Eduardo Olloqui Cervantes
Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Olloqui Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: "El acuerdo de pruebas de fecha 24 de mayo del 2021 en el que la responsable señaló fechas para el desahogo de las pruebas admitidas excediendo el término legal, lo que actualiza violación de mi derecho fundamental de Administración de Justicia Pronta y Expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la responsable dentro del expediente ordinario 172/2019" En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, derivado del informe justificado y de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, se advierte que por auto de veinticuatro de agosto del presente año, dictado dentro del expediente ordinario 172/2019, dejó sin efectos las fechas señaladas en el diverso auto de veinticuatro de mayo del año en curso, fijándose las once y trece horas del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de las pruebas confesionales y la toma de muestras caligráficas y dactiloscópicas a cargo de Eduardo Olloqui Cervantes ofrecida. Aunado a que en el acta de veintidós de septiembre del año que transcurre, se tuvo al quejoso desistiéndose de las pruebas ofrecidas. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia; por tanto, ello trae como consecuencia que los actos reclamados cesara en sus efectos, pues constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho conculcado. Lo anterior resulta ser así, en virtud de lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo [vigente al año dos mil quince en virtud de ser la aplicable al juicio de origen] el cual a la literalidad dice lo siguiente: Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Por lo tanto, con el dictado del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual dejó sin efectos las fechas señaladas en el diverso auto de veinticuatro de mayo del año en curso y fijó nuevas horas y fechas, aunado a que se tuvo al aquí quejoso desistiéndose de las probanzas ofrecidas dentro del expediente ordinario 172/2019, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de los actos reclamados han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, los actos sean de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y dése vista a las partes con dichas documentales. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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