Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Expediente 218/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
218/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Actuaciones

  1. Principal

    El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 218/2020, pues transcurrió del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 218/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. edg/ Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 18126 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. JAVIER MORALES

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 218/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su demanda la parte quejosa, así como con las exhibidas por la juez responsable, consistentes en las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 299/2017. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte [fojas 2- 10], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Eduardo Manuel Escobedo Villalón, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 218/2020 y en proveído de dos de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite el asunto [fojas 11 a 14]; se solicitó a la Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? autoridad responsable su informe con justificación y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita1. Luego, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se reconoció a Dolores del Pilar Escobedo Villalón, el carácter de tercera interesada dentro del presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento2. Luego, derivado de la contingencia por el virus COVID- 19, y con apoyo en los diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de once de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal 1 A quien se notificó personalmente la admisión de la demanda el tres de marzo de dos mil veinte, foja 14 vuelta. 2 Mismo que se realizó personalmente por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, consiste en: ? La sentencia interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio 299/2018, que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Dolores del Pilar Escobedo Villalón contra el aquí quejoso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [foja 19]. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la juez responsable, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 299/2017 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten la interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este juzgador, de oficio, advierte su existencia, por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010,3 de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, antes de hacer pronunciamiento al respecto, es necesario destacar los siguientes antecedentes que se desprenden del juicio de origen: a) Por escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, Dolores del Pilar Escobedo Villalón, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Eduardo Manuel Escobedo Villalón, en su carácter de deudora principal, las siguientes prestaciones: 3 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Novena Época. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? "I. El pago de la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. II. El pago de los intereses moratorios, a razón del 6% seis por ciento mensual por el impago, computados a partir de la fecha del vencimiento de la obligación. III. El pago de los gastos y costas judiciales." La demanda fue admitida por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, quien la registró bajo el número 299/2017 por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en el cual se ordenó emplazar a juicio a la parte demandada, concediéndole término para que compareciera a producir su contestación. b) Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el aquí quejoso contestó la demanda instaurada en su contra y, tramitado el juicio por todas sus etapas procesales, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa hecha valer y condenó a Eduardo Manuel Escobedo Villalón, a pagar a favor de la actora la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, el pago de los intereses moratorios a razón del 3% tres por ciento mensual, no así al 6% seis por ciento mensual que se pactó en el documento accionario que reclamó la accionante. El ajuste en la tasa de interés ocurrió pues en dicha resolución la juez natural concluyó que la tasa de interés moratorio del 6% seis por ciento mensual que se pactó en el documento accionario es notoriamente excesiva. Al efecto, estableció sustancialmente, que el pagaré se suscribió el catorce de enero de dos mil catorce, con fecha de vencimiento el catorce de abril del mismo año; sin embargo, el Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 actor reclamó por la vía judicial hasta después de treinta y cinco meses del vencimiento del pagaré, por lo que entre mayor sea el plazo de la mora, impacta más en la generación de los intereses la tasa pactada, pues no sería lo mismo que se hubiese reclamado el pago inmediatamente después de su vencimiento a que lo hubiere hecho casi tres años después, porque en ese supuesto también la actora es responsable de la cantidad de intereses que se generó. Asimismo, sostuvo que una vez consultada la página oficial del Banco de México, se obtiene que para el mes de junio de dos mil catorce, que es el reporte más cercano al mes de abril de dos mil catorce en que venció el pagaré base de la acción, y haciendo la división de la tasa de interés interbancaria entre doce meses, la banca operó con un margen de interés a la tasa del 2.08% dos punto cero ocho por ciento mensual. Por tanto, condenó al demandado Eduardo Manuel Escobedo Villalón, al pago del 3% tres por ciento mensual de intereses moratorios sobre la suerte principal, por ser más cercana a los parámetros aludidos en dicha resolución, que la pactada, además de que dicha tasa no concede al acreedor una cantidad excesiva en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad del deudor; intereses que deberán generarse a partir de la constitución en mora de cada uno de los documentos accionarios y hasta la total liquidación del adeudo. La sentencia de que se trata, concluyó con los puntos resolutivos siguientes: ".SEGUNDO. La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que la demandada no hizo lo propio con sus excepciones y defensas; en consecuencia, Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? TERCERO. Se declara procedente la acción cambiaria directa traída a juicio en la vía ejecutiva mercantil por Dolores del Pilar Escobedo Villalón, a través de sus endosatarios en procuración, frente a Eduardo manuel Escobedo Villalón, a quien se condena al pago de $211,000.00 (doscientos once mil pesos 00/100 M.N.) que por concepto de suerte principal se le reclama; así como al pago de los intereses moratorios causados a razón del 3% tres por ciento mensual, no así al 6% seis por ciento mensual que se pactó en el documento accionario y que reclama el accionante, pues a consideración de la suscrita la tasa pactada es notoriamente excesiva; [.] SEXTO. Notifíquese personalmente.". c) De igual forma, de las constancias que integran el testimonio del juicio de origen, se advierte que Eduardo Manuel Escobedo Villalón promovió amparo directo contra la sentencia referida, misma que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito dentro del amparo directo civil 67/2019, el cual le fue negado mediante resolución terminada de engrosar el catorce de mayo de dos mil diecinueve. d) El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el endosatario en procuración de Dolores del Pilar Escobedo Villalón, compareció ante la juez de origen a promover incidente de ejecución de sentencia, y por escrito presentado el diecinueve del propio mes y año, el demandado -aquí quejoso- dio contestación a la incidencia planteada. e) Luego, el cuatro de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de liquidación de sentencia, el cual se aprobó por la cantidad de $429,174.00 (cuatrocientos veintinueve mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios generados del quince de abril de dos mil catorce, al ocho de diciembre de dos mil diecinueve, cuyo pago debe cubrir el demandado Eduardo Manuel Escobedo Villalón. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Sentado lo anterior, y analizado que fue el único concepto de violación que hizo valer el quejoso, su argumento toral consiste en señalar que la cantidad aprobada en el incidente de planilla de liquidación es excesiva y usuraria, atendiendo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió el cobro de intereses excesivos y desproporcionados en los préstamos, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios, y la Convención de Derechos Humanos entiende la usura como una explotación del hombre por el hombre. Al respecto, el concepto de violación aducido por el impetrante del amparo, es infundado, como se explica a continuación. En primer lugar, es necesario traer a colación el tema relativo a la institución de la cosa juzgada, sobre el cual la Suprema Corte ya se ha pronunciado. Así, al resolver la contradicción de tesis 284/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la institución procesal de la cosa juzgada, se relaciona con el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 174 constitucional y se vincula, con la seguridad 4 "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? jurídica a que alude el artículo 145 de la Carta Magna, en su párrafo segundo. De esa manera, establece que la institución procesal de la cosa juzgada se encuentra relacionada con el derecho de acceso a la justicia y se vincula con la seguridad jurídica, porque como se advierte de las disposiciones antes reproducidas, el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos, solicitando impartición de justicia, pues por un lado, también conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración y, por otro, implica la garantía de que la resolución que dirime esa controversia será respetada con todas las consecuencias jurídicas que ésta conlleve; y que, por ende, podrá ejecutarse, pues de lo contrario, el derecho de acceso a la justicia no sería efectivo. También puntualizó que esa garantía de ejecución que de acuerdo con el texto constitucional debe estar prevista en las leyes federales y locales, es lo que se relaciona con la Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil" 5 "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..." Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 institución procesal de la cosa juzgada, porque la firmeza y plena ejecución de las resoluciones se logra, sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento ha concluido en todas sus instancias, hasta el punto de que lo decidido en él ya no sea susceptible de discutirse, pues la seguridad y certeza jurídica de lo decidido en él no está a discusión; y, por tanto, goza de inmutabilidad, eficacia y ejecutividad. Para concluir lo anterior, se apoyó en la jurisprudencia P./J. 85/2008, del rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.6" Así, continuó diciendo que la cosa juzgada resultante de la tramitación de un juicio en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento no puede estar sujeta a discusión, pues la seguridad jurídica que brinda a la impartición de justicia, la convierte en uno de los pilares del Estado de derecho, en tanto que busca otorgar certeza a los litigantes de que la actividad jurisdiccional puesta en movimiento para la resolución de un determinado conflicto, sólo se desarrollará una vez y culminará con una sentencia definitiva firme, la cual no sólo es capaz de poner fin a las controversias, sino que además brinda estabilidad y seguridad a los derechos en litigio, siendo así que por regla general, la impugnación de la cosa juzgada es irracional, en la medida de 6 Sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? que el sistema jurídico está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar de manera oportuna las decisiones jurisdiccionales a fin de reparar cualquier vicio del que pudieran adolecer, es por ello que la institución procesal de la cosa juzgada, se identifica con la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que las partes tuvieron la oportunidad de hacer uso de los medios de impugnación en caso de estimar que ello no ocurrió así. Luego, destacó que aunque la cosa juzgada sólo se configura cuando una sentencia se encuentra firme, en tanto que se considera la verdad legal que ya no admite en su contra ningún recurso o medio de impugnación; es importante aclarar que por disposición expresa de las leyes, existen fallos que no obstante su firmeza, no adquieren la calidad de cosa juzgada, en virtud de que lo resuelto en ellos puede ser modificado cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitieron. Un ejemplo de lo anterior -precisó la Sala- se encuentra en lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues de acuerdo con ese precepto, las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, pese a la firmeza que puedan tener, porque en su contra ya no proceda ningún recurso o medio de impugnación, no adquieren la calidad de cosa juzgada, pues éstas pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se ejercitó la acción. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 No obstante, en dicha ejecutoria quedó establecido que fuera de los casos en que pese a la firmeza de una sentencia, por disposición expresa de la ley, lo resuelto en ella puede ser modificado por suscitarse un cambio en las circunstancias que imperaban cuando ésta se emitió, lo decidido en una sentencia que ya no admite recurso alguno (ordinario o extraordinario) en su contra, adquiere la calidad de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable; de ahí que deba ejecutarse en sus términos, pues ello es consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, pues como ya se mencionó, de nada serviría al gobernado que acude a los tribunales encargados de impartir justicia, una sentencia que decida la controversia sometida a la jurisdicción de los referidos tribunales, si lo decidido en ella no puede ejecutarse; por eso, cuando una sentencia queda firme adquiriendo la calidad de cosa juzgada, ésta debe ejecutarse en sus términos, pues en ese momento procesal, es decir, en la etapa de ejecución de sentencia, ya no se puede cuestionar si estuvo bien o mal dictada. Ahora bien, respecto del tema de la prohibición convencional de usura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señaló que el artículo 217 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce a la propiedad como un derecho humano que debe ser protegido, y como una forma de reconocimiento y protección a ese derecho, en el apartado 3 de ese numeral, se prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. 7 "Artículo 21. Derecho a la propiedad privada [...] 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley." Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? Luego, el tema referente a la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propia Primera Sala, abordó el tema al resolver diversa contradicción de tesis8. En efecto, en aquella contradicción, el tema consistió en determinar, si el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es inconstitucional por inconvencional, al permitir el pacto de intereses usurarios en contravención a lo que dispone el artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que hace procedente su inaplicación ex oficio con motivo del control de convencionalidad; o si dicho precepto no es inconstitucional ni inconvencional dada su interpretación sistemática, por lo que no procede su inaplicación ex oficio con motivo del control de convencionalidad. Para dilucidar el tema, la Primera Sala analizó el contenido del precitado artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual proscribe tanto la usura como todas las formas de explotación del hombre por el hombre, y a partir de ese análisis, resolvió que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, per se, no es inconstitucional ni inconvencional. Sin embargo, señaló que si bien permite que las partes pacten libremente los intereses, dicho artículo no puede servir de fundamento para justificar la fijación de lucros excesivos, por lo que tal disposición debía ser interpretada, en el sentido de que el pacto de voluntades ahí permitido encuentra su límite en lo ordenado por el artículo 21.3 de la Convención 8 Contradicción de tesis 350/2013, entre la sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto de las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Americana sobre Derechos Humanos, de manera que no se debe permitir la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, pues la ley no debe permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un intereses excesivo derivado de un préstamo. De ahí que se concluyó, existe un deber a cargo de los juzgadores para advertir de oficio cuando una tasa de interés resulta notoriamente excesiva (usuraria) y actuar en consecuencia. Lo anterior es lógico, porque si se atiende a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Carta Magna, es dable advertir que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, en el ámbito jurisdiccional, a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en alguna norma inferior, cuando los juzgadores adviertan normas integrantes del sistema jurídico que consideren contrarias al catálogo de derechos humanos conformado por la Constitución y los tratados internacionales mencionados, están obligados a interpretar las normas de tal forma que resulten compatibles con los derechos humanos; y si ello no es posible, deben desaplicarlas, pues el artículo 1o. constitucional, es terminante al establecer la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los mencionados derechos. Por ese motivo, en la contradicción de tesis que invocó la Primera Sala, se indicó, que cuando se adviertan indicios de Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? un interés excesivo o desproporcionado, se debe analizar de oficio la posible configuración de usura, análisis que se consideró, no es violatorio de la garantía de audiencia de la parte acreedora en el juicio respectivo, pues la aplicación de la ley en un sentido acorde con la Constitución Federal, al emitir una sentencia, no depende de la labor procesal de las partes y, además, la eventual decisión oficiosa sobre la existencia de la usura por el cobro excesivo de intereses, sólo puede derivar de la apreciación de hechos notorios y de las propias constancias que integren el expediente al momento de emitir la sentencia respectiva. Pese a lo anterior, -señaló la Primera Sala- aunque en la mencionada ejecutoria se indicó que el análisis de la usura es oficioso cuando se adviertan indicios de un interés excesivo o desproporcionado, lo cierto es que no se dilucidó ¿hasta qué momento es válido realizar ese análisis? Por ello, retomando lo resuelto en la contradicción de tesis 284/2015 que se analiza, y a efecto de dar respuesta a la anterior interrogante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho humano, contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra como límite la institución de la cosa juzgada. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Lo anterior es así porque, por regla general, cuando el acreedor se ve obligado a demandar en la vía judicial el pago de un préstamo que no ha sido saldado, no sólo demanda el monto de la cantidad prestada, sino que además, atendiendo al principio de concentración procesal, también demanda el pago de los intereses ordinarios o moratorios que ese préstamo haya devengado, conforme al acuerdo de voluntades asumido en el documento base de la acción. Por ello, al momento de emitir la sentencia correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige a las determinaciones judiciales, no sólo debe pronunciarse con relación a la suerte principal reclamada como monto del préstamo, sino que además, debe hacer un pronunciamiento en relación con los intereses devengados, por lo que, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, una vez que la sentencia respectiva queda firme porque en su contra ya no procede ningún recurso ordinario o extraordinario alguno, esa decisión se vuelve inmutable; de ahí que deba ejecutarse en sus términos. Con base en las anteriores consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que aunque el análisis de la usura puede efectuarse de manera oficiosa mientras la sentencia que condena al pago de los intereses derivados de un préstamo se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva hecho valer por el acreedor; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa especifica en monto porcentual, debe considerarse firme. Lo cual acontece en el caso a estudio porque, como se desprende de los antecedentes narrados, contra la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete dictada en el juicio natural, en la que se condenó al demandado al pago de la suerte principal, así como de los intereses ordinarios mensuales pactados al 1.30%, y el interés moratorio mensual a razón de 3%, el quejoso promovió amparo directo, el cual le fue negado mediante resolución dictada en el amparo directo civil 67/2019. Más aún, porque en la sentencia dictada en el juicio la juez natural ponderó los parámetros guía que a guisa de ejemplo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de establecer si el interés del 6% pactado en el documento base de la acción resultaba excesivo y usurario, acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, para después, de manera fundada y motivada, concluir que el la tasa de interés pactada era desproporcional, por lo que consideró factible reducirla hasta un importe que permita evitar el fenómeno usurario detectado y en atención a ello estableció que la tasa adecuada es la equivalente al 3%. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Determinación contra la cual el aquí impetrante del amparo no se inconformó, pues al efecto no se advierte que haya vertido concepto de violación alguno al promover la demanda de amparo directo contra la sentencia pronunciada en el juicio natural. De suerte que, como lo estableció la Primera Sala de nuestro más alto tribunal, si bien no pasa inadvertido que mientras no se cubra la suerte principal, los intereses se siguen devengando, ello no puede conducir a considerar que, si bien ya no se puede ejercer el control de usura sobre los devengados hasta el momento en que se emitió la sentencia, si podría ejercerse respecto de los que se sigan generando después de emitida, pues no debe perderse de vista que cuando se emite la sentencia respectiva, la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además, comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal, de ahí que, la circunstancia de que los intereses se sigan devengando, aun después de emitida la sentencia no autoriza a considerar que en la etapa de ejecución de sentencia pueda ejercerse el control de usura respecto de dichos intereses, pues aun y cuando éstos se están generando después de emitida la sentencia que se pretende ejecutar, lo cierto es que la condena que obliga a su pago a una tasa específica en monto porcentual, deriva de una sentencia que se encuentra firme, de ahí que pese a la obligación que tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los derechos humanos, no es dable que en la etapa de ejecución de sentencia se pretenda ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, ni siquiera aun de los que se Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago. De la anterior ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2017, visible en la página 657 del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Civil, registro número 2014920 del rubro y texto: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 Además, la Sala precisó que la anterior determinación también encuentra sustento en lo decidido por la misma Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 91/2015, pues en la ejecutoria respectiva cuyo tema a dilucidar consistió en determinar ¿qué criterio jurisprudencial debe aplicar el Tribunal Colegiado de Circuito, el que regía cuando se emitió el acto reclamado y que, por ende, vinculaba a la autoridad responsable a resolver tal cuestión sólo a petición de parte, o el que rige al momento en que el tribunal de amparo debe resolver el juicio de garantías, cuyos requisitos de obligatoriedad se encuentran colmados y por virtud del cual, se abandonó el criterio aplicado por dicha autoridad responsable? se estableció lo siguiente: "...en el entendido de que, de acuerdo con las consideraciones que han quedado expresadas a lo largo de esta ejecutoria, la aplicación de dicha interpretación encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa especifica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, verbigracia, en el incidente de liquidación de sentencia." La referida contradicción 91/2015, dio origen a la tesis aislada 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.), visible en la página 382 del Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, registro número 2013219 cuyo texto es el siguiente: "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.)¹, emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva." En las relatadas condiciones, ante lo infundado del único concepto de violación aducido y al no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Manuel Escobedo Villalón, respecto de los actos y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe. ADL*@ac Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 16633 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. Alejandra Alvarez Calderón 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.31.a4 01/10/23 13:02:15 ??????????????? "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" OF. 16633 JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. CIUDAD DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO I- 218/2020-EDG, QUE PROMUEVE EDUARDO MANUEL ESCOBEDO VILLALÓN, CONTRA ACTOS DE UTED, SE DICTÓ LA SIGUIENTE SENTENCIA QUE A LA LETRA EXPRESA: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 218/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su demanda la parte quejosa, así como con las exhibidas por la juez responsable, consistentes en las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 299/2017. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de once de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de once de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

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