Eduardo López Pascual

Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1104/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo López Pascual

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1104/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en proveído de quince de noviembre del año en curso se envió el despacho con número de orden 504/2023 y origen 276/2023 al juez Mixto de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, hiciera entrega de los oficios 26580/2023 y 26581/2023, a las autoridades responsables, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de Santiago Cuasimulco, Municipio de San Juan Quiotepec, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, respectivamente, en su residencia oficial, por los cuales se les notificó la suspensión de oficio decretada a la parte quejosa; comunicación que fue recibida por el dieciséis de noviembre de este año. 2. Requerimiento. En esas condiciones, a fin de contar con todos los datos necesarios para pronunciar la resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2°, se requiere al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que, en el plazo de tres días siguiente a su notificación, informe si ya fue diligenciado el despacho con número de orden 504/2023 y origen 276/2023; de ser así, devuelva la referida comunicación oficial. 2.1. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá, como medio de apremio, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1104/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual atiende el requerimiento efectuado en auto de quince de noviembre del año en curso, pues indica que actualmente se encuentra radicando en la Comunidad de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************; por tanto, se tiene a la parte quejosa cumpliendo la prevención formulada en el auto inicial. 2. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo, así como de las manifestaciones del quejoso, se advierte que la parte quejosa reclama: De las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, les reclama: La privación de la libertad. La orden de privarlo de sus bienes muebles. La orden de privarlo del vehículo motor, propiedad de ********************, quien dice ser su hermano. La orden de pagar la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos, cero moneda nacional), pactada en el pagaré firmado por el quejoso. La orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************. En esas condiciones, se provee: 3. Desechamiento parcial de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2********************4, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. 1. DESECHAMIENTO RESPECTO AL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE PRIVARLO DEL VEHÍCULO MOTOR, PROPIEDAD DE ********************, QUIEN DICE SER SU HERMANO. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, entre otros: La orden de privarlo del vehículo motor, propiedad de ********************, quien dice ser su hermano. Respecto a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .-- -- (.)". (Transcripción) Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. - - - (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos, resulta de importancia puntualizar primeramente que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo ********************7 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo ********************7. Las controversias de que habla el artículo ********************3 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Caso concreto. En el caso, el quejoso reclama de las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, la orden de privarlo del vehículo motor, propiedad de ********************, quien dice ser su hermano. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no evidencia en forma alguna cómo el acto reclamado le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo ********************7, fracción I, de la Constitución Federal, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se limitó a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues en sus antecedentes, bajo protesta de decir verdad, afirmó que dicho mueble no es de su propiedad, sino de su hermano ********************. En ese aspecto, la parte quejosa no acreditó que es propietario del vehículo motor, pues no exhibió documento idóneo con la que acreditara dicho supuesto; por tanto, es ******************** (persona diversa al quejoso), quien resiente la afectación en su esfera jurídica y no el quejoso ********************; en todo caso, es ******************** quien debería acudir al juicio de amparo reclamando un derecho de desposesión de bienes. No pasa desapercibido que el quejoso haya exhibido copia simple de la a) credencial de elector a su nombre (********************) y b) dos fotocopias de ticket de retiro de dinero; sin embargo, de la valoración de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, por tratarse de copias, sin existir la certificación de la autoridad respectiva; pese a ello, no constituyen un medio de convicción idóneo para demostrar que el quejoso sea propietario del vehículo motor, pues no constituyen un medio de convicción idóneo, porque lo que con ellas se acredita, en todo caso, es su identidad y que se encuentra inscrito en el padrón de electores, además, los pagos recibidos. Por tanto, al haber expresado, bajo protesta de decir verdad, que es de su hermano ******************** el vehículo de motor del cual reclama que existe una orden de privación, es innegable que no tiene la titularidad del derecho que alega, consecuentemente, se considera que el acto que pretende combatir en esta vía no vulnera de manera directa o indirecta el interés jurídico del promovente, pues lo cierto es que no se le causa agravio personal alguno que resienta en su derechos de propiedad (propiedad de una tercer persona distinta al quejoso); de ahí que, por ello, no se justifique la procedencia del amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (********************a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364 , de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, se procede DESECHAR DE PLANO, POR IMPROCEDENTE, la demanda de amparo, respecto al acto reclamado, consistente en la orden de privarlo del vehículo motor, propiedad de ********************, quien dice ser su hermano. 2. LA ORDEN DE PAGAR LA CANTIDAD DE $********************,********************.******************** (********************PESOS, CERO MONEDA NACIONAL), PACTADA EN EL PAGARÉ FIRMADO POR EL QUEJOSO. De la demanda de amparo, así como de las manifestaciones de la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada ley; la primera disposición dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en ese precepto no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Como se advierte del análisis conjunto de los preceptos transcritos, el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos, en el entendido que, para efectos del juicio, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: De las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, les reclama: La orden de pagar la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos, cero moneda nacional), pactada en el pagaré firmado por el quejoso. Por otro lado, la parte quejosa a manera de antecedentes, refirió, en lo sustancial, lo siguiente: a. En este año se encontraba cumpliendo el cargo de secretario de la Agencia de Policía de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************. b. El veintisiete de septiembre de este año el agente de la Policía informó a los ciudadanos que el veinticuatro de ese mismo mes y año encontró en el camino rumbo a su cafetal, la caja de madera en la que se guardaba el dinero del pueblo, caja que se encontraba abierta y en la cual únicamente se encontraban papeles de los archivos del pueblo y no así el dinero de la comunidad. c. Asimismo, el agente de la Policía de esa comunidad informó que en la misma data (veinticuatro de septiembre de este año) asistió a consultar con tres brujos pertenecientes a ********************, ******************** y ********************, Oaxaca, respectivamente, quienes le indicaron que el quejoso y su esposa ******************** eran quienes habían robado el dinero. d. El veintisiete de septiembre de este año lo detuvieron en la cárcel Municipal y a fin de dejarlo en libertad, firmó un documento en el cual se comprometía a no irse del pueblo y a pagar una multa de $********************,********************.******************** (diez mil pesos cero centavos), dándole a un plazo para pagar el tres de noviembre de este año. e. Ante la falta de recursos económicos y no poder pagar la multa impuesta, el tres de noviembre de este año encerraron en un potrero el vehículo motor, propiedad de ********************, quien dice ser su hermano. f. El trece de octubre de este año firmó un pagaré por la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos cero centavos). Sentado lo anterior, se concluye que los actos que aquí se reclaman de las autoridades responsables residentes en ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, no se encuentran investidos de facultades de imperio que caracterizan a los actos de autoridad, porque la relación surgió con motivo de un consenso. De esta manera, el acto de que se trata no tiene su nacimiento en la ley y tampoco se emitió de manera unilateral, sino que es producto del consenso de las partes que intervinieron en el pago de la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos, cero moneda nacional), pactada en el pagaré y firmado por el quejoso, pues de las manifestaciones de aquél no se advierte que se esté ejerciendo su potestad frente a las partes, ya que para emitir ese acto, precisamente, se requirió de la voluntad del quejoso. Lo anterior es así, pues, contrario a lo que refiere la parte quejosa que "existe una orden de pagar", de lo que expresó bajo protesta de decir verdad se aprecia que firmó por propia voluntad el pagaré que alude; esto, pues, en primer término, se comprometió a no irse del pueblo y a pagar una multa de $********************,********************.******************** (diez mil pesos cero centavos), y se le dio un plazo para pagar al tres de noviembre de este año; sin embargo, refiere que ante la falta de recursos económicos para poder pagar la multa impuesta, el tres de noviembre de este año encerraron en un potrero el vehículo motor, propiedad de su hermano ********************; y el trece de octubre de este año firmó un pagaré por la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos cero centavos). Como se ve, al momento de realizarlo se encontraba en libertad; en tanto que, respecto al encierro del vehículo que señala, el mismo no es de su propiedad como así lo refirió. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto al acto reclamado consistente en la orden de pagar la cantidad de $********************,********************.******************** (********************pesos, cero moneda nacional), pactada en el pagaré firmado por el quejoso. 4. Admisión de demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos ********************3, fracción I, ********************7, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, ********************8, 1********************, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra las autoridades y actos siguientes: De las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, les reclama: La privación de la libertad. La orden de privarlo de sus bienes muebles. La orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************. 5. Incidente de suspensión. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión, respecto a los actos reclamados señalados con los puntos I y II. 5.1. Precisión. Se precisa que respecto al acto reclamado consistente en la orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad de ********************Municipio de********************, Distrito de ********************, no es procedente tramitar el incidente de suspensión respectivo, con motivo que en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés se pronunció sobre la suspensión de oficio y de plano, respecto de dicho acto. 6. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 7. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables, para que al rendir el informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que el informe justificado y, en su caso, las constancias relativas, se remitan a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; o b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; o de ser el caso, c) por correo postal o mensajería acelerada. Pese a lo anterior, se puntualiza que, solo en casos excepcionales, podrá emplearse el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; como así lo prevé el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7.1. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de causales notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le (s) impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 7.2. Informe de diverso juicio de amparo. Se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado o contra actos provenientes del expediente en el que, en su caso, derive(n) el(los) acto(s) reclamado(s), con independencia de que no se hayan reclamado los mismos actos; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 8. Causa de improcedencia. Con apoyo en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 9. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, ********************7, 1********************, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga(n) el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó(aron) en cuenta para emitir los actos reclamados. ********************. Conocimiento a la parte quejosa. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 11. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Se instruye al(a) secretario(a) llevador(a) del trámite de este expediente y a la oficial judicial A de este órgano jurisdiccional, verifiquen oportunamente que la fecha y hora de la audiencia antes citada y las diversas que lleguen a señalarse con motivo de algún diferimiento se encuentren debidamente agendadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se precisa que en la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y el(la) secretario(a); por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes; sin embargo, en caso de que deseen comparecer a dicha audiencia a través del método videoconferencia, deberán presentar su solicitud con la debida anticipación, a fin de que se realicen las gestiones respectivas para la celebración de la citada audiencia a través de ese método. 12. Vista al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al(a) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito(a) la intervención que legalmente le corresponde y córrase traslado con una copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. 13. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental en copia simple, las siguientes: a) Credencial de elector a nombre de ********************. b) Dos fotocopias de ticket de retiro de dinero. Mismas que se admiten y desahogan en razón de su propia naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. 14. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por otra parte, se reserva dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto se establezca la existencia del acto reclamado de la autoridad señalada como responsable y se pueda verificar a qué persona le asiste el carácter de tercero interesado. 15. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral ********************8, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 16. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 17. Notificación a las autoridades que tengan el carácter de responsables y terceros interesados. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (********************a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) que tenga(n) el carácter de responsables y terceros interesados que en este juicio sólo le será(n) notificada(s) mediante oficio, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha(s) autoridad(es) o por sus respectivos delegados o autorizados. De ahí que en este expediente los autos de mero trámite, como, por ejemplo, diferimientos, entre otros, se notificarán por lista de acuerdos, sin necesidad de girar los oficios correspondientes. 18. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 19. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 20. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    INC 1104/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Incidente de suspensión y registro. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo recibida el quince de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma fecha promovida por ********************, contra actos del agente de Policía de Santiago Cuasimulco, Municipio de San Juan Quiotepec, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y de otra autoridad, así como, del escrito aclaratorio recibido en este Juzgado el veintidós de noviembre de este año; fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Petición de informe previo. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) el informe previo, que deberá(n) rendirlo en el término de cuarenta y ocho horas. Se solicita a la(s) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) previo(s), acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, las cuales deberán estar íntegras y legibles 5. Envío de comunicaciones. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que el informe previo y, en su caso, las constancias relativas, se remitan a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; o b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; o de ser el caso, c) por correo postal o mensajería acelerada. Pese a lo anterior, se puntualiza que, solo en casos excepcionales, podrá emplearse el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; como así lo prevé el artículo 257, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 7. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se instruye al(a) secretario(a) llevador(a) del trámite de este expediente y a la oficial judicial A de este órgano jurisdiccional, verifiquen oportunamente que la fecha y hora de la audiencia antes citada y las diversas que lleguen a señalarse con motivo de algún diferimiento se encuentren debidamente agendadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se precisa que en la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y el(la) secretario(a); por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes; sin embargo, en caso de que deseen comparecer a dicha audiencia a través del método videoconferencia deberán presentar su solicitud con la debida anticipación, a fin de que se realicen las gestiones respectivas para la celebración de la citada audiencia a través de ese método. 8. Pruebas. Con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental, consistente en copia simple las siguientes: a) Credencial de elector a nombre de ********************. b) Dos fotocopias de ticket de retiro de dinero. Mismas que se admiten y desahogan en razón de su propia naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. 9. Suspensión provisional solicitada. Cabe señalar que sólo será materia de análisis en esta determinación de suspensión definitiva lo expresamente solicitado por la parte quejosa, en el capítulo relativo de "incidente de suspensión", de su demanda de amparo. Sirve de apoyo, la tesis P./J.4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 63, febrero 2019, tomo I, página 14, registro 2019200, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". Y la jurisprudencia 2a./J.5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 12, registro 206395, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". Sin perjuicio de resolver de una manera distinta en otro momento procesal, en cuanto a la suspensión solicitada, de existir elementos para ello. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de Santiago Cuasimulco, Municipio de San Juan Quiotepec, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca: La orden de privación de libertad. La orden de privarlo de sus bienes muebles. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para que dichos actos no se ejecuten. En esas condiciones, la medida cautelar se dicta en los términos siguientes: 1. SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO AL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Con apoyo en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 128, de la Ley de Amparo, en atención a la apariencia del buen derecho y toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, porque el acto reclamado no se traduce en situaciones de las cuales se evite la satisfacción de una necesidad colectiva o un bienestar común; a efecto de no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, con apoyo en los numerales 138 y 139, fracción II, del ordenamiento legal invocado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para que no se ejecute la orden de privación de libertad u otra tendiente a la privación de la libertad personal, que las responsables ordenadoras hubieren dictado hasta las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés (fecha y hora en que se depositó la demanda de amparo en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca), esto es, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal con motivo de esa orden; hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". 9.1. Límites de la suspensión. Medida suspensiva que surtirá efectos siempre y cuando la parte quejosa no sea sorprendida en flagrancia o cuasiflagrancia; ni en caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; sin que esta suspensión restrinja las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal insuspendible, por ser de interés social. 9.2. Duración de la medida cautelar provisional. Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. 2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO AL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE PRIVARLO DE SUS BIENES MUEBLES. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA respecto a la orden de privarlo de sus bienes muebles, toda vez que se tratan de actos futuros e inciertos; y, contra esa clase de actos es improcedente el otorgamiento de la medida suspensional solicitada. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el trece de octubre de este año firmó un pagaré por la cantidad de $********************,******************** (cincuenta y nueve mil setecientos pesos cero centavos), y con motivo que a la fecha no ha pagado dicha cantidad a las autoridades responsables y conociendo la forma en que procede el agente de Policía de Santiago Cuasimulco, tiene el temor de que lleguen a privarlo de sus bienes muebles; de ahí que no se advierte que las responsables hayan emitido ninguna orden para privarlo de sus bienes muebles o, en su caso, ya se hubiese ejecutado. Es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LVIII, página 1902, registro 310177, del texto siguiente: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, segunda parte, julio- diciembre de 1988, página 571, registro 230653, del texto siguiente: "SUSPENSION, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS". 10. Se expide copia certificada de la suspensión provisional. Como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que menciona, previa razón que, de su entrega y copia de su identificación se deje en autos. 11. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 12. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el numeral 24 de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado dicha parte. 13. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 14. Notificación a las autoridades que tengan el carácter de responsables y terceros interesados. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) que tenga(n) el carácter de responsables y terceros interesados que en este incidente sólo le será(n) notificada(s) mediante oficio, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha(s) autoridad(es) o por sus respectivos delegados o autorizados. De ahí que en este expediente los autos de mero trámite, como, por ejemplo, diferimientos, entre otros, se notificarán por lista de acuerdos, sin necesidad de girar los oficios correspondientes. 15. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 16. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1104/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. Demanda de amparo y registro.********************Vista la demanda de amparo recibida hoy en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en esta misma fecha, promovida por ********************, contra actos del agente de Policía de ********************, y de otra autoridad; fórmese expediente electrónico e impreso con el registro 1104/2023.********************2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós.********************3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a).****************************************Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós.********************Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. ********************4. Prevención de la demanda. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo se previene a la parte quejosa, a fin de que, en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente.********************El quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:********************De las autoridades, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************, les reclama:********************La privación de la libertad.********************La orden de privarlo de sus bienes muebles.********************La orden de privarlo del vehículo motor, propiedad de Filemón López Pascual, quien dice ser su hermano. ********************La orden de pagar la cantidad de $59,******************** (cincuenta y nueve mil setecientos pesos, cero moneda nacional), pactada en el pagaré firmado por el quejoso.********************La orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad de ********************.****************************************Por otro lado, en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, esencialmente, precisó que:********************a. En este año se encontraba cumpliendo el cargo de secretario de la Agencia de Policía de ********************.********************b. El veintisiete de septiembre de este año el agente de la Policía informó a los ciudadanos que el veinticuatro de ese mismo mes y año encontró en el camino rumbo a su cafetal, la caja de madera en la que se guardaba el dinero del pueblo, caja que se encontraba abierta y en la cual únicamente se encontraban papeles de los archivos del pueblo y no así el dinero de la comunidad.********************c. Asimismo, el agente de la Policía de esa comunidad informó que en la misma data (veinticuatro de septiembre de este año) asistió a consultar con tres brujos pertenecientes a Santa María Jacatepec, San José Chiltepec y Tuxtepec, Oaxaca, respectivamente, quienes le indicaron que el quejoso y su esposa ******************** eran quienes habían robado el dinero. ********************d. El veintisiete de septiembre de este año lo detuvieron en la cárcel Municipal y a fin de dejarlo en libertad, firmó un documento en el cual se comprometía a no irse del pueblo y a pagar una multa de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos), dándole a un plazo para pagar el tres de noviembre de este año.********************e. Ante la falta de recursos económicos y no poder pagar la multa impuesta, el tres de noviembre de este año encerraron en un potrero el vehículo motor, propiedad de Filemón López Pascual, quien dice ser su hermano. ********************f. El trece de octubre de este año firmó un pagaré por la cantidad de $59,******************** (cincuenta y nueve mil setecientos pesos cero centavos), toda vez que el agente y comandante de Policía lo amenazaron que si no firmaba dicho pagaré lo privarían a él y a su esposa ********************, de su libertad en la cárcel Municipal.****************************************En esas condiciones, a efecto de determinar lo conducente, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, deberá cumplir con lo siguiente:********************Indique si actualmente se encuentra radicando en la Comunidad de ********************.****************************************De no ser así, deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado respecto a la orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad antes mencionada.****************************************Lo anterior, porque la parte quejosa reclama, entre otros, la orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la comunidad ya multicitada; empero, en los antecedentes del acto reclamado indicó que el veintisiete de septiembre de este año lo detuvieron en la cárcel municipal de esa población y a fin de dejarlo en libertad, firmó un documento en el cual "se comprometía a no irse del pueblo". Aspecto que genera incertidumbre, pues pareciera que les reclama a las autoridades responsables la orden verbal o escrita de destierro o expulsión de su comunidad, pero, al parecer, también le prohibieron a no irse de esa población afectando así su libre tránsito; de ahí que resulta necesario aclare si la orden de destierro o expulsión reclamada ya se ejecutó; además, si fue el único agraviado o si dicha medida también repercutió a su familia.********************Irregularidad(es) que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir el informe justificado, y se integre la litis de manera correcta.********************Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere:********************"ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos".********************Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA".********************Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente:********************"PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA".****************************************4.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo.********************5. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado.********************6. Suspensión de oficio. En la demanda de amparo se señala como acto reclamado, entre otros, la orden verbal o escrita de destierro o expulsión de la Comunidad de ********************; por tanto, con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo se concede de oficio y de plano la suspensión al quejoso ********************, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de dictar o ejecutar en su contra alguna orden de destierro de la comunidad de ********************; es decir, que no se le expulse de la población en la que reside; además, para que no ordene ni ejecute acto alguno que atente contra la vida personal o integridad de dicha persona, y se abstengan de ordenar o ejecutar cualquiera de los actos prohibidos en los invocados artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal.********************Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2928, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Quinta Época, registro, registro 330962, cuyo rubro y texto es:********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales".****************************************Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 827, registro 2017844, del rubro siguiente: ********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO".****************************************6.1. Informe relacionado con la suspensión de oficio.********************La(s) autoridad(es) responsable(s) deberá(n) informar el acatamiento de la medida suspensión decretada a favor del directo quejoso, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede notificada de este auto, por el cual se le envía el oficio con transcripción del mismo.********************Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurra, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.********************Apoya la determinación anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la tesis visible en la página 46, tomo IV, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de dice: "ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, NO SON MATERIA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN."********************7. Notificación por despacho. Ahora, en aras de garantizar la pronta impartición de justicia establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, GÍRESE DESPACHO mediante correo electrónico institucional, fax o, en su defecto, mensajería acelerada, al juez Mixto de Ixtlán, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, realice lo siguiente: ********************Entregue los oficios 26580 y 26581, con transcripción de esta determinación a las autoridades responsables, a) agente de Policía y b) comandante de la Policía, ambos de ********************, respectivamente, en su residencia oficial. ****************************************8. Precisiones de desahogo de diligencia. Se precisa al referido juez que, para el desahogo de la citada diligencia:********************I) Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles.****************************************II) Una vez diligenciado el despacho que se le remite, con las constancias completas y legibles, se le solicita lo devuelva en el plazo previsto en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, vía correo oficial 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, sin necesidad de hacerlo físicamente, previa confirmación de recepción.****************************************III) Con fundamento en el artículo 558 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al juez despachado, para el caso de no asistirle competencia para conocer de esta encomienda, remita, de manera urgente, la comunicación al Juzgado competente para su diligenciación; de igual forma, para que solicite a este órgano jurisdiccional las documentales que sean necesarias para diligenciar la encomienda.****************************************9. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el numeral 24 de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado dicha parte. ********************10. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo.********************11. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye al(a) secretario(a) encargado(a) de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales.********************Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico.********************13. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ********************Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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