Eduardo Gutíerrez Aguirre
Expediente 719/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet (denominación de la señalada como Juez de Primera Instancia de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 28/06/2022, así también se tuvo como una sol
- Eduardo Gutíerrez Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
PRAL 719/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 719/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de veinte de junio de este año, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 719/2022, el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Reyna Soledad Juárez Avendaño, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por Eduardo Gutiérrez Aguirre, a través de su apoderada legal Ana María Aguirre Zatarain, II) el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo y III) los informes justificados de las autoridades responsables. Además, se hace constar que: a) el plazo de quince días para que la autoridad responsable señalada como ejecutora director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, -denominación correcta- rinda su informe justificado, transcurre del uno de julio al día de hoy, ello por haber quedado notificada de esa petición el treinta de junio del año en curso, y b) las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en el auto inicial. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias. II. En relación a que no han fenecido el plazo a que hace referencia el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable señalada como ejecutora director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, -denominación correcta- rinda su informe justificado, no es obstáculo para continuar con la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que las autoridades señaladas como ordenadoras ya rindieron su informe justificado, y negaron el acto reclamado, por ello se resolverá lo conducente al dictarse sentencia. De ahí que procede continuar con el desahogo de la presente audiencia, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal. A continuación, se abre la etapa probatoria. Se hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, por tanto no habiendo pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Enseguida, abierto el periodo de alegatos, la secretaria informa que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo cual, se da por concluida esta etapa. Con lo anterior, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 719/2022; y RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el ocho de junio del año en curso, registrada en dicha Oficina y turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa el nueve siguiente, Eduardo Gutiérrez Aguirre, a través de su apoderada legal Ana María Aguirre Zatarain, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez de Primera Instancia de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, y otras autoridades. Segundo. Prevención e incompetencia. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante auto de diez de junio de este año registró la demanda bajo el número 466/2022 y previno a la parte quejosa en los términos que ahí consta. En ese orden, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós ese órgano jurisdiccional tuvo a la parte quejosa cumpliendo la prevención formulada; en consecuencia, se declaró incompetente en razón de territorio y turnó la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Tercero. Aceptación de competencia, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veinte de junio del año en curso, se aceptó la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, por lo cual se admitió a trámite la demanda, registrándola con el 719/2022. Se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Cuarto. Personalidad. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, la personalidad de Ana María Aguirre Zatarain, como apoderada legal del directo quejoso Eduardo Gutiérrez Aguirre, se acredita con las copias certificadas del instrumento notarial 133, pasada ante la fe del notario público número 290 del Estado de Sinaloa. Quinto. Precisión de denominación de las autoridades responsables. En proveído de veintiocho de junio del año en curso se precisó que las denominaciones correctas de las autoridades denominadas: "comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca" "comandante de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca" y "fiscal Especializado para la Atención de Delitos por Violencia de Género Contra la Mujer" son 1) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 2) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y 3) fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, respectivamente. Y de las autoridades señaladas como: "juez de Primera Instancia de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca" y "jueces de Primera Instancia de Control del Centro, San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca", su denominación correcta es 4) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet, Oaxaca. Sexto. Inexistencia de una autoridad. En auto catorce de julio de dos mil veintidós se dejó de tener como autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo al vicefiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Séptimo. Citación a audiencia. Seguido el trámite, se citó a las partes para la audiencia constitucional, llevándose a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; y 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013 , por tratarse de un acto reclamado de naturaleza penal, cuya orden y ejecución se atribuye a autoridades residentes en lugares donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo hicieron de la siguiente manera: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. SENTIDO. 1) Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-. NIEGAN. 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca. 3) Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -denominación correcta-. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA. NIEGA. 4) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones -denominación correcta-. No pasa desapercibido que la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca haya informado que en dicho juzgado se tramita la causa penal 504/2022, la cual se instruye en contra de una persona llamada Eduardo Gutiérrez Aguirre, pero precisó que en dicha causa no se ha librado orden de aprehensión. Además, la parte quejosa no objetó ni aportó prueba alguna que desvirtúe esas negativas, no obstante su conocimiento. Por otra parte, el plazo para que la autoridad ejecutora 5) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -denominación correcta-, rinda el informe justificado solicitado, no ha fenecido. Sin embargo, fue señalada como ejecutora del acto cuya existencia negaron las autoridades a quien se atribuye su ordenamiento, por lo cual se tiene por inexistente el acto de ejecución reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284 , de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Gutiérrez Aguirre, a través de su apoderada legal Ana María Aguirre Zatarain contra la orden de aprehensión y su ejecución, que atribuyó al 1) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-, 2) fiscal General del Estado de Oaxaca, 3) fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -denominación correcta-, así como su ejecución que atribuyó al 4) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones -denominación correcta- y al 5) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -denominación correcta-; en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 719/2022 MESA 4 Etapa probatoria. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, por lo que se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, por tanto se cierra esta etapa; por lo que se procede a dictar la siguiente: Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 719/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Radicación. Mediante auto de veinte de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento al proveído de admisión de demanda, de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo 719/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por Ana María Aguirre Zatarain, en su carácter de apoderada legal para pleitos y cobranzas de Eduardo Gutiérrez Aguirre, contra la orden de aprehensión, y su ejecución, que atribuyó al juez de Primera Instancia de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, y otras autoridades. Segundo. Medida cautelar. En el auto incidental se decretó la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos y condiciones ahí calificados, y se solicitó de las autoridades responsables su informe previo. Tercero. Precisión de denominación de las autoridades responsables. En proveído de veinticuatro de junio del año en curso, se precisó que la denominación correcta de la autoridad denominada: "comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca" es 1) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; Asimismo, por auto de veintiocho de junio de este año se precisó que las denominaciones correctas de las autoridades denominadas: "comandante de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca" y "fiscal Especializado para la Atención de Delitos por Violencia de Género Contra la Mujer" son 2) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y 3) fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, respectivamente. Y de las autoridades señaladas como: "juez de Primera Instancia de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca" y "jueces de Primera Instancia de Control del Centro, San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca", su denominación correcta es 4) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet, Oaxaca. Cuarto. Inexistencia de una autoridad. En auto catorce de julio de dos mil veintidós, se dejó de tener como autoridad responsable para los efectos de este incidente de suspensión al vicefiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Quinto. Citación a audiencia. Seguido el trámite, previo diferimiento se citó a las partes para la audiencia incidental, llevándose a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 122 a 144 de la Ley de Amparo; 48 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que será materia de estudio en esta resolución los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, que se atribuyó a las siguientes autoridades: 1) Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-. 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca. 3) Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -denominación correcta-. Así como su ejecución al 4) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones -denominación correcta- y al 5) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -denominación correcta-. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir sus informes previos, lo hicieron de la siguiente manera: AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. NIEGAN. 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca. 3) Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -denominación correcta-. 4) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones -denominación correcta-. 5) Director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -denominación correcta-. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esa negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia sobre la cual recaiga. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Cuarto. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino del original del expediente (destruible). Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, independientemente de la concesión de la suspensión provisional, el original de este expediente será destruible, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado del expediente (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en las carátulas de los incidentes conste la leyenda que ambos son destruibles. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se niega al quejoso Eduardo Gutiérrez Aguirre, la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, que atribuyó al 1) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-, 2) fiscal General del Estado de Oaxaca, 3) fiscal Especializado para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -denominación correcta-, así como su ejecución que atribuyó al 4) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones -denominación correcta- y al 5) director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -denominación correcta-, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 719/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. 1. Inexistencia de una autoridad. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de treinta de junio de este año, para que manifestara lo que en derecho le corresponde respecto a la inexistencia de la autoridad ordenadora señalada como "vicefiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca", transcurrió del once al trece de julio de este año; ello, por haber quedado notificado de ese auto el siete de este mes de julio, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta de junio de dos mil veintidós y se tiene por inexistente a la citada autoridad, para los efectos legales procedentes, cesando toda comunicación con la misma en este juicio de amparo. Sirve de apoyo, por su contenido, la tesis de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Tesis XIII.P.A. J/8 (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2341, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.). 2. Se instruye a la analista jurídico SISE. Encomiéndese a la analista jurídico de la adscripción realice la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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