Edwin Ivan Ballesteros Mendez

Expediente 1352/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1352/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Edwin Ivan Ballesteros Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso Edwin Iván Ballesteros Méndez, quien se ostenta como apoderado legal de la moral Megamundo Agencias, Sociedad Anónima de Capital Variable, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que, a) acreditara fehacientemente la personalidad con que se ostenta al presente juicio de amparo, b) bajo protesta de decir verdad, precisara en qué consistían los "acto de imposible reparación en su modalidad de privación ilegal de la libertad y de trabajo"; a que refiere en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, pues no se advierte que reclame un acto en específico; y, c) una vez precisado lo anterior, señalara en específico qué acto reclama a cada una de las autoridades responsables. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1352/2017-B. Misma que fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y su penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, realicen lo siguiente: a) Acredite fehacientemente la personalidad con que se ostenta al presente juicio de amparo, eso es, exhiba documento idóneo del que se advierta que es apoderado legal de la moral Megamundo Agencias, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tiene aplicación a lo anterior el siguiente criterio: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. b) Edwin Iván Ballesteros Méndez, bajo protesta de decir verdad, precise en qué consisten los "acto de imposible reparación en su modalidad de privación ilegal de la libertad y de trabajo"; a que refiere en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, pues no se advierte que reclame un acto en específico; c) Una vez precisado lo anterior, señale en específico qué acto reclama a cada una de las autoridades responsables. Ello es así pues, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para hacer un estudio correcto de la demanda de amparo, al no tener la certeza de la naturaleza de los actos reclamados que pretende combatir. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108 fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir íntegramente con lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por Edwin Iván Ballesteros Méndez, y no por conducto de las personas que autorizan en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otro lado, toda vez que los promoventes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo; hágaseles saber que no ha lugar a tenerles señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, en esas condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley en cita, realícense las notificaciones personales a dicha parte procesal por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Por otra parte, se hace constar que la parte promovente, no autorizó a persona alguna para recibir notificaciones e imponerse de autos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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