Edilberto Tecpile Temoxtle
Expediente 1080/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edilberto Tecpile Temoxtle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video relativos al proceso penal 5/2020, remitidos por la licenciada Norma Landa Villalba, Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen; solicitándole el acuse de recibo correspondiente
- Incidental
Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que SE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video relativos al proceso penal 5/2020, remitidos por la licenciada Norma Landa Villalba, Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen; solicitándole el acuse de recibo correspondiente
- Principal
Vistos para dictar sentencia...OCTAVO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor...No asiste razón a los quejosos, toda vez que fue objetivamente correcta la decisión de la juez responsable de negar decretar el sobreseimiento, medularmente, porque de acuerdo a la hipótesis en la que se fundó dicha solicitud, que es la prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que el hecho cometido no constituye delito; para su procedencia debieron desvirtuarse los datos que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación a proceso que rige la situación jurídica de los imputados de mérito, específicamente para establecer que el hecho cometido está previsto en la ley como delito, lo que no aconteció...De la interpretación sistemática de los preceptos constitucional y legales transcritos, se obtiene que, entre los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se encuentran los consistentes en que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público al solicitar dicha vinculación, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; asimismo, que en dicho auto deben precisarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Lo anterior implica que el auto de vinculación a proceso debe contener los fundamentos y motivos por los que se considera que se satisfacen los extremos precisados en el párrafo anterior, y los demás que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como expresamente lo ordena el diverso 317 de dicho ordenamiento. En esa guisa, de conformidad con el artículo 318 del referido código, entre los efectos del auto de vinculación a proceso se encuentran el de establecer el hecho o hechos delictivos sobre los que continuará el proceso o se determinará, en su caso, el sobreseimiento...De los artículos transcritos se obtiene que el sobreseimiento puede ser solicitado ante el órgano jurisdiccional por el Ministerio Público, el imputado o su defensor y procederá, entre otros supuestos, cuando se considere que el hecho cometido no constituye delito. En cuanto a sus consecuencias, se advierte que el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares dictadas. El sobreseimiento puede ser total (cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados) o parcial (cuando se refiera a algún delito o a algún imputado de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso); en este segundo supuesto, el proceso continuará respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél. Que el juez, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo, o bien, decretar el sobreseimiento incluso por acreditarse un motivo distinto al planteado por el solicitante; y de existir oposición por parte de la víctima u ofendido, el órgano jurisdiccional se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. En esa guisa, es pertinente destacar que, en congruencia con el efecto de sentencia absolutoria que conlleva la figura del sobreseimiento de conformidad con el artículo 328 supratranscrito, su procedencia debe ser analizada mesuradamente por el órgano jurisdiccional, a fin de que no exista duda de que realmente se actualizó la hipótesis planteada por el solicitante o, incluso, una diversa advertida por el juez de control. En otras palabras, para decretar el sobreseimiento se requiere su demostración en un estándar probatorio de grado alto, esto es, encontrarse satisfecho en la convicción del juzgador. Por tanto, no basta que la parte legitimada plantee el sobreseimiento, sino que éste debe ser objeto del ejercicio de contradicción, en el que el órgano jurisdiccional deberá escuchar las alegaciones de las partes, analizarlas y resolver en función de ellas si decreta o no el sobreseimiento. Ahora, por lo que respecta específicamente a la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando ésta es planteada en una etapa posterior al dictado del auto de vinculación a proceso y en fase previa al juicio, debe encontrarse dirigida a anular los datos de prueba que fundaron el referido auto de término constitucional, mediante la referencia de datos o pruebas supervenientes que demuestren, de manera fehaciente, que el hecho con apariencia de delito por el que se vinculó a proceso no es tal, es decir, que no constituye delito. Lo anterior es así, pues en ese momento la situación jurídica del imputado se rige por el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, el cual tiene como efecto fijar el hecho o hechos por los que se sigue el proceso, y conforme a los cuales, en su caso, debe determinarse el sobreseimiento. Esto es, sólo con base en datos o elementos desconocidos que no fueron materia de análisis en el auto de vinculación a proceso, se debe demostrar que los que dieron sustento al mismo, son inválidos o inocuos para establecer que el hecho cometido constituye un delito. Así, la solicitud de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye una nueva oportunidad para que se valoren otra vez los datos de prueba que dieron sustento al auto de vinculación a proceso y, específicamente, los que se consideraron bastantes para establecer que el hecho imputado está previsto en la ley como delito; sino para desvirtuarlos mediante la referencia a nuevos datos comprobables...Como puede verse, la defensa de los aquí quejosos solicitó el sobreseimiento del proceso penal de origen, por considerar actualizada la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que el hecho cometido no constituya delito. Lo que sustentó esencialmente en las mismas razones que reproduce en el concepto de violación que se analiza, consistentes en que del escrito de acusación formulado por la fiscalía, en el apartado relativo a "la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en su modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica a cada uno de los procesados", en forma textual se estableció...Con lo que, señaló el defensor, no se puede concluir que los quejosos hayan realizado algún tipo de conducta propia, clara y precisa, que implique alguna actividad similar al secuestro, y que tampoco se concatena que las conductas atribuidas a los imputados puedan tener algún uso o ayuda dentro de las modalidades que establece el secuestro previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c), y fracción II, inciso d), y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en cualquiera de sus tres etapas que serían: la sustracción de la víctima, el cuidado de ésta y el cobro del rescate. Esto es, el planteamiento realizado por la defensa de los aquí quejosos parte medularmente del análisis del contenido de la acusación formulada por la fiscalía, sin hacer referencia siquiera a los datos de prueba que, al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso contra los imputados por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro, sirvieron de base para establecer la existencia de tal hecho con apariencia de delito. En ese contexto, la defensa de los imputados se concretó a argumentar que la conducta atribuida a éstos, en los términos en que fue precisada en el escrito de acusación, no es constitutiva del delito alguno, sin hacer referencia a algún dato de prueba o medio de convicción superveniente o desconocido al vencimiento del término constitucional, pasando por alto que la situación jurídica de aquéllos se rige por el auto de vinculación a proceso pronunciado en dicho proceso el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el cual, cabe destacar, acorde a lo relatado en el apartado de antecedentes del acto reclamado ha quedado firme, en la medida de que en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, al resolver el amparo en revisión 108/2021, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, determinaron negar el amparo solicitado contra dicho auto de término constitucional. En esa línea, como se adelantó, es objetivamente correcta la decisión de la juez responsable de negar el sobreseimiento, medularmente, porque de acuerdo a la hipótesis en la que se fundó dicha solicitud, que es la prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa de los aquí quejosos debió desvirtuar los datos que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación a proceso que rige su situación jurídica, específicamente para establecer que el hecho cometido está previsto en la ley como delito, lo que, como se vio, no aconteció. Sin que obste lo sostenido en su concepto de violación, en el sentido de que la acusación se basa en las mismas conductas que se les atribuyó a sus defendidos desde el principio, toda vez que, en primer lugar, tal aserto en momento alguno fue sostenido por la defensa de los aquí quejosos en el debate respectivo, sino que, se reitera, su planteamiento se basó medularmente en el contenido del escrito de acusación formulado por la fiscalía; en segundo término, como se señaló en líneas precedentes, la solicitud de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es una nueva oportunidad para que se valoren otra vez los datos de prueba que dieron sustento al auto de vinculación a proceso, sino para desvirtuarlos mediante la referencia a nuevos datos comprobables. Máxime que, del desarrollo de la audiencia respectiva se advierte que la fiscalía, al contestar el planteamiento de la defensa de los imputados, se opuso a la solicitud de sobreseimiento, argumentando, en lo esencial, lo que a continuación se sintetiza (minuto 20:26 del archivo contenido en la carpeta "AUDIENCIA INTERMEDIA 18-11-21"):...Por su parte, la asesora jurídica de los ofendidos, en lo medular, ratificó lo expuesto por la fiscalía y pidió se desestimara la solicitud de sobreseimiento (minuto 29:10 del archivo contenido en la carpeta "AUDIENCIA INTERMEDIA 18-11-21"). De la argumentación y referencia a datos de prueba realizados por la fiscalía, y la ratificación de éstos por parte de la asesora jurídica, se obtiene que existe evidente controversia respecto de la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, de la observación del desarrollo de la audiencia de debate respectiva, no se advierte que dicha controversia sea superada fehacientemente en favor de la pretensión de los imputados, esto es, que existan datos que indubitablemente permitan concluir que el hecho materia del proceso penal de origen no constituye un delito. Lo que es necesario para estar en condición de decretar el sobreseimiento, toda vez que, como se expuso en líneas precedentes, su demostración amerita un estándar probatorio de grado alto, esto es, debe encontrarse satisfecho en la convicción del juzgador, lo que no es posible alcanzar de forma fehaciente a partir del debate efectuado por las partes, al menos en la etapa en que se encuentra el proceso de origen. Por tanto, aun cuando se prescindiera de la consideración de que para la procedencia de la solicitud de sobreseimiento deben desvirtuarse los datos que sirvieron de sustento al auto de vinculación a proceso que rige la situación jurídica de los inconformes, la conclusión en este fallo sería la misma, al ser evidente que no se logra demostrar con certeza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que sea infundado el concepto de violación de trato..En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por ********** por conducto de su defensor voluntario, contra la resolución dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el proceso penal 5/2020, en la que se negó decretar el sobreseimiento solicitado por la defensa de dichos quejosos...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 79, de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********** contra el acto reclamado de la licenciada Norma Landa Villalba, Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, por los motivos expuestos en el octavo considerando de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa quejosa y por lista a los terceros interesados, y por oficio a la fiscal que intervino en el proceso penal.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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