Eduardo Gracia Hernández
Expediente 90/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Gracia Hernández
Actuaciones
- Principal
PRAL 90/2019 MESA 7-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el seis de febrero de este año (fojas 16 a 20), en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; ... En consecuencia, ..., se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento a la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente..., ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino..., procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
PRAL 90/2019 MESA 7A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Glose de oficio. Agréguese el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y anexos; mediante el cual devuelve, diligenciado, el exhorto con número de orden ***(origen ***) del índice de este Juzgado, enviado a fin de notificar personalmente el auto de seis de febrero de este año al quejoso ***. Diligencia que se realizó el veintidós de febrero del año en curso, como se advierte de la razón asentada por el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional exhortado (foja 39). Se ordena dar de baja comunicación oficial. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro número cuatro, relativo al registro de comunicaciones oficiales enviadas por este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
PRLA.90/2019-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil diecinueve. 1. Razón actuarial. Vista la razón de once de febrero de dos mil diecinueve, asentada por la actuaria adscrita a este Juzgado (foja 21), por la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Eduardo Gracia Hernández el proveído de seis de febrero del año en curso (fojas 16 a 20), en virtud de que ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA" pues fue trasladado al centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano" (foja 21); por tanto, se acuerda: 2. Notificación al quejoso por exhorto electrónico. A fin de que el quejoso Eduardo Gracia Hernández pueda tener conocimiento del acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 16 a 20), con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto electrónico al juez de Distrito, en turno, en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda, realice lo siguiente: Se haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", y le notifique al quejoso Eduardo Gracia Hernández el proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio de amparo. Jurisdicción. Así también, se faculta a la autoridad exhortada que, en caso de no tener jurisdicción en el territorio donde se diligenciará la comunicación antes precisada, lo envié a la autoridad que considere competente. Agilización de la diligencia. A efecto de agilizar el procedimiento en este expediente, se solicita atentamente a la autoridad exhortada que, de no tener inconveniente, una vez diligenciado la comunicación de mérito, la devuelva vía Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por exhorto al quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P. 90/2019 7-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo escrita recibida el uno de febrero de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, promovida por ..., contra un acto del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 90/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al secretario. Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Improcedencia. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgado de Distrito, ante todo, examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen a este juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Así, de la lectura íntegra del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso solicita ante este órgano jurisdiccional su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca a un centro de reclusión más cercano a su familia, esto es, al Centro de Readaptación Social CPS. 11, Hermosillo Sonora. En mérito de lo expuesto, se estima que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 109, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, acorde a lo dispuesto en los artículos antes citados, se considera que en el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 109, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, medularmente, solicita el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca a un centro de reclusión más cercano a su familia, esto es, al Centro de Readaptación Social CPS. 11, Hermosillo Sonora. Asimismo, del contenido del escrito de cuenta se advierten las razones por las cuales el interno formula tal petición de traslado, las que hacen depender del hecho de encontrarse más cerca de su núcleo familiar y lugar donde se lleva su proceso a fin de garantizar su debida defensa. Como se ve, el quejoso no señala un acto de autoridad en concreto que pudiera causarle perjuicio, sino que únicamente se trata de una petición de traslado realizada a este órgano jurisdiccional; por tanto, el peticionario debe formularla al juez que tramita el proceso respectivo y no a través del juicio de amparo por no ser ésta la vía para obtener lo pretendido. Aunado a lo anterior, con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde de manera exclusiva al poder judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados y/o procesados. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Penal, Página: 18, de la Décima Época, Registro: 2001988, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." En esas condiciones, se estima que, a partir de la reforma constitucional en comento, es competencia exclusiva de la autoridad judicial quien haya conocido del respectivo proceso penal del quejoso determinar el lugar en el cual deba estar recluido a su disposición y/o el lugar donde debe cumplir la pena de prisión que le haya sido impuesta. Lo anterior fue sostenido en la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Página: 824, de la Décima Época, Registro: 2006256, de rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. 4.- Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme con lo dispuesto por la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el que cita en el proemio de su demanda. 5.- Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6.- Forma de notificación. En virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al (la) actuario (a) Judicial que corresponda, para que se haga presente en dicho centro y notifique este acuerdo. 7.- Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluido. "
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