Eduardo Arredondo González
Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Arredondo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación que antecede y el estado que guarda el sumario, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra la determinación en la que éste juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el escrito de ************, por el cual en atención a la prevención que le fue formulada en auto de veinticinco de mayo pasado, adjunta una copia simple de la determinación de tres de mayo de dos mil veintidós -acto reclamado en el presente juicio-; por tanto, se le tiene por desahogado dicho requerimiento. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, en el caso en concreto del análisis integral de la demanda de amparo y del contenido de la resolución reclamada, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Para comprender porque en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se precisarán los antecedentes del acto reclamado que narró el propio quejoso en su demanda de amparo, los cuales derivan del juicio especial sumario ******** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato: 1. El quejoso es parte demandada en dicho juicio. 2. En el controvertido el doce de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que se condenó al demandado al pago de la suerte principal de $474,996.20 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 20/100 m.n), así como el pago de intereses ordinarios a razón del 1.65% mensual; el interés moratorio a razón de 5.65% mensual, así como el Impuesto al Valor Agregado. 3. En etapa de ejecución de sentencia el doce de febrero de dos mil diecinueve, se señaló hora y fecha para la celebración del remate en primera almoneda del inmueble ubicado en la parcela ************** fracción VI, en carretera Villagrán- Salamanca en Ejido Villagrán. 4. Posteriormente, el siete de marzo de dos mil veintidós se celebró la segunda almoneda y mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se citó para la celebración de la tercera almoneda a las catorce horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós. 5. En contra de tal determinación -auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós- promovió recurso de revocación, y mediante resolución de tres de mayo de dos mil veintidós el juez de origen confirmó dicho auto recurrido, siendo este el reclamado en el presente juicio de amparo. En relatadas condiciones, al ser el acto reclamado la resolución de tres de mayo del año en curso, que confirmó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (citación para la celebración del remate en tercera almoneda), es inconcuso que, en la especie se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable al caso la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En el caso, la improcedencia respecto del acto reclamado, radica en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo: "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior se deduce que tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, concretamente en el procedimiento de remate, el juicio de amparo biinstancial, sólo puede promoverse contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ese precepto fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el amparo procede contra cualquiera de esas dos conductas, independientemente de que se dicten en un mismo proveído o en diversos. Así lo sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 13/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, abril de dos mil dieciséis, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Entonces, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento de origen; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la , el juicio de amparo resulta improcedente. Es por lo anterior, que la resolución tres de mayo de dos mil veintidós -acto reclamado-, que confirmó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (citación para la celebración del remate en tercera almoneda), es una determinación intermedia dictada en el procedimiento de remate, respecto de la cual no es procedente el juicio constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia precitada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de seis de junio de dos mil veintidós, que establece: "Agréguese el escrito de ************, por el cual en atención a la prevención que le fue formulada en auto de veinticinco de mayo pasado, adjunta una copia simple de la determinación de tres de mayo de dos mil veintidós -acto reclamado en el presente juicio-; por tanto, se le tiene por desahogado dicho requerimiento. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, en el caso en concreto del análisis integral de la demanda de amparo y del contenido de la resolución reclamada, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Para comprender porque en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se precisarán los antecedentes del acto reclamado que narró el propio quejoso en su demanda de amparo, los cuales derivan del juicio especial sumario ******** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato: 1. El quejoso es parte demandada en dicho juicio. 2. En el controvertido el doce de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que se condenó al demandado al pago de la suerte principal de $474,996.20 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 20/100 m.n), así como el pago de intereses ordinarios a razón del 1.65% mensual; el interés moratorio a razón de 5.65% mensual, así como el Impuesto al Valor Agregado. 3. En etapa de ejecución de sentencia el doce de febrero de dos mil diecinueve, se señaló hora y fecha para la celebración del remate en primera almoneda del inmueble ubicado en la parcela ************** fracción VI, en carretera Villagrán- Salamanca en Ejido Villagrán. 4. Posteriormente, el siete de marzo de dos mil veintidós se celebró la segunda almoneda y mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se citó para la celebración de la tercera almoneda a las catorce horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós. 5. En contra de tal determinación -auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós- promovió recurso de revocación, y mediante resolución de tres de mayo de dos mil veintidós el juez de origen confirmó dicho auto recurrido, siendo este el reclamado en el presente juicio de amparo. En relatadas condiciones, al ser el acto reclamado la resolución de tres de mayo del año en curso, que confirmó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (citación para la celebración del remate en tercera almoneda), es inconcuso que, en la especie se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable al caso la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En el caso, la improcedencia respecto del acto reclamado, radica en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo: "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior se deduce que tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, concretamente en el procedimiento de remate, el juicio de amparo biinstancial, sólo puede promoverse contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ese precepto fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el amparo procede contra cualquiera de esas dos conductas, independientemente de que se dicten en un mismo proveído o en diversos. Así lo sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 13/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, abril de dos mil dieciséis, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Entonces, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento de origen; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la , el juicio de amparo resulta improcedente. Es por lo anterior, que la resolución tres de mayo de dos mil veintidós -acto reclamado-, que confirmó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (citación para la celebración del remate en tercera almoneda), es una determinación intermedia dictada en el procedimiento de remate, respecto de la cual no es procedente el juicio constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia precitada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo."
- Principal
Visto el escrito signado por el quejoso ************, por el cual refiere cumplir con la prevención formulada el veinticinco de mayo del año en curso, se provee: Dígasele al quejoso, que en atención a su contenido no es factible tenerlo por cumpliendo con la prevención. Lo anterior es así, en razón de que en dicho auto se le requirió lo siguiente: " (.) En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, narraron algunos hechos y abstenciones; sin embargo, fue omiso en establecer el contenido de la resolución del recurso de revocación de tres de mayo del año en curso, emitido en el juicio sumario hipotecario número C74/2015 -acto reclamado-, dato que resulta indispensable para proveer sobre la procedencia del presente juicio constitucional. Por tanto, dada la irregularidad citada, resulta necesario que el quejoso bajo protesta de decir verdad, explique o transcriba el contenido de la resolución impugnada, o bien, allegue en copia del mismo (.)." Sin embargo, de la lectura del escrito que se acuerda, se advierte que el quejoso vuelve a asentar lo mismo que en su escrito inicial de demanda, al transcribir lo siguiente: De la lectura anterior, se advierte que nuevamente el quejoso transcribe la inserción que del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós realizó la autoridad responsable en la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto en su contra, pero es omiso en proporcionar el contenido de esa determinación, esto es, el sentido en el que se resolvió la impugnación. Por tanto, dígase al quejoso que toda vez que el escrito con el cuál pretendió desahogar la prevención se presentó antes de que se perfeccionara la notificación correspondiente, le resta el plazo de cinco días en su integridad, para que cumpla con la prevención señalada, mismo que se contara a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Y Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la décima época, Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Página: 400, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo".
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