Eduardo Guillermo Mejía Torres
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Guillermo Mejía Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 1051/2022 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estados de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección constitucional al quejoso ********************, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable que, dentro del plazo de tres días, cumpla en sus términos la ejecutoria de amparo; cuyo efecto es del tenor siguiente: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión. La protección constitucional se concede, para el efecto que la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: Provea lo correspondiente al escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el expediente ********************, en el que el quejoso solicita que se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional. Cabe indicar que no pasa desapercibido que en el expediente ******************** existen diversas peticiones del quejoso en el mismo sentido, esto es, donde solicita que se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional, y los cuales han sido acordados en el sentido de que, por el momento, no ha lugar a su petición, hasta en tanto la sala resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que dejó sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo, aun cuando antes y después de la presentación de la demanda el quejoso ha solicitado en diversos escritos lo mismo, ello no exime a la responsable de acordar el escrito de seis de abril de dos mil veintidós, en el sentido que lo fuere, pues tiene la obligación de acordar todas y cada una de las solicitudes que le son presentadas, independientemente de si les asiste o no la razón a la parte promovente, aun cuando tenga que reiterar lo dicho anteriormente, si es el caso." (Transcripción) 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA). Además, se continuará con el trámite previsto en el numeral 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, se impondrán las multas que procedan y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Devolución de documento. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable la copia certificada del juicio familiar ********************, que obra como tomo anexo I; en razón de estimarse que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 6. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Se agrega oficio. Por último, agréguese únicamente para que obre como corresponde, el escrito signado por la tercera interesada ********************, mediante el cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; sin que haya lugar a pronunciarse sobre su contenido, toda vez que en los párrafos que anteceden se declaró firme la sentencia relativa y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1051/2022 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas con veintitrés minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1051/2022, como se ordenó en acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovido por *****, por derecho propio, y demás constancias de autos. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como pruebas: El escrito de catorce de febrero de dos mil veintidós, presentado en el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca el seis de abril de este año. La instrumental de actuaciones; y, La presuncional legal y humana. La autoridad responsable, juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por conducto del secretario de acuerdos, ofreció como prueba: Copia certificada del juicio familiar ***** (un tomo). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas citadas, dada su propia naturaleza y que serán consideradas al resolver este juicio. No existiendo más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que únicamente la parte tercera interesada los formuló; por ello, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo 1051/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, el nueve siguiente, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de doce de septiembre de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 1051/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la tercera interesada, ***** (quien se apersonó mediante escrito de veintidós de septiembre de este año) y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en tanto que el asunto es de naturaleza civil. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: De la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La omisión de proveer el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó que se fijara a su favor una pensión alimenticia provisional, en el expediente familiar *****. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Existencia que se corrobora con la copia certificada del expediente familiar *****; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la tercera interesada refiere que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues refiere que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente *****. Dicha causa de improcedencia es infundada. El artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". Sin embargo, en este asunto, el acto reclamado no lo constituye el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, sino la omisión de proveer el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó el quejoso que se le fijara una pensión alimenticia provisional en el expediente familiar *****. De ahí que resulte infundada la citada causa de improcedencia. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna otra causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el único concepto de violación expuesto por la quejosa, atendiendo a la causa de pedir. El quejoso argumenta, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional, toda vez que la autoridad responsable ha omitido acordar el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó que se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional; siendo una petición urgente. Al respecto, el artículo 17 constitucional establece: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El precepto constitucional referido pertenece a la especie de los derechos fundamentales de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Los cuatro atributos del referido derecho fundamental concerniente a la administración de justicia (pronta, completa, imparcial y gratuita), se definen de la siguiente manera: 1. Justicia pronta. Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa. Consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial. Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Estos cuatro atributos del derecho fundamental, concerniente a la administración de justicia, han sido estudiados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, registro 171257, del texto siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De los anteriores atributos resulta aplicable a este asunto el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al procedimiento y resolución del incidente planteado; también se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto, se invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Nación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, registro 188804, del texto siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos deben realizar los actos procesales correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. En ese sentido, los artículos 82, 964 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 82.- Los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente". "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio". De los citados numerales se advierte que el juzgador tiene el plazo de tres días para acordar las promociones que le son presentadas por los promoventes; asimismo, que los alimentos constituyen una cuestión urgente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de proveer el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó que se decretara a su favor una pensión alimenticia provisional en el expediente familiar *****. Y del análisis de las constancias que obran en el juicio natural se advierte que no ha sido acordado el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente familiar *****; ello, toda vez que ni siquiera obra dicha promoción en el citado expediente, como debidamente lo indicó la tercera interesada al formular sus alegatos; pese a ello, la parte quejosa en este juicio acreditó haber presentado el citado ocurso, como se advierte del acuse que anexó como prueba. Lo anterior demuestra que la responsable ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 constitucional, así como ha inobservado lo previsto en los artículos 82, 964 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, pues los alimentos constituyen una cuestión urgente, por lo que debió de pronunciarse inmediatamente, debido que en el ocurso el quejoso solicitó se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional, o, en su caso, debió acordarse lo conducente dentro del plazo de los tres días que prevé el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; lo anterior, con independencia que tenga o no derecho a ello. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, que se solicita. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. La protección constitucional se concede, para el efecto que la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: Provea lo correspondiente al escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en el expediente *****, en el que el quejoso solicita que se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional. Cabe indicar que no pasa desapercibido que en el expediente ***** existen diversas peticiones del quejoso en el mismo sentido, esto es, donde solicita que se decrete a su favor una pensión alimenticia provisional, y los cuales han sido acordados en el sentido de que, por el momento, no ha lugar a su petición, hasta en tanto la sala resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que dejó sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo, aun cuando antes y después de la presentación de la demanda el quejoso ha solicitado en diversos escritos lo mismo, ello no exime a la responsable de acordar el escrito de seis de abril de dos mil veintidós, en el sentido que lo fuere, pues tiene la obligación de acordar todas y cada una de las solicitudes que le son presentadas, independientemente de si les asiste o no la razón a la parte promovente, aun cuando tenga que reiterar lo dicho anteriormente, si es el caso. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La justicia federal ampara y protege a *****, contra el acto reclamado a la juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto, y para los efectos precisados en el diverso punto séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1051/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado por la tercera interesada, *****; en atención a su contenido, se acuerda: 1.1. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en vía de alegatos, téngasele por hechas las manifestaciones de esa parte procesal, para los efectos legales procedentes, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1051/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio signado por el secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, por ministerio de ley, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.1. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada responsable copia certificada del expediente 217/2020. Misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. 1.2. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar el tomo de prueba I, que queda a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. Precisión. Se precisa a las partes que, atendiendo la certificación que antecede, no fue posible la digitalización de las constancias relativas, por lo que no formarán parte del expediente electrónico, pero estarán a su disposición para su consulta, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Agenda de citas. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ"", a fin de consultar el expediente y el tomo anexo ya mencionado, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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