Edith García Zopiyactle

Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
190/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Edith García Zopiyactle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 15534/2019, por medio de cual se le notificó el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 12957/2019, a través del cual se le notificó el auto de veintinueve de marzo del año en curso. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido cinco años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, devuélvanse a la citada autoridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez, que el veintinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juico de amparo. Por otra parte, respecto de la copia certificada de la sentencia que solicita, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada del auto de veintinueve de marzo del año en curso.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese sus autos el informe justificado rendido por el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, sin copias, con un anexo; dada la voluminosidad de las constancias que remite como justificación a su informe, fórmese un tomo de prueba, debidamente identificado, ello a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio original, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La omisión del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, de devolver el exhorto con número de oficio 1125/2018, derivado del expedientillo 4/2019 al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, enviado con motivo del emplazamiento de la parte demandada al juicio 1087/2018. Ahora, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, se advierte que el ocho de marzo del año en curso (foja 43 del tomo de pruebas), recibió el oficio número 126, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, a través del cual devolvió el exhorto 524/2018-III, derivado del expediente 1087/2018-III, enviado con motivo del emplazamiento del demandando ************. Por tanto, este Juzgado de Distrito, de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que la omisión atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, de devolver el exhorto 524/2018 enviado con motivo del emplazamiento de ***********, al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, cesó en sus efectos. Lo anterior es así, ya que con la emisión del auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el que tuvo al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, devolviendo diligenciado el exhorto 524/2018-III, derivado del expediente 1087/2018-III, ha desaparecido o se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si éste no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en sus efectos, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración; es decir, las ONCE HORAS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, que a la fecha se encuentre trascurriendo la vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz; toda vez, que en el presente asunto se actualizó la causa de improcedencia que motivó sobreseer en el juicio; por tanto, ningún fin práctico tendría esperar a que transcurra dicho término si de cualquier modo el juicio resultaría improcedente. Finalmente, por acuerdo de seis de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto del emplazamiento a juicio de la persona que señaló con el carácter de tercero interesado; sin embargo, se estima innecesario llamarlo a juicio, dado que el sentido de la presente resolución no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que sustenta, la tesis número XIX.1o. P.T.10 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página número 3174, del Tomo XXXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De las fracciones I y VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte el principio de agravio personal y directo en el juicio de amparo, el cual opera no sólo en el acto de la presentación de la demanda de amparo, sino también durante todas las etapas y procedimientos del juicio constitucional, el cual debe ser entendido en el sentido de que el impulso procesal solamente puede practicarse a instancia de quienes sean partes agraviadas, es decir, únicamente quienes sean agraviados podrán instar, promover o impulsar el proceso constitucional de referencia. Por otro lado, del artículo 83 de la Ley de Amparo se colige que, por regla general sólo la parte que obtuvo resolución desfavorable podrá interponer recurso de revisión en alguno de los supuestos de sus cinco fracciones, sin embargo, como caso excepcional, el último párrafo del indicado numeral dispone que la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses (y que, por regla general, en esa hipótesis carecería de legitimación para interponer recurso de revisión) podrá adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, adhesión que podrá concretarse dentro del término de cinco días; lo descrito hace evidente la improcedencia del recurso de revisión cuando la parte que lo interpone no sea quien resiente perjuicio respecto de lo resuelto en la sentencia que se reclama y, por ende, se concluye que el recurso de revisión interpuesto sólo por el tercero perjudicado contra la resolución del Juez de Distrito que determina el sobreseimiento en el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que al no ser esta parte la efectivamente agraviada por la decisión de sobreseimiento, resulta inconcuso que carece de interés jurídico para promover dicho recurso. Además, el tercero perjudicado tiene interés en que subsista el acto reclamado, el cual causó afectación a los intereses de la parte quejosa y si el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento respecto de éste, entonces, el mismo continúa existiendo, lo que ocasiona agravios al quejoso y no al tercero perjudicado"

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