Edward Garcia Rustrian
Expediente 666/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edward Garcia Rustrian
- LEANDRO LOPEZ SALAS y Otros.
- EDWARD GARCIA RUSTRIAN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el uno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 313 a 316), se ordenó el archivo del juicio de amparo indirecto en que se actúa, como asunto totalmente concluido. En ese sentido, al ser innecesario conservar la documental que los quejosos Edward García Rustrían y Julio César Cordero Herrera, anexaron a su escrito inicial de demanda (promovida por conducto de su defensor particular, consistente en copia certificada del proceso penal 114/2016 de Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla), misma que fue agregada por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis (foja 64 a 69); en consecuencia, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo ésta podrá ser depurada junto con el expediente principal; el cual le será devuelto, previa identificación y constancia de su entrega.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el uno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 313 a 316), se ordenó el archivo del juicio de amparo indirecto en que se actúa, como asunto totalmente concluido. En ese sentido, al ser innecesario conservar la documental que los quejosos Edward García Rustrían y Julio César Cordero Herrera, anexaron a su escrito inicial de demanda (promovida por conducto de su defensor particular, consistente en copia certificada del proceso penal 114/2016 de Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla), misma que fue agregada por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis (foja 64 a 69); en consecuencia, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo ésta podrá ser depurada junto con el expediente principal; el cual le será devuelto, previa identificación y constancia de su entrega.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA RESOLUCIÓN DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 100 a 126), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de abril de dos mil dieciséis, dictado contra los quejosos, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En el delito de portación de instrumento prohibido, deberá precisar de qué manera se probó el elemento subjetivo relativo al ánimo de hacer uso de tales objetos para cometer alguna conducta ilícita, así como los medios de prueba de los que obtuvo, a partir de su valoración y adminiculación, que los quejosos, aquí inconformes, portaron el cuchillo y la navaja con el ánimo de cometer algún delito, o bien que no tuvieran un fin licito. b) En el delito de robo calificado. Deberá establecer con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del delito de robo calificado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar cada uno de los elementos del cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. c) Al establecer que el delito se cometió con las calificativas prevista en el artículo 380, fracciones I, III, X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, es decir, en qué consistió la violencia empleada en el robo, si fue física o moral; si fueron dos o cuatro los activos del delito; si estaban armados, qué armas emplearon; y si fue en una casa habitación, describir su ubicación; aludiendo a las pruebas que sirvan de base para demostrar esos supuestos, estudio que deberá se fundado y motivando su determinación. d) De igual forma, la responsable al haber omitido cuantificar el detrimento patrimonial ocasionado a los agraviados, deberá precisar a cuanto ascendió el monto de lo robado, así como las razones o circunstancias que lo lleven a concluir de esa forma, por cada uno de los agraviados, una vez hecho, indique si la conducta imputada a los quejosos se ubica en la fracción I del artículo 374 del Código Penal del Estado de Puebla. En el entendido de que al momento de cuantificar el detrimento patrimonial de los pasivos, el a quo deberá acudir al salario mínimo que estaba vigente en el lugar y momento de los hechos denunciados, atento al artículo 44 del Código Penal del Estado de Puebla. e) Deberá señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito de robo calificado que se imputa a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. f) En el estudio de la probable responsabilidad penal del delito de robo calificado, el grado de participación que cada uno los inculpados, esto es, la acción que cada uno ejecutó en los hechos que se les imputa, dependiendo de las pruebas que obran en la causa penal de origen. g) Deberá precisar el alcance de las diligencias de reconocimiento que hizo en las declaraciones ministeriales de las testigos Daniela Virginia Pérez Ornelas (fojas 92 a 95 del tomo II de pruebas) y María Fernanda Chamorro López (fojas 113 a 115 ídem), como la diversa desahogada el dos de abril de dos mil dieciséis con la testigo Daniela Virginia Pérez Ornelas, para lo cual tomará en consideración que en esas diligencias no se encontraba presente la defensa de los inculpados, expresando el fundamento que considere deben ser valoradas como las razones que lo lleven a concluir sí merecen o no valor probatorio. Cabe señalar que la diligencia de reconocimiento llevada a cabo por la autoridad ministerial no existe como "diligencia reconocimiento" en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, sin embargo, en los artículos 184, 185, 186 y 187 del código procesal invocado, sí está prevista la diligencia de confrontación, en los cuales se establece el método a seguir para llevar a cabo una diligencia de esa naturaleza como los requisitos que se deben cumplir, entre los cuales, si bien no se encuentra que en la misma asista de la defensa del inculpado, lo cierto es que al ser una diligencia en la que participa de forma activa físicamente el inculpado, se hace necesaria la presencia de su defensor para asegurar que formal y materialmente se cumplan los requisitos legales de su desarrollo, así como la salvaguarda de los derechos de los inculpados de tener una adecuada defensa en los hechos que se le imputan." (fojas 124 vuelta a 126). Por auto de doce de agosto de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 247 a 251). Ahora bien, mediante oficio 5650 de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 267), la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha que pronunció en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, en la que, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis relativa al auto de formal prisión dictado en contra de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian, únicamente por lo que hace al delito de portación de instrumento prohibido, previsto y sancionado por el artículo 179, fracción I y 181 cometido en agravio de la sociedad y denunciado por Jonathan Casique Lucero e Irving Rodríguez Hernández; así como también el diverso auto de formal prisión de ocho de abril de dos mil dieciséis, decretado en contra de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380 fracciones I, III, XI y 382 en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Leandro López Salas y Gustavo Chamorro Flores; y, Pronunció una nueva resolución en la que, consideró lo siguiente: "SEGUNDO. En autos se encuentra acreditado EL DELITO DE PORTACIÓN DE INSTRUMENTO PROHIBIDO, previsto y sancionado por el artículo 179 fracción I y 181 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de la Sociedad y denunciado por Jonathan Casique Lucero e Irving Rodríguez Hernández. TERCERO. En autos se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito de PORTACIÓN DE INSTRUMENTO PROHIBIDO previsto y sancionado por el artículo 179, fracción I y 181 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de la SOCIEDAD y denunciado por JONATHAN CASIQUE LUCERO E IRVING RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. CUARTO. Gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, comunicándole esta resolución a fin de que se sirva identificar a JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, como formalmente presos por los medios adoptados administrativamente. Y al mismo tiempo solicítesele informe si los procesados registran ingresos anteriores en esa institución, debiendo remitir la media filiación de los procesados, información que se deberá enviar dentro del término de cinco días a partir de que se haya notificado la presente resolución. QUINTO. En autos se encuentra acreditado el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. SEXTO. En autos no se acreditó la probable responsabilidad de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. SÉPTIMO. Al no haberse acreditado la probable responsabilidad de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDGAR GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito antes mencionado; se dicta a su favor AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. OCTAVO. Gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, comunicándole esta resolución a fin de que ordene a quien corresponda ponga en inmediata libertad JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA (sic) Y EDGAR GARCÍA RUSTRIAN, únicamente por cuanto hace al delito ROBO AGRAVADO (sic) previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I, III y Xi, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. NOVENO. Hágase saber a la parte agraviada, vía notificación, los derechos que a su favor señala el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; 54 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. DÉCIMO. Comuníquese la presente resolución al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Estado de Puebla (sic), para los efectos a que haya lugar en el juicio de amparo número 666/2016, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE." (fojas 290 y 291). Respecto del delito de robo agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES se reitera, que el juez responsable dictó a favor de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian (aquí quejosos) AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, esto en atención a que se le concedió libertad de jurisdicción. Por lo que hace al delito de portación de instrumento prohibido, respecto del cual el juez de los autos tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de los inculpados en su comisión, dicho juzgador precisó la manera en que se probó el elemento subjetivo relativo al ánimo de hacer uso de tales objetos para cometer alguna conducta ilícita (foja 273); y estableció que los medios de prueba de los que obtuvo fueron las declaraciones de los policías aprehensores, a partir de su valoración en términos del artículo 204 de la ley adjetiva de la materia y su adminiculación, que los aquí quejosos portaron el cuchillo (Julio César Cordero Herrera) y la navaja (Edward García Rustrian) sin un fin licito. Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 01 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 100 a 126), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de abril de dos mil dieciséis, dictado contra los quejosos, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En el delito de portación de instrumento prohibido, deberá precisar de qué manera se probó el elemento subjetivo relativo al ánimo de hacer uso de tales objetos para cometer alguna conducta ilícita, así como los medios de prueba de los que obtuvo, a partir de su valoración y adminiculación, que los quejosos, aquí inconformes, portaron el cuchillo y la navaja con el ánimo de cometer algún delito, o bien que no tuvieran un fin licito. b) En el delito de robo calificado. Deberá establecer con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del delito de robo calificado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar cada uno de los elementos del cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. c) Al establecer que el delito se cometió con las calificativas prevista en el artículo 380, fracciones I, III, X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, es decir, en qué consistió la violencia empleada en el robo, si fue física o moral; si fueron dos o cuatro los activos del delito; si estaban armados, qué armas emplearon; y si fue en una casa habitación, describir su ubicación; aludiendo a las pruebas que sirvan de base para demostrar esos supuestos, estudio que deberá se fundado y motivando su determinación. d) De igual forma, la responsable al haber omitido cuantificar el detrimento patrimonial ocasionado a los agraviados, deberá precisar a cuanto ascendió el monto de lo robado, así como las razones o circunstancias que lo lleven a concluir de esa forma, por cada uno de los agraviados, una vez hecho, indique si la conducta imputada a los quejosos se ubica en la fracción I del artículo 374 del Código Penal del Estado de Puebla. En el entendido de que al momento de cuantificar el detrimento patrimonial de los pasivos, el a quo deberá acudir al salario mínimo que estaba vigente en el lugar y momento de los hechos denunciados, atento al artículo 44 del Código Penal del Estado de Puebla. e) Deberá señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito de robo calificado que se imputa a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. f) En el estudio de la probable responsabilidad penal del delito de robo calificado, el grado de participación que cada uno los inculpados, esto es, la acción que cada uno ejecutó en los hechos que se les imputa, dependiendo de las pruebas que obran en la causa penal de origen. g) Deberá precisar el alcance de las diligencias de reconocimiento que hizo en las declaraciones ministeriales de las testigos Daniela Virginia Pérez Ornelas (fojas 92 a 95 del tomo II de pruebas) y María Fernanda Chamorro López (fojas 113 a 115 ídem), como la diversa desahogada el dos de abril de dos mil dieciséis con la testigo Daniela Virginia Pérez Ornelas, para lo cual tomará en consideración que en esas diligencias no se encontraba presente la defensa de los inculpados, expresando el fundamento que considere deben ser valoradas como las razones que lo lleven a concluir sí merecen o no valor probatorio. Cabe señalar que la diligencia de reconocimiento llevada a cabo por la autoridad ministerial no existe como "diligencia reconocimiento" en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, sin embargo, en los artículos 184, 185, 186 y 187 del código procesal invocado, sí está prevista la diligencia de confrontación, en los cuales se establece el método a seguir para llevar a cabo una diligencia de esa naturaleza como los requisitos que se deben cumplir, entre los cuales, si bien no se encuentra que en la misma asista de la defensa del inculpado, lo cierto es que al ser una diligencia en la que participa de forma activa físicamente el inculpado, se hace necesaria la presencia de su defensor para asegurar que formal y materialmente se cumplan los requisitos legales de su desarrollo, así como la salvaguarda de los derechos de los inculpados de tener una adecuada defensa en los hechos que se le imputan." (fojas 124 vuelta a 126). Por auto de doce de agosto de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 247 a 251). Ahora bien, mediante oficio 5650 de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 267), la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha que pronunció en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, en la que, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis relativa al auto de formal prisión dictado en contra de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian, únicamente por lo que hace al delito de portación de instrumento prohibido, previsto y sancionado por el artículo 179, fracción I y 181 cometido en agravio de la sociedad y denunciado por Jonathan Casique Lucero e Irving Rodríguez Hernández; así como también el diverso auto de formal prisión de ocho de abril de dos mil dieciséis, decretado en contra de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380 fracciones I, III, XI y 382 en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Leandro López Salas y Gustavo Chamorro Flores; y, Pronunció una nueva resolución en la que, consideró lo siguiente: "SEGUNDO. En autos se encuentra acreditado EL DELITO DE PORTACIÓN DE INSTRUMENTO PROHIBIDO, previsto y sancionado por el artículo 179 fracción I y 181 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de la Sociedad y denunciado por Jonathan Casique Lucero e Irving Rodríguez Hernández. TERCERO. En autos se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito de PORTACIÓN DE INSTRUMENTO PROHIBIDO previsto y sancionado por el artículo 179, fracción I y 181 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de la SOCIEDAD y denunciado por JONATHAN CASIQUE LUCERO E IRVING RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. CUARTO. Gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, comunicándole esta resolución a fin de que se sirva identificar a JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, como formalmente presos por los medios adoptados administrativamente. Y al mismo tiempo solicítesele informe si los procesados registran ingresos anteriores en esa institución, debiendo remitir la media filiación de los procesados, información que se deberá enviar dentro del término de cinco días a partir de que se haya notificado la presente resolución. QUINTO. En autos se encuentra acreditado el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. SEXTO. En autos no se acreditó la probable responsabilidad de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDWARD GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. SÉPTIMO. Al no haberse acreditado la probable responsabilidad de JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA Y EDGAR GARCÍA RUSTRIAN, en la comisión del delito antes mencionado; se dicta a su favor AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. OCTAVO. Gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, comunicándole esta resolución a fin de que ordene a quien corresponda ponga en inmediata libertad JULIO CÉSAR CORDERO HERRERA (sic) Y EDGAR GARCÍA RUSTRIAN, únicamente por cuanto hace al delito ROBO AGRAVADO (sic) previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I, III y Xi, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que se dijo cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES. NOVENO. Hágase saber a la parte agraviada, vía notificación, los derechos que a su favor señala el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; 54 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. DÉCIMO. Comuníquese la presente resolución al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Estado de Puebla (sic), para los efectos a que haya lugar en el juicio de amparo número 666/2016, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE." (fojas 290 y 291). Respecto del delito de robo agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción I y 380 fracciones I, III y XI en relación a los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de LEANDRO LÓPEZ SALAS Y GUSTAVO CHAMORRO FLORES se reitera, que el juez responsable dictó a favor de Julio César Cordero Herrera y Edward García Rustrian (aquí quejosos) AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, esto en atención a que se le concedió libertad de jurisdicción. Por lo que hace al delito de portación de instrumento prohibido, respecto del cual el juez de los autos tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de los inculpados en su comisión, dicho juzgador precisó la manera en que se probó el elemento subjetivo relativo al ánimo de hacer uso de tales objetos para cometer alguna conducta ilícita (foja 273); y estableció que los medios de prueba de los que obtuvo fueron las declaraciones de los policías aprehensores, a partir de su valoración en términos del artículo 204 de la ley adjetiva de la materia y su adminiculación, que los aquí quejosos portaron el cuchillo (Julio César Cordero Herrera) y la navaja (Edward García Rustrian) sin un fin licito. Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
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