Eduardo Arredondo González
Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Arredondo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso, emitido en el amparo en revisión ********* de la estadística de la superioridad, de la que se advierte que transcurrió el plazo para recurrir el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación en la que se desechó su demanda de amparo. Asimismo, devuelve el expediente relativo al juicio de amparo ******** del índice de este Tribunal. Acúsese recibo vía interconexión. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Por recibido el oficio del actuario judicial adscrito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, que contiene inserta la determinación de siete de octubre actual, dictada en el amparo en revisión 264/2022 de la estadística de la superioridad, de la que se advierte que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra del auto en que, a su vez, se desechó su demanda amparo.
- Principal
Agréguese el escrito signado por **********, por el cual, con fundamento en los artículos 81 fracción I, 84 y 86 de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión en contra del auto de nueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el expediente en el que se actúa y el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, para lo que tenga a bien determinar en torno al medio de impugnación hecho valer.
- Principal
Registro y admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ***************, en contra de actos del juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 876/2022-3. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda y del escrito de cuenta, se advierte una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden oficioso y preferente en términos de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad: El quejoso es parte actora en el juicio ordinario civil *************** en el que demandó a la tercera interesada, Concepto Integral en Arquitectura y ***************, sociedad anónima de capital variable el cumplimiento de contrato de compraventa respecto de un inmueble, celebrado entre ambos. El cinco de marzo de dos mil diecinueve celebraron convenio de cumplimiento de obligaciones. En lo que interesa, en la cláusula sexta se asentó: "SEXTA. OBLIGACIÓN DE ESCRITURACIÓN.- El señor ***************, se obliga a firmar la escrituración de la compraventa del inmueble objeto del contrato a favor de ***************, sociedad anónima de capital variable, a más tardar diez días naturales contados a partir de la totalidad liquidación del precio del inmueble respectivo. Para el efecto anterior, ***************, sociedad anónima de capital variable, se obliga a proporcionar al notario efecto para protocolizar dicha operación." El convenio fue elevado a la categoría de cosa juzgada. En ejecución de la cosa juzgada, el dos de marzo de dos mil veintidós se dictó sentencia interlocutoria en la que se condenó al actor-quejoso (demandado incidental) a firmar la escritura de compraventa dentro del plazo de tres días siguientes al en que adquiriera firmeza procesal el fallo, "ante la fe de la titular de la Notaría Pública número 47 de esta ciudad (.) misma que ha sido designada por la actora incidentista." La interlocutoria fue confirmada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado en el toca de apelación 286/2022 el veintiséis de mayo del presente año. En un momento posterior, se apersonó al procedimiento el Notario Público número 1 de la ciudad de Comonfort, Guanajuato, e informó que tenía asignada la protocolización de la compraventa del inmueble materia de la condena, a lo que se le indicó en auto de ocho de junio del presente año que carecía de personalidad; sin embargo, se dio vista a la demandada. Ante las manifestaciones de la demandada, se requirió al fedatario en mención que remitiera el proyecto de escrituración y copia certificada de los documentos que integran el apéndice respectivo. Una vez que el Notario cumplió con lo mandado, el seis de julio de dos mil veintidós se dictó un auto en el que se dio vista a la demandada. Al contestar ésta, se emitió un auto el trece de julio de dos mil veintidós¸ en el que se hizo notar una inconsistencia entre el precio de la operación de compraventa del convenio y el proyecto de escritura presentado. Ante ello, en ese mismo proveído, se explicó que desde interlocutoria de dos de marzo del presente año (confirmada en apelación) se ordenó que la escritura se elaboraría por la Notaria Pública número 47 en ejercicio en esta ciudad, y se ordenó remitir las constancias del juicio a dicha oficina "a fin de que realice la protocolización correspondiente". Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el quince de agosto de dos mil veintidós. En lo conducente, se determinó que al existir cosa juzgada respecto de la decisión sobre qué fedataria sería ante la que se otorgaría la escrituración, debía confirmarse el auto impugnado. Éste es el acto reclamado. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la interpretación de la fracción IV del citado ordenamiento se tiene que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido si se trata de actos de ejecución de sentencia únicamente se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, definida esta como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, es necesario para recurrir los actos emanados en ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se reitera, el acto reclamado consiste en la resolución que confirma la diversa que, a partir de una cuestión que asume como cosa juzgada, ordena remitir el asunto para protocolización a determinada Notaria Pública. En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en efecto se encuentra en ejecución de convenio elevado a la categoría de cosa juzgada que se equipara a una sentencia. Por tanto, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. No es inadvertido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos; empero, impuso una segunda condición, a saber, que sean ajenos a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece. Basta advertir el antecedente identificado con el número dos en el que se transcribió la cláusula sexta del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en el que se estipuló la escrituración de la compraventa del inmueble en conflicto, correspondiendo a la demandada (tercera interesada) efectuar las gestiones necesarias para su tramitación ante Notario Público. En ese sentido, es evidente que se está ante una cuestión relacionada directamente con la ejecución de la cosa juzgada. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto dentro del procedimiento de ejecución; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte promovente el ubicado en ****************** de esta ciudad; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados con las facultades limitadas del precepto en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. Señalamiento de correo electrónico. Por otra parte, respecto del correo electrónico que señala se toma nota de él para entablar comunicación en caso de que este Tribunal lo estime necesario. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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