Eduardo Maximiliano Robles Jiménez

Expediente 642/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
642/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Maximiliano Robles Jiménez
  • Juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    PRAL 642/2023 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en acuerdo de treinta de octubre de este año para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 642/2023, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por ********************, II) la determinación de tres de julio de este año en la que se admitió a trámite, así como III) el informe justificado de una autoridad responsable. Además, hace constar: que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: La parte quejosa ofreció anexa a su escrito de demanda la documental consistente en: A) Factura original con folio con terminación******************** de once de diciembre de dos mil veintidós. B) Copia simple de la licencia para conducir expedida por la Secretaría de Movilidad a favor de ********************. C) Impresión de lo que parece ser una orden de pago, con vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés. En tanto que la autoridad responsable, juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, exhibió con su informe justificado un cuadernillo de copias certificadas de: Parte informativo SLC/DSPyPV/PV/1033/2023 de puesta a disposición, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, suscrito por un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Certificado médico del galeno adscrito a la Regiduría de Salud y Asistencia Social de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de veinticuatro de junio de este año. Acta de infracción ******************** de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés suscrito por un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Registro de resguardo de motocicleta con número de folio 974, de veinticuatro de junio del año en curso, con firma del mismo elemento de la policía vial; así como un inventario de vehículo con firma del operador de grúa. Acta de audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, signada por la jueza calificadora del segundo turno del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Al respecto, se acuerda: Por su propia naturaleza, las pruebas documentales se admitieron y desahogaron durante el trámite del juicio, de ahí que serán valoradas al dictarse la sentencia correspondiente. No habiendo pruebas pendientes por relacionar o desahogar, se cierra esta etapa y se procede al periodo de alegatos, en el que se informa que las partes no los formularon; de ahí que se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución siguiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 642/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el treinta de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y de otra autoridad; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro, admisión y trámite general. En auto de tres de julio del año en curso se registró la demanda de amparo y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia constitucional que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Además, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, sin que lo haya hecho, como se destacó en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y la ejecución del acto se atribuye a autoridades con residencia en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que ******************** reclama del 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y del 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio: La desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negó el acto reclamado; sin embargo, alegó la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del aseguramiento del vehículo de motor del quejoso, y proporcionó los fundamentos en los que apoyó ese acto, entre otros argumentos. En esas condiciones, las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable evidencian la existencia del acto que se le atribuye, por ello, se tiene por cierto. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por su parte, la diversa autoridad responsable, director de Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fue omiso en rendir el informe, pues aunque pretendió hacerlo, no firmó el oficio respectivo; por lo cual, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, máxime que en autos obran constancias de las que se desprende que, en efecto, un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del mencionado Ayuntamiento retuvo el vehículo de motor del ahora quejoso. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Análisis del concepto de violación. Como se dijo, la parte quejosa reclama del 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y del 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio, la desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************; pues refiere, sustancialmente, que ese acto vulnera sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad, pues carece de fundamentación y motivación, y no se sujeta a las reglas esenciales del procedimiento, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Al respecto, el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Como se observa del precepto constitucional trascrito, el derecho fundamental ahí establecido tiene sustento en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de conformidad con el referido precepto, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; así, el derecho fundamental de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud que la autoridad haya actuado en determinado sentido, y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho fundamental de debida fundamentación y mediante la observancia de la segunda, al de debida motivación. Bajo esas condiciones, la eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Por ello, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para eliminar en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, ya que permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación; ya sea ordinaria o extraordinaria, como lo es el juicio de amparo. De ahí que la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, lo que, se reitera, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios, sobre todo si, como sucede en el caso, se trata de actos emitidos por una autoridad administrativa. En el caso, para un mejor análisis del asunto, resulta oportuno precisar los antecedentes que se advierten de las constancias que se recibieron en copia certificada anexas al informe justificado glosado en autos, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas en ejercicio de sus funciones; de las que se conoce lo siguiente: (Parte informativo) El veinticuatro de junio de esta anualidad, a las dos horas de la mañana, un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, visualizó durante la implementación del operativo alcoholímetro "Salvando Vidas" una motocicleta que circulaba de manera zigzagueante; motivo por el cual, le marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga. Acto seguido, el elemento de la policía vial le dio alcance metros más adelante, se identificó con el conductor, quien dijo llamarse ********************, y le solicitó licencia de conducir y tarjeta de circulación, manifestando no contar con esos documentos. Además, refiere la policía vial que se percató del fuerte aliento alcohólico del conductor, por lo que lo trasladó al módulo correspondiente para la prueba de alcoholimetría, donde se obtuvo como resultado 1.24 mg/l (tercer periodo de ebriedad), razón por la cual, el elemento de la policía vial hizo del conocimiento del conductor: A las dos horas con siete minutos que se encontraba en calidad de detenido debido a la comisión de una falta administrativa. A las dos horas con ocho minutos le fue leída la cartilla de derechos que le asistían como detenido. Con fundamento en los artículos 166, 167 y 195, fracciones I, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, le precisó que su unidad de motor sería asegurada y puesta a disposición del juez calificador en turno. A las dos horas con nueve minutos fue certificado clínicamente por el médico respectivo, siendo diagnosticado con intoxicación etílica en tercer periodo de ebriedad. Posteriormente fue abordado a una patrulla municipal y trasladado a los separos preventivos donde se realizó el resguardo de sus pertenencias. A las dos horas con veintinueve minutos del mismo veinticuatro de junio de este año se aseguró la ********************marca ********************, modelo ********************, color ********************, sin placas de circulación, con número de serie ********************; realizando el acta de infracción ******************** y siendo trasladada la unidad de motor al encierro municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde se elaboró el resguardo externo. Bajo esas condiciones, el conductor de la unidad fue puesto a disposición del juez calificador municipal, en turno. (Certificado médico) Del certificado elaborado por el médico adscrito a la Regiduría de Salud y Asistencia Social de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se observa que quien dijo llamarse ******************** fue diagnosticado con intoxicación etílica 1.24 mg/l en tercer periodo de ebriedad. (Acta de infracción ********************) Se aprecia en el acta de infracción, como nombre del infractor, ********************, y como infracciones a) conducir en estado de ebriedad, b) falta de licencia, c) falta de tarjeta de circulación y d) falta de placa; con fundamento en los artículos 166, 168, 195, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; razones por las cuales se aseguró la unidad de motor de acuerdo al parte informativo. (Acta de audiencia pública) Finalmente, en el acta de audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en el Juzgado Calificador de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se hizo relación del parte informativo, ticket de alcoholímetro, certificado médico y acta de infracción; y se procedió: Identificar a las partes (elemento de la policía vial y el presunto infractor). Se requirió al infractor que se identificara (lo realizó con la licencia de conducir ********************). El juez calificador proporcionó un defensor al infractor (en razón de que, a pregunta expresa, manifestó no contar con representación legal). El referido juez explicó sus derechos al presunto infractor. Acto seguido, se recabó la declaración del elemento de la policía vial en términos de lo descrito en el parte informativo. Después, se dio el uso de la voz al presunto infractor, quien realizó manifestaciones a través de su defensora de oficio. En la etapa de ofrecimiento de pruebas, el juez calificador tuvo por desahogadas las exhibidas por el elemento vial; y destacó que la defensora se reservó aportar prueba alguna. Enseguida, dictó resolución, en la que determinó que ******************** es responsable de la conducta consistente en conducir en estado de ebriedad, conducir sin tarjeta de circulación o está vencida, por conducir sin licencia o está vencida y por conducir sin placa, conductas catalogadas como infracciones en términos de los artículos 166, 160 y 195, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en relación con el numeral 200, fracción IX, inciso V, den la Ley de Ingresos vigente en tal municipio para el ejercicio fiscal 2023. Por lo cual, procedió a sancionarlo con la imposición de diversas multas, y destacó que la unidad de motor asegurada permanecería en el "corralón" en términos del artículo 200, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Finalmente, informó al infractor los medios ordinarios de defensa que estaba en condiciones de interponer, para el caso de estimar que la resolución dictada le causaba agravios. Con base en lo anterior, se colige que la detención del vehículo automotor del quejoso se encuentra suficientemente fundada y motivada, pues entre los fundamentos legales invocados por las autoridades responsables se encuentran, al menos, los preceptos 166 y 195, fracción I, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, que disponen que en los casos de conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas o enervantes, el vehículo de motor quedará resguardado en el encierro; y que el comisario y los policías viales están facultados para asegurar vehículos y proceder a su traslado al encierro, en caso de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad. Máxime que del diverso artículo 173 del referido ordenamiento legal se desprende el procedimiento a seguir en los programas de detención alcohólica, en el que resalta que el conductor que sobrepase el límite de alcohol permitido en el multicitado Reglamento será remitido al juez Municipal, quien impondrá la sanción correspondiente. Además, dicho numeral refiere que el vehículo será trasladado a la pensión o encierro respectivo y para proceder a su liberación, tratándose de personas físicas, bastará con que exhiban la factura respectiva con la que acrediten la propiedad de dicho bien, previo pago del importe de la multa impuesta, del servicio de grúas prestado y el derecho de piso correspondiente. Entonces, si la normatividad prevé la facultad de las autoridades responsables para conocer de los asuntos relacionados con las infracciones a su Reglamento de Tránsito, para calificar las faltas a los Reglamentos Municipales y determinar las sanciones correspondientes, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues lo concerniente a la retención del vehículo automotor conducido bajo los efectos del alcohol se encuentra debidamente fundado y motivado, como se advierte de las constancias que como justificación a su informe remitió la autoridad responsable. Incluso, en audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés el juez Calificador determinó procedente que el vehículo del quejoso permaneciera en el encierro municipal hasta en tanto pagara las multas respectivas, haciendo del conocimiento del citado quejoso que, en caso de inconformidad, podría promover el recurso correspondiente. Razones por las cuales es infundado el concepto de violación que aduce la parte quejosa; porque el acto reclamado no es inconstitucional ni violatorio de los derechos fundamentales, al ser las autoridades responsables que lo ejecutaron y determinaron las competentes para tal proceder y, por tanto, su inconstitucionalidad sólo podía depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado; aspectos que fueron aportados al sumario por la autoridad responsable. Máxime que, como se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, por lo que quedaba a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, sin que haya aportado alguna prueba apta e idónea en este juicio para demostrarlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para la anterior conclusión la circunstancia de que el quejoso haya allegado a este juicio las documentales siguientes: A) Factura original con folio con terminación******************** de once de diciembre de dos mil veintidós. B) Copia simple de la licencia para conducir expedida por la Secretaría de Movilidad a favor de ********************. C) Impresión de lo que parece ser una orden de pago, con vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés. Porque únicamente la primera tiene el valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pero de la misma únicamente se infiere que el quejoso es propietario del vehículo de motor tipo ********************marca ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************; lo cual resulta insuficiente para probar la inconstitucionalidad del acto reclamado; motivo por el cual, el inconforme no satisfizo la carga procesal impuesta por el invocado artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Bajo esas condiciones, la existencia del acto reclamado es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta, como se dijo, depende de los motivos, datos y pruebas en que se fundó el propio acto, los cuales se estiman apegados a la normatividad municipal correspondiente; máxime que el quejoso no amplió su demanda de amparo contra la fundamentación y motivación vertida en el informe justificado. Además, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, puede afirmarse que en el procedimiento administrativo municipal se respetó el derecho fundamental de audiencia del quejoso, pues en este sumario obran las constancias que así lo demuestran, como son la intervención de una defensora de oficio durante la audiencia pública en que se convalidó la retención de su motocicleta, así como la afirmación vertida en el parte informativo, acerca de la lectura de derechos e información dada al quejoso en todo momento. De ahí que, se insiste, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, y no es violatorio de los preceptos legales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone negar el amparo solicitado por ********************. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio, consistente en la desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************; ello, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. - Número de expediente: 642/2023 Acuerdo: PRAL 642/2023 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en acuerdo de treinta de octubre de este año para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 642/2023, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por ********************, II) la determinación de tres de julio de este año en la que se admitió a trámite, así como III) el informe justificado de una autoridad responsable. Además, hace constar: que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: La parte quejosa ofreció anexa a su escrito de demanda la documental consistente en: A) Factura original con folio con terminación******************** de once de diciembre de dos mil veintidós. B) Copia simple de la licencia para conducir expedida por la Secretaría de Movilidad a favor de ********************. C) Impresión de lo que parece ser una orden de pago, con vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés. En tanto que la autoridad responsable, juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, exhibió con su informe justificado un cuadernillo de copias certificadas de: Parte informativo SLC/DSPyPV/PV/1033/2023 de puesta a disposición, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, suscrito por un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Certificado médico del galeno adscrito a la Regiduría de Salud y Asistencia Social de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de veinticuatro de junio de este año. Acta de infracción ******************** de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés suscrito por un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Registro de resguardo de motocicleta con número de folio 974, de veinticuatro de junio del año en curso, con firma del mismo elemento de la policía vial; así como un inventario de vehículo con firma del operador de grúa. Acta de audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, signada por la jueza calificadora del segundo turno del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Al respecto, se acuerda: Por su propia naturaleza, las pruebas documentales se admitieron y desahogaron durante el trámite del juicio, de ahí que serán valoradas al dictarse la sentencia correspondiente. No habiendo pruebas pendientes por relacionar o desahogar, se cierra esta etapa y se procede al periodo de alegatos, en el que se informa que las partes no los formularon; de ahí que se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución siguiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 642/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el treinta de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del juez Calificador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y de otra autoridad; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro, admisión y trámite general. En auto de tres de julio del año en curso se registró la demanda de amparo y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia constitucional que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Además, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, sin que lo haya hecho, como se destacó en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y la ejecución del acto se atribuye a autoridades con residencia en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que ******************** reclama del 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y del 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio: La desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el juez Calificador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negó el acto reclamado; sin embargo, alegó la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del aseguramiento del vehículo de motor del quejoso, y proporcionó los fundamentos en los que apoyó ese acto, entre otros argumentos. En esas condiciones, las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable evidencian la existencia del acto que se le atribuye, por ello, se tiene por cierto. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por su parte, la diversa autoridad responsable, director de Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fue omiso en rendir el informe, pues aunque pretendió hacerlo, no firmó el oficio respectivo; por lo cual, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, máxime que en autos obran constancias de las que se desprende que, en efecto, un elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del mencionado Ayuntamiento retuvo el vehículo de motor del ahora quejoso. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Análisis del concepto de violación. Como se dijo, la parte quejosa reclama del 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y del 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio, la desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************; pues refiere, sustancialmente, que ese acto vulnera sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad, pues carece de fundamentación y motivación, y no se sujeta a las reglas esenciales del procedimiento, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Al respecto, el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Como se observa del precepto constitucional trascrito, el derecho fundamental ahí establecido tiene sustento en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de conformidad con el referido precepto, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; así, el derecho fundamental de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud que la autoridad haya actuado en determinado sentido, y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho fundamental de debida fundamentación y mediante la observancia de la segunda, al de debida motivación. Bajo esas condiciones, la eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Por ello, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para eliminar en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, ya que permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación; ya sea ordinaria o extraordinaria, como lo es el juicio de amparo. De ahí que la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, lo que, se reitera, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios, sobre todo si, como sucede en el caso, se trata de actos emitidos por una autoridad administrativa. En el caso, para un mejor análisis del asunto, resulta oportuno precisar los antecedentes que se advierten de las constancias que se recibieron en copia certificada anexas al informe justificado glosado en autos, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas en ejercicio de sus funciones; de las que se conoce lo siguiente: (Parte informativo) El veinticuatro de junio de esta anualidad, a las dos horas de la mañana, un elemento de la policía vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, visualizó durante la implementación del operativo alcoholímetro "Salvando Vidas" una motocicleta que circulaba de manera zigzagueante; motivo por el cual, le marcó el alto, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga. Acto seguido, el elemento de la policía vial le dio alcance metros más adelante, se identificó con el conductor, quien dijo llamarse ********************, y le solicitó licencia de conducir y tarjeta de circulación, manifestando no contar con esos documentos. Además, refiere la policía vial que se percató del fuerte aliento alcohólico del conductor, por lo que lo trasladó al módulo correspondiente para la prueba de alcoholimetría, donde se obtuvo como resultado 1.24 mg/l (tercer periodo de ebriedad), razón por la cual, el elemento de la policía vial hizo del conocimiento del conductor: A las dos horas con siete minutos que se encontraba en calidad de detenido debido a la comisión de una falta administrativa. A las dos horas con ocho minutos le fue leída la cartilla de derechos que le asistían como detenido. Con fundamento en los artículos 166, 167 y 195, fracciones I, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, le precisó que su unidad de motor sería asegurada y puesta a disposición del juez calificador en turno. A las dos horas con nueve minutos fue certificado clínicamente por el médico respectivo, siendo diagnosticado con intoxicación etílica en tercer periodo de ebriedad. Posteriormente fue abordado a una patrulla municipal y trasladado a los separos preventivos donde se realizó el resguardo de sus pertenencias. A las dos horas con veintinueve minutos del mismo veinticuatro de junio de este año se aseguró la ********************marca ********************, modelo ********************, color ********************, sin placas de circulación, con número de serie ********************; realizando el acta de infracción ******************** y siendo trasladada la unidad de motor al encierro municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde se elaboró el resguardo externo. Bajo esas condiciones, el conductor de la unidad fue puesto a disposición del juez calificador municipal, en turno. (Certificado médico) Del certificado elaborado por el médico adscrito a la Regiduría de Salud y Asistencia Social de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se observa que quien dijo llamarse ******************** fue diagnosticado con intoxicación etílica 1.24 mg/l en tercer periodo de ebriedad. (Acta de infracción ********************) Se aprecia en el acta de infracción, como nombre del infractor, ********************, y como infracciones a) conducir en estado de ebriedad, b) falta de licencia, c) falta de tarjeta de circulación y d) falta de placa; con fundamento en los artículos 166, 168, 195, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; razones por las cuales se aseguró la unidad de motor de acuerdo al parte informativo. (Acta de audiencia pública) Finalmente, en el acta de audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en el Juzgado Calificador de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se hizo relación del parte informativo, ticket de alcoholímetro, certificado médico y acta de infracción; y se procedió: Identificar a las partes (elemento de la policía vial y el presunto infractor). Se requirió al infractor que se identificara (lo realizó con la licencia de conducir ********************). El juez calificador proporcionó un defensor al infractor (en razón de que, a pregunta expresa, manifestó no contar con representación legal). El referido juez explicó sus derechos al presunto infractor. Acto seguido, se recabó la declaración del elemento de la policía vial en términos de lo descrito en el parte informativo. Después, se dio el uso de la voz al presunto infractor, quien realizó manifestaciones a través de su defensora de oficio. En la etapa de ofrecimiento de pruebas, el juez calificador tuvo por desahogadas las exhibidas por el elemento vial; y destacó que la defensora se reservó aportar prueba alguna. Enseguida, dictó resolución, en la que determinó que ******************** es responsable de la conducta consistente en conducir en estado de ebriedad, conducir sin tarjeta de circulación o está vencida, por conducir sin licencia o está vencida y por conducir sin placa, conductas catalogadas como infracciones en términos de los artículos 166, 160 y 195, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en relación con el numeral 200, fracción IX, inciso V, den la Ley de Ingresos vigente en tal municipio para el ejercicio fiscal 2023. Por lo cual, procedió a sancionarlo con la imposición de diversas multas, y destacó que la unidad de motor asegurada permanecería en el "corralón" en términos del artículo 200, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Finalmente, informó al infractor los medios ordinarios de defensa que estaba en condiciones de interponer, para el caso de estimar que la resolución dictada le causaba agravios. Con base en lo anterior, se colige que la detención del vehículo automotor del quejoso se encuentra suficientemente fundada y motivada, pues entre los fundamentos legales invocados por las autoridades responsables se encuentran, al menos, los preceptos 166 y 195, fracción I, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Lucía del Camino, que disponen que en los casos de conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas o enervantes, el vehículo de motor quedará resguardado en el encierro; y que el comisario y los policías viales están facultados para asegurar vehículos y proceder a su traslado al encierro, en caso de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad. Máxime que del diverso artículo 173 del referido ordenamiento legal se desprende el procedimiento a seguir en los programas de detención alcohólica, en el que resalta que el conductor que sobrepase el límite de alcohol permitido en el multicitado Reglamento será remitido al juez Municipal, quien impondrá la sanción correspondiente. Además, dicho numeral refiere que el vehículo será trasladado a la pensión o encierro respectivo y para proceder a su liberación, tratándose de personas físicas, bastará con que exhiban la factura respectiva con la que acrediten la propiedad de dicho bien, previo pago del importe de la multa impuesta, del servicio de grúas prestado y el derecho de piso correspondiente. Entonces, si la normatividad prevé la facultad de las autoridades responsables para conocer de los asuntos relacionados con las infracciones a su Reglamento de Tránsito, para calificar las faltas a los Reglamentos Municipales y determinar las sanciones correspondientes, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues lo concerniente a la retención del vehículo automotor conducido bajo los efectos del alcohol se encuentra debidamente fundado y motivado, como se advierte de las constancias que como justificación a su informe remitió la autoridad responsable. Incluso, en audiencia pública de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés el juez Calificador determinó procedente que el vehículo del quejoso permaneciera en el encierro municipal hasta en tanto pagara las multas respectivas, haciendo del conocimiento del citado quejoso que, en caso de inconformidad, podría promover el recurso correspondiente. Razones por las cuales es infundado el concepto de violación que aduce la parte quejosa; porque el acto reclamado no es inconstitucional ni violatorio de los derechos fundamentales, al ser las autoridades responsables que lo ejecutaron y determinaron las competentes para tal proceder y, por tanto, su inconstitucionalidad sólo podía depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado; aspectos que fueron aportados al sumario por la autoridad responsable. Máxime que, como se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, por lo que quedaba a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, sin que haya aportado alguna prueba apta e idónea en este juicio para demostrarlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para la anterior conclusión la circunstancia de que el quejoso haya allegado a este juicio las documentales siguientes: A) Factura original con folio con terminación******************** de once de diciembre de dos mil veintidós. B) Copia simple de la licencia para conducir expedida por la Secretaría de Movilidad a favor de ********************. C) Impresión de lo que parece ser una orden de pago, con vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés. Porque únicamente la primera tiene el valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pero de la misma únicamente se infiere que el quejoso es propietario del vehículo de motor tipo ********************marca ********************, modelo ********************, color ********************, con número de serie ********************; lo cual resulta insuficiente para probar la inconstitucionalidad del acto reclamado; motivo por el cual, el inconforme no satisfizo la carga procesal impuesta por el invocado artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Bajo esas condiciones, la existencia del acto reclamado es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta, como se dijo, depende de los motivos, datos y pruebas en que se fundó el propio acto, los cuales se estiman apegados a la normatividad municipal correspondiente; máxime que el quejoso no amplió su demanda de amparo contra la fundamentación y motivación vertida en el informe justificado. Además, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, puede afirmarse que en el procedimiento administrativo municipal se respetó el derecho fundamental de audiencia del quejoso, pues en este sumario obran las constancias que así lo demuestran, como son la intervención de una defensora de oficio durante la audiencia pública en que se convalidó la retención de su motocicleta, así como la afirmación vertida en el parte informativo, acerca de la lectura de derechos e información dada al quejoso en todo momento. De ahí que, se insiste, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, y no es violatorio de los preceptos legales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone negar el amparo solicitado por ********************. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al 1) juez Calificador del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y 2) director de Seguridad Pública y Vialidad del mismo municipio, consistente en la desposesión de su unidad de motor tipo ******************** marca ********************, modelo ********************, color ********************, año ********************, con número de motor ********************; ello, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - Número de expediente: 642/2023 Acuerdo: PRAL. 642/2023 MESA 5* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Preclusión Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que tenía el quejoso ******, para ampliar la demanda de amparo en los términos del auto de ocho de septiembre de este año; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, se declara precluido el derecho que tuvo para ello; y se hace efectivo el apercibimiento contenido en ese acuerdo, motivo por el cual, el juicio se resolverá en los términos en que se planteó la demanda inicial. Es aplicable la tesis CXLVIII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." Diferimiento de la audiencia constitucional. Por otra parte, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 642/2023 MESA 5* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Preclusión Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que tenía el quejoso ******, para ampliar la demanda de amparo en los términos del auto de ocho de septiembre de este año; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, se declara precluido el derecho que tuvo para ello; y se hace efectivo el apercibimiento contenido en ese acuerdo, motivo por el cual, el juicio se resolverá en los términos en que se planteó la demanda inicial. Es aplicable la tesis CXLVIII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." Diferimiento de la audiencia constitucional. Por otra parte, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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