Eduardo Ravelo Rodríguez

Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
278/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Ravelo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo 278/2019, así como testimonio de la resolución dictada en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el tribunal en cita confirmó la resolución recurrida en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, ya que éste se formó con motivo de la remisión del juicio al Tribunal Colegiado en cita, salvo las constancias originales que obran en el mismo las cuales se ordena glosar al presente juicio, de ahí que con la llegada de los autos el referido cuaderno es susceptible de destrucción conforme al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" NO AUTORIDAD RESPONSABLE. OFICIOS 1 SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 25990 2 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 25991 3 SECRETARIO DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 25992 4 COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 25993 5 COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. ******************** 6 DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", CON RESIDENCIA EN ZURUMBENEO, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN" ******************** 7 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 173/2019 ******************** DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 278/2019, PROMOVIDO POR EDUARDO RAVELO RODRIGUEZ, SE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo 278/2019, así como testimonio de la resolución dictada en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el tribunal en cita confirmó la resolución recurrida en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, ya que éste se formó con motivo de la remisión del juicio al Tribunal Colegiado en cita, salvo las constancias originales que obran en el mismo las cuales se ordena glosar al presente juicio, de ahí que con la llegada de los autos el referido cuaderno es susceptible de destrucción conforme al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, 04 DE DICIEMBRE DE 2019. A T E N T A M E NT E : EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. LEONARDO ROJAS BARRAGÁN JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. JUICIO DE AMPARO 278/2019 ACUERDO DE 04/12/2019 "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" NO AUTORIDAD RESPONSABLE. OFICIOS 1 COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. ******************** 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", CON RESIDENCIA EN ZURUMBENEO, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN" ******************** 3 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 173/2019 ********************

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 278/2019, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 173/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro del término de tres días el expediente original al tribunal colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios relativo. Notifíquese por lista, personalmente al quejoso en el centro donde guarda reclusión, a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Eduardo Ravelo Rodríguez, por conducto de sus defensores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Secretario de Relaciones Exteriores; Secretario de Gobernación; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Todos con residencia en la Ciudad de México; Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, Director del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. Acto reclamado: La orden de trasladar al quejoso directo a diverso centro de reclusión, incluso fuera de este país. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado tuvo por recibida la demanda promovida en favor del quejoso directo Eduardo Ravelo Rodríguez, concedió la suspensión de plano para el efecto de que el quejoso no fuera trasladado a diverso centro penitenciario y ordenó requerirlo a efecto de que ratificara el escrito de demanda; asimismo, en proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veinticuatro de abril del año en curso se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de trasladar al quejoso directo a diverso centro de reclusión, incluso fuera de este país. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado la totalidad de las autoridades responsables manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos en favor de Eduardo Ravelo Rodríguez, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista, personalmente al quejoso en el centro donde guarda reclusión y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.MARILYN "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" NO AUTORIDAD RESPONSABLE. OFICIOS 1 SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 12185 2 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 12186 3 SECRETARIO DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 12187 4 COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 12188 5 COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. ******************** 6 DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", CON RESIDENCIA EN ZURUMBENEO, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN" ******************** DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 278/2019, PROMOVIDO POR EDUARDO RAVELO RODRIGUEZ, SE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA EXPRESA: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 278/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Eduardo Ravelo Rodríguez, por conducto de sus defensores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Secretario de Relaciones Exteriores; Secretario de Gobernación; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Todos con residencia en la Ciudad de México; Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, Director del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. Acto reclamado: La orden de trasladar al quejoso directo a diverso centro de reclusión, incluso fuera de este país. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado tuvo por recibida la demanda promovida en favor del quejoso directo Eduardo Ravelo Rodríguez, concedió la suspensión de plano para el efecto de que el quejoso no fuera trasladado a diverso centro penitenciario y ordenó requerirlo a efecto de que ratificara el escrito de demanda; asimismo, en proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veinticuatro de abril del año en curso se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de trasladar al quejoso directo a diverso centro de reclusión, incluso fuera de este país. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado la totalidad de las autoridades responsables manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos en favor de Eduardo Ravelo Rodríguez, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista, personalmente al quejoso en el centro donde guarda reclusión y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, 29 DE MAYO DE 2019. A T E N T A M E NT E : EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. JUICIO DE AMPARO 278/2019 ACUERDO DE 29/05/2019 "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 5 COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. ******************** 6 DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL "LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ", CON RESIDENCIA EN ZURUMBENEO, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN" ********************

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