EFRAIN GARCIA FLORES y Otros.
Expediente 828/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gabriel Escobedo Martinez
- Efrain Garcia Flores
- EFRAIN GARCIA FLORES y Otros.
- GERMAN MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
- German Martinez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Efraín García Flores, Germán Martínez Hernández, Gabriel Escobedo Martínez y Agustín Martínez Martínez, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Abelardo Gil Martínez), para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Efraín García Flores, Germán Martínez Hernández, Gabriel Escobedo Martínez y Agustín Martínez Martínez, para que el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Abelardo Gil Martínez), en la causa penal 326/2021/TEHUACAN, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos las resoluciones dictadas en audiencia oral de seis de agosto de dos mil veintiuno, relativas a: i) la legalidad de la detención y retención de los imputados; ii) su vinculación a proceso; y, la iii) imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; únicamente por cuanto hace a los aquí quejosos. b. Siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, nombre un intérprete (oficial o práctico, según sea el caso) conocedor de la lengua y cultura mazateca, a fin de que asista a los imputados durante el desarrollo de la audiencia o audiencias correspondientes. c. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de las resoluciones reclamadas, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, pregunte a los imputados si pertenecen a algún pueblo o etnia indígena, y si hablan alguna lengua o dialecto distintos al español. c.1. En caso que los quejosos se autoadscriban como indígenas mazatecos -o cualquiera otra etnia- , deberá cuestionarlos si desean ser asistidos por el intérprete previamente solicitado conocedor de su lengua y cultura. c.1.1. En caso afirmativo, previo cercioramiento de su pericia en la lengua y cultura de que se trate, el experto deberá aceptar y protestar el cargo, y estar presente en el desarrollo de toda la audiencia fungiendo como su auxiliar a fin de garantizar que puedan tener conocimiento y comunicación en la misma. c.1.2. Para el caso que los quejosos de viva voz renuncien a la asistencia de dicho intérprete, entonces el juez deberá dejar registro de ello, debiendo dar intervención al perito intérprete, a fin de corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención; además, deberá cerciorarse que el defensor designado, tenga conocimiento de la lengua y cultura indígena de los imputados. d. Hecho lo anterior, continuará con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. e. Para el caso de que los solicitantes de amparo digan que no pertenecen a un ningún pueblo indígena, la autoridad responsable después de cerciorarse que los imputados cuentan con una defensa técnica en la audiencia inicial, dictará las resoluciones que correspondan sin variar el sentido de las anteriores, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. f. Remita las constancias con las que acredite lo anterior." Se apercibe a la citada autoridad que, para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3. 3 "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Abelardo Gil Martínez), cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.4 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 1.)". Notifíquese electrónicamente a los quejosos -por conducto de su autorizado procesal en términos amplios, por así haberlo solicitado expresamente-; por lista a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a las diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Principal
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Efraín García Flores, Germán Martínez Hernández, Gabriel Escobedo Martínez y Agustín Martínez Martínez, contra los actos reclamados al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Abelardo Gil Martínez) y al 2. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, precisados en el considerando segundo; en términos del considerando octavo y para los efectos precisados en el diverso noveno, de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en considerando noveno de este fallo. Notifíquese electrónicamente a los quejosos -por conducto de su autorizado procesal en términos amplios, por así haberlo solicitado expresamente-; por lista a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a las diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido por el Secretario Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de un análisis integral de las constancias que integran el presente asunto, se advierte lo siguiente: Que en la audiencia inicial de seis de agosto de del año en curso, celebrada dentro de carpeta judicial administrativa 326/2021/TEHUACAN -que constituye el acto reclamado del presente asunto- intervinieron como agentes del ministerio Público los licenciados Tania Patricia Martínez Acosta y Carlos Hernández Jiménez, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Fiscalía Especializada de Secuestros y Extorsión. Ahora bien, derivado de la información aportada por el juez de control responsable, mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la licenciada Tania Patricia Martínez Acosta, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Fiscalía Especializada de Secuestros y Extorsión, en su carácter de autoridad tercera interesada; no así del diverso fiscal antes mencionado. Luego, mediante oficio FEISE/UEIS/9898/2021 signado por el agente del ministerio público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Armando Castillo Mendoza), informó que es él quien actualmente se encuentra integrando la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/SECUESTRO-I/000108/2021 que diera origen a la carpeta judicial administrativa 326/2021/TEHUACAN; razón por la cual, en auto de diez de septiembre del año en curso, se ordenó emplazar con el carácter de autoridad tercera interesada al representante social antes referido. Por tanto, esta autoridad estima innecesario ordenar el emplazamiento del fiscal Carlos Hernández Jiménez, pues si bien intervino en la audiencia inicial que por esta vía se combate, lo cierto es que la institución del Ministerio Público se encuentra debidamente llamada a juicio, a través del agente del Ministerio Público que actualmente integra la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal natural, y que por tanto, seguirá interviniendo en ella. Por otra parte, también se observa que en acuerdo de veintiocho de septiembre pasado, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, juez de control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, al cual adjuntó, entre otras documentales, un disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada en la causa penal de origen. Así, de una revisión de dicho disco, se aprecia que únicamente cuenta con el sello del órgano jurisdiccional emisor, y no así de la firma del servidor público que lo expidió; sin embargo, no ha lugar a requerir a dicha autoridad responsable para que remita debidamente certificado el documento en cuestión, pues la circunstancia apuntada no demerita su valor probatorio, ya que no debe ponerse en duda su contenido, al existir otras circunstancias que le dan certeza, como por ejemplo, que fue remitido a este órgano jurisdiccional por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, que contiene el sello del órgano correspondiente y la firma de la autoridad que lo emite. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD." Asimismo, cabe mencionar que al tratarse de una prueba instrumental de actuaciones, que contiene la diligencia o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital, es apta para acreditar la existencia de un acto procesal, siendo el caso la audiencia inicial de seis de agosto del año en curso (materia de la litis del presente juicio). Apoya a lo anterior la Jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.) emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente." Finalmente, también se advierte que, si bien en proveído veintiocho de septiembre pasado, se ordenó formar el cuaderno de pruebas I con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, lo cierto es que las mismas fueron glosadas al expediente en que se actúa, por lo que no existe anexo o cuaderno de pruebas que derive del presente asunto. Todo lo anterior se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla; con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de fojas que conforma la documental remitida, fórmese el cuaderno de prueba I, para mejor facilidad de su manejo, respetando su folio, sello y rúbrica. Por otro lado, como se desprende de la certificación de cuenta, fueron señaladas las nueve horas con veintidós minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de respetar el plazo legal de ocho días para que las partes se impongan del informe con justificación de cuenta y su anexo, procede diferirla, señalándose para tal efecto las nueve horas con treinta y ocho minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a los aquí quejosos 1. Efraín García Flores, 2. Germán Martínez Hernández, 3. Gabriel Escobedo Martínez y 4. Agustín Martínez Martínez, el auto de veintiuno de septiembre y el presente, en el lugar en el que se encuentran privados de su libertad, corriéndoles traslado a cada uno, con copia de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables -registros 16409 y 16991-. Ahora bien, toda vez que los impetrantes de garantías se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a 1. Efraín García Flores, 2. Germán Martínez Hernández, 3. Gabriel Escobedo Martínez y 4. Agustín Martínez Martínez, y se cerciore de sus identidades; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, así como el número de expediente -juicio de amparo 828/2021-A; d) Notifique a 1. Efraín García Flores, 2. Germán Martínez Hernández, 3. Gabriel Escobedo Martínez y 4. Agustín Martínez Martínez, el contenido íntegro del presente acuerdo y del diverso de veintiuno de septiembre del año en curso; e) Les corra traslado con copia de los referidos acuerdos y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables -registros 16409 y 16991-; f) Asiente razón en el sentido de si quisieron o no, recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, y atendiendo al principio de prontitud, consagrado en el artículo 17 Constitucional, y, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 28, fracción III ídem, de la ley de la materia, se ordena notificar el referido despacho vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. Notifíquese personalmente vía despacho a los quejosos en el lugar de su reclusión; electrónicamente a sus autorizados procesales; y, por lista a las demás partes...
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