejoso Edwin Mora Caballero, lo cual ocurrió en la misma fecha (fojas 15 a 17). TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. En acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 20 a 23), se tuvo al directo quejoso Edwin Mora Caballero, ratificando la demanda de amparo, indicando que no era su deseo que se tuvieran como autoridades responsables al 2. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; 3. Policía procesal adscrita a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado; 4. Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, 5. Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Delegación en el Estado de Puebla, señalando como nuevas autoridades responsables al 2. Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; y, 3. Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla; se admitió la demanda de amparo, sin aperturar incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 82). CUARTO. Ampliación de la demanda de amparo. En acuerdo de diecisiete de enero del actual (fojas 116 a 118), se desechó la ampliación del quejoso en la cual pretendía señalar como nuevas autoridades responsables a los agentes de la Policía Ministerial que ejecutaron "la detención ilegal en su contra", determinación contra la cual, la parte quejosa interpuso queja -suspendiéndose el procedimiento por acuerdo de veintiséis del mismo mes y año- la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quedando registrado con la queja 19/2022 de su índice, en la que por ejecutoria pronunciada el diez de marzo de dos mil veintidós declaró fundada la queja -fojas 193 a 202- por lo que, en acuerdo de veintinueve de marzo del actual, se levantó la suspensión de procedimiento, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió al Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, en su carácter de Juez de Control para que en el término de veinticuatro horas informara quiénes habían sido los agentes de la Policía Ministerial que ejecutaron la detención del quejoso (fojas 203 y 204). En cumplimiento a dicho requerimiento, por acuerdo de cuatro de abril del actual (foja 210) se tuvo informando a la autoridad requerida que los agentes que ejecutaron la detención fueron: 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores), y, 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez), por lo que, se dio vista al quejoso por el término de tres días para que manifestara si deseaba señalarlos como autoridades responsables, debiendo indicar el acto reclamado a cada una de dichas autoridades. Por lo que, en acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 220 a 222) se le tuvo señalando como nuevas autoridades responsables a las siguientes: 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores). 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez). Y, como actos reclamados: "a) Los ataques a mi libertad personal en la medida que no cumplieron con su obligación de entregarme la orden de aprehensión por escrito que debió motivar mi detención legal, esto es, cuando se me detuvo no me mostraron la orden de aprehensión por escrito que motivaría la privación de mi libertad personal; b) De igual manera, les atribuyo malos tratos al amenazar al quejoso directo con privarlo de su libertad personal sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia ninguna; y, c) La incomunicación del quejoso directo y la demora para ponerme a disposición de la autoridad judicial, en el entendido de que se me estuvo trasladando de un lugar a otro sin razón alguna." (fojas 218 y 219). Admitiéndose así, la ampliación de demanda planteada y, se requirió el informe justificado a las citadas autoridades responsables. QUINTO.- Cita para audiencia. En acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós (foja 284), se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos consta al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta, para lo cual, es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en su demanda y ampliación de ésta, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: Del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; 2. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas); y, 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza): a). Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. b). Malos tratos al amenazar al quejoso directo con privarlo de su libertad personal sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia ninguna. c). Incomunicación del quejoso directo. De la 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores) y 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez) -por vicios propios en su ejecución- : a). Los ataques a su libertad personal en la medida que los aprehensores no cumplieron con su obligación de entregarle la orden de aprehensión por escrito que debió motivar su detención legal, esto es, cuando se le detuvo no le mostraron la orden de aprehensión por escrito que motivaría la privación de su libertad personal; b). Malos tratos al amenazar al quejoso directo con privarlo de su libertad personal sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia ninguna. c). La incomunicación del quejoso directo y la demora prolongada para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, en el entendido de que se le estuvo trasladando de un lugar a otro sin razón alguna. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, las autoridades responsables: 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por conducto de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez); 2. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas); y, 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen (fojas 69, 46 y 85, respectivamente), consistentes en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos al amenazar al quejoso con privarlo de su libertad sin exhibir orden de aprehensión y la incomunicación. En efecto, por lo que hace a las autoridades indicadas con los ordinales 1 y 2, las mismas negaron categóricamente la existencia de los actos atribuidos por el peticionario de amparo, sin que al efecto hayan remitido constancia alguna -atento que no tuvieron a su disposición al aquí quejoso-. Sin embargo, respecto al 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), si bien, negó la existencia de los actos que le son atribuidos, lo cierto es que, como le corresponde demostrar que no existen, tanto él como el diverso juzgador Salvador Hernández Martínez en representación de éste, remitieron copia autorizada de la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO de su índice, que obran a fojas 83 a 113 y un anexo I de pruebas, así como dos discos versátiles digitales DVD de las audiencias celebradas el veinticuatro y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las cuales se advierte lo siguiente: En cuanto al ataque a su libertad personal fuera de procedimiento. a). Que la detención del aquí quejoso efectuada a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, derivó de la orden de aprehensión librada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial en cita, por el hecho que la ley señala como el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO Y USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, previstos y sancionados por los artículos 250, fracción VII, 251, 252, 253, fracción VI, 436 QUATERDECIES, así como por los numerales 436, ter, fracción IV, 436 QUATERDECIES, relacionados con los diversos 11, 13, y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio del Ayuntamiento del Municipio de Huaquechula, Puebla, y denunciado por Francisco José Romero Serrano en su carácter de Auditor Superior del Estado de Puebla. En consecuencia, la privación a la libertad personal del aquí quejoso, se debió a la ejecución de la orden de aprehensión librada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, por parte del 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), dentro de la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO de su índice, razón por la cual, no existe un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento. En cuanto a los malos tratos al amenazarlo con privarlo de su libertad, sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia. b). Que la orden de aprehensión librada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO, fue entregada para su ejecución al agente del Ministerio Público Fernando Emmanuel Iturbide Ramos y, que, una vez que se ejecutó ésta a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso, fue puesto a disposición de la autoridad judicial a las diecinueve horas con quince minutos del mismo día -ingresado en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla- a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Salvador Hernández Martínez) por encontrarse en su periodo vacacional Fernando Martínez Espinosa-quien libró la orden de aprehensión-. Respecto a este punto, reclama el peticionario de amparo: malos tratos al amenazarlo con privarlo de su libertad personal sin exhibir orden de aprehensión, presentación o comparecencia, la autoridad judicial: 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), quien libró el mandamiento de captura en contra del aquí quejoso negó dicho acto y lo justificó exhibiendo ante este órgano jurisdiccional la orden de aprehensión de diez de septiembre de dos mil veintiuno, librada dentro de la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO de su índice. -Esto es, el sí ordenó privarlo de su libertad derivado de una orden de aprehensión que emitió y al momento de su detención le fue entregada al aquí quejoso, tal cual, se indicó en dicho mandamiento. En efecto, no existen los malos tratos que hizo consistir el quejoso en privarlo de su libertad sin exhibir una orden de aprehensión, porque la misma ya existía desde el diez de septiembre de dos mil veintiuno, previo al acto privativo de su libertad y que fue entregada desde la fecha de su emisión al agente del Ministerio Público Fernando Emmanuel Iturbide Ramos para su ejecución. (foja 30, anexo I de pruebas) y se advierte que al momento de la detención del aquí quejoso, le fue entregada dicha orden de aprehensión, atento que a foja 243 de este sumario constitucional obra la documental que contiene los puntos resolutivos de ésta con la leyenda: "Recibí oficio de orden de aprensión 22-DIC-2021 Edwin Mora 14:35.", sin que se haya objetado dicha documental por parte del quejoso o su abogados. De ahí que, no existan los malos tratos que hace consistir en amenazarlo con privarlo de su libertad, sin exhibir orden de aprehensión. En cuanto a la incomunicación que reclama. c). Así mismo, que siendo las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se permitió al aquí quejoso Edwin Mora Caballero, una llamada telefónica al número 22 21 89 44 13, que pertenece al abogado Miguel Muñoz Rodríguez, que tuvo una duración de un minuto, iniciando a las quince cincuenta y cuatro horas, así se advierte de la siguiente transcripción: ".Que siendo las 15:54 horas del día 22 del mes 12 del año 2021 (...) se permitió al detenido C. Edwin Mora Caballero realizar una llamada telefónica al número 22 21 89 44 13 que pertenece a la persona de nombre Abogado Miguel Muñoz Rodríguez (.) esta llamada tuvo una duración aproximada de 1 minuto, iniciando a las 15:54.(.) En donde aparece asentada una firma y el nombre de Edwin Mora Caballero. (ver foja 166 del anexo I de pruebas). Entonces, no existe la incomunicación que alega el peticionario de amparo, durante su detención que fue de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno a las diecinueve horas con quince minutos de ese mismo día, en que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, atento que como se advierte de la transcripción anterior en este lapso de tiempo a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos fue comunicado con el abogado Miguel Muñoz Rodríguez. Luego, también se advierte que a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintidos de diciembre de dos mil veintiuno -así aparece en el sello de recepción- existe presentado ante el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, un escrito signado por Edwin Mora Caballero en donde designa como sus abogados a Jessica Chavez Melo y Raúl Andrade Osorio, quienes en efecto aceptaron y protestaron el cargo de defensores particulares del quejoso en audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, de donde se advierte que el peticionario de amparo tuvo comunicación con la persona que presentó el escrito ante el juzgado responsable -en el cual se advierte una firma y el nombre del aquí quejoso- foja 170, anexo I de pruebas-, esto es, sí estuvo comunicado durante su detención a la fecha de presentación de la demanda. Así mismo, a las veintitrés horas con dos minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, Abigail Olvera Hernández, actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional asentó: ".Hago constar que en este momento se encuentra su abogado defensor Raúl Andrade Osorio y Christian Anel Romero Pérez, quienes ingresaran con la suscrita a la Sala indicada para comunicarse con el quejoso Edwin Mora Caballero." Quienes al final de la diligencia estamparon su nombre y firma (ver foja 17 del expediente principal). De ahí que la incomunicación que alega tampoco existe. En cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras por vicios propios. Por su parte, también las diversas autoridades responsables ejecutoras: 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores) y 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez), al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos reclamados (fojas 241 y 242, 255 y 256, respectivamente), consistentes en ataques a su libertad personal al no cumplir con su obligación de entregarle la orden de aprehensión por escrito para privarlo de su libertad personal; malos tratos al amenazarlo con privarlo de su libertad sin exhibir orden de aprehensión; la incomunicación y la demora prolongada en ponerlo a disposición de la autoridad judicial -al estarlo trasladando de un lugar a otro, sin razón alguna- Para justificar la negativa de dichos actos las citadas autoridades ejecutoras exhibieron diversas documentales, entre las que destacan: 1. La orden de aprehensión librada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 163/2021/Atlixco del índice de la responsable ordenadora: 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), en la cual, como señala la agente Investigador Elizabeth Pastrana Flores, se advierte la leyenda: "Recibí oficio de orden de aprensión 22-dic-2021 Edwin Mora 14:35.", que refirió corresponde al aquí quejoso (fojas 243 y 274 del expediente principal). 2. Dictamen médico practicado al aquí quejoso por parte del Doctor José Javier Madrid Arenas, médico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto a las dieciséis horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (ver fojas 244 y 277 del expediente principal). 3. Constancia de lectura de derechos de detenido de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 245 y 246, 276 del expediente principal). 4. Constancia de llamada de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (ver fojas 247 y 278 del expediente principal). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante las cuales las responsables justifican que a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, sí entregaron al aquí quejoso Edwin Mora Caballero la orden de aprehensión de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO del índice de la responsable ordenadora, con lo cual, no existen los actos consistentes en ataques a su libertad personal al no cumplir con su obligación de entregarle la orden de aprehensión por escrito para privarlo de su libertad personal y malos tratos al amenazarlo con privarlo de su libertad sin exhibir orden de aprehensión, pues las responsables han justificado dicho extremo. En cuanto a la incomunicación que reclama de las autoridades ejecutoras tampoco existe, porque obra una constancia de llamada de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, al teléfono 22 21 89 44 13 que corresponde al abogado Miguel Muñoz Rodríguez, con quien el peticionario de amparo entabló comunicación, la cual aparece firmada por la Agente Investigador Elizabeth Pastrana Flores -foja 247 del expediente principal-. En cuanto a la demora prolongada en ponerlo a disposición de la autoridad judicial -al estarlo trasladando de un lugar a otro, sin razón alguna- tampoco se advierte que exista, por lo siguiente: a). El aquí quejoso le fue ejecutada la orden de aprehensión a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno -foja 243 del expediente principal-. b). A las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre pasado, fue comunicado con su abogado Miguel Muñoz Rodríguez -foja 247 del expediente principal-. c). A las dieciséis horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, fue examinado por el Doctor José Javier Madrid Arenas, médico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 244 del expediente principal). d). Fue puesto a disposición de la autoridad judicial a las diecinueve horas con quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno -foja 152 del anexo I de pruebas- lo que se advierte también de la manifestación del agente del Ministerio Público en la audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno -que se transcribe más adelante- y respecto del cual, no hubo debate alguno entre las partes. Entonces, de las catorce horas con treinta y cinco minutos -momento de la detención- a las diecinueve horas con quince minutos -puesta a disposición- del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrieron aproximadamente cinco horas, con lo cual, el suscrito juez Federal advierte que no existe una detención prolongada para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, atendiendo a los trámites administrativos, a la revisión del quejoso por parte del médico para la elaboración del dictamen correspondiente a su estado de salud y al traslado a la Casa de Justicia correspondiente, en este punto, como se advierte de la audiencia de veinticuatro de diciembre pasado celebrada en la carpeta judicial administrativa: 0163/2021/ATLIXCO, el agente del Ministerio Público indicó al Juez de Control responsable lo siguiente: pero también obra en la carpeta de investigación y a través del cual se solicitó esta celebración de esta audiencia inicial que los elementos de policía fueron informados al llegar a Atlixco, que el Titular de dicho órgano jurisdiccional se encontraba gozando de su periodo vacacional y que por lo tanto el asunto tratándose desde luego de urgencia, sería atendido en esta diversa casa de justicia, siendo así, no se advierte la existencia del acto reclamado por parte del peticionario de amparo -en cuando a la demora prolongada para ponerlo a disposición de la autoridad judicial- advirtiéndose esto de los actos que ejecutaron los elementos aprehensores para hacerlo. En este tópico, en la audiencia de veinticuatro de diciembre pasado, dentro de la carpeta judicial administrativa 0163/2021/ATLIXCO -que no es materia de análisis en este sumario constitucional-, pero que se cita como antecedente, atendiendo a que la autoridad responsable 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), lo ofreció como prueba para desvirtuar los actos que le atribuyeron, se advierte lo siguiente: "Audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 0163/2021/Atlixco. (10:19:06 DVD) Señoría bajo esa circunstancia esta defensa quiere hacer una solicitud sobre todo por el medio de conducción, hay una ilegalidad bajo esta circunstancia, Juez, bueno, eso usted percibe, una ilegalidad, en cuanto a la ejecución de la orden de aprehensión, sí su señoría, (10:19:22 DVD), okey, voy a abrir debate, la escucho, muchísimas gracias su señoría, con fundamento en el artículo 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta defensa solicita que se determine la ilegalidad en la detención, en primera parte su señoría, o el medio de conducción fue a través de una orden de aprehensión, misma que no fue mostrada a mi defendido en el momento en el que se le priva de la libertad, por los elementos respectivos que ejecutan esta orden, de igual forma su señoría se precisa que estuvo incomunicado, máxime que no se tuvo los elementos necesarios y la información respectiva de lo que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, y asimismo, como se ordena en la orden de aprehensión que se mostrara de forma física a la persona que se pretendía detener, de igual forma su señoría se tuvo un tiempo respectivo de aproximadamente cinco horas en el cual se tuvo incomunicado a mi defenso y eso lo trae la defensa a relación incorporando el siguiente dato de prueba que ya ha sido (sic), se corrió traslado a la Agente del Ministerio Público a través del dictamen en criminalística en el cual se refiere, este ha sido realizado por el Maestro Guillermo Cortes Hernández, y el dictamen consiste en realizar actos de investigación referentes a la detención y traslado del trayecto y tiempo de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el método científico, analítico, descriptivo, sintético, deductivo, inductivo, aplicado a la criminalística, se refiere a la geo localización que se tuvo del IPhone número 7 plus de Amaira Mora Caballero, con número 244 12 10 025 así como siete capturas de pantalla enviadas mediante la aplicación de WhatsApp 22 23 71 09 03, ubicación en tiempo real, del celular de Edwin Mora Caballero, mientras era trasladado desde su detención hasta la casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, sus familiares fueron siguiendo este vehículo, mediante las imágenes que se fueron realizando, es así su señoría que se logra desprender a través de este dictamen lo siguiente: análisis de capturas de las pantallas, las geo localizaciones, y concluye el perito que de la ubicación en tiempo real del celular de Edwin Mora Caballero, mientras era traslado de su detención hasta Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, esto cuando lo seguían sus familiares en un vehículo, a una distancia tolerable (sic) el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, así como una imagen de la camioneta que llevaba al detenido, obtiene una movilidad de las quince horas con treinta y seis minutos a las veinte horas con treinta y cuatro minutos, dando un total de cinco horas con dos minutos desde su primera captura de ubicación en pantalla en la colonia El Carmen, hasta la última captura con la ubicación en la Federal Puebla-Atlixco, cerca del Parque Loro, esto sin tomar en consideración de la detención y puesta a disposición en la casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, lo que incrementaría el tiempo considerable, momentos y circunstancias que de capturas de pantallas se puede ir precisando su supuesto traslado que se realiza y que de igual forma no se tiene justificación de forma documental, ni verbal, a mi defenso de por qué se le estaba privando de su libertad, máxime su señoría, que en relación a lo que se tiene en la carpeta administrativa del juzgado de oralidad se tiene en la orden de aprehensión leyenda es copia fiel y correcta de su original, se compulsa en, espacio, no tenemos el número de fojas y la que se ha hecho llegar a la defensa, se refiere que son catorce fojas, pero en la original, bueno, al menos la que se encuentra en la carpeta administrativa no se tiene el número de fojas y de igual forma no es la original, se desprende que hay un cotejo respectivo, sin tener la certeza de que sea la orden de aprehensión original, máxime por la leyenda que se encuentra adscrita en esta carpeta, asimismo, su señoría, en la fecha de recepción que se encuentra en la parte marginal de la orden, la fecha de recepción, se encuentra alterada ya que no es visible esta fecha de recepción, precisando que esta fecha de recepción es al personal ministerial que recibe esta orden (10:25:24 DVD). Agente del Ministerio Público. (10:25:37 DVD) Desde luego que es infundado lo manifestado por la defensa porque nos encontramos ante la presencia de un cumplimiento de orden de aprehensión y desde luego en el mismo no se puede llevar a cabo el análisis a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, efectuar la legalidad de la detención sobre la misma, este tópico ya fue materia de análisis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Contradicción de Tesis 444/2019, donde precisamente concluyó que no se puede llevar a cabo ese análisis tratándose del cumplimiento de una orden de aprehensión, es decir, el cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional relacionado a que cuando una autoridad ejecute una orden judicial de aprehensión y la obligación de ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional se ha cumplido en el presente caso, (10:27:49 DVD), esto es así su señoría, porque de las constancias que obran en la carpeta de investigación se encuentra acreditado que el imputado fue detenido y así se le informó al órgano jurisdiccional que libró la orden de aprehensión el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, a las catorce treinta y cinco horas, se señala incluso el lugar donde fue detenido y después fue ingresado al área de seguridad de la casa de justicia correspondiente a las diecinueve horas con quince minutos, el tiempo transcurrido entre estos dos momentos y que es menor de cinco horas , pues fue donde se efectuaron desde luego los actos administrativos que por obligación tiene la policía de llevar cabo respecto de los imputados; Obra en la carpeta de investigación el dictamen pericial en materia de medicina forense donde el imputado fue revisado por un médico forense (10:29:00 DVD) a efecto de verificar su estado de salud, no solo eso su señoría, también obra la lectura de derechos al detenido donde se especifican todos y cada uno de los contiene el artículo 113, obra también (10:29:16 DVD) una firma, una huella, inclusive el nombre manuscrito de la persona detenida, por lo tanto, no le asiste razón la defensa al señalar que se encontraba incomunicado porque también incluso obra una constancia de llamada del imputado a su defensor, abogado Miguel Muñoz Rodríguez, dice la hora de inicio, la duración, el número al que llama y también tiene firma y el nombre del imputado. Desde luego también es un hecho notorio que la autoridad jurisdiccional que emitió esta orden de captura se encuentra en una casa de justicia diferente a la que se lleva a cabo en la presente audiencia, esto es, la de Atlixco, pero también obra en la carpeta de investigación y a través del cual se solicitó esta celebración de esta audiencia inicial que los elementos de policía fueron informados al llegar a Atlixco, que el Titular de dicho órgano jurisdiccional se encontraba gozando de su periodo vacacional y que por lo tanto el asunto tratándose desde luego de urgencia, sería atendido en esta diversa casa de justicia, por lo tanto, ese lapso menor de cinco horas se encuentra plenamente justificado y no existe ningún aspecto que permitiera establecer un vicio o nulidad y sobre todo que afecte la naturaleza de la presente audiencia que como se ha mencionado en términos del artículo 311 es proceder a formular la imputación por cumplimiento al mandato jurisdiccional (10:31:02 DVD), por lo tanto, su señoría se reitera la solicitud de que se califique como infundados los señalamientos de la defensa y se permita a esta fiscalía formular imputación al detenido (10:31:16 DVD) es cuanto. Juez, se resuelve: (10:31:28 DVD) Atendiendo al debate generado por la defensa en cuanto a la (10:31:31 DVD) ilegalidad que desde su perspectiva aprecia en cuanto a la ejecución de este mandato judicial orden de aprehensión en contra del señor Edwin Mora Caballero, como medio de conducción para formular imputación ante este tribunal, se aprecia por parte de la defensa que estuvo cinco horas incomunicado, indica que hay un dictamen, que fue seguido por su familia, básicamente y que además la orden de aprehensión en cuanto a que no se sabe si es la misma que está cotejada, que fue entregada a un elemento y que encuentra alterada dice, el dato o la fecha de entrega, ya cerré debate abogado (.) manifestó diversos vicios de ilegalidad por parte de la defensa en cuanto a la ejecución de esta orden, al respecto, indica, o se duele o quiero entender que no se dio a conocer este mandato al señor Edwin cuando fue detenido, cabe mencionar que al respecto que basta con que se enseñen los puntos resolutivos, por qué? Porque incluso hay situaciones, en las que órdenes de aprehensión, que no es el caso, se emiten de forma oral en audiencia, únicamente se emiten los puntos que es lo importante para saber, pues sobre todo la certeza de contra quien se va a ejecutar esa orden y quien lo está disponiendo así o qué Juez, al respecto existen los registros de la existencia de esa orden por lo cual considero que no hay una vulneración de los derechos humanos del señor Edwin, está apegado conforme al debido proceso ya que se emitió una orden por un juez competente que hasta el momento no se ha debatido al respecto alguna circunstancia relativa a ello, en cuanto al tema de la recepción de la orden es importante verificar la fecha en la que se emitió y la posibilidad de ejecutarla desde ese momento independientemente del trámite administrativo que se le haya dado, es decir, si el señor Edwin hubiera sido detenido el diez de diciembre y la orden se libró el veinte, pues obviamente que la orden sería una total arbitrariedad de ilegal, incluso un delito que se pudiera cometer en su contra, por lo cual, no considero hasta el momento que sea congruente o suficiente esta situación con los alegatos de la defensa en cuanto a la ilegalidad de su ejecución, que situación que aparentemente indica la defensa que se encuentra alterada la fecha de entrega de esa orden (10:43:40 DVD), hay una constancia en donde se entregó dicha orden a un elemento de la Fiscalía General del Estado, hay una fecha de emisión y es bastante para que estuviera en posibilidades, pues en este caso de ejecutarla en contra del señor Edwin Mora Caballero. En cuanto al tema de las cinco horas de un dictamen del cual se desprende, entiendo se realizó un estudio, al respecto, efectivamente, una vez que se ejecuta una orden debe de ser puesto de forma inmediata ante el Juez de Control que va a conocer de él (10:44:17 DVD), obviamente el tema de que exista una orden no quiere decir que se le prive de la libertad a alguien, alguna persona, algún ciudadano y se le tenga sin certeza jurídica respecto a su fin o destino por un tiempo ilimitado, es decir, un día, dos días, tres días, siempre les recalco, esto sucede más en los controles de detención, verificar la inmediatez, que habla esta palabra se cita en la Constitución y en la propia ley, derivado de esta situación podemos advertir que efectivamente se realizan diversos trámites administrativos, como verificar el estado de salud del señor Edwin, darle la oportunidad de que el mismo se contacte con alguna persona en este caso un defensor y se realice toda la documentación (10:45:17 DVD) en este caso que se exige para la puesta a disposición ante esta autoridad judicial, por ello es que considera el suscrito que estas cinco horas no se excedieron en cuanto al tema de inmediatez, pero además la ley exige que para que se verifique una ilegalidad se tiene que demostrar que en esa temporalidad, en ese exceso de tiempo se vulneraron los derechos humanos del señor Edwin, información que no tengo hasta este momento (10:45:47 DVD), se ha indicado que quedó incomunicado, sin embargo, el fiscal también se ha hecho cargo de mencionar respecto a la situación o circunstancia de la existencia de una llamada, incluso el suscrito tiene conocimiento de un amparo precisamente que se interpuso en donde se le dio contestación a la autoridad federal, cual fue el motivo de la privación de la libertad del señor Edwin, en donde se encontraba y obviamente que durante el trayecto pues, no es posible comunicar (sic), estoy a bordo de tal unidad, me van a llevar a tal parte, de ahí me voy a tal oficina para que me hagan mis trámites administrativos con respecto a mi puesta disposición, al respecto, eso es ilógico, eso es, materialmente imposible de algún modo, tampoco se argumentó que se hubiera vulnerado el tema de la detención del señor Edwin, en cuanto a se hubiera excedido en días, incluso, más de cinco horas considera el suscrito que efectivamente seis horas pudieran vulnerar sus derechos humanos, pero siempre y cuando haya información que así lo refiera (10:47:04 DVD), es obvio que no se está debatiendo sobre el fondo de la orden de aprehensión, ya que solamente es un medio de conducción y que en un momento dado la oportunidad derivaría en otra circunstancia (10:47:20 DVD), es decir, mediante tal vez un amparo en contra de la misma, lo cual tampoco hay información, con lo cual, considera el suscrito que no hay ninguna, ninguna ilegalidad en cuanto a la ejecución de esta orden de aprehensión en contra del señor Edwin (10:47:33 DVD). Esto es, el agente del Ministerio Público indica un dato más, que sería el que los elementos aprehensores primero trasladaron al aquí quejoso a la Casa de Justicia de Atlixco, para ponerlo a disposición de la autoridad responsable: 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza), que fue quien libró la orden de aprehensión de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa: 163/2021/ATLIXCO, quien se encontraba gozando de su periodo vacacional, razón por la cual, lo trasladaron a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla -lo que sumo tiempo a su puesta a disposición-. En este aspecto, el agente investigador Erick Oaxaca Martínez, al rendir su informe justificado indicó lo siguiente: ".Ahora bien, referente a ".la demora prolongada para ponerme a disposición de la autoridad judicial.' la participación del suscrito, consistió en el apoyo al traslado del quejoso Edwin Mora Caballero, de las oficinas de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ubicadas en calle 16 de septiembre, número 2904, colonia Chulavista, Puebla, Puebla, a casa de Justicia con sede en Atlixco, Puebla, traslado que inició aproximadamente a las 5:46 p.m en ruta a Casa de Justicia de Atlixco, Puebla, toda vez que la orden de aprehensión en contra del hoy quejoso EDWIN MORA CABALLERO, bajo la Carpeta Administrativa 163/2021/ATLIXCO, fue librada por el Abogado Fernando Martínez Espinoza, Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, teniendo una duración de traslado de 47 minutos aproximadamente, tomando como ruta, la avenida 31 poniente, incorporándonos a Boulevard Atlixco- carretera 190 y/o federal Atlixco; agregando como ANEXO 6, impresión de pantalla de la aplicación Google Maps, vinculado a mi cuenta personal de correo electrónico oxmtzeriick@gmail.com misma que se encuentra vinculada a mi equipo de comunicación telefónica personal Samsung Galaxy Note 10 Plus, donde se aprecia la ruta de traslado, tiempo de traslado y hora de llegada a Casa de Justicia con sede en Atlixco, Puebla; llegando a Casa de Justicia, sede Atlixco, Puebla, aproximadamente a las 6.33 p.m., por lo que una vez estando en la referida Casa de Justicia y al indicar al personal de medidas cautelares que nos encontrábamos en el lugar para un ingreso de detenido, este nos informa que el personal de Casa de Justicia con Sede en Atlixco, Puebla, se encontraba gozando de su periodo vacacional, por lo que el ingreso debía ser en Casa de Justicia con sede en San Andrés Cholula, Puebla, quienes eran los que se encontraban cubriendo por periodo vacacional; así teniendo conocimiento de lo anterior, siendo las 6:37 p.m. aproximadamente se trasladó al quejoso EDWIN MORA CABALLERO a Casa de Justicia con sede en San Andrés Cholula, Puebla (.)." (foja 256). Con la anterior narrativa se advierte que efectivamente trasladaron al aquí quejoso primero a Casa de Justicia de Atlixco, Puebla y, luego, a Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, lo que como ya se indicó retraso su puesta a disposición. Ahora bien, el quejoso ofreció como prueba de su parte la documental consistente en el dictamen en criminalística emitido Guillermo Cortes Hernández, para justificar que su detención sí fue prolongada, de la cual se advierte que el experto concluyó: "ÚNICA.- Se concluye con base en el estudio de las GEOREFERENCIAS DADAS POR LA C. AMAYRANI MORA CABALLERO CON NÚMERO 2441210025, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE DATOS A MI TELEFONO CELULAR, SIENDO 7 siete CAPTURAS DE PANTALLA ENVIADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN WHATSAPP al número 222371-09-03 (número del perito en criminalística) de ubicación en tiempo real del celular del C. Edwin Mora Caballero, mientras era trasladado desde su detención hasta casa de justicia de San Andrés Cholula, Puebla, esto cuando lo seguían sus familiares en vehículo a una distancia tolerable el día 22 de diciembre del 2021. Así como una imagen de la camioneta que llevaba al detenido. Obteniéndose UNA MOVILIDAD DE LAS 15:36 HS a las 20:34 HS, DANDO UN TOTAL DE 5HS CON 2 MINUTOS, DESDE SU PRIMERA CAPTURA DE UBICACIÓN EN PANTALLA EN LA COLONIA EL CARMEN, HASTA LA ÚLTIMA CAPTURA CON UBICACIÓN EN LA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO, CERCA DEL PARQUE LORO, ESTO SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN EN CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, LO QUE INCREMENTA EL TIEMPO CONSIDERABLE." (fojas 161 a 185 del expediente principal). La referida experticial se invocó como dato de prueba en la audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 163/2021/ATLIXCO, precisamente al momento de tachar de ilegal la detención del aquí quejoso -en cumplimiento a la ya multicitada orden de aprehensión-, la cual, concatenada a dicha audiencia se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual se justifica que los elementos aprehensores tardaron aproximadamente cinco horas en poner al aquí quejoso a disposición de la autoridad judicial, circunstancia que, como ya se indicó en párrafos precedentes, encuentra justificación en los trámites administrativos realizados para su puesta a disposición, así como el dictamen médico que le fuera practicado al quejoso y, su traslado a la Casa de Justicia de Atlixco y de ahí a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, atento que el juez de control que libró la orden de aprehensión en su contra se encontraba de vacaciones. En consecuencia, debe prevaler la negativa de actos por parte de las autoridades responsables, lo que se corrobora con las constancias que han quedado valoradas y que fueron aportadas por las autoridades responsables: 3. Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinoza) - foja 32, anexo I de pruebas- que exhibió Salvador Hernández Martínez en representación de su homólogo en cita; fojas 86 a 113; y, dos Discos versátiles DVD que exhibió el juez responsable referido; 4. Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Elizabeth Pastrana Flores), fojas 243 a 247; y, 5. Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Erick Oaxaca Martínez), fojas 257 a 281. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos, 63, fracción IV, 74, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Andrade Osorio en representación de Edwin Mora Caballero; contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso tercero de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente al promovente del amparo y autorizado procesal; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1238/2021, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes.

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