Eduardo Araujo Alcalá
Expediente 447/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Araujo Alcalá
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio número 3728/2021, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto por Eduardo Araujo Alcalá, en contra del auto emitido el dos de julio del año en curso, en el presente asunto; asimismo, informa que fue admitido a trámite y registrado con el número 69/2021.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de dos de julio del año en curso, que desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, el escrito original de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *******, en contra de actos del juez de control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 447/2021-I. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda. Se explica: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Ello es así, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso idóneo en contra del auto reclamado. Para corroborar lo anterior, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En tal precepto legal se reconoce el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Con la finalidad de explicar la anterior aseveración, conviene mencionar que los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, son los siguientes: 1. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (sic), fue retenido, por un elemento de la agencia de investigación criminal, el vehículo de motor marca Toyota, línea Tacoma, versión TDR sport, cuatro puertas, año 2014, color gris, con número de serie **********, con número de placas *********** y número de motor ************. 2. Ese mismo día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (sic), se dio inicio a la carpeta de investigación número ************ del agente del Ministerio Público número 01 de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de esta ciudad, de quien quedó a disposición el vehículo descrito. 3. El seis de abril de dos mil veintiuno (sic), el aquí quejoso acudió ante la citada agencia para acreditar la propiedad del vehículo descrito, por lo que solicitó la devolución del mismo, lo cual le fue negado, porque dicho vehículo estaba asegurado mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 4. El día ocho de junio de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó por escrito al juez responsable audiencia de tutela de derechos; solicitud que quedó registrada bajo la carpeta digital ******** y por auto de nueve del citado mes y año, se determinó que no ha lugar a dicha solicitud por improcedente. Auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende que se actualiza la invocada causal de improcedencia del juicio de amparo, pues, se reitera, el quejoso no interpuso el recurso idóneo para impugnar el acto reclamado. En la especie, ya se vio que la parte quejosa reclama el auto dictado el nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable se negó a acordar de conformidad la petición de señalar fecha para la tutela de derechos, dentro del expediente *******. Bajo este panorama, el peticionario no está relevado de agotar el recurso ordinario pertinente e idóneo, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación es uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Además, de dicho dispositivo legal se advierte que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Así, de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De lo anterior, se evidencia que el medio de impugnación idóneo para que el quejoso esté en aptitud de combatir el acto que ahora reclama es el recurso de revocación. Ello es así, pues el auto que ahora se combate cumple con los requisitos de procedencia del citado recurso, pues es una determinación de mero trámite y fue resuelta de plano sin agotar previamente un procedimiento específico. Por tanto, sí se cubren los requisitos de procedencia que establece el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, se considera que el auto reclamado en esta instancia constitucional debió impugnarse, previamente a la promoción del juicio de amparo, a través del recurso de revocación, en el cual se demostrará, en su caso, su ilegalidad, previamente a la promoción del juicio de amparo; pues no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es parte en el expediente de origen. IV. Además, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal no es insuficiente para determinarlo, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. Por las razones expuestas, se concluye que el quejoso no agotó el principio de definitividad antes de acudir a solicitar la protección de la justicia federal; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 2760, libro 77, agosto de 2020, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Asimismo, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Así las cosas, si en términos de la ley del acto que se reclama, procede el recurso de revocación, el cual no se agotó antes de acudir al juicio de amparo, queda de manifiesto que no se cumple con el principio de definitividad y en esas condiciones, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, se desecha la demanda de cuenta. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario *************; en el entendido que desde ahora se tienen como sitio para recibir notificaciones personales, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. En el entendido de que la oficial judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, y las notificaciones se efectuarán por lista, sin ulterior acuerdo. De igual forma, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no proporcionó su cédula ni dato alguno a efecto de verificar que se encuentren registrados en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que con posterioridad se salve esa situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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