Eduardo Antonio Díaz Aguilar

Expediente 587/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
587/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
21/07/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Antonio Díaz Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el seis de julio del año en curso, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por *******, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE LOS CORRIENTES, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el seis de julio del año en curso, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por *******, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LAL LETRA DICE: Vista el acta de comparecencia que antecede se advierte que el quejoso ********* ratifica el escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, con fecha uno de julio actual, registrado ante la oficialía de partes de este juzgado con número 9142; en consecuencia, se provee sobre la admisión de la demanda, la cual se encuentra registrada con el número 587/2016. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de los escritos inicial de demanda, aclaratorio de la misma y anexos, se desprenden diversos antecedentes formulados bajo protesta de decir verdad por el promovente, los que en lo que interesa son: La parte quejosa *********, demandó a las personas morales Extraser y Tiendas Extra, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, diversas prestaciones, la cual se radicó bajo el juicio laboral ***, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Seguida la secuela procesal, el dos de febrero del año en curso se dictó laudo condenatorio contra la parte demandada. Contra el laudo condenatorio el apoderado legal de la parte demandada ********* interpuso amparo directo, el cual fue desechado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, por extemporáneo. En data treinta y uno de marzo pasado, se requirió a la parte perdidosa el pago y embargo de bienes, y por diligencia de veinte de abril del año en curso, se embargaron bienes muebles a la parte demandada. En etapa de ejecución de laudo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, emitió un acuerdo el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el que requirió a la parte actora Eduardo Antonio Díaz Aguilar -aquí quejoso- para que dentro del términos tres días hiciera entrega de los bienes embargados en diligencia de veinte de abril pasado, de ser omiso se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; lo que constituye el acto reclamado. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratorio, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio, de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Bajo ese contexto, se concluye que el acto reclamado es un auto emitido en ejecución de laudo por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el que ordenó el levantamiento de los bienes embargados por el quejoso. Ahora bien, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior debido a que contra los actos del Presidente de la Junta Local responsable emitidos en ejecución de laudo procede medio ordinario de impugnación, a fin de justificar lo expuesto, se transcribe el artículo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". De este precepto legal se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce el medio de impugnación denominado revisión. En ese sentido, al no haberse agotado, previamente a la presentación de la demanda de amparo el recurso de revisión supramencionado, el juicio de amparo resulta improcedente, acorde con el principio de definitividad. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, que es del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Razón por la cual, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por ******** en el presente asunto, particularmente en la demanda de amparo (fojas 18), sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía. En esa circunstancia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado. Apercibido que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior determinación la jurisprudencia número 3a./24; emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, primera parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la foja trescientos ochenta y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Así como la diversa II.1º.11/9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "FIRMA. CUANDO ES NOTORIAMENTE DISTINTA."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano