Eduardo Andrés Cazarez Torres

Expediente 490/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
490/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Eduardo Andrés Cazarez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) y 18, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional, en el entendido que se deberá conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 490/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, turnado en la propia data a este juzgado federal, Eduardo Andrés Cázares Torres, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 490/2020-V; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, los que se recabaron. TERCERO. Autoridad inexistente. Mediante proveído de quince de octubre del año actual, se suspendió comunicación con la autoridad que la parte quejosa denominó como: "Comisario de las Fuerzas de Seguridad adscrito al auxilio del CEPRESO de la ciudad de Celaya, Guanajuato", ante su inexistencia; por tanto, esta resolución no se ocupará de tal autoridad. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos de autoridad residentes en el ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: La orden de traslado del quejoso, del Centro Estatal de Prevención Social de esta localidad, a cualquier otro centro de reinserción social o penitenciario; así como la inminente ejecución de tal orden. Actos reclamados en el ámbito de sus respectivas facultades a las autoridades responsables: Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad; Subdirector jurídico del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato; Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad; y, Subcoordinador de Seguridad del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. TERCERO. Negativa de actos. Las autoridades responsables director, subdirector jurídico, Comité Técnico y subcoordinador de Seguridad, todas del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, en lo que en su ámbito de competencia corresponde. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe agregar que al actualizarse la causa sobreseimiento en trato, resulta jurídicamente imposible analizar el fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Andrés Cázares Torres, en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Informes justificados Agréguense a los autos los oficios que, por su orden, firman la encargada del Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, la subdirectora jurídica, la presidenta del Consejo Técnico y el subdirector de Seguridad del referido Centro Preventivo, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, por el que niegan el acto que se les atribuye, en el ámbito de su competencia; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional. Vista con autoridad inexistente Vista la razón actuarial que antecede, se advierte el impedimento que tuvo el fedatario de la adscripción para entregar el oficio 7591/2020, dirigido a la autoridad responsable denominada por el quejoso como: Comisario de las Fuerzas de Seguridad adscrito al auxilio del CEPRESO, en esta ciudad. En razón de que, al establecer comunicación vía telefónica con Patricia Pulido, con el cargo de subdirector jurídico del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y Magdalena Sánchez Camargo, en su carácter de secretaria del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, fue informado respectivamente, que en el organigrama de cada una de esas dependencias no existe autoridad alguna bajo la anterior denominación. Por tanto, con copia de la constancia de imposibilidad dese vista a la parte quejosa, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se decretará la inexistencia de esa autoridad, con la denominación brindada. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió."

  4. Incidental

    Informes previos Agréguense a los autos los oficios que, por su orden, firman la encargada del Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, la subdirectora jurídica, la presidenta del Consejo Técnico y el subdirector de Seguridad del referido Centro Preventivo, mediante los cuales rinden su respectivo informe previo, por el que niegan el acto que se les atribuye, en el ámbito de su competencia; de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia incidental. Vista con autoridad inexistente Vista la razón actuarial que antecede, se advierte el impedimento que tuvo el fedatario de la adscripción para entregar el oficio 7598/2020, dirigido a la autoridad responsable denominada por el quejoso como: Comisario de las Fuerzas de Seguridad adscrito al auxilio del CEPRESO, en esta ciudad. En razón de que, al establecer comunicación vía telefónica con Patricia Pulido, con el cargo de subdirector jurídico del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y Magdalena Sánchez Camargo, en su carácter de secretaria del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, fue informado respectivamente, que en el organigrama de cada una de esas dependencias no existe autoridad alguna bajo la anterior denominación. Por tanto, con copia de la constancia de imposibilidad dese vista a la parte quejosa, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se decretará la inexistencia de esa autoridad, con la denominación brindada. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió."

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