Edwin Mora Caballero

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Edwin Mora Caballero
  • EDWIN MORA CABALLERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Destino de expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Devolución de constancias. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se ordena devolver lo siguiente al 7. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinosa, por conducto de su homóloga Lina Claudia Ordóñez Pérez): Copia certificada de la carpeta judicial administrativa 01/2022/ATLIXCO, de su índice y cuatro discos versátiles digitales (anexos I). Asimismo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Integración a expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, diversas terceras interesadas, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Dicho lo anterior, agréguese a los autos la razón actuarial signada por la fedataria de la adscripción, a través de la cual informa su imposibilidad para notificar personalmente el auto de quince de mayo pasado, a la parte tercera interesada Ayuntamiento del Municipio de Huaquechula, Puebla, representada por Maritza Morales Priego, por las razones que de la misma se desprenden. Por lo que, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, al haber fenecido el plazo de tres días que se concedió a la moral oficial tercera interesada Ayuntamiento del Municipio de Huaquechula, Puebla, representada por Maritza Morales Priego, para que señalara domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya realizado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós y, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la referida parte tercera interesada, el presente proveído, la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés y los subsecuentes autos, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues la promoción de cuenta se recibió físicamente. Notifíquese por lista a la moral oficial tercera interesada -en los términos indicados- y a las demás partes. San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Ahora bien, intégrese a los autos el oficio /2023/ATLIXCO signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Lina Claudia Ordóñez Pérez), a través del cual, en cumplimiento al auto de diez de mayo pasado, remite copia cotejada y autorizada de diversas constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 01/2022/ATLIXCO, así como un disco en formato versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la mencionada causa; a través de lo cual, aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada en diverso juicio de amparo 30/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, En efecto, la autoridad oficiante informa que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, celebró audiencia oral en la que resolvió dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el catorce de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la mencionada causa penal; y, en su lugar, emitió una nueva resolución en la que, por una parte, decretó auto de no vinculación, en favor de Edwin Mora Caballero, en virtud que no le pueden ser aplicadas las disposiciones 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Puebla, por su probable intervención en los hechos investigados de uso ilícito de atribuciones y facultades, que se dijo cometido en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla; y, por otro lado, dejó intocado el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso únicamente por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 251, fracción II, 252, 253, fracción VI, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que adjunta, mismas que desahogan dada su propia y especial naturaleza. Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Precisado lo anterior, con base en las constancias que obran en autos y, una vez reproducido el registro audiovisual contenido en el disco recibido en esta fecha, el suscrito juez Federal estima procedente sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario indicar que el quejoso Edwin Mora Caballero, reclama en este juicio de derechos fundamentales, los actos siguientes: Del 1. Gobernador, 2. Congreso, 3. Secretaria General de Gobierno, 4. Directora del Periódico Oficial y 6. Fiscal General, todos del Estado de Puebla, su respectiva participación en el proceso legislativo (promulgación, discusión, aprobación y publicación) que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla. Del 5. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la falta de refrendo del decreto que publicó los artículos que tilda de inconstitucionales. Del 7. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinosa), la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla (como acto de aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales). Al respecto, las autoridades responsables -con excepción de las señaladas con los números 5 y 6- al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de dichos actos; por lo que se tienen plenamente probados (fojas 123 a 148, 101 a 120, 244 a 246, 68 a 70 y 160 a 233)." Habida cuenta que, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tratándose de amparos contra leyes o normas generales no es necesario acreditar su existencia, en atención a que la ley no es objeto de prueba, dado su carácter obligatorio al darse a conocer mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación; de ahí que los actos en cuestión deben tenerse por ciertos. Por su parte, la certeza de la existencia de la resolución reclamada (señalada como acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales) se corrobora con la copia auténtica de la carpeta judicial administrativa 01/2022/ATLIXCO (fojas 160 a 233 y anexo I), que la jueza de control responsable remitió en apoyo a su informe justificado y de los registros audiovisuales correspondientes a la audiencia inicial y su continuación, celebrada esta última el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la indicada causa penal (tres discos versátiles digitales glosados en sobre amarillo (foja 237). A las documentales referidas, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En diverso aspecto, las autoridades responsables identificadas con los números 5 y 6, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin embargo, de la propia lectura de sus informes, surgen datos que contradicen sus negativas. En tales condiciones, se desvirtúan las negativas de las referidas autoridades y se tienen por ciertos los actos que les fueron atribuidos. Ahora bien, no obstante la existencia de los mencionados actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se explican. En el caso, Edwin Mora Caballero acude a esta instancia constitucional a inconformarse del proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, con motivo del primer acto de aplicación de dichos preceptos, que el quejoso traduce en la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia celebrada en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla. En tal sentido, resulta pertinente indicar que cuando en un juicio de amparo se reclama una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su aplicación y, en ese supuesto, el Juzgador debe observar las reglas siguientes: a. En principio, debe analizar si el juicio es procedente respecto del acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y, si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; b. Si el juicio es improcedente por cuanto hace al acto de aplicación, se impondrá sobreseer en relación con ese acto y, la norma impugnada; c. De resultar procedente la acción de amparo respecto del acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada, determinando lo conducente; y, d. En caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a la inconstitucionalidad de leyes, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por consiguiente, previo al análisis de las causas de improcedencia, es importante fijar la naturaleza jurídica de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, es decir, establecer si se trata de normas autoaplicativas o heteroaplicativas. Al respecto, debe señalarse que el Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos jurisdiccionales, y con apoyo en la jurisprudencia que al respecto ha emitido, clasifica a las leyes en los siguientes dos grupos: a) Las normas autoaplicativas, que se caracterizan porque su sola vigencia afecta los derechos subjetivos de los particulares, causando un agravio o perjuicio sin necesidad de que sean aplicadas por una autoridad; y, b) Las normas heteroaplicativas, que son aquellas que requieren de un acto de autoridad para afectar la esfera jurídica del gobernado. Bajo esa óptica, la obligatoriedad de una norma jurídica puede o no estar sujeta a una condición, siendo ésta la que determina el carácter de la ley, para que sea considerada como heteroaplicativa o autoaplicativa y, con base en ese criterio, los gobernados podrán distinguir si les causa un agravio personal y directo desde su entrada en vigor o no. En efecto, un ordenamiento legal puede ser impugnado a través del juicio de amparo en distintos momentos según sea su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer supuesto (tratándose de leyes autoaplicativas), basta con que el particular acredite que se encuentra ubicado en la hipótesis que se establece en un determinado ordenamiento legal, para que surja su derecho a solicitar el amparo; en el segundo supuesto (tratándose de leyes heteroaplicativas), es necesario un acto concreto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y que del mismo se derive el perjuicio que causa al gobernado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, ha sostenido el criterio jurisprudencial siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Sobre las bases expuestas, resulta pertinente indicar que los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 265.- El estupro se sancionará: (.) III.- Si además de ser mayor de tres años en referencia a la víctima, es su pariente por consanguinidad, afinidad o civil; su tutor, curador o tenga alguna representación sobre ella, habite en su mismo domicilio, sea su docente, consejero espiritual, o de alguna forma ejerza influencia moral, física, psicológica o económica en la víctima, se sancionará con prisión de cinco a diez años y multa de cien a trescientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización." "Artículo 436 Ter.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente y en perjuicio del erario, del servicio público o de otra persona: (.) IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos; (.)". "Artículo 436 Quaterdecies.- Son servidores públicos quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección, nombramiento o designación, en cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los municipios, entidades paraestatales, entidades paramunicipales y los órganos constitucionalmente autónomos del Estado." "Artículo 437.- De manera adicional a las sanciones establecidas en este Capítulo, se impondrá a los responsables de su comisión, la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado, por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: I.- Será por un plazo de uno hasta diez años, cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y II.- Será por un plazo de diez a veinte años, si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito." Como se ve, los preceptos combatidos son de naturaleza heteroaplicativa, pues requieren para su impugnación de un acto de aplicación que lo constituye, en todo caso, una resolución judicial en la que, en aplicación de tales normas, se sancione a quien cometa alguno de los injustos que prevén. Establecido lo anterior, resulta pertinente indicar que respecto de la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia inicial celebrada en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla (señalada como acto de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales), se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por sustitución procesal. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado dispositivo legal establece la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. De la interpretación de lo anterior, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma total e incondicional, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. En el caso, dicha cesación de efectos por sustitución procesal se actualiza porque, como se advierte de las constancias recibidas en esta fecha [a las cuales, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°] el acto atribuido al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinosa), consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del peticionario de amparo el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, fue sustituido procesalmente por la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Lina Claudia Ordóñez Pérez). Ello es así, pues en la mencionada resolución dictada en audiencia oral, se determinó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el catorce de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la mencionada causa penal; y, en su lugar, se emitió una nueva resolución en la que, por una parte, decretó auto de no vinculación, en favor de Edwin Mora Caballero, en virtud que no le pueden ser aplicadas las disposiciones 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Puebla, por su probable intervención en los hechos investigados de uso ilícito de atribuciones y facultades, que se dijo cometido en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla; y, por otro lado, se dejó intocado el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso únicamente por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 251, fracción II, 252, 253, fracción VI, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. Cuestión que impide examinar el acto combatido, pues de hacerlo, se trastocaría esta última resolución. En ese tenor, se concluye que al haber operado la cesación de efectos por sustitución procesal respecto del acto analizado, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 63 fracción V, del ordenamiento citado, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional respecto de la resolución que el quejoso señala como el primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales. En mérito de lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento en este juicio respecto del acto de aplicación de las normas, también resulta procedente sobreseer respecto de los diversos actos atribuidos al 1. Gobernador, 2. Congreso, 3. Secretaria General de Gobierno, 4. Directora del Periódico Oficial, 5. Secretario de Seguridad Pública y 6. Fiscal General, todos del Estado de Puebla, consistentes en su respectiva participación en el proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, atento a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo; pues, respecto de ese acto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la citada ley, ya que al ser improcedente el juicio de derechos fundamentales en contra del acto de aplicación de la norma, debe también decretarse el sobreseimiento por cuanto hace a los ordenamientos en los que se apoya, como lo explica la jurisprudencia del máximo tribunal de este país, citada con antelación. Es aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Finalmente, lo aquí resuelto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a las diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Ahora bien, intégrese a los autos el oficio /2023/ATLIXCO signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Lina Claudia Ordóñez Pérez), a través del cual, en cumplimiento al auto de diez de mayo pasado, remite copia cotejada y autorizada de diversas constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 01/2022/ATLIXCO, así como un disco en formato versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la mencionada causa; a través de lo cual, aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada en diverso juicio de amparo 30/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, En efecto, la autoridad oficiante informa que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, celebró audiencia oral en la que resolvió dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el catorce de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la mencionada causa penal; y, en su lugar, emitió una nueva resolución en la que, por una parte, decretó auto de no vinculación, en favor de Edwin Mora Caballero, en virtud que no le pueden ser aplicadas las disposiciones 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Puebla, por su probable intervención en los hechos investigados de uso ilícito de atribuciones y facultades, que se dijo cometido en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla; y, por otro lado, dejó intocado el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso únicamente por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 251, fracción II, 252, 253, fracción VI, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que adjunta, mismas que desahogan dada su propia y especial naturaleza. Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Precisado lo anterior, con base en las constancias que obran en autos y, una vez reproducido el registro audiovisual contenido en el disco recibido en esta fecha, el suscrito juez Federal estima procedente sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario indicar que el quejoso Edwin Mora Caballero, reclama en este juicio de derechos fundamentales, los actos siguientes: Del 1. Gobernador, 2. Congreso, 3. Secretaria General de Gobierno, 4. Directora del Periódico Oficial y 6. Fiscal General, todos del Estado de Puebla, su respectiva participación en el proceso legislativo (promulgación, discusión, aprobación y publicación) que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla. Del 5. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la falta de refrendo del decreto que publicó los artículos que tilda de inconstitucionales. Del 7. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinosa), la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla (como acto de aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales). Al respecto, las autoridades responsables -con excepción de las señaladas con los números 5 y 6- al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de dichos actos; por lo que se tienen plenamente probados (fojas 123 a 148, 101 a 120, 244 a 246, 68 a 70 y 160 a 233)." Habida cuenta que, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tratándose de amparos contra leyes o normas generales no es necesario acreditar su existencia, en atención a que la ley no es objeto de prueba, dado su carácter obligatorio al darse a conocer mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación; de ahí que los actos en cuestión deben tenerse por ciertos. Por su parte, la certeza de la existencia de la resolución reclamada (señalada como acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales) se corrobora con la copia auténtica de la carpeta judicial administrativa 01/2022/ATLIXCO (fojas 160 a 233 y anexo I), que la jueza de control responsable remitió en apoyo a su informe justificado y de los registros audiovisuales correspondientes a la audiencia inicial y su continuación, celebrada esta última el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la indicada causa penal (tres discos versátiles digitales glosados en sobre amarillo (foja 237). A las documentales referidas, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En diverso aspecto, las autoridades responsables identificadas con los números 5 y 6, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin embargo, de la propia lectura de sus informes, surgen datos que contradicen sus negativas. En tales condiciones, se desvirtúan las negativas de las referidas autoridades y se tienen por ciertos los actos que les fueron atribuidos. Ahora bien, no obstante la existencia de los mencionados actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se explican. En el caso, Edwin Mora Caballero acude a esta instancia constitucional a inconformarse del proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, con motivo del primer acto de aplicación de dichos preceptos, que el quejoso traduce en la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia celebrada en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla. En tal sentido, resulta pertinente indicar que cuando en un juicio de amparo se reclama una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su aplicación y, en ese supuesto, el Juzgador debe observar las reglas siguientes: a. En principio, debe analizar si el juicio es procedente respecto del acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y, si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; b. Si el juicio es improcedente por cuanto hace al acto de aplicación, se impondrá sobreseer en relación con ese acto y, la norma impugnada; c. De resultar procedente la acción de amparo respecto del acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada, determinando lo conducente; y, d. En caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a la inconstitucionalidad de leyes, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por consiguiente, previo al análisis de las causas de improcedencia, es importante fijar la naturaleza jurídica de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, es decir, establecer si se trata de normas autoaplicativas o heteroaplicativas. Al respecto, debe señalarse que el Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos jurisdiccionales, y con apoyo en la jurisprudencia que al respecto ha emitido, clasifica a las leyes en los siguientes dos grupos: a) Las normas autoaplicativas, que se caracterizan porque su sola vigencia afecta los derechos subjetivos de los particulares, causando un agravio o perjuicio sin necesidad de que sean aplicadas por una autoridad; y, b) Las normas heteroaplicativas, que son aquellas que requieren de un acto de autoridad para afectar la esfera jurídica del gobernado. Bajo esa óptica, la obligatoriedad de una norma jurídica puede o no estar sujeta a una condición, siendo ésta la que determina el carácter de la ley, para que sea considerada como heteroaplicativa o autoaplicativa y, con base en ese criterio, los gobernados podrán distinguir si les causa un agravio personal y directo desde su entrada en vigor o no. En efecto, un ordenamiento legal puede ser impugnado a través del juicio de amparo en distintos momentos según sea su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer supuesto (tratándose de leyes autoaplicativas), basta con que el particular acredite que se encuentra ubicado en la hipótesis que se establece en un determinado ordenamiento legal, para que surja su derecho a solicitar el amparo; en el segundo supuesto (tratándose de leyes heteroaplicativas), es necesario un acto concreto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y que del mismo se derive el perjuicio que causa al gobernado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, ha sostenido el criterio jurisprudencial siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Sobre las bases expuestas, resulta pertinente indicar que los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 265.- El estupro se sancionará: (.) III.- Si además de ser mayor de tres años en referencia a la víctima, es su pariente por consanguinidad, afinidad o civil; su tutor, curador o tenga alguna representación sobre ella, habite en su mismo domicilio, sea su docente, consejero espiritual, o de alguna forma ejerza influencia moral, física, psicológica o económica en la víctima, se sancionará con prisión de cinco a diez años y multa de cien a trescientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización." "Artículo 436 Ter.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente y en perjuicio del erario, del servicio público o de otra persona: (.) IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos; (.)". "Artículo 436 Quaterdecies.- Son servidores públicos quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección, nombramiento o designación, en cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los municipios, entidades paraestatales, entidades paramunicipales y los órganos constitucionalmente autónomos del Estado." "Artículo 437.- De manera adicional a las sanciones establecidas en este Capítulo, se impondrá a los responsables de su comisión, la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado, por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: I.- Será por un plazo de uno hasta diez años, cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y II.- Será por un plazo de diez a veinte años, si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito." Como se ve, los preceptos combatidos son de naturaleza heteroaplicativa, pues requieren para su impugnación de un acto de aplicación que lo constituye, en todo caso, una resolución judicial en la que, en aplicación de tales normas, se sancione a quien cometa alguno de los injustos que prevén. Establecido lo anterior, resulta pertinente indicar que respecto de la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia inicial celebrada en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, en la cual se le vinculó a proceso, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla (señalada como acto de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales), se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por sustitución procesal. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado dispositivo legal establece la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. De la interpretación de lo anterior, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma total e incondicional, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. En el caso, dicha cesación de efectos por sustitución procesal se actualiza porque, como se advierte de las constancias recibidas en esta fecha [a las cuales, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°] el acto atribuido al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Fernando Martínez Espinosa), consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del peticionario de amparo el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 01/2022/ATLIXCO, por los hechos con apariencia de delitos de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades, previstos y sancionados en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies, 437, fracciones I y II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, fue sustituido procesalmente por la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Lina Claudia Ordóñez Pérez). Ello es así, pues en la mencionada resolución dictada en audiencia oral, se determinó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el catorce de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la mencionada causa penal; y, en su lugar, se emitió una nueva resolución en la que, por una parte, decretó auto de no vinculación, en favor de Edwin Mora Caballero, en virtud que no le pueden ser aplicadas las disposiciones 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Puebla, por su probable intervención en los hechos investigados de uso ilícito de atribuciones y facultades, que se dijo cometido en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla; y, por otro lado, se dejó intocado el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso únicamente por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 251, fracción II, 252, 253, fracción VI, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad. Cuestión que impide examinar el acto combatido, pues de hacerlo, se trastocaría esta última resolución. En ese tenor, se concluye que al haber operado la cesación de efectos por sustitución procesal respecto del acto analizado, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 63 fracción V, del ordenamiento citado, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional respecto de la resolución que el quejoso señala como el primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales. En mérito de lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento en este juicio respecto del acto de aplicación de las normas, también resulta procedente sobreseer respecto de los diversos actos atribuidos al 1. Gobernador, 2. Congreso, 3. Secretaria General de Gobierno, 4. Directora del Periódico Oficial, 5. Secretario de Seguridad Pública y 6. Fiscal General, todos del Estado de Puebla, consistentes en su respectiva participación en el proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 265, fracción III, 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal para el Estado de Puebla, atento a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo; pues, respecto de ese acto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la citada ley, ya que al ser improcedente el juicio de derechos fundamentales en contra del acto de aplicación de la norma, debe también decretarse el sobreseimiento por cuanto hace a los ordenamientos en los que se apoya, como lo explica la jurisprudencia del máximo tribunal de este país, citada con antelación. Es aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Finalmente, lo aquí resuelto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a las diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el dieciocho de abril del año en curso, se requirió a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, en el Estado de Puebla, con sede en Atlixco (Lina Claudia Ordoñez Pérez), en representación de su homólogo Fernando Martínez Espinosa, para que, en el momento que tuviera conocimiento que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 30/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro de la causa penal 0001/2022/ATLIXCO, de su índice, lo informara a este órgano jurisdiccional y lo acreditara con las constancias conducentes; sin que a la fecha en que se actúa lo haya hecho, a pesar que de una consulta realizada al expediente electrónico del aludido sumario se observa que en auto de tres de mayo pasado, se tuvo a la mencionada jueza de control informando el cumplimiento dado a la referida ejecutoria constitucional, dentro de la causa penal en comento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, en el Estado de Puebla, con sede en Atlixco (Lina Claudia Ordoñez Pérez), en representación de su homólogo Fernando Martínez Espinosa, para que, en el término de veinticuatro horas, computado, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 30/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro de la causa penal 0001/2022/ATLIXCO, de su índice y lo acredite con las constancias conducentes. Apercibida que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por oficio a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, en el Estado de Puebla, con sede en Atlixco (Lina Claudia Ordoñez Pérez); y, por lista a las demás partes.

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