Eduardo Noel Villa Ortiz
Expediente 400/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Noel Villa Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, acusando recibo del oficio de veinticinco de agosto del año en curso, mediante el cual se le remitieron las constancias que la autoridad responsable allegó al presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del amparo III-400/2021-M del índice de este juzgado e informa que dicho juzgado se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, solicita se le remitan dos tomos de pruebas relativos al juicio del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por lo tanto, como lo solicita la secretaria en cita y por resultar innecesaria su retención, remítanse los tomos de pruebas que se encuentren identificados con el expediente principal. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 400/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables y hace constar que no existen más pruebas pendientes por admitir o desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 3), Eduardo Noel Villa Ortiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 400/2021, se admitió mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (foja 16); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en auto de quince de junio del año que transcurre se reconoció el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Tingüindín, Michoacán, por figurar como parte demandada en el juicio de origen. Finalmente, en auto de doce de julio de este año (foja 44) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Incompetencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, considera que carece de competencia para conocer del presente asunto en atención a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De acuerdo con dicha disposición legal, se advierte que no se surte la competencia de este órgano jurisdiccional, para conocer del presente asunto, ello en razón que, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el dispositivo transcrito, es decir, no está demostrado que dentro de la jurisdicción de este juzgado, deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Para sostener dicho argumento, se tiene que en el presente asunto, el quejoso compareció a pedir amparo en contra de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación I-67/2021, que revocó la interlocutoria pronunciada en el juicio ordinario civil 7/2018, tramitado sobre cumplimiento de contrato de obra pública y otras prestaciones, en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de embargo promovido por la apoderada del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tingüindín, Michoacán, para en su lugar, declarar su procedencia y ordenar levantar el embargo trabado el seis de febrero de dos mil veinte en siete propiedades del ayuntamiento demandado. Sentado lo anterior, en el caso para determinar cuál es el juzgado que el suscrito, estima competente para la resolución de este asunto, debe atenderse a dos aspectos: En primer término a la naturaleza del acto reclamado; y, En segundo término, deberá determinarse si dicho acto tiene o no ejecución y posteriormente, establecer el criterio de competencia que se estima, opera en el caso. Así tenemos que, como quedó anotado con anterioridad, el quejoso reclama la resolución de segunda instancia que revocó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de embargo promovido por la apoderada del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tingüindín, Michoacán, para en su lugar, declarar su procedencia y ordenar levantar el embargo trabado en siete propiedades del ayuntamiento demandado, resolución que reviste de la naturaleza de declarativa con efectos positivos. Por declarativos, deben entenderse aquellos actos que, por sus efectos, únicamente clarifican el derecho obtenido en una sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución; además, en la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se ha determinado que éstos actos pueden tener efectos positivos o negativos, los primeros, son aquellos que llevan implícitos actos procesales encaminados a cumplir la resolución declarativa, por ejemplo, una reposición de procedimiento; los segundos en cambio, no conllevan efecto alguno, por citar uno, la resolución de segunda instancia que confirma el auto que negó la admisión de una prueba. En el caso se considera que la resolución reclamada tiene efectos positivos, porque lleva implícita una ejecución, que consiste en ordenar levantar el embargo trabado en siete propiedades del ayuntamiento demandado, las cuales se localizan todas, en el municipio de Tingüindín, Michoacán e incluso, la totalidad de las mismas se encuentran registradas en los libros de propiedad del Registro Público de la Propiedad perteneciente al Distrito de Jiquilpan, Michoacán. Por ello, es evidente que las consecuencias legales que como ya se dijo, serán levantar el embargo trabado en dichas propiedades, se materializarán precisamente, en el lugar donde se encuentran ubicadas dichas propiedades, esto es, en Tingüindín, Michoacán. Por lo que se refiere al criterio de competencia que debe regir, resulta aplicable la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, porque como ya se dijo conforme a ésta, será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde habrá de ejecutarse el acto reclamado. Por ello, se sostiene que los actos reclamados, así como sus consecuencias jurídicas, se encuentran estrechamente vinculadas y tienen lugar en Tingüindín, Michoacán, razón por la cual se considera competente para conocer del presente asunto a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. En tal virtud, dado que el acto reclamado tiene sus consecuencias jurídicas en Tingüindín, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la competencia para resolver el presente asunto corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan. Se cita criterio a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, pag. 1299 Novena Época, registro 189167, de contenido: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer el asunto de que se trata, por lo que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes y hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena remitir a dicho juzgado el presente expediente, para que dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Segundo. Oposición datos personales. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: R E S U E L V E: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, se declara legalmente incompetente para resolver del juicio de amparo promovido por Eduardo Noel Villa Ortiz, respecto del acto y autoridades señaladas en la consideración primera de esta sentencia. Segundo. Remítase el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esa ciudad, a fin de que resuelva lo que estime conveniente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, por ser el que se estima es legalmente competente para resolver este asunto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.ADL/estefaniaAUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 8816, mediante el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Tingüindin, Michoacán. En tal virtud, toda vez que es necesario para resolver el juicio de amparo en que se actúa, se ordena el reenvío de dicha comunicación oficial, mediante mensajería acelerada estafeta. Asimismo, se comisiona al personal de este juzgado de distrito a efecto de que vigile la entrega del oficio en la paquetería mencionada, haga el rastreo correspondiente en la página web de la misma y una vez entregado a su destinatario, se agregue al expediente en que se actúa la impresión de la que se advierta dicha situación. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn
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