Eduardo Manuel Escobedo Villalón
Expediente 903/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Manuel Escobedo Villalón
- Eduardo Manuel Escobedo Villalón y Otros.
- Karina Maldonado Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cuatro de diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica al quejoso y parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Primero. Presentación de la demanda como amparo directo. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Atención al Público del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y oral, Región Morelia, Eduardo Manuel Escobedo Villalón, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Incompetencia. Por razón de turno, conoció de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, quien por acuerdo de presidencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, determinó carecer de competencia legal para conocer el juicio de amparo intentado, toda vez que el acto reclamado lo constituye la resolución recaída al medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la cual procede amparo pero en vía indirecta; por tanto, ordenó la remisión del juicio de amparo directo 270/2019 (de su índice) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Remisión a este órgano jurisdiccional, admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 903/2019 y se admitió a trámite; asimismo se consideró innecesario requerir a la autoridad responsable su informe justificado toda vez que el mismo se encontró glosado en las constancias remitidas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; se convalidaron los emplazamientos realizados por la autoridad responsable respecto a los terceros interesados José Carlos Escobedo, Guillermo Flores Jiménez, Rosalio Mario Loeza Loza, Dolores Escobedo Villalón, Mario Luna Parra, Karina Maldonado Rico, Eduardo Agustín Gutiérrez Palacios y José Serrato Hernández, y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por sus cauces legales, el veinte de septiembre de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 107 fracción VII, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia en el lugar donde este órgano ejerce su jurisdicción territorial. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida en la audiencia celebrada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 173/2019, contra actos o determinaciones del ministerio público, en el cuaderno de antecedentes 132/2017, que confirma el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido el trece de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 1003201514374. Actos que atribuyó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 5 y 6). Lo que se corrobora con la carpeta digital certificada, así como la videograbación de la audiencia donde se emitió el acto reclamado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto. Previo al estudio de los motivos de disenso formulados por el quejoso en esta instancia, este juzgador federal estima necesario precisar que el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, se realizará dentro del parámetro establecido al emitir la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, pagina 1112, registro 2019954 que establece: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse". En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada con anterioridad, se determinó entre otras cosas, lo siguiente: ". Pues bien, de los precedentes que acaban de compendiarse debe destacarse que esta Primera Sala ha sostenido, a partir de la interpretación de las normas constitucionales que dan cuerpo al sistema penal acusatorio, que por regla general los jueces no están facultados para consultar la carpeta de investigación, pues en principio deben resolver las cuestiones que se les plantean a través de audiencias, en las que al Juez corresponde decidir exclusivamente con los argumentos y elementos aportados por las partes, quienes cuentan con igualdad de oportunidades para controvertir los elementos aportados por la contraria y aportar los propios. Así como que, por regla general, todos los argumentos y elementos probatorios deben exponerse oralmente en la audiencia, a fin de que la contraparte pueda conocer y someter de inmediato a contradicción esos elementos. Debe destacarse que la prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues sólo a través de ese método pueden respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción. En efecto, la publicidad es una garantía para controlar, tanto externa como internamente, el respeto de los demás principios del sistema acusatorio, pues la apertura del proceso al escrutinio tanto de las partes como del público en general, es un fuerte incentivo institucional para que los jueces y las partes observen los principios del sistema. La oralidad es un principio que tiene un carácter instrumental, en el sentido de que no es posible respetar ni la publicidad ni la contradicción si las actuaciones principales del procedimiento no se realizan a través de la palabra hablada, pues de otra forma es imposible que el público pueda realizar un escrutinio efectivo del proceso penal, así como que las partes ejerzan de inmediato el derecho a contradecir tanto la acusación como la defensa. Y la contradicción, como se ha destacado, tiene tanto un aspecto epistémico como un aspecto valorativo. Epistémico, en la medida en que ese diseño genera una dinámica que incentiva la búsqueda de la verdad de los hechos y de la corrección de las argumentaciones, pues éstas dependen de la interacción de partes con intereses encontrados, quienes se esforzarán por cuestionar las pruebas y argumentos de la parte contraria, y por presentar los propios de la manera más apegada a la verdad y a la corrección, para evitar que sean refutados por la contraparte. Y valorativo, porque el principio de contradicción encarna valores democráticos, como la igual consideración y respeto a los derechos de las partes reflejada en la igualdad de trato y de oportunidades para ejercer tanto la acusación como la defensa. En este sentido, en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es decir, son ellas las que deben investigar los hechos considerados como delito y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten. De ahí que corresponda a las partes la carga de generar la información necesaria para que el Juez dirima la controversia objeto del debate, que se somete a su consideración en la audiencia respectiva. Lo anterior se logra a través del principio de contradicción y de la metodología de audiencias en que descansa el nuevo sistema de justicia penal, pues la observancia del principio de contradicción exige que toda información, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ponerse en conocimiento de la contraria para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición de inmediato manifestando sus propias razones. De igual forma, en el aspecto probatorio, el cumplimiento del principio exige que todas las pruebas deben ofrecerse, admitirse y producirse con la intervención y conocimiento de ambas partes, en condiciones que les permitan verificar su regularidad, a través del contradictorio. Para concretar esos objetivos, el proceso se configura a través de audiencias orales como el método de trabajo central del sistema, pues el mecanismo institucional que permite a los Jueces decidir lo planteado consiste en la realización de una audiencia, donde las partes -cara a cara- presentan verbalmente ante el Juez sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan, además, con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Y aunque contar con procedimientos fundamentalmente orales no significa que desaparece cualquier vestigio de escritura en el procedimiento, pues de hecho casi todos los sistemas en la región mantienen diversas exigencias y métodos de producción de expedientes o carpetas en manos de los distintos actores. Sin embargo, la idea central es que la función de dichas carpetas o expedientes cambia, porque en el nuevo sistema la información presentada en las audiencias de manera oral es, en principio, la única que permite emitir decisiones judiciales. Ahora bien, las consideraciones de los precedentes invocados se han elaborado en el contexto del análisis del auto de vinculación a proceso y de la audiencia de juicio, en que el debate se suscita entre el imputado y el Ministerio Público. En el caso, la problemática jurídica a resolver se genera en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar -entre otras cosas- la determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal. En este sentido, la controversia y el debate se genera entre la víctima u ofendido o su asesor jurídico, por una parte, y el Ministerio Público, por la otra. Sin embargo, se estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad rigen también en este caso, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Y dado que conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. Por tanto, esta Primera Sala estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad, deben regir plenamente en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar la determinación del no ejercicio de la acción penal. A partir de lo anterior, esta Primera Sala concluye que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez juzgar a partir de los elementos que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para acometer la acusación y la defensa, respectivamente. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Porque conforme al artículo 20, fracción X, constitucional, entre otros, los principios de publicidad, oralidad y contradicción son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado, precede al juicio, por lo que si el Juez consultara la carpeta de investigación, estaría violando tanto su posición institucional en el sistema acusatorio como el principio de contradicción, ya que adoptaría la posición activa que corresponde a las partes. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento, que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios en la audiencia, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. En este sentido, debe concluirse también que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Esto, porque en términos del artículo 20 constitucional, las argumentaciones y actuaciones probatorias se presentarán, por regla general, de manera oral en las audiencias, regla que rige en las audiencias previas a juicio, como es el caso, y aunque excepcionalmente se acepten determinadas actuaciones escritas, como lo establece el artículo 52 de ese ordenamiento, no es el caso en esta audiencia, pues no está expresamente previsto en el artículo 258 citado, como sí lo está en los casos en que se acepta excepcionalmente, como en el recurso de apelación en términos del artículo 471 del mismo ordenamiento, que establece que ese recurso debe interponerse por escrito y en ese documento expresarse los agravios. Pero además, como se dijo, no se advierte que en el caso de esa audiencia existan razones para hacer excepciones a los principios de contradicción, publicidad y oralidad, ya que esa impugnación debe estar sometida -por regla general- al escrutinio público, y deben generarse los incentivos epistémicos así como respetarse la igualdad de oportunidades para someter de inmediato a refutación los argumentos de la contraparte, derivados del principio de contradicción, lo que sólo puede conseguirse a través de la oralidad. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. ." De lo anterior se desprende que, en el desahogo de la audiencia señalada en el artículo 258 del Código de Procedimientos Penales, deberán regir los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen a las audiencias en general del proceso penal. Cuando se impugna el no ejercicio de la acción penal, la controversia y el debate se genera entre la víctima u ofendido o su asesor jurídico, por una parte, y el Ministerio Público, quienes en este supuesto tienen intereses contrarios, por tanto deberán regir los mismos principios. Lo anterior dado que, en este supuesto subsisten las razones que los fundamentan, es decir: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad y la contradicción; es decir deberán presentar argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria; por tanto cuando se impugna dicha determinación, no es factible que la víctima o el ofendido presenten sus alegatos por escrito. Por lo tanto, el Juez de Control, resolverá la ilegalidad del no ejercicio de la acción penal decretada por el Ministerio Público, de conformidad con las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, y en casos excepcionales podrá consultar la carpeta, si algún registro de la misma es materia de controversia. Expuesto lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además con la finalidad de que el análisis que realice este juzgador sobre el acto reclamado, no se torne anti sistémico y no choque con los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, se estima necesario únicamente determinar si la actuación de éste se encuentra apegada los agravios y argumentaciones expresadas oralmente por el asesor jurídico de la víctima-aquí quejoso-, las realizadas por el Ministerio Público y en este caso los investigados. Lo anterior, ya que en esta instancia se reclamó la resolución dictada en la audiencia que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público. Atendiendo a lo antes expuesto, para tener un panorama procesal completo de lo que aquí se resuelve, se estima necesario narrar los hechos esenciales acontecidos en la audiencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, donde se emitió el acto reclamado: Una vez declarada abierta la audiencia, así como el motivo su celebración, se procedió a individualizar a las partes que intervinieron; hecho lo anterior el juez responsable abrió debate una vez que las partes le informaron estar preparados. (Min. 6:12). El juez responsable señaló al quejoso y a su asesor jurídico que, procedieran a expresar los agravios que le causaba el auto impugnado; en ese sentido el asesor jurídico del quejoso señaló esencialmente lo siguiente (Min. 6:26 a 11:57): Que el auto recurrido vulnera el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la reparación del daño; porque dentro de la carpeta de investigación existen dilaciones y circunstancias atípicas; pues se presentó una querella que interpuso el quejoso contra los investigados por el delito de allanamiento de morada; que los actos investigados llevaron a un acuerdo reparatorio entre las partes, quienes también son copropietarios del bien inmueble del que se dice poseedor el quejoso, el cual no fue cumplido en sus términos, y el Ministerio Público no hizo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Que el último informe de investigación por el Ministerio Público fue realizado en el año dos mil diecisiete. Que el Ministerio Público no realizó un estudio a "grandes rasgos" de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Que no le fueron informados los actos de investigación realizados, excepto el auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, que decretó el no ejercicio de la acción penal. A las anteriores manifestaciones el Ministerio Público señaló, que el quejoso tenía conocimiento de la bases en que se fundó el no ejercicio de la acción penal, es decir (Min. 12:13 a 15:20): Que no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por el Código Penal aplicable, así como los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior dado que si bien, el quejoso presentó una denuncia por el delito de allanamiento, en la carpeta no se encuentra acreditada la propiedad del inmueble del que se dice poseedor, pues solo se encuentra una documental de sesión de derechos, que carece de fecha en la cual se le entregó la posesión. Que en la carpeta de investigación existe una documental, donde se hace constar que la posesión del inmueble, también la detenta Pablo Iván Escobedo Pérez. Asimismo, que en la carpeta de investigación, obra un acta levantada por el encargado del orden de la población donde se encuentra el inmueble, donde se hace constar que los investigados se constituyeron en dicho domicilio; sin embargo los hechos que ahí se plasman no constituyen un delito. Que no existen datos que concluyan que los hechos denunciados se hayan cometido. Por tanto, se realizó una investigación exhaustiva y se estudiaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Asimismo, que el quejoso no proporcionó alguna prueba, dato de prueba, o acto de investigación para acreditar la propiedad del inmueble. Por su parte la defensa de los investigados manifestó (Min. 15:27- 16:33): Que el auto de no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público, no restringe el acceso a la justicia del quejoso, pues este no se ejerce a "capricho" de las partes Que el Ministerio Público llevó a cabo una investigación objetiva, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 21 y 131 Constitucionales, así como el 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicta el auto recurrido, pues en la carpeta de investigación no existen datos suficientes para fundar una acusación. Por tanto, solicitó se confirmara el auto de no ejercicio de la acción penal y se decretara el sobreseimiento con fundamento en el artículo 327, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que concluyeron las intervenciones, la autoridad responsable preguntó a las partes si querían incluir en el debate alguna circunstancia nueva sobre lo argumentado (Min. 16:36). El asesor del quejoso señaló respecto a las manifestaciones realizada por el Fiscal, que era deber de dicha representación realizar todos los actos de investigación ante las autoridades correspondientes para verificar la propiedad del inmueble, sin embargo dejó la carga de la prueba sobre la víctima. (Min. 16:44 a 18.50). La autoridad cuestionó si era deseo de las partes traer a debate alguna circunstancia nueva sobre lo refutado (Min 18:55). El Agente del Ministerio Público señaló que en la carpeta de investigación, obra un documento donde consta que la propiedad del inmueble es de Alejandro Escobedo Santillán. (Min. 19:00). El Juez de Control responsable, cuestionó nuevamente si era deseo de las partes traer a debate alguna circunstancia nueva sobre las argumentaciones expuestas (Min. 19:33). Ninguna de las partes ejerció su derecho. Con lo anterior, el juez cerró la etapa de debate correspondiente, informó a las partes que no recibiría más información, salvo la que éste les solicitara; y enseguida contextualizó la información proporcionada en los siguientes términos (Min. 20:33): El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo una audiencia sobre control de los actos del Ministerio Público, dado que el quejoso impugnó el no ejercicio de la acción penal decretado en la carpeta de investigación, por los delitos de amenazas y allanamiento de morada; en esa audiencia, se confirmó el no ejercicio de la acción penal por lo que veía al delito de amenazas. Por lo que ve al delito de allanamiento, declaró fundado el recurso, y revocó el auto impugnado para el efecto de que el Agente del Ministerio Público consideraba volver a emitirlo, lo fundara de conformidad con los artículos 255 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto señaló que el Agente del Ministerio Público ya no tenía obligación de investigar, pues la investigación ya se había realizado, y que los datos que esta arrojó, lo llevaron a la conclusión de no ejercitar acción penal. Posteriormente el Ministerio Público informó al Juez de Control responsable que el veinte de marzo de dos mil dieciocho (Min. 25:36) se emitió el auto de no ejercicio de acción penal, en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; asimismo le informó que las hipótesis en que se fundó fueron las previstas en las fracciones I y II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Min. 26:59). Posteriormente dado que se advirtieron inconsistencias sobre la fecha de emisión del auto materia del recurso (trece y veinte de marzo de dos mil dieciocho); el asesor del quejoso, precisó que el auto impugnado era el dictado el trece de marzo de dos mil dieciocho, y que se le notificó al quejoso el catorce del mismo mes y año; asimismo que el recurso se interpuso por escrito el dos de abril de dos mil dieciocho; asimismo el Ministerio Público informo al juez responsable que el contenido de los dos autos era el mismo. (Min 34:34). En ese sentido, la responsable declaró oportuno el medio de defensa interpuesto contra el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, y precisó que la fecha de los autos no impactaba en el sentido de la resolución que se dictara; asimismo conminó al Ministerio Público a que se efectuara la investigación correspondiente sobre la existencia de dichos autos. (Min 36:02) Posteriormente la Fiscalía informó al Juez de Control que, para emitir el auto impugnado obtuvo la autorización de la autoridad correspondiente; por lo que la responsable informó a los presentes que esa información se encontraba sujeta a control horizontal de las partes, y si alguno de los presentes consideraba que no era así, lo expresara para producir debate, -el quejoso no ejerció su derecho-(Min. 37:06). El juez responsable señaló que contaba con la información suficiente para resolver y procedió a lo siguiente (Min. 38:37): En principio señaló que, de conformidad con la jurisprudencia 23/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los principios de oralidad, publicidad y contradicción que rigen el sistema adversarial, analizaría únicamente los agravios que las partes hayan expresado oralmente en la audiencia. Precisó que de conformidad con el artículo 133, fracción XII y 255, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene facultad para determinar no ejercer acción penal; asimismo que el artículo 258 del citado ordenamiento, prevé la posibilidad de que ésta determinación sea impugnada; en ese sentido estableció que lo anterior es la base jurídica sobre la cual dictaría la resolución correspondiente. Señaló que el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos que debe cumplir el Ministerio Público para decretar el no ejercicio de la acción penal, los cuales se encontraban satisfechos ya que el auto: se decretó antes de la audiencia inicial; contaba con la autorización de la autoridad correspondiente; y, se dictó conforme a la actualización de las hipótesis señaladas en las fracciones I y II del artículo 327 del citado ordenamiento. Por otro lado, determinó que el requisito de temporalidad previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encontró satisfecho, pues el recurso se interpuso dentro de los diez posteriores a la notificación del auto impugnado. En ese sentido señaló que, atendiendo a lo vertido en la audiencia que se desahogaba, no contaba con base jurídica suficiente para revocar la determinación del Ministerio Público que se impugnaba por lo siguiente (Min. 46:32): Respecto a la violación del derecho de acceso a la justicia alegado por la víctima; preciso que, no se transgredía dado que no existen derechos absolutos, el Ministerio Público como titular de la acción y como órgano técnico, tiene facultades para realizar un estudio sobre los hechos que se van a judicializar, y constatar que constituyen, o no, un delito; sin embargo como lo establece la legislación, requiere de una autorización previa, cuando que determine no ejercer acción penal, y en el caso la obtuvo, lo que se significa que una autoridad superior revisó lo que determinó, quien al emitir la autorización también concluyó que el hecho no se cometió y que, los hechos denunciados no constituyen delito. Señaló que respectó a los motivos en que el Agente del Ministerio Público fundó el auto impugnado, no se suscitó debate, pues específicamente se manifestó que: El día treinta de octubre de dos mil quince el quejoso presentó una querella por allanamiento de morada. Que dentro de la carpeta de investigación se llegó a un acuerdo reparatorio que no se cumplió, por lo que fue revocado. Que el Ministerio Público no realizó actos de investigación. Que la investigación realizada por el Ministerio Público, no cumplió con los requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no se argumentó contra los motivos por los que el Ministerio Público determinó no ejercer acción penal, esto es, porque los hechos no acontecieron, y porque los hechos cometidos no constituyen delito, de conformidad con las fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto al deber de investigar que alegó la víctima; la responsable precisó que, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el quejoso se encontraba facultado para proporcionar al Ministerio Público los actos de investigación que considerara pertinentes para acreditar que los hechos denunciados tenían apariencia de delito; o bien que si acontecieron, ya que fueron las causas por las que se decretó el no ejercicio de la acción penal; sin embargo no lo realizó. Respecto al estudio "a grandes rasgos" de los datos de prueba allegados a la carpeta de investigación, la autoridad señaló que el quejoso no le especificó cuál de éstos no fue analizado, o bien que, interpretados y valorados de manera diversa, permitieran advertir que el hecho si aconteció y que también tiene apariencia de delito. Precisó que no converge con lo señalado por el Ministerio Público, en el sentido de que una persona necesita acreditar la propiedad del bien para que se dé un hecho con apariencia de delito; esto es así porque el artículo 188 del Código Penal del Estado de Michoacán, que prevé el allanamiento, tutela la paz de las personas y la inviolabilidad del domicilio; es decir que, con independencia de quien sea el propietario del bien (cuestión que se encuentra sub judice en un juicio civil), lo que tendría que acreditarse para ejercitar acción penal es: Que en ese lugar existe una vivienda, donde habita una persona con intención de residir. Que alguien se introduzca a ella, o bien a sus dependencias, sin motivo justificado (Min 53:10). En ese sentido, señaló que el Ministerio Público negó que hubieran acontecido esas circunstancias, las cuales no fueron debatidas en audiencia; por tanto confirmó el auto de no ejercicio de la acción penal impugnado (Min 57:10). Una vez narrado lo anterior, el quejoso hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, por cuestión de método, los conceptos de violación serán estudiados en un orden distinto al propuesto, y se organizaran en tópicos a efecto de mayor discernimiento, lo anterior en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Inconsistencias sobre la carpeta de investigación. El quejoso refiere en el primer concepto de violación que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica; porque en la carpeta de investigación existen dos autos sobre el no ejercicio de la acción penal, el primero de trece de marzo de dos mil dieciocho, y el segundo de veinte de marzo del mismo año, alega que el segundo no le fue notificado y por tanto se le negó la oportunidad de defenderse, situación que no valoró el juez responsable, violentando con ello las reglas del debido proceso. En el tercer concepto de violación, el quejoso aduce que contrario a lo establecido por el Juez de Control responsable, en el caso no debió confirmar el no ejercicio de la acción penal porque el auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, que decretó el no ejercicio de la acción penal, no se encuentra autorizado por el Procurador o bien, por la autoridad ante quien se delegue la facultad. Lo anterior es inoperante Se hace tal afirmación porque, el quejoso pretende introducir argumentos respecto a cuestiones que tácitamente consintió en la audiencia, ya que sobre tales aspectos no formuló agravio aun cuando tuvo oportunidad de defensa. Esto es así porque de la audiencia celebrada el veinte de junio de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 173/2019, del índice de este juzgado, contra de actos o determinaciones del ministerio público; que se narró en párrafos anteriores se advierte que, el quejoso no controvirtió en el momento oportuno lo que aquí reclama, aún y cuando el juez en todo momento les marcó el parámetro jurisprudencial que seguiría. Lo anterior es así porque, la autoridad responsable sí advirtió la existencia de los dos autos sobre el no ejercicio de la acción penal, emitidos el trece y el veinte de marzo de dos mil dieciocho; sin embargo señaló que dicha circunstancia en nada afectaba el sentido de la resolución que se emitiera, pues el contenido de los dos autos era el mismo; por tanto declaró oportuno el recurso interpuesto una vez que el asesor jurídico del quejoso precisó que, el auto impugnado correspondía al dictado el trece de marzo de dos mil dieciocho. En ese sentido, tenemos que el quejoso consintió tácitamente las aclaraciones realizadas por el juez responsable en la audiencia, en el sentido de que el medio de impugnación versó únicamente sobre el auto de trece de marzo de dos mil dieciocho; asimismo aquellas realizadas respecto a su contenido; pues de no haber sido así, tuvo oportunidad de aducirlo en los agravios que en ese momento formulaba; máxime que, cuando al iniciar el debate el asesor jurídico del quejoso expresó los agravios que le causaban el auto dictado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, sobre el no ejercicio de la acción penal, lo que evidencia que el quejoso si tenía conocimiento de la existencia y el contenido de los dos autos. Igual suerte corre lo manifestado respecto a que, el auto de no ejercicio de la acción penal impugnado no se encontraba autorizado por el Procurador o bien, por la autoridad en quien se delegó la facultad; pues como se advierte de lo narrado con anterioridad; cuando el Ministerio Público informó que obtuvo la autorización correspondiente, el juez responsable indicó a las partes que esa información se encontraba sujeta a control horizontal, y que si alguno consideraba que no era así, era momento de llevarlo a debate; sin embargo el quejoso consintió tácitamente lo antes referido, pues no hizo manifestación alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVII, Abril de 2008, página39, con el número de registro 169923, Materia Común que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios. Irregularidades cometidas en audiencia. En el segundo concepto de violación, el quejoso señala que la responsable vulnera en su perjuicio el artículo 20, apartado "C" Constitucional, así como el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues le negó los derechos que como víctima le asisten, entre ellos el impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, lo anterior porqué: La responsable le negó participación en forma activa y directa en el desarrollo de la audiencia, ya que solo le permitió "manifestar lo que a su derecho convenga" lo que provocó un estado de indefensión. En la audiencia, el Juez de Control responsable debió atender y estudiar todas las pruebas que obran en la carpeta de investigación, así como el escrito de dos de abril de dos mil dieciocho, donde los expresó la totalidad de los agravios que hizo valer contra el acuerdo del no ejercicio de la acción penal de trece de marzo de dos mil dieciocho, pues el precepto que prevé el medio de impugnación, no señala la forma en que estos deban rendirse. Lo anterior es infundado Esto es así porque en el caso tenemos que el quejoso interpuso ante el juez de control el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el auto emitido por el Ministerio Público, el trece de marzo de dos mil dieciocho, que decretó el no ejercicio de la acción penal por el delito de allanamiento, dentro de la carpeta de investigación 1003201514374. Ahora bien, con motivo del cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 173/2019 del índice de este juzgado, se dejó sin efectos la audiencia de diez de abril de dos mil dieciocho, en la que se declaró sin materia la impugnación antes referida, virtud de la inasistencia del quejoso así como de su asesor jurídico; y señaló el dieciocho de junio de dos mil nueve, para su desahogo; sin embargo, ante la petición del asesor jurídico del quejoso, se fijó el veinte del mismo mes y año. En ese sentido, el veinte de junio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia en contra de actos o determinaciones del ministerio público, en los términos precisados con anterioridad de los cuales se advierte lo siguiente: Consideraciones del Ministerio Público al emitir el auto de no ejercicio de la acción penal. Argumentos en los que se descansó el medio de impugnación interpuesto por el quejoso. 1. Se realizó una investigación exhaustiva y se estudiaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, de los cuales se advierte que no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por el Código Penal aplicable, así como los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ejercer acción penal, porque si bien el quejoso presentó una denuncia por el delito de allanamiento, en la carpeta de investigación no se encuentra acreditada la propiedad del inmueble; de igual forma se desconoce la fecha en que éste tomó la posesión del mismo 2. En la carpeta de investigación existen datos que arrojan que la posesión del inmueble, la detenta Pablo Iván Escobedo Pérez. 3. Que no existen datos que concluyan que los hechos denunciados se hayan cometido, pues si bien, existe un acta levantada por el encargado del orden de la población donde se encuentra el inmueble, donde se hace constar que los investigados se constituyeron en dicho domicilio; los hechos que ahí se plasman no constituyen el delito de allanamiento. 1. Que el auto recurrido vulnera el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la reparación del daño; porque dentro de la carpeta de investigación existen dilaciones y circunstancias atípicas. 2. Que los actos investigados llevaron a un acuerdo reparatorio con los investigados que, también son copropietarios del bien inmueble, el cual no fue cumplido en sus términos. 3. El Ministerio Público no hizo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 4. El Ministerio Público no realizó un estudio a "grandes rasgos" de los datos de prueba que obren en autos. 5. No le fueron informados los actos de investigación realizados, salvo el auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, que decretó el no ejercicio de la acción penal. Conforme a lo anterior, a juicio de quien resuelve es legal la resolución que constituye el acto reclamado, en la que el Juez de Control responsable confirmó el auto de no ejercicio de la acción penal emitido en la carpeta de investigación 1003201514374 por el delito de allanamiento; pues los agravios hechos valer por el asesor jurídico del quejoso, no atacaron las consideraciones en las que apoyó su decisión el Ministerio Público para decretar el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, porque como lo señaló el juez responsable, la defensa del quejoso no argumentó contra los motivos por los que el Ministerio Público determinó no ejercer acción penal, es decir porque los hechos no acontecieron, y porque los hechos cometidos no constituyen delito, de conformidad con las fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, respecto a la omisión del estudio de los datos de prueba de la carpeta de investigación, no le precisó de manera concreta cuál de éstos no fue analizado, o bien que, interpretado y valorado de manera diversa, permitieran advertir que el hecho si aconteció y que también tiene apariencia de delito. Decisión que se comparte porque de los agravios expresados por la defensa del quejoso no se advierten argumentos encaminados a demostrar que los hechos denunciados si acontecieron y que éstos tienen la apariencia del delito de allanamiento, previsto en el artículo 188 del Código Penal del Estado de Michoacán; es decir, que el quejoso vive o reside en el inmueble donde se introdujeron los investigados; y que, los investigados se introdujeron a éste o a una de sus dependencias sin causa justificada, hechos que fueron negados por el Ministerio Público para decretar el no ejercicio de la acción penal, y que el quejoso no debatió en la audiencia. Ahora bien, como ya se dijo el quejoso impugnó el no ejercicio de la acción penal, es decir una forma de terminación de la investigación, la cual está prevista en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el Ministerio Público podrá decretarlo antes de la audiencia inicial y previa autorización del Procurador o de la autoridad en quien se delegue la facultad, cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que se actualiza una causa de sobreseimiento prevista en el artículo 327 del citado ordenamiento. Por tanto, resulta correcta la apreciación del Juez responsable en el sentido de que el Ministerio Público cumplió con la investigación en la carpeta de investigación, pues los datos que esta arrojó fueron en los que apoyó la decisión de no ejercer acción penal. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que a continuación se inserta: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. El precepto citado no establece requisito de procedencia del medio de impugnación que prevé, pues sólo hace referencia a la parte legitimada para inconformarse y a la forma en que se sustanciará -mediante una audiencia, en la que serán citados la víctima u ofendido, el Ministerio Público y, en su caso, el imputado y su defensor, y en la que el Juez decidirá en definitiva-; no obstante, para agilizar los asuntos generados dentro del sistema penal acusatorio, y en atención al principio de contradicción que lo rige, cuando la víctima u ofendido acude ante el Juez de control, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe informarle la omisión concreta en la que estima que el Ministerio Público ha incurrido durante la investigación del hecho que con apariencia de delito denunció, para que la autoridad judicial pueda convocar al agente del Ministerio Público respectivo, con conocimiento de lo que se le atribuye, y luego, para generar el debate a que haya lugar, en la audiencia que corresponda. Esto es, no es dable que el inconforme pretenda que se lleve a cabo todo un procedimiento ante el Juez de control, con la manifestación inicial y genérica de que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones durante la etapa de investigación, pues ello conlleva el riesgo de retardo innecesario en la integración de la carpeta correspondiente, en la medida en que bastaría alegar, en términos generales, que la procuraduría ha sido omisa, para que en cualquier momento y sin mayor razón, la víctima u ofendido movilice el aparato judicial y sea hasta la audiencia, una vez agotados los recursos materiales, temporales y judiciales, que se advierta que la alegación es tan genérica que no es dable examinarla pues, de lo contrario, significaría que el Juez deba pronunciarse sobre el particular, con base en el análisis oficioso de todas las obligaciones que la representación social tiene al integrar carpetas de investigación". Asimismo, contrario a lo que aduce el quejoso, del análisis del disco que contiene la audiencia celebrada el veinte de junio de dos mil diecinueve, se advierte que el Juez de Control responsable, le dio oportunidad al quejoso de intervenir en varios momentos. Esto es así porque, de los hechos narrados con anterioridad, así como de la videograbación de la audiencia se advierte que, en principio el quejoso manifestó al Juez responsable la inconformidad que tenía ante la inasistencia de la Fiscal Karina Maldonado Rico -funcionaria que emitió el acto reclamado-, y éste le explicó que no era necesaria su presencia, dado que la Fiscalía era una institución única e indivisible, y, aunado a que, quienes suplían la ausencia de esta manifestaron que estaban preparados para debatir en audiencia (Min 3:44). Asimismo, el asesor jurídico expuso los agravios que consideró le causaban al quejoso el auto que decretó el no ejercicio de la acción penal que impugnaba y refutó las argumentaciones realizadas por el Ministerio Público en los términos ya señalados, por tanto, contrario a lo que aduce el quejoso, el juez responsable le dio participación activa en la audiencia celebrada. Tampoco le asiste razón al quejoso, en el sentido de que el juez responsable se encontraba obligado a revisar y analizar la totalidad de las constancias y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, así como el escrito de dos de abril de dos mil dieciocho, donde los expresó la totalidad de los agravios que hizo valer contra el acuerdo del no ejercicio de la acción penal de trece de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior porque como ya se expuso, con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio; el Juez de Control resolverá la ilegalidad del no ejercicio de la acción penal decretada por el Ministerio Público, de conformidad con las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, y en casos excepcionales podrá consultar la carpeta, si algún registro de la misma es materia de controversia, -lo que no se concretó en el caso-, reglas que recogió la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, pagina 1112, registro 2019954 de rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Por ello, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso Eduardo Manuel Escobedo Villalón. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando Quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Manuel Escobedo Villalón, contra la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida en la audiencia celebrada contra de actos o determinaciones del ministerio público, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 173/2019, en el cuaderno de antecedentes 132/2017, que confirma el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido el trece de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 1003201514374. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a los terceros interesados José Carlos Escobedo Villalón, Guillermo Flores Jiménez, José Serrato Hernández, Dolores Escobedo Villalón, Eduardo Agustín Gutiérrez Palacios y Mario Luna Parra; por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo.
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